Teófila Platero Avilés
Expediente 306/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 306/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Teófila Platero Avilés
- Presidente del Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintisiete de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual término, es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional y definitiva; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno, y una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión, lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 306/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO...se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo en términos de lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Teófila Platero Avilés, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL.-
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADO FELICIANO ESCOBAR ALVARADO, LA SERBNTENCIA AUTORIZADA EL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO,MISMA QUE DICE... Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 306/2018; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el dos de abril siguiente por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito, Teófila Platero Avilés, en su carácter de Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. EJECUTORA Secretario de Finanzas y Administración del Estado. Con residencia en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "A).- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS: Se reclama el auto de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, siendo notificado el día cinco del mes de marzo del año antes citado, a través del cual se le hizo efectivo a mi Representado el apercibimiento decretado en auto de dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, por conducto de su representante legal, la suscrita TEOFILA PLATERO AVILES, Primer Síndico Procurador y Representante Legal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, imponiéndole una multa de 400 días de salarios mínimo, con fundamento en el artículo 95 del Estatuto Estatal, para lo cual ordeno girar oficio a la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, a efecto de que haga efectiva la multa, no obstante a ello, requirió a mi Representado H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, el cumplimiento del laudo en un término de diez días hábiles, apercibiendo a la suscrita C. TEOFILA PLATERO AVILES, en su carácter de Primera Síndico Procurador del Ayuntamiento condenado que en caso de no cumplir con el requerimiento referido se me aplicará una multa de 450 días de salario vigente, con fundamento en el artículo 95 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. B).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EJECUTORA: DEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, el cumplimiento que pretende dar al auto de fecha doce de febrero del año dos mil dieciocho, siendo notificado el día cinco del mes de marzo del año antes citado, a través del cual se le hizo efectivo a mi Representado el apercibimiento decretado en auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, por conducto de su representante legal, la suscrita TEOFILA PLATERO AVILES, Primer Síndico Procurador y Representante Legal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, imponiéndole una multa de 400 días de salarios mínimo, con fundamento en el artículo 95 del Estatuto Estatal, para lo cual ordeno girar oficio a la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, a efecto de que se haga efectiva la multa." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 123, apartado B, Constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de tres de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose bajo el número de expediente 306/2018; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se ordenó notificar al tercero interesado Feliciano Escobar Alvarado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama la imposición de una multa a la autoridad demandada en un juicio burocrático en la etapa de ejecución de sentencia, cuya ejecución tendrá lugar en un municipio en donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Legitimación. La quejosa Teófila Platero Avilés se encuentra legitimada para promover el presente juicio constitucional al justificar con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamientos emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (foja 21), que a la fecha de emisión del auto reclamado fungía como Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, satisfaciéndose así el principio de instancia de parte agraviada a que alude el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el 6 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2ª./J. 65/2015 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 974, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2009360, que a continuación se reproduce: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra." Asimismo, se hace la precisión que si bien la quejosa en su demanda asentó que promovía el presente juicio a nombre del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, de la apreciación integral de la demanda se desprende que lo hace por propio derecho, pues es la persona que debe cubrir con su peculio la multa que por esta vía se reclama y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado demandado, al imponérsele directamente a aquélla. