Teofila Rivera Hernández

Expediente 310/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
310/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Teofila Rivera Hernández
  • Director General de Construcción de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia de veintiocho de febrero de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, interpusiera recurso de revisión contra ésta, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, por lo que se ordena el archivo de las actuaciones al tratarse de un asunto concluido. Háganse las anotaciones en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTISÉIS y pasados treinta días de la citada fecha. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 310/2022-II-A; y, (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito, debido a que si bien, la parte quejosa reclama una pluralidad de actos, entre los cuales se encuentra un acto que pudiera tener ejecución en un municipio en el cual este juzgado no tiene competencia territorial, lo cierto es que, como más adelante se expondrá, es inexistente dicho acto, por tanto, tomando en consideración los demás actos, éstos carecen de ejecución material, lo que trae como consecuencia que al haber prevenido este Juzgado de Distrito en el conocimiento de la demanda de que se trata, resulta incuestionable que la suscrita es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 17/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento del acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VI/2004 y P./J. 40/2000 de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa reclama los actos siguientes: Del Director General de Construcción de Obras Públicas y Coordinador General Jurídico -actualmente Directora General Jurídica-, ambas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad: a. La omisión de emplazamiento en el expediente ************, formado con motivo del procedimiento administrativo de rescisión del contrato número **************, del índice de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; y, b. La resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente ***************, en la que determinó declarar por rescindido el contrato de obra pública número ********************, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz y la persona moral **************, así como el requerimiento de una suma de dinero a pagar; además de todo lo actuado en dicho expediente. Del Notificador y Ejecutor adscrito a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad: c. La ejecución de la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, con la que se pretende embargar y asegurar bienes propiedad de la quejosa para garantizar los gastos y demás cantidades. TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD RESPONSABLE Y ACTO RECLAMADO. La Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, por sí y en representación de esa secretaría, negó categóricamente la existencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Notificador y Ejecutor adscrito a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, debido a que esta última no existe dentro del organigrama de esa dependencia. Lo anterior se corrobora con la copia certificada del índice del Manual Específico de Organización de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, del que se advierte que no existe dicha autoridad responsable. Documental pública a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, al tratarse de una actuación realizada por autoridad legalmente competente para ello. Cobra aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Negativa del acto que se acepta en sus términos, porque con la documental antes descrita es evidente que no existe el Notificador y Ejecutor en el organigrama de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, por lo cual no es posible que la quejosa haya sido requerida por esta autoridad; incluso, de las constancias que remitió la Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, no existe constancia de la que se advierta que un Notificador y Ejecutor haya requerido a la quejosa el cumplimiento de la resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, esto es, que se haya pretendido embargar o asegurar bienes propiedad de la quejosa. Además, si bien, obran en autos constancias de notificación dirigidas a *****, en su carácter de administrador único de la persona moral ***************, efectuadas por el Notificador Habilitado, lo cierto es que de su contenido se observa que dicho notificador pertenece directamente a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz y no a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. En ese sentido, si la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa y la existencia de la autoridad responsable, ni objetó la autenticidad del informe mencionado; con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, lo procede es sobreseer en el presente juicio de amparo al no evidenciarse la existencia de la autoridad responsable Notificador y Ejecutor adscrito a la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, ni el acto que se le reclama. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido que se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que literalmente dice: ... CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Directora General Jurídica, por sí y en representación del Director General de Construcción de Obras Públicas, ambas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia de los actos que se les atribuyen por lo que éstos deben tenérseles por ciertos para todos los efectos legales. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del expediente ********************, formado con motivo del procedimiento administrativo de rescisión del contrato número ********************, que remitió la autoridad responsable Directora General Jurídica de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, como apoyo a su informe, las cuales dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones realizadas por autoridad legalmente competente para ello. Cobra aplicación la antes citada jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio, o bien, a petición de parte, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. El aludido precepto es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" La anterior transcripción permite observar que la procedencia del juicio de amparo está sujeta a que se demuestre que la parte quejosa resiente una afectación en su interés jurídico o legítimo. En otras palabras, el gobernado que acude a promover el juicio de amparo, necesariamente debe ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y tal derecho debe verse afectado de manera real y actual, directamente o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conviene acotar que, en el caso, sólo se realizará el estudio del interés jurídico, pues la parte quejosa aduce ser titular de un derecho que se vio afectado directamente con la actuación de las autoridades responsables. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De igual forma, la Segunda Sala del máximo Tribunal del país indicó que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Las anteriores consideraciones se contienen en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En ese sentido, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces éste carecerá de legitimación para instar el juicio constitucional, de modo que, la parte quejosa debe acreditar en forma fehaciente, cuando se acude a promover juicio de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su contra un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que, si esa circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resultará improcedente. Como se adelantó, para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones, según lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 168/2007, que se cita enseguida: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por un acto, omisión, vigencia o aplicación de una ley, a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí que, la procedencia de la acción constitucional exige que ésta no sea impulsada por un interés simple, como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; lo que debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea porque no le impone obligación, o bien, porque no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. Por otra parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esa norma constitucional están consagrados diversos derechos del individuo, conocidos como derechos humanos de audiencia y de debido proceso. En esta tesitura, el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, entre ellos los de propiedad o posesión, que resulte afectado sin respetar sus derechos humanos de audiencia y defensa que se consagran en el aludido precepto constitucional; sin embargo, como se dijo, esa afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones; consecuentemente, la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera irrebatible, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, pues es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. En el caso, la parte quejosa acude a este juicio de amparo en su carácter de tercera extraña al litigio natural y reclama todo lo actuado en el expediente ********************, formado con motivo del procedimiento administrativo de rescisión del contrato número ********************, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz y la persona moral ********************, puesto que a su decir ella se constituyó como fiadora y obligada solidaria en un contrato de fianza ante la Afianzadora ********************, Institución que expidió las pólizas números ******************** y ********************, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Todo ello en un procedimiento administrativo de rescisión del contrato en el que no es parte, y del que aduce debió ser oída y vencida; entonces, es indispensable que ésta acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo del reclamo constitucional. Por tanto, la demandante del amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular de las pólizas de fianza números ******************** y ********************, expedidas por la Afianzadora ********************, pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que sea oponible a terceros. En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la afectación a su patrimonio, es necesario que acredite un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se consideraría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Así las cosas, la parte quejosa no exhibió algún elemento de prueba para acreditar la existencia de las pólizas de fianza números ******************** y ********************, expedidas por la Afianzadora ******************** y que en esta instancia constitucional defiende. Cabe destacar que aun cuando la parte quejosa afirmó, bajo protesta de decir verdad, que es fiadora y obligada solidaria de la persona moral denominada ********************, con motivo de la celebración del contrato de obra pública número ********************, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz y dicha persona moral, ello es insuficiente para acreditar su interés jurídico, dado que no aportó elementos de prueba para acreditar tal circunstancia, ni la autoridad responsable allegó documentales de las que se advierta que efectivamente tenga esa calidad -fiadora y obligada solidaria de ******************** -. Es así, porque tales manifestaciones no llegan al extremo de acreditar su interés jurídico, en razón de que, necesariamente, debe ser acreditado en forma fehaciente y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 3a./J. 27/90 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." En consecuencia, como la parte quejosa, carece de interés jurídico, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Director General de Construcción de Obras Públicas y Directora General Jurídica, ambas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad Conforme al sentido de este fallo, es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1028, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." SEXTO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y ra********************ón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudiera contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 310/2022-II-A, promovido por****************************************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, atento a los argumentos vertidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado.

  3. Principal

    AUDIENCIA CELEBRADA

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la razón actuarial de cuenta, en la que el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la quejosa ********************, el auto de once de noviembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista de acuerdos a la parte en cuestión, el proveído de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, hasta en tanto no señale otro domicilio en esta ciudad para oírlas y recibirlas. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa el presente auto y el diverso de once de noviembre de dos mil veintidós. Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 1429/2022-A, signado por personal del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada al resolver el recurso de queja administrativa 659/2022 de su índice, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja número 659/2022 interpuesto por **** en contra del acuerdo dictado el veinte de mayo de dos mil veintidós por la Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 310/2022, promovido por la propia inconforme, mediante el cual no se tuvo como tercera interesada a la persona moral que con tal carácter designó." En consecuencia, acúsese recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y hágase de su conocimiento a las partes. Finalmente, visto lo anterior, se ordena REANUDAR EL PROCEDIMIENTO; por tanto, se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano