Teodoro Ake Victoria

Expediente 567/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
567/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • Teodoro Ake Victoria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  2. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el término de cinco días concedido a la parte quejosa por auto de veintiuno de junio del año en curso, para que aclarara los actos que reclama en su demanda de amparo, sin que diera cumplimiento a lo requerido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, por lo que se tienen como actos reclamados los señalados en el apartado correspondiente de su escrito de demanda, en la inteligencia que se hicieron consistir en los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: La NEGATIVA de admitir PRUEBAS DE DESCARGO ofrecidas por el ciudadano ****. La PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL y por ende, el SOBRESEIMIENTO de la causa contenida en la Carpeta Administrativa ****. Desechamiento de la demanda Ahora bien, en primer término debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. *****." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda en los siguientes términos: Respecto del acto reclamado consistente en a) la negativa de admitir pruebas de descargo, ofrecidas por la parte quejosa en autos de la Carpeta Administrativa ***** del índice del Juez responsable. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Preceptos legales que expresamente establecen que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Consecuentemente, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se actualiza la causal de improcedencia que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior es así, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae aparejada como consecuencia una imposible reparación, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos. Por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo que se intenta dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio. Lo anterior, en atención a que la determinación llevada a cabo en la audiencia intermedia del proceso penal con número administrativo ****, donde la autoridad responsable no admitió diversas pruebas, tiene su origen en el reclamo de una violación procesal que, en su momento, podría trascender al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, así como en los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 173, fracción XXII, ambos de la Ley de Amparo, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos. Ahora, de acuerdo a lo establecido en artículo 211 el Código Nacional de Procedimientos Penales, el juicio contará con las siguientes etapas: Etapa de investigación, que comprende las siguientes fases: Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e; Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Etapa intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; Etapa de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento; En ese tenor, en relación a la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, conviene traer a contexto el contenido de los artículos 334 y 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del tenor siguiente: "Etapa intermedia Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio." "Artículo 347. *****." De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se advierte que la etapa intermedia funge como una fase de saneamiento, tendiente a eliminar todo vicio o defecto procesal que afecte la eficacia de todo lo actuado, así como del juicio oral. Esta función de filtro gira en torno: a) en los requerimientos tanto de acusación como de sobreseimiento, emitidos por el Ministerio Público; y, b) la prueba presentada por las partes. Luego, es en la audiencia intermedia o de preparación de juicio oral donde las partes ofrecen sus pruebas con miras a conformar el material probatorio que habrá de analizarse en el juicio oral, por tanto, es también en esa audiencia donde puede tener lugar la actividad encaminada a la exclusión de pruebas (por ilicitud o cualesquiera otra razón que legalmente imposibilite su admisión y potencial desahogo). Ahora, en dicha audiencia el juzgador debe asumir la responsabilidad de hacer notar las incongruencias o deficiencias en ese ofrecimiento respetando siempre el equilibrio procesal pero garantizando el derecho de las partes a manifestarse libremente sobre sus propias pruebas o las de la contraria, sobre todo cuando una determinada sociedad transita en un periodo de adaptación a un nuevo sistema procesal donde el Juez debe guiar (no sustituir) el debido ejercicio de las partes sin rayar en protagonismos que se traduzcan en obstáculo para que éstas, bajo el pretexto de simples formulismos, puedan ejercer su libertad de argumentación y correspondiente prueba. Para que, finalmente, el Juez de Control dicte el auto de apertura a juicio oral, el cual constituye el último acto procesal en la audiencia intermedia, dando por concluida la etapa intermedia o preparatoria del juicio oral, dejando expedita la causa a fin de que sea remitida al juzgado o tribunal del juicio oral, para que lleven a cabo la etapa del juicio. En ese sentido, este auto es la resolución judicial que contiene un resumen de las cuestiones debatidas en la audiencia intermedia, la que debe ser enviada al órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio oral. Así, de lo anterior se colige que, el acto aquí reclamado no constituye uno de imposible reparación, sino por el contrario, como se dijo, el mismo tiene su origen en el reclamo de una violación procesal que, en su momento, podría trascender al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento citado con antelación y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo, mediante amparo directo. Por tanto, ese tipo de decisiones no son susceptibles de ser sujetas a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adversa la sentencia y en el supuesto de que sea favorable al quejoso, lo puede plantear en el amparo adhesivo conforme al numeral 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 182 de la ley de la materia. Respecto del acto reclamado consistente en b) la prescripción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento de la causa contenida en la Carpeta Administrativa ****. Al efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción X, de la Ley de Amparo, conforme a las consideraciones que a continuación se exponen: El numeral en cita señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". La disposición legal transcrita contempla la hipótesis de litispendencia, que se traduce en la tramitación simultánea de dos o más juicios, los cuales contienen los mismos elementos esenciales de la acción constitucional. Para que opere la causal de improcedencia mencionada, la Ley de Amparo exige que se colmen los requisitos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté en trámite o pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y, c) Que ambos juicios sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese contexto, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta conveniente traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 570/2019 de la estadística de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los datos siguientes: Mediante escrito presentado a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, Teodoro Aké Victoria, por conducto de su defensor particular Roberto Andrés Acero Garavito, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades que a continuación se especifican: Autoridad responsable: Juez Oral Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial del Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo. Actos reclamados: La negativa de admitir pruebas de descargo, ofrecidas por la parte quejosa. La prescripción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento de la causa. Lo anterior, en relación a la Carpeta Administrativa 313/2017, del índice del Juez responsable. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, y por auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, se radicó bajo el número 570/2019 y se previno a la parte quejosa para efecto de precisar los actos reclamados en su escrito inicial de demanda, motivo por el cual se giró atento exhorto para notificar personalmente al promovente, del que tocó conocer y diligenciar al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien por auto de dos de julio de los corrientes, devolvió debidamente diligenciado, del cual se advirtió que notificó a la parte quejosa por conducto de su autorizada *****, el veintiocho de junio del presente año. Posteriormente, con motivo de una nueva prevención, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la parte quejosa dio cumplimiento a la prevención impuesta en los siguientes términos: "*****". Siendo el caso que por auto de doce de julio de esta anualidad, con motivo de dicha aclaración, en lo que aquí interesa, el quejoso precisó que si bien señaló como acto inicial la prescripción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento de la causa, lo cierto es que dicho acto, en esencia, era el siguiente: La sentencia de tres de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral de esta ciudad, relativa al toca ****, por la cual revocó el auto de no vinculación a proceso contra en aquí quejoso ****. Motivo por el cual, respecto a dicho acto, la demanda se admitió parcialmente en aquél juicio, por lo que actualmente se encuentra en trámite. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°. En ese orden, se insiste, resulta incuestionable que en el presente asunto se actualiza plenamente la causal de improcedencia que se analiza, por los motivos siguientes: El juicio de amparo indirecto en que se actúa fue promovido por ****; En el mismo se señaló como autoridad responsable al: Juez Oral Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial del Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo. El promovente señaló el mismo acto reclamado en el su escrito inicial de demanda bajo el inciso b) consistente en la prescripción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento de la causa [del cual, en el diverso juicio de amparo 570/2019, aclaró dicho acto y se admitió la demanda]. Esto es, el juicio de amparo en que se actúa tiene los mismos elementos esenciales de la acción constitucional pretendida por el quejoso en el diverso juicio de amparo 570/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, pues en ambos el promovente es Teodoro Aké Victoria, y se señalaron como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables: Juez Oral Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial del Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo. Actos reclamados: La negativa de admitir pruebas de descargo, ofrecidas por la parte quejosa. La prescripción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento de la causa. Lo anterior, en relación a la Carpeta Administrativa *****, del índice del Juez responsable. Por tanto, tomando en consideración que los elementos de la acción constitucional en el caso concreto, son esencialmente los mismos, es decir, en ambos el quejoso es Teodoro Aké Victoria, no obstante que en el diverso juicio 570/2019, acudiera a la presente instancia constitucional por conducto de su defensor particular Roberto Andrés Acero Garavito, quien reclama de la autoridad responsable Juez Oral Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial del Primera Instancia de Chetumal, Quintana Roo, a) la negativa de admitir pruebas de descargo, ofrecidas por la parte quejosa y b) la prescripción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento de la causa, este último del que sí cumplió la prevención impuesta en el diverso juicio 570/2019, y aclaró en los términos solicitados, a diferencia del presente asunto, ello mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecinueve, por tanto dichos elementos se hallan en el diverso juicio de amparo 570/2019 del índice de este Juzgado, y que a la fecha el referido juicio constitucional se encuentra pendiente de resolución. Máxime que, si bien la demanda que corresponde al juicio de amparo 570/2019 fue promovida con posterioridad al presente juicio, esto es el -veintiuno de junio de dos mil diecinueve-, lo cierto es que la parte quejosa fue omisa en la presente instancia constitucional de dar cumplimiento a la prevención impuesta y únicamente cumplió en aquél, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil diecinueve a las catorce horas, y en consecuencia, el doce siguiente se admitió a trámite, motivo por el cual en aquella instancia se realizó la aclaración de la prevención impuesta, y por ende, tuvo el conocimiento previo, el cual actualmente se encuentra en trámite, es decir, pendiente de resolución En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, al surtirse cada uno de los requisitos que exige dicha causal de improcedencia. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia que se derivan de lo dispuesto en el artículo 61, fracciones X y XXIII, este último, en relación con los diversos 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, y 173, fracción XXII, todos del cuerpo de leyes en cita, por lo que se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata, respecto a los actos reclamados consistentes en a) la negativa de admitir las pruebas ofrecidas por el quejoso y b) la prescripción de la acción penal y por ende, el sobreseimiento de la causa. Todo lo anterior, relativo a la carpeta administrativa *****, del índice del Juez responsable.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el exhorto de cuenta, suscrito por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica (FIREL), por el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 112/2019-A-2, orden 113/2019-A-2 de su índice, formado con motivo del diverso 121/2019, orden 142/2019, el cual se envió para que en auxilio de las labores de este juzgado notificara a Roberto Andrés Acero Garavito, quien se ostenta como defensor particular de Teodoro Ake Victoria, el proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Ahora, de la comunicación que se recibe se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, para notificar a ***, quien se ostenta como defensor particular de ***, el proveído de veintiuno de junio de esta anualidad (fojas 16 a 20) por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar el proveído en comento, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal.

  4. Principal

    A efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito realice lo siguiente: PRIMERO. Precise si señala la prescripción de la acción penal y, por ende, el sobreseimiento de la carpeta administrativa de origen, como acto destacado o, bien, como un concepto de violación. SEGUNDO. Para el caso de señalar la prescripción de la acción penal y, por ende, el sobreseimiento de la carpeta administrativa de origen, como acto destacado, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Si existe una solicitud expresa formulada al Juez natural respecto de tal prescripción, así como la fecha en que se realizó la misma. Si existe un pronunciamiento del Juez de origen respecto de la prescripción de la acción penal solicitada por el quejoso, y si aquél fue emitido en audiencia o en resolución, debiendo precisar la fecha de éstas. Así como los hechos que constituyan los antecedentes mediatos e inmediatos del acto reclamado en cuestión. Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la prevención impuesta en el término concedido, se tendrán como actos reclamados lo señalado en el apartado correspondiente de su escrito de demanda.

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