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama el auto de doce de febrero de dos mil dieciocho, pronunciado en el juicio laboral 31/2004, por el que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, le impuso una multa de cuatrocientos días de salario mínimo vigente, de conformidad con el artículo 95 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, así como su ejecución. CUARTO. Oportunidad de la demanda. La quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el cinco de marzo de dos mil dieciocho, como se advierte de las constancias que obran en autos (foja 24); en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del seis de marzo al dos de abril pasado, descontándose los días diez, once, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, así como el uno de abril, por haber sido inhábiles, y el veintiuno de marzo por haber sido inhábil pero laborable, todos de dicha anualidad, de ahí que, al haberse presentado la demanda el veintisiete de marzo del año en curso, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente, a la Secretaria General de Acuerdos, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, esta última por conducto del Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos, lo que constituye una confesión de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, y que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 31/2004 que allegaron en apoyo a su informe rendido conjuntamente (tomo I de prueba), las dos primeras autoridades en cita, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del código adjetivo civil en cita de aplicación supletoria a la ley de la materia. SEXTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se analizan las causales de improcedencia que hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE SE ESTIMAN INFUNDADAS. En ese tenor, se tiene que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, alega que en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia; sin embargo, no vierte razonamiento alguno tendente a tratar de probar la actualización de dicha causal, sino que únicamente se limita a citarla, lo que no es suficiente para que este juzgado quede obligado a efectuar un pronunciamiento al respecto, sino que es necesario que quien invoque alguna causal, exprese las razones lógico-jurídicas que considere llevan de manera indudable, a la actualización de la misma, situación que no sucedió, por lo que se desestima la causal invocada. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE SE ESTIMAN FUNDADAS. Por otro lado, este órgano jurisdiccional advierte que por lo que hace a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir los actos que realiza un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que su función solo se constriñe en autorizar y dar fe de lo actuado por el Presidente de la Junta, por lo que sólo es una fedataria, sin imperio ni facultad decisoria. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, lo que procede es sobreseer en el juicio a su respecto. SÉPTIMO. Estudio de fondo del asunto. No habiendo diversa causal que analizar, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. En ese sentido, para estar en aptitud de dilucidar sobre el particular, se estima conveniente señalar los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de las constancias que obran en el juicio de amparo 665/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, las cuales se tienen a la vista y de las actuaciones que integran el juicio laboral 31/2004 (tomo I de prueba) cuyo valor se otorgó en el considerando quinto que antecede. 1. Previa substanciación del juicio laboral número 31/2004, promovido por el aquí tercero interesado Feliciano Escobar Alvarado, en contra del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, el veinte de marzo de dos mil doce, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, dictó laudo por el cual condenó al Ayuntamiento demandado, a la reinstalación y al pago de diversas prestaciones al actor, aquí tercero interesado; resolución que causó ejecutoria el veinte de febrero de dos mil trece. 2. El trece de noviembre de dos mil trece se dictó auto de ejecución por la cantidad de $588,457.12 (quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 12/100 M.N.), por lo que se comisionó al Actuario para que requiriera el pago al Ayuntamiento demandado, y en caso de negativa a cubrir el monto requerido, le embargara bienes muebles e inmuebles que garantizaran dicho pago, dejando a salvo los bienes que señala el artículo 123 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, así como las partidas presupuestales estatales y federales, por ser inembargables. 3.- Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el tribunal responsable actualizo el auto de ejecución dictado el trece de noviembre de dos mil trece, y comisionó al actuario de su adscripción, para que se asociara con el actor (aquí tercero interesado) y le requiriera al Ayuntamiento demandado el pago de la cantidad de $736,486.07 (setecientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 07/100 M.N.), con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa de doscientos días de salario mínimo. 4. Mediante diligencia de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento demandado por conducto de su apoderado legal, manifestó su imposibilidad para cubrir la cantidad de $736,486.07 (setecientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 07/100 M.N.), a la que fue condenado, ante lo cual por acuerdo de veintinueve del mismo mes y año, le impuso una multa de doscientos días de salario mínimo, asimismo le requirió para que el término en el cinco de días hiciera el pago de la cantidad antes mencionada, con el apercibimiento que no de hacerlo así, se le impondría una nueva multa por doscientos cinco días de salario mínimo. 5. En proveído de dos de diciembre de dos mil dieciséis, previa solicitud formulada por el apoderado legal del Ayuntamiento demandado, se le otorgó una prórroga de cinco días hábiles realizara el pago de la cantidad de $736,486.07 (setecientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 07/100 M.N.), con el apercibimiento que no de hacerlo así, se le impondría una multa de doscientos cinco días de salario mínimo. 6. Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se tuvo al apoderado legal del Ayuntamiento por informando las acciones implementadas a fin de realizar el pago de la cantidad de $736,486.07 (setecientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 07/100 M.N.), otorgándosele una nueva prórroga de cinco días hábiles, con el apercibimiento que no de hacerlo así, se le impondría una multa de doscientos cinco días de salario mínimo. 7. Seguido el procedimiento de ejecución, en auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se requirió al Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que dentro del término de ocho días hábiles realizara el pago de la cantidad de $736,486.07 (setecientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 07/100 M.N.); con el apercibimiento a la aquí quejosa en su carácter de Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial, que de no cumplir con lo anterior, se le aplicaría una medida de apremio consistente en una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo, de conformidad con los artículos 91 y 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, proveído que le fue notificado al Ayuntamiento demandado como se advierte del escrito de veintiséis de mayo pasado, a través del cual el apoderado legal del Ayuntamiento demandado desahogó dicho requerimiento. 8. Ante las evasivas del Ayuntamiento demandado en dar cumplimiento a lo ordenado, en auto de nueve de junio del año pasado, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso a la aquí quejosa Teófila Platero Avilés, en su carácter de Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento demandado, una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo, de conformidad con el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a fin de que realizara las gestiones necesarias para el cobro de la multa, requiriendo nuevamente al Ayuntamiento demandado el pago al actor de la cantidad a que fue condenado, apercibido que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a otra multa ahora de trescientos días de salario mínimo acorde al artículo 95 de la Ley 51 del Estado. 9. Asimismo, por oficio número 4142/2017, de doce de junio de dos mil diecisiete, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje responsable, solicitó al Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, ordenara a quien correspondiera el cobro de la multa impuesta en acuerdo de nueve de junio anterior, por doscientos cincuenta días de salario mínimo vigente, a la quejosa Teófila Platero Avilés, en su carácter de Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento de esta ciudad. 10. Por otro lado, ante la evasiva del Ayuntamiento demandado en dar cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de junio del año pasado, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por acuerdo de doce de julio siguiente hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso a la aquí quejosa Teófila Platero Avilés, en su carácter de Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento demandado, una nueva multa de trescientos días de salario mínimo, de conformidad con el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a fin de que realizara las gestiones necesarias para el cobro de la multa, y le requirió nuevamente al Ayuntamiento demandado el pago al actor de la cantidad a que fue condenado, apercibido que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a otra multa ahora de trescientos cincuenta días de salario mínimo acorde al artículo 95 de la Ley 51 del Estado. 11. Así, en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso acuerdo de doce de julio del mismo año, ante su evasiva en dar cumplimiento a lo ordenado, se le impuso a la aquí quejosa Teófila Platero Avilés, en su carácter de Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento demandado, una nueva multa de trescientos cincuenta días de salario mínimo, de conformidad con el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a fin de que realizara las gestiones necesarias para el cobro de la multa, requiriendo nuevamente al Ayuntamiento demandado el pago al actor de la cantidad a que fue condenado, apercibido que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a otra multa ahora de cuatrocientos días de salario mínimo acorde al artículo 95 de la Ley 51 del Estado. 12. Finalmente, ante la negativa constante del Ayuntamiento demandado en dar cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciséis de noviembre del año pasado, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por acuerdo de doce de febrero de la presente anualidad hizo efectivo el apercibimiento decretado e impuso a la aquí quejosa Teófila Platero Avilés, en su carácter de Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento demandado, una nueva multa de cuatrocientos días de salario mínimo, de conformidad con el artículo 95 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado a fin de que realizara las gestiones necesarias para el cobro de la multa, requiriendo nuevamente al Ayuntamiento demandado el pago al actor de la cantidad a que fue condenado, apercibido que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a otra multa ahora de cuatrocientos días de salario mínimo acorde al artículo 95 de la Ley 51 del Estado; (el cual constituye el acto reclamado). Precisado lo anterior, tenemos que la quejosa en sus conceptos de violación manifiesta esencialmente que el acto reclamado transgrede en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se le aplica en forma retroactiva el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en virtud que dicho numeral fue reformado el veinticinco de agosto de dos mil quince; mientras que el juicio laboral se inició el seis de agosto de dos mil tres y el laudo que se pretende ejecutar se emitió el veinte de marzo de dos mil doce, es decir, todo el procedimiento se rigió por la ley burocrática anterior, por tanto, la medida de apremio impuesta en acuerdo de doce de febrero del año en curso debía ser acorde al numeral 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero anterior, y no con base en el reformado mediante decreto publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince. Asimismo, sostiene que el acuerdo reclamado no se encuentra debidamente motivado, ya que no se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en que se apoyó para determinar su capacidad económica así como la existencia y gravedad de la infracción, adecuando dichos lineamientos con las circunstancias especiales al caso concreto. En este punto, debe recordarse que el presente asunto es de naturaleza laboral y quien acude al amparo es un representante patronal; por tanto, la legalidad del auto reclamado, será analizada de acuerdo a lo estrictamente expresado por la quejosa en sus motivos de inconformidad; pues no opera la suplencia de la queja a su favor, al no encontrarse contemplada en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Así, se estiman infundados los motivos de inconformidad reseñados en virtud de las siguientes consideraciones. El artículo 14 Constitucional, en su primer párrafo, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Dentro del texto de esta disposición se encuentra uno de los derechos de mayor trascendencia dentro del sistema jurídico mexicano, dado que el Constituyente prohibió tajantemente que las leyes -en su concepción amplia, es decir, comprendiendo a los reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general-, pudieran aplicarse retroactivamente en perjuicio de persona alguna, lo cual implica que las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser destinadas a los hechos que se realizaron antes de su entrada en vigor cuando esto le cause un menoscabo en sus prerrogativas. Por su parte, en la práctica el principio de retroactividad se compone de dos momentos o acepciones, a saber: 1) Retroactividad de la ley: las más común, la cual no es otra cosa que el análisis de los efectos de la legislación, verificando si estos vuelven al pasado modificando situaciones creadas bajo el imperio de una ley anterior y afectando derechos adquiridos, entendiéndose por tales aquellos que han entrado al patrimonio de un individuo o a su dominio, los cuales ya no pueden ser desconocidos por las autoridades. 2) Aplicación retroactiva: que distinta de la anterior, se refiere a verificar si el acto concreto de aplicación se emitió dentro del ámbito temporal de validez de la norma; ello, sin afectar tampoco derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor. En ese orden de ideas, la retroactividad de la ley se refiere únicamente a los efectos de la ley misma, es decir, si por su sola emisión -de haberlos- desconoce o no derechos adquiridos, y la aplicación retroactiva depende del momento de la materialización de su contenido. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 87/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 415, tomo XX, Julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181024, que dice: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor." Como se advierte, aunado al tema de retroactividad se encuentra la teoría de los derechos adquiridos, misma que distingue claramente entre los derechos que ya ingresaron material o jurídicamente en la esfera jurídica de un sujeto y aquellos que sólo constituyen una expectativa, esto es, los que no se han materializado aún, pues requieren de un evento futuro para que ello acontezca. Así, se afirma que el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado. Resulta ilustrativa sobre este aspecto la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 53, Volumen 145-150, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 232511, cuyo rubro y texto señalan: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado." De lo expuesto, se advierte que el argumento que hace valer la quejosa en el sentido de que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje responsable no debió aplicar en el acuerdo que se reclama el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, ya que el juicio laboral se inició el seis de agosto de dos mil tres mientras que su laudo se emitió el veinte de marzo de dos mil doce, por lo que la multa impuesta debía ser acorde al numeral 95 antes de su reforma, y no con base en el numeral reformado mediante decreto publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, se ubica en la hipótesis de aplicación retroactiva. Ahora bien, el artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, anterior a la reforma publicada en el periódico oficial el veinticinco de agosto de dos mil quince, disponía lo siguiente: "Artículo 95. