Teodora Meza León
Expediente 1805/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1805/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Teodora Meza León
- Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y/o Delegado Federal en Guerrero
- Teodora Meza León y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso a), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó el juicio respecto de todos los actos reclamados. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las constancias que remitió el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Pacifico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Acapulco, Guerrero (dos legajos de pruebas); por tanto, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse de recibo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se acordó el escrito presentado por Antonio Morales Barrientos, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, por el cual manifestó bajo protesta de decir verdad que fue informado del fallecimiento de la quejosa Teodora Meza León, desconociendo por el momento la fecha exacta del deceso y como consecuencia, solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional para estar en posibilidad de exhibir copia certificada del acta de defunción. Seguido que fue el juicio, por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, Antonio Morales Barrientos, exhibió copia certificada del acta de defunción de la directa quejosa Teodora Meza León. En consecuencia, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Amparo, ordenó suspender en su totalidad el procedimiento del presente asunto por el plazo de sesenta días a efecto de que en su caso pueda intervenir la sucesión; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso indicado, se acordaría lo que en derecho correspondiera, sin que al momento se haya apersonado persona alguna, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Ahora bien, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que integran el expediente; y de manera preferente las causales de improcedencia y sobreseimiento, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, el suscrito, estima operante la hipótesis normativa prevista en la fracción III, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que a letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; [.]" Del precepto transcrito se advierte que deberá sobreseerse en el juicio de amparo cuando durante su tramitación muera la parte quejosa, siempre y cuando el acto reclamado afecte únicamente a su persona. Ahora bien, como se mencionó en párrafos precedentes el autorizado legal de la parte quejosa, exhibió el acta de defunción de la directa quejosa Teodora Meza León, documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto procede el sobreseimiento cuando la quejosa muera durante el juicio; y, si bien contiene como exigencia que el acto reclamado sólo afecte a su persona, lo cierto es que la naturaleza de lo aquí combatido hace que dicho requisito se colme a cabalidad, pues si se parte de la premisa de que en este sumario de amparo la directa quejosa Teodora Meza León, reclamó en el presente juicio la indebida cuantificación, la diferencia y falta de pagos, así como el derecho de recibir el monto correcto de la cuota diaria por pensión de viudez por parte de las autoridades responsables Delegado Estatal, Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo y Jefe del Departamento de Finanzas, de la Delegación Estatal de Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, resulta evidente que dicho acto tal y como lo dispone la fracción en comento, afectaba sólo a su persona, lo que no podrá ser extensivo a su sucesión. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, pues como se señaló, durante la tramitación de éste, que inició se radicó el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, sobrevino el fallecimiento de la directa quejosa Teodora Meza León, mismo que, según las aludidas constancias que fueron allegadas a este sumario, ocurrió el doce de septiembre de dos mil veinte. Cobra aplicación sobre el tema la jurisprudencia 2a./J.34/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, febrero de 2019, tomo I, con registro 2019390, página 1086, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." Así como la diversa tesis XVI.5o.8 K, avalada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, con el registro 179176, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, febrero de 2005, página 1793, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo". En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En otro aspecto, cabe destacar que el sobreseimiento procede decretarlo fuera de audiencia cuando existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como se previene de la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, conviene precisar que los criterios citados en este auto fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el escrito firmado por **************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento a requerimiento de uno de marzo de dos mil veintiuno, anexa copia certificada del acta de defunción de la directa quejosa Teodora Meza León. En consecuencia, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Amparo, se ordena suspender en su totalidad el procedimiento del presente asunto por el plazo de sesenta días a efecto de que en su caso pueda intervenir la sucesión; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así en el lapso indicado, se acordará lo que en derecho corresponda. Por tanto, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en atención a lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas del uno de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese; y personalmente al autorizado de la parte quejosa Antonio Morales Barrientos.
- Principal
En principio, de acuerdo a la circular SECNO/12/2021 de veinte de febrero de dos mil veintiuno, firmada electrónicamente por la jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que, mediante sesión extraordinaria celebrada en esa misma fecha, se determinó adoptar como medida especial para salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, para el periodo comprendido del veintitrés de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior implica que, las funciones jurisdiccionales se limitan a: La tramitación y resolución de casos urgentes. Resolución de casos tramitados físicamente, que se encuentren en estado de dictar sentencia. La recepción, trámite y resolución, de casos tramitados mediante "juicio en línea" (asuntos nuevos). Y suspensión de plazos y términos para los casos que no se encuentren en las anteriores hipótesis. Ahora bien, el juicio en que se actúa sí se encuentra en alguna de las hipótesis de urgencia previstas en el artículo 1 fracción I (que remite al numeral 4, y que se relaciona con el diverso 24), del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; puesto que el acto reclamado versa en la indebida cuantificación y como consecuencia la falta de pago de pensión de viudez [artículo 24, fracción II, inciso b) del citado Acuerdo General 13/2020]. En relación a lo anterior, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de lo que se aprecia que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible celebrar en virtud de que no obra la constancia de notificación personal al autorizado legal de la parte quejosa ordenada en auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Ante tales circunstancias y a efecto de evitar dilaciones innecesarias en el presente asunto; con fundamento en los artículos 24, párrafo primero, de la Ley de Amparo, conmínese al actuario judicial adscrito a éste órgano jurisdiccional, a efecto de que proceda de inmediato hacer la notificación antes mencionada, debiendo apegarse a lo establecido en el precepto legal antes invocado. En tal virtud, la referida audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese y cúmplase.
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