Teófilo Zaga Tawil

Expediente 1347/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1347/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Teófilo Zaga Tawil

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México a seis de noviembre de dos mil veintitrés. FIRMEZA PROCESAL. Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso e), de la misma ley, no recurrió la sentencia dictada el veintiocho de septiembre del año en curso (f. 57 a 64), por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado; realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. ... 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio de amparo, ello, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo en cita. 2. El cuaderno del incidente de suspensión, tiene carácter de conservable, toda vez que se concedió la medida cautelar (artículo 17, fracción III, inciso b) del acuerdo en cita. ... Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por******************** respecto del acto y autoridad precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el diverso sexto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa Teofilo Zaga Tawil; a través del cual, solicita se le expidan copias simples de todo lo actuado en el presente sumario constitucional, asimismo, que dichas copias le sean entregadas en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad; así como que todas las determinaciones que derivan de este juicio, se le notifiquen en el Centro Federal en que se encuentra interno. Solicitud de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por única ocasión, en aras de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; expídanse las copias que peticiona, las cuales serán entregadas por conducto de la persona actuaría en el lugar en que se encuentra privado de su libertad. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 27/2014 (10a.), con registro digital: 2006793, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 347, de rubro y texto siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinación de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido.". Solicitud de notificaciones en el lugar en que se encuentra privado de la libertad. En relación a la petición realizada por el promovente, en el sentido de que todas las determinaciones derivadas de este asunto le sean notificadas en el Centro Federal en que se encuentra interno, dígasele que, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deriven de este juicio se le realizarán por conducto de su defensa; sin perjuicio que de estimarlo conducente, esta Juzgadora ordenará su notificación personal en el lugar en que se encuentra privado de su libertad. Es aplicable, en lo medular, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2049, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2022, Libro 18, Tomo II, Undécima Época cuyo rubro y texto establece: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra privado de su libertad. Así lo acordó y firma Diana Abraján Peña, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Jorge Mira Rossano que autoriza, firma y da fe.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa Teofilo Zaga Tawil; a través del cual, solicita se le expidan copias simples de todo lo actuado en el presente incidente de suspensión, asimismo, que dichas copias le sean entregadas en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad; así como que todas las determinaciones que derivan de este cuaderno, se le notifiquen en el Centro Federal en que se encuentra interno. Solicitud de copias. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por única ocasión, en aras de garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; expídanse las copias que peticiona, las cuales serán entregadas por conducto de la persona actuaría en el lugar en que se encuentra privado de su libertad. 0... Solicitud de notificaciones en el lugar en que se encuentra privado de la libertad. En relación a la petición realizada por el promovente, en el sentido de que todas las determinaciones derivadas de este asunto le sean notificadas en el Centro Federal en que se encuentra interno, dígasele que, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deriven de este incidente se le realizarán por conducto de su defensa; sin perjuicio que de estimarlo conducente, esta Juzgadora ordenará su notificación personal en el lugar en que se encuentra privado de su libertad. ... Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra privado de su libertad.

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