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por mil pesos. Precepto legal que con motivo de la reforma aludida, actualmente dispone: "Artículo 95. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero. Como puede observarse, el artículo 95 reformado de la legislación burocrática del Estado de Guerrero, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales, continúa previendo la multa, pero establece ahora el margen entre la mínima de doscientos días de salario mínimo y la máxima de quinientos días. En ese sentido, contrario a lo manifestado por la quejosa la aplicación por parte de la autoridad responsable del artículo 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, no es violatoria de la garantía de retroactividad prevista en el artículo 14 Constitucional, pues si bien es cierto que establece el incremento de la medida de apremio (multa), que se encuentra facultado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para imponer en caso de incumplimiento a sus determinaciones, es inexacto que el Ayuntamiento demandado tenga el derecho adquirido de que en el supuesto de no acatar un requerimiento actual, la medida de apremio (multa), sea sobre la misma base o tasa, prevista en el numeral 95 anterior a la reforma publicada el veintiséis de agosto de dos mil quince. En efecto, el precepto en cita, vigente a partir del veintiséis de agosto de dos mil quince, rige desde esa fecha; por tanto, toda vez que en acuerdo de doce de febrero del presente año, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, impuso a la quejosa Teófila Platero Avilés, en su carácter de Primera Síndica Procuradora Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, una multa de cuatrocientos días de salario mínimo, ante su omisión en dar cumplimiento al pago de la cantidad a que fue condenado dicho Ayuntamiento; proveído que le fue notificado el cinco de marzo pasado, resulta inconcuso que la imposición de la misma fue realizada de conformidad con la normativa vigente, sin que le sea aplicado de forma retroactiva, dado que el requerimiento de dieciséis de noviembre de la pasada anualidad, se realizó cuando ya se encontraba en vigor el artículo 95 de la Ley número 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que tasa dicha medida de apremio entre doscientos y quinientos días de salario. Bajo ese orden de ideas, se tiene que el numeral 95 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, es una norma de carácter procesal, en virtud que faculta al tribunal a imponer una multa como medida de apremio en el supuesto de incumplimiento a una determinación; en ese sentido, es de señalar que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las partes no adquieren el derecho de que las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda en el juicio natural, se les apliquen durante todo el procedimiento, ya que los derechos procesales se agotan en cada etapa del procedimiento, de ahí que cada fase se rija por la regla vigente en el momento en que se desarrolla, a excepción de que el legislador disponga lo contrario. Lo que no ocurre en el caso pues de las reformas transitorias de la reforma publicada en el periódico oficial del Estado de Guerrero el veinticinco de agosto de dos mil quince, no se desprende prohibición alguna para aplicar lo dispuesto en el artículo 95, en los juicios que se encontraran pendientes de ejecución y que se hubieren iniciado y resuelto antes de la entrada en vigor de dicho numeral (veintiséis de agosto siguiente), como se observa de la siguiente transcripción: "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. SEGUNDO. Comuníquese el presente Decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos legales conducentes. TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para el conocimiento general. P.O No. 68 ALCANCE I, 25 DE AGOSTO DE 2015." Por tanto, en virtud que en acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, requirió al Ayuntamiento demandado, el pago de la cantidad a que fue condenado; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo así, se haría acreedor a una multa de cuatrocientos días de salario mínimo, acorde al artículo 95 de la Ley 51 del Estado, lo que se hizo efectivo en proveído de doce de febrero de este año, resulta inconcuso que el requerimiento fue emitido de conformidad con la normativa vigente al momento en que fue pronunciado el requerimiento relativo, sin que ello implique la aplicación retroactiva de dicho numeral, dado que como se indicó las etapas procesales que se desarrollan en cada juicio, se deben tramitar bajo las reglas del procedimiento vigentes al momento en que surgen, con excepción de los casos en los que la reforma respectiva así lo establezca. En otras palabras, no obstante que el laudo materia de cumplimiento causó