Teodoso Mora Hernández

Expediente 218/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
218/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/03/2018

Partes del expediente

  • Teodoso Mora Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, hágase la devolución del documento que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, previa razón de recibo se deje asentada en autos; en la inteligencia que la parte interesada deberá de comparecer con copia fotostática de una identificación oficial dentro del plazo de noventa días, pues de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados el documento serán susceptibles de ser destruido junto con el expediente, en términos de lo dispuesto por el citado Acuerdo General. [...]

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el escrito de demanda presentado por Teodoso Mora Hernández, por propio derecho, contra actos del Director General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 218/2018 y fórmese expediente. Analizada la demanda de amparo en su integridad, la suscrita juzgadora advierte que la misma resulta improcedente al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, en relación con el numeral 107 fracción II de la Ley de Amparo, interpretada en concordancia con el artículo 8° de la Constitución Federal, que dicen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo." "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El artículo 8 constitucional prevé que a toda petición deberá recaer un acuerdo en breve término, pero el transcurso de siete días que han transcurrido en el caso concreto desde la solicitud hecha a la responsable y la presentación de la demanda de amparo, no pueden estimarse como una violación a tal derecho fundamental. Lo anterior se estima así, porque el acto reclamado por el quejoso consiste en lo siguiente: ".Reclamo la omisión de dar respuesta a la petición formulada mediante escrito de 06 de febrero de 2018 presentado ante la responsable mediante correo certificado con acuse de recibido el 13 del mes y año en curso." (Énfasis añadido). Lo anterior se corrobora con el acuse de recibido ante la autoridad responsable, que anexa la parte quejosa al escrito de demanda que se provee y que ofreció como prueba de su parte. De tal modo que si la petición fue recibida el trece de febrero de dos mil dieciocho, por correo certificado como se advierte de la pieza postal que se anexa, y la demanda de amparo que nos ocupa, fue presentada a las catorce horas del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, entre un evento y otro han transcurrido siete días hábiles. Ahora bien, el plazo para dar respuesta a una petición, depende de la naturaleza de lo pedido, lo que puede requerir de ocho días a un mes; por lo que si en el caso concreto se solicitó la gestión para el pago de marcha o indemnización global correspondiente, es inconcuso que ello requiere de ciertos trámites administrativos que toman un tiempo prudente para efectuarse; sin que deba interpretarse, por tanto, el término de "plazo razonable" que prevé el preceto constitucional en cita en el sentido de que deba darse contestación de forma inmediata a cualquier petición que se formule; aún con la existencia de los avances tecnológicos que refiere el quejoso, porque ello, cuando más, reduce el plazo de cuatro meses que se consideraban en la tesis que cita de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estimó que era indudable que si pasaban más de cuatro meses desde que una persona presentaba un ocurso y ningún acuerdo recaía a él, se violaba la garantía que consagra el artículo 8° constitucional. Lo anterior, aunado a que el acto antes destacado, no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo, dado que para establecer el plazo para que la autoridad responsable dé respuesta a la petición realizada por el quejoso, debe atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación del principio de progresividad, esto es, ponderando el caso concreto conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, tal como en el caso se analiza. En ese orden de ideas, dado que no existe demora prolongada o injustificada en la actuación de la responsable con relación al acto reclamado, se estima que no existe la omisión reclamada. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." (Época: Décima Época. Registro: 2011580. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.). Página: 1086). En mérito de lo expuesto, se desecha la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa señala en su escrito de demanda para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado de distrito, y en razón de que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control, constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS: Se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere, toda vez que así lo solicitó expresamente. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Laura Yanzín González Ceballos, que autoriza y da fe. PASION Se anexan oficios (). Conste.

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