Teofila Dimayuga Mendoza

Expediente 237/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
237/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Teofila Dimayuga Mendoza y Otros.
  • Teofila Dimayuga Mendoza
  • Juan Miguel Terrazas Cuevas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de agosto de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a través del cual, informa que recibió los oficios 14484 y 15774, por los que se le notificó la sentencia emitida en el presente juicio, así como el proveído de treinta y uno de julio del año en curso, por el que se mandó al archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, ya que de autos se advierte que el Magistrado Presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, remitió los originales en un tomo del toca civil 505/2018 y en tres tomos del juicio ordinario civil 323/2015-3 y dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA TEOFILA DIMAYUGA MENDOZA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 237/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante oficio recibido el cinco de marzo de dos ml diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, turnado ese día a este Juzgado Federal, con motivo de la incompetencia decretada en acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el amparo directo civil 110/2019, el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, remitió dos copias de la demanda de amparo promovida por Teófila Dimayuga Mendoza, por propio derecho, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORA 1. Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. EJECUTORA 2. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO De la autoridad ordenadora, se reclama: De la H. Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, señalada como autoridad ordenadora, reclamo todas y cada una de las consideraciones y de los puntos resolutivos contenidos en la resolución de fecha 27 de Noviembre de 2018, dictada en el toca 505/2018, formado en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el juicio 323-3/2015, en contra de la sentencia de primera instancia dictada por Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero. De la autoridad ejecutora, se reclama: Y de la autoridad ejecutora C. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, reclamo la ejecución y cumplimiento que llegue a darle a la resolución de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada en el toca 505/2018, formado en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en el juicio 323-3/2015." SEGUNDO.- Tramitación de la demanda. Por acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto, se admitió a trámite la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 237/2019; se tuvo por rendido el informe justificado de la Sala Civil responsable y se solicitó únicamente el del Juez responsable; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó notificar a los terceros interesados y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama una resolución emitida dentro de un juicio ordinario civil, de imposible reparación, cuya ejecución material tiene lugar dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo en relación con las demás constancias de autos se obtiene que la parte quejosa reclama: I. De la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 505/2018, en la que ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto de radicación de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 323-3/2015, promovido por la parte actora aquí terceros interesados (Fernando Terrazas Sánchez, Juan Miguel Terrazas Cuevas y Celestino Sánchez Terrazas) en contra de la parte quejosa (Teófila Dimayuga Mendoza); y previno a los actores exhibieran las cédulas profesionales con las que acrediten su calidad de licenciados en derecho, así como la documental con la que acreditaran la prestación de sus servicios profesionales, apercibidos que en caso de no hacerlo en el término de tres días, no se le daría curso a su demanda. II. Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, el cumplimiento a dicha sentencia. TERCERO Oportunidad de la demanda. La quejosa bajo protesta de decir verdad manifiesta que se le notificó la resolución reclamada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante cédula de notificación, lo que se corrobora con la constancia respectiva que obra en el tomo IV de pruebas a foja 93; consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, en relación con el 129 del Código Procesal Civil de la Entidad, el término para interponer la demanda de amparo le transcurrió del once de diciembre de dos mil dieciocho al veintiuno de enero de dos mil diecinueve, descontándose el diez de diciembre de dos mil dieciocho, por haberse decretado inhábil por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado como se advierte de la certificación secretarial que obra en el reverso de la última hoja de la demanda de amparo (foja 22), del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho al seis de enero de dos mil diecinueve, por ser corresponder al segundo periodo vacacional de la Sala Civil responsable, quince y dieciséis de diciembre del año pasado, doce, trece, diecinueve y veinte de enero del año en curso por ser inhábiles; de ahí que si la demanda de amparo se presentó ante la Sala Civil responsable el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, por conducto del Magistrado Presidente, con residencia en Chilpancingo (foja 7) y el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad (fojas 113 y 114), al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron los actos reclamados, lo que basta para tener como plenamente acreditados tales actos; certeza que se robustece además con las constancias que como sustento a sus informes allegaron en copias certificadas derivadas del toca civil 505/2018 y del juicio ordinario civil 323-3/2015, respectivamente; las cuales dada su naturaleza tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. QUINTO. Causal de improcedencia actualizada. Previo al estudio de fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la ley de la materia pues no es un acto cuyos efectos sean de imposible reparación. Los numerales en cita son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Respecto de los actos emitidos dentro de juicio, el artículo 107, fracción V, establece que el amparo indirecto únicamente será procedente cuando estos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; de ahí que no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. La comprensión y modificación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro de juicio, en los términos mencionados, de acuerdo con el texto de la nueva Ley de Amparo, ya lo explicó el Pleno de la Suprema Corte en la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Bajo esa tesitura, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Precisado lo anterior, si el acto reclamado consiste en la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 505/2018, en la que a Sala Civil responsable ordenó la reposición del procedimiento a partir del auto de radicación de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 323-3/2015, promovido por la parte actora aquí terceros interesados (Fernando Terrazas Sánchez, Juan Miguel Terrazas Cuevas y Celestino Sánchez Terrazas) en contra de la parte quejosa (Teófila Dimayuga Mendoza); y previno a los actores exhibieran las cédulas profesionales con las que acrediten su calidad de licenciados en derecho, así como la documental con la que acreditaran la prestación de sus servicios profesionales, apercibidos que en caso de no hacerlo en el término de tres días, no se le daría curso a su demanda; dicha determinación no es de naturaleza irreparable pues carece de la afectación material necesaria para la procedencia del juicio de amparo, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del procedimiento al afectar la celeridad o prontitud del juicio, sin embargo, aunque prolongue la resolución del asunto, ello no trasciende a la persona o bienes del quejoso más allá de lo procedimental; situación que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo en lo conducente la jurisprudencia número 23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página número 593, del Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Asimismo, la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2019 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 6 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." En las narradas consideraciones al actualizarse la causa de improcedencia en estudio ya que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto cuya ejecución sea irreparable; con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Finalmente, se precisa que el sobreseimiento, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 509 aparece publicada en la página 335, del Apéndice 1995, del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Materia Común, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el doce de julio de dos mil diecinueve, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza y da fe....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE....

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