ejecutoria desde el veinte de febrero de dos mil trece, la omisión del Ayuntamiento demandado de acatarlo es de tracto sucesivo, dentro del procedimiento de ejecución, por lo que resulta correcto que el requerimiento de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se efectuara acorde a la normativa vigente, en virtud que no existe ninguna disposición transitoria que obligue a continuar el procedimiento de ejecución al tenor de la anterior disposición, sin que se desprenda un derecho adquirido por el Ayuntamiento demandado, al tratarse de una norma de carácter procesal dentro de la ejecución del laudo. Ilustra al respecto la tesis 2a. XLIX/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 273, tomo XXIX, Mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 167230, que a letra dice: "NORMAS PROCESALES. SON APLICABLES LAS VIGENTES AL MOMENTO DE LLEVARSE A CABO LA ACTUACIÓN RELATIVA, POR LO QUE NO PUEDE ALEGARSE SU APLICACIÓN RETROACTIVA. Tratándose de normas procesales, las partes no adquieren el derecho a que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento en vigor al momento en que haya nacido el acto jurídico origen del litigio, ni al de las vigentes cuando el juicio inicie, toda vez que los derechos emanados de tales normas nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa, de ahí que cada una de sus fases se rija por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se hayan establecido disposiciones expresas sobre su aplicación en otro sentido. En consecuencia, cuando se trata de normas de carácter adjetivo no puede alegarse la aplicación retroactiva de la ley, proscrita en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así como la diversa tesis de jurisprudencia XXI.2o.C.T. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, publicada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete con el número de registro 2015183 en el Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto disponen: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY BUROCRÁTICA DEL ESTADO DE GUERRERO. SU APLICACIÓN POR EL TRIBUNAL LABORAL PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES EN AQUELLOS ASUNTOS RESUELTOS, INCLUSO ANTES DE SU REFORMA EL 25 DE AGOSTO DE 2015, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en su artículo 95 establece la potestad del tribunal laboral para imponer multas de 200 a 500 días de salario mínimo como medida de apremio a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, incluso durante la etapa de ejecución del laudo; entonces, este numeral es aplicable para toda clase de juicios que se encuentren en dicha etapa, aun tratándose de aquellos que fueron resueltos antes de que se reformara el 25 de agosto de 2015, sin que tal situación implique violación al principio de irretroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no opera en perjuicio de algún derecho sustantivo adquirido por las partes, habida cuenta que las normas procesales tienen su origen dentro del propio procedimiento y se agotan en atención al estadio procedimental en que se encuentren, de forma que en cualquier juicio o procedimiento se aplica la legislación adjetiva vigente en el momento en que se desarrolle la etapa procesal de que se trate, salvo disposición en contrario, en los artículos transitorios de la propia ley, lo que no sucede en el caso." Por otro lado, el artículo 16 de nuestra Carta Magna, en lo que interesa, establece lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)." En éste se encuentra consagrado el derecho fundamental de seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, se traduce en que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En correlación con lo anterior, los preceptos 95, 96, 97 y 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente, disponen: "Artículo 95. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de 200 a 500 días de salarios mínimo vigente en la capital del Estado de Guerrero." "Artículo 96. Las multas se harán efectivas por la Dirección General de Hacienda y Economía del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Dirección de Hacienda informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa señalando los datos relativos que acrediten su cobro." "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." "Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." De los numerales transcritos se advierte que la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en el juicio burocrático 31/2004. En ese sentido, de la confrontación de los antecedentes directos del acto reclamado con los ordinales invocados, se obtiene que el apercibimiento de la medida de apremio citada, contenido en el auto de dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, se notificó a la parte demandada, pues mediante escrito presentado el quince de diciembre de esa anualidad, el apoderado legal de dicha parte procesal desahogo el requerimiento efectuado e informó que se encontraban tomando las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo solicitado en el auto de dieciséis de noviembre pasado, entonces válidamente puede afirmarse que, contrario a lo esgrimido por la quejosa, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero si ajustó su proceder al texto constitucional destacado al emitir el proveído de doce de febrero del año en curso. Lo anterior es así, porque previo a hacer efectiva la multa respectiva, el Presidente responsable