Teodora Couttolenc Molina

Expediente 129/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
129/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Teodora Couttolenc Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de revisión en contra del auto de doce de marzo de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, y negado tanto la suspensión provisional como la definitiva, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos, respectivamente, en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Incidental

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio signado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual informa a este juzgado que el auto de veintiocho de febrero del año en curso, por el cual se declaró sin materia el recurso de queja que dio origen al expediente 61/2019, de su índice, ha quedado firme. En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la superioridad, por así haberlo solicitado.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de marzo de dos mil diecinueve. Ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables denominadas Auditor General y Director General de Asuntos Jurídicos, ambos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguense para que surtan sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de las autoridades responsables las documentales que anexaron a sus informes, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, como lo solicitan las autoridades responsables, ténganse como domicilios para oír y recibir notificaciones los señalados y como delegados a los mencionados en sus informes, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el acto reclamado por el quejoso Teodoro Couttolenc Molina consiste en el acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de reconsideración REC/16/078/2019, específicamente de la parte en la cual se concedió la suspensión de la resolución de diez de diciembre de dos mil dieciocho, y se precisó que para que tal medida surtiera sus efectos, debía garantizar el crédito fiscal por la cantidad de $140,049,867.89 (ciento cuarenta millones cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos 89/100 M.N.). Ahora bien, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, el suscrito juzgador de oficio, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo transcrito, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo IV, Común, P.R. SCJN, Apéndice de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 918214, con rubro y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, las autoridades responsables Auditor General y Director General de Asuntos Jurídicos, ambos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, remitieron copia certificada de la resolución de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente REC/16/078/2019 y sus acumulados REC/16/079/2019 y REC/16/079/2019, a través de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la diversa de diez de diciembre de dos mil dieciocho, así como de la notificación realizada al quejoso; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones expedidas por autoridad legalmente competente para ello. En ese tenor, si la demanda de amparo fue presentada el catorce de febrero de dos mil diecinueve, y el diecinueve del mismo mes y anualidad, la autoridad responsable Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el aquí quejoso, en contra de la resolución de diez de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento de origen; por tanto, se concluye que cambió la situación jurídica del quejoso. En efecto, el quejoso se dolía del acuerdo de veintidós de enero de dos mil diecinueve, dictado en el recurso de reconsideración REC/16/078/2019, específicamente de la parte en la cual se concedió la suspensión de la resolución de diez de diciembre de dos mil dieciocho, y se precisó que para que tal medida surtiera sus efectos, debía garantizar el crédito fiscal por la cantidad de $140,049,867.89 (ciento cuarenta millones cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos 89/100 M.N.), acudiendo a esta instancia constitucional con la pretensión de reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, por considerarla excesiva y rebasar su capacidad económica, por lo que, resulta incuestionable que al haberse resuelto el recurso de reconsideración, en el sentido de confirmar la responsabilidad resarcitoria determinada al aquí quejoso, ha cambiado su situación jurídica, pues con el dictado de dicha resolución se creó una situación jurídica distinta y autónoma a la que se encontraba el acto reclamado al momento de su realización, lo cual hace imposible analizar la inconstitucionalidad de dicha actuación, sin afectar la nueva situación; en la inteligencia de que las violaciones que tal vez pudieran haberse cometido deben considerarse consumadas de un modo irreparable. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XVII del numeral 61, en relación con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 184572, que se lee a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 173878, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje al quejoso en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por lista de acuerdos y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Incidental

    Agréguese a sus autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual acusa recibo de los oficios 4614/2019-IIB y 4708/2019-IIB, de este juzgado, e informa que el recurso de queja interpuesto por el quejoso Teodoro Couttolenc Molina, en contra del auto de veinte de febrero del año en curso, mismo que fue registrado bajo el número 61/2019, de su índice, fue declarado sin materia, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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