Tayde García Mendoza
Expediente 282/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Tayde García Mendoza
- Genoveva Pérez Oseguera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el escrito recibido vía electrónica, por el apoderado y representante legal de Petróleos Mexicanos, empresa productiva del estado, residente en esta ciudad, a través del cual solicita se declare por consentido el proveído de veinte de septiembre del año en curso, que declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juico, por lo que, sólo agréguese y estese a lo acordado en auto de tres de los presentes, que ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de quince días, previsto en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en el auto de veinte de septiembre pasado en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo, ha transcurrido, sin que se haya recibido en la oficialía de partes de este juzgado en el período antes extinto, promoción alguna de dicha parte; en consecuencia, se tiene consentido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que se trata de un expediente en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el tres de noviembre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por otra parte, en atención a que obra en autos documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil comparezca ante este Juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Ahora, tomando en consideración la adopción de las medidas necesarias para preservar la salud e integridad de las personas justiciables y del personal de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid19, así como en el Acuerdo General 21/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma el acuerdo antes citado con relación al periodo de vigencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este órgano jurisdiccional tiene actualmente asignado el horario matutino de siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos, y que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecen las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Por tanto, para la devolución de los documento citados en párrafos precedentes, deberá generar la cita correspondiente a través del proceso automatizado que le otorgará, un código "QR", para el ingreso al órgano jurisdiccional, cumpliéndose previamente los requisitos para pasar los filtros sanitarios y dentro del horario de labores interno fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito firmado electrónicamente por Héctor Ochoa Avalos, autorizado con facultades amplias de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual realiza manifestaciones a fin de desahogar la vista otorgada en proveído de uno de septiembre pasado, en relación al cumplimiento de la ejecutoria, manifestaciones que serán consideradas en la presente determinación. Por otra parte, vistos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo 282/2022-2, promovido por Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, turnado al siguiente día a este Juzgado Tercero de Distrito, Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables Representante Legal de Petróleos Mexicanos Dirección Corporativa de Administración y Servicios, y Titular de la Gerencia de Responsabilidad Social Subgerencia de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación Superficial, Supervisión Regional Norte Representante Veracruz. Autoridades a la que atribuyó los actos que refirió de la manera siguiente: ".A) LA OMISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UN RECLAMO LEGÍTIMO PRESENTADO DESDE EL 31 DE MAYO DE 2021