hizo saber al destinatario del requerimiento tanto la obligación que debía cumplir, el plazo que tenía para hacerlo, así como la consecuencia en caso de incumplimiento. Asimismo, se observa que la autoridad responsable ordenadora tuvo en consideración, entre otros aspectos, las evasivas de la autoridad demandada de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio natural, habida cuenta que desde el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis sólo se limitaba a informar que se encontraba tomando las medidas necesarias para dar cumplimiento al laudo, sin que hasta esa fecha se hubiera dado cumplimiento al mismo, es decir, de conformidad con lo manifestado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado no se esgrimió argumento eficiente alguno para establecer el cumplimiento de la sentencia, de lo que pendió su decisión de imponer la sanción a la que se hizo acreedora la quejosa como representante del Ayuntamiento demandado. De lo anterior deriva lo infundado de sus motivos de disenso, ya que contrario a lo señalado, los artículos 95 y 98 de la Ley número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, (fundamento), establecen cuál es la consecuencia que trae aparejado el incumplimiento al requerimiento de las determinaciones emitidas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el sentido de dar cumplimiento a los laudos, en tanto que las consideraciones (motivación), que estimó actualizadas para aplicar dichos preceptos al caso concreto, fueron precisamente el incumplimiento en el plazo otorgado atribuible al destinatario del requerimiento, por lo cual se encuentran colmadas las exigencias previstas en los numerales constitucionales en cita. Además que tampoco puede soslayarse que de conformidad con los ordinales invocados, queda de relieve el hecho de que la autoridad responsable ordenadora está facultada para requerir el cumplimiento del laudo emitido en el juicio burocrático de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, porque como se advierte de aquéllos ordinales, ese proceder es una consecuencia lógica y natural del propio sentido del laudo definitivo, que está expresamente regulado en los artículos 95 a 98, de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero vigente. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la jurisprudencia 127/99, que dentro de los elementos para determinar el monto de una multa, se encuentran, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y su reincidencia. Sin embargo, no se advierte que el acto reclamado trastoque los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues en el auto de doce de febrero de la anualidad que trascurre, sí se individualizó la sanción atendiendo a los elementos objetivos que obran en el expediente, los que se advierte que los hizo consistir en agravantes (reincidencia), fundando y motivando su determinación, de conformidad con el mandato contenido en el último de los numerales citados. Además, no se vulneran dichos derechos al no establecerse cuál es la capacidad del infractor, ya que el mencionado artículo 95 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero otorga al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable; pues en el caso se trata de personas físicas que ostentan cargos de servidores públicos municipales, quienes indudablemente tienen la capacidad de cumplir dichas medidas de apremio, aunado a ello, a nada practico conduciría declarar fundado dicho argumento, por las razones expresadas; ni tampoco, era necesario que se tomara en consideración el monto del negocio, al no ser un elemento indispensable para individualizar la multa. De ahí que no le sean benéficos los criterios que invoca la quejosa, dado que los elementos que deben atenderse al fijarse las multas, quedaron debidamente requisitados. Del mismo modo, se estima infundado lo manifestado por la quejosa, en el sentido de que el artículo 95 de la Ley 51 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, no establece la manera en cómo se deben aplicar las multas de 200 a 500 días de salario mínimo, ni tampoco la forma en que estas deben incrementarse, lo anterior en razón de que la imposición de dicha medida de apremio, así como el monto que debe cubrir la parte a quien se le imponga, es al arbitrio del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y en el caso la multa impuesta a la parte quejosa por cuatrocientos días de salario mínimo, se encuentra fundada en el referido numeral que lo faculta para requerir el cumplimiento del laudo emitido en el juicio burocrático de origen, sin que sea necesario exigir mayor fundamentación y motivación para ello, dado que como se mencionó anteriormente, la imposición debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable En mérito de lo expuesto, al devenir infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitó. Determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios, sino que su legalidad está subordinada al de la ordenadora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en este asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo en términos de lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Teófila Platero Avilés, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POPR ESTE MEDIO A LA CITADA PARTE TECERO INTERESADA, EN CUMPLÑIMIENTO AL AUTO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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