Teófilo Zaga Tawil

Expediente 325/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
325/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/04/2022

Partes del expediente

  • Teófilo Zaga Tawil

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de abril de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Firmeza procesal. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencian que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo; (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). 2. En el entendido que no existen documentos originales. 3. El presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en los supuestos del artículo 15 del señalado acuerdo). De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a su destrucción. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo conducente: Desahogo de prevención. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado criptográficamente por Andrea Rovira del Río, quien se ostenta como defensora del quejoso Teófilo Zaga Tawil, por medio del cual pretende desahogar el requerimiento emitido en auto de quince de marzo pasado, del cual se advierte que manifiesta lo siguiente: ". En ese sentido y en alcance a la demanda de amparo presentada el 11 de marzo de 2022, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo manifiesto bajo protesta de decir verdad que soy defensora del señor TEÓFILO ZAGA TAWIL. Personalidad que me fue reconocida en la causa penal 469/2020, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez, durante la celebración de la audiencia inicial de 1º de mayo de 2021. ." Atento a lo anterior, téngase por desahogado el requerimiento emitido por auto de quince de marzo de dos mil veintidós, y por reconocida la calidad de Andrea Rovira del Río, como defensora del quejoso Teófilo Zaga Tawil, dentro de la causa penal 469/2020, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez; por lo tanto se deja sin efectos el apercibimiento emitido en el auto de referencia y se provee lo conducente: Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... Resulta relevante destacar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de la demanda de amparo, los cuales son los siguientes: ...Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado, en términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto es: La resolución de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez "Altiplano", en su carácter de Juez de Control, en el que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha trece de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal 469/2020. Sobre la precisión anterior, se invoca, la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, de epígrafe siguiente: ... Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, página 255, registro 181810, cuyo contenido es: ...Ahora bien, de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional; preceptos que establecen lo siguiente: ...De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: ...Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. Ahora bien, en el caso la parte quejosa reclama la resolución que desecha el recurso de revocación interpuesto contra el auto que autoriza únicamente tres meses más de prórroga del plazo de cierre de investigación complementaria y no seis meses como lo había solicitado la defensa del ahora quejoso; cuestión que a criterio de este juzgado no producen una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado resulta ser un acto procesal que no afecta derechos sustantivos, ya que en su caso, ocasionaría una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que la parte quejosa puede hacer valer en el momento en el que se cierre la etapa de investigación complementaria. Lo anterior es así en virtud de que el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar, por lo que el procedimiento se desarrolla de manera continua, de tal manera que cada una de las etapas en las que se divide (investigación, intermedia y juicio) cumpla su función a cabalidad, y una vez que se hayan agotado se avance a la siguiente etapa sin que sea posible regresar a la anterior. Bajo esa premisa es que se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende, por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. Ahora, en el presente caso, el procedimiento se encuentra en la etapa de investigación complementaria, misma que se tuvo por ampliada tres meses, por lo que si la parte quejosa considera que existen violaciones al procedimiento, ésta deberá esperar a que se decrete su cierre, de tal manera que ese será el momento procesal oportuno para impugnar todas las violaciones cometidas con anterioridad en esta etapa, tal como resultan ser las cuestiones que alega en la demanda de amparo. Lo anterior, en virtud de que dichas violaciones no las podrá reclamar en amparo directo, pues en este, solo se analiza la etapa de juicio, sin que sea posible regresar a otras etapas; por lo que si ya no es posible reabrir las violaciones procesales cometidas, estas deben de reclamarse cuando se cierre cada una de las etapas. Por lo anterior es que se estima que el acto reclamado no es de imposible reparación, pues resultan ser violaciones procesales que bien podría reclamar la parte quejosa hasta el dictado del auto de cierre de investigación. ... En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, toda vez que el acto reclamado resulta ser un acto intraprocesal, que no afecta derechos sustantivos, mismo que es susceptible de impugnarse hasta el cierre de la investigación. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Andrea Rovira del Río, defensora de Teófilo Zaga Tawil, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez; de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. ...Notifíquese; y de manera electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México a quince de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Visto el Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Andrea Rovira del Río, quien se ostenta como defensora de Teófilo Zaga Tawil, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 325/2022-VI. Haciendo la aclaración de que en la demanda de amparo que se atiende, la promovente manifiesta lo siguiente: "ANDREA ROVIRA DEL RIO, defensora del señor TEOFILO ZAGA TAWIL, personalidad que tengo reconocida en la causa penal 469/2020, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con sede en Almoloya de Juárez." Énfasis añadido. Sin que se adjunte constancia alguna que acredite su dicho, y sin manifestar bajo protesta de decir verdad la calidad con la que se ostenta en el presente juicio de garantías. PREVENCIÓN. Previamente a realizar algún pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá al promovente para que aclare su demanda, el cual señala en lo que interesa lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;." Por su parte, los diversos artículos 14 y 108, fracción V, de la ley reglamentaria en cita, señalan: "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente. (.) Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;.". En ese orden, con fundamento en los artículos 14 y 108, fracción V, 112 y 114, fracciones I y II, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: ÚNICO. En términos del párrafo primero del artículo 14 de la ley de la materia, deberá manifestar "bajo protesta de decir verdad" que tiene reconocido el carácter con el que se ostenta (como defensora del quejoso Teófilo Zaga Tawil, calidad reconocida ante el Juez responsable), pues dicho requisito es indispensable para darle trámite a la demanda de amparo indirecto en materia penal. Lo anterior, pues omitió satisfacer dicho requisito, ya que el numeral señalado establece expresamente que, para darle el trámite a la demanda de amparo indirecto en materia penal, bastará que el defensor manifesté, "bajo protesta de decir verdad", tener tal carácter, lo cual no realizó. Ello, pues dicha manifestación no es un simple formalismo, sino un requisito legal contemplado en el artículo 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el cual obedece al hecho de constatar provisionalmente con la protesta de ley de que el promovente tiene la calidad de defensor dentro del asunto del cual emana el acto reclamado. De la misma manera se precisa que la protesta es un requisito ineludible para dar trámite a la demanda de amparo, por parte del defensor que la promueva, con independencia de que pudieran existir otros asuntos en los que le revista tal carácter, pues la calidad que ostenta puede variar de momento a momento; de ahí que en cada caso deba manifestarse la protesta al momento de presentar la demanda. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 13/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Constitucional, Común, Registro digital: 2023191, del contenido siguiente: ...Y la jurisprudencia 2a./J. 1/96, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 47, del Tomo III, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200657, que establece: ... Apercibimiento. Se apercibe a la promovente que, de no cumplir con el requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo en vigor. Domicilio Procesal. Toda vez que la promovente señaló como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico "AndreaRva", y tomando en consideración que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deberá de dar prioridad a las notificaciones de manera electrónica, a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables, el presente proveído, así como los subsecuentes se deberán notificar a través del usuario electrónico precisado. Si bien, de conformidad el inciso c), fracción I, del artículo 26 de la Ley de Amparo, el presente auto debe de notificarse personalmente, pues se trata de una prevención, sin embargo, al haber solicitado la promovente de manera expresa que las notificaciones se realicen mediante el usuario que señala, se ordena notificar vía electrónica. Autorizados. En atención al contenido de la certificación de cuenta se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Eduardo Amerena Minvielle, José Jaime Álvarez Domínguez y José Merino Rubalcava, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por así haberlo solicitado la parte quejosa. Asimismo, se tiene por autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir únicamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos a Fernanda Pérez Gallardo, Alberto Romero Solares, María De Los Ángeles Mouriño Escalante, Sashelly Alessandra Ucha Martín del Campo, María José Jaime Sanz, Rafael C,Herem Haiat y Marcelo Guillermo Armenta Acuña, ello por así haberlo solicitado la parte quejosa. ...Notifíquese el presente acuerdo por medio de lista que se realiza mediante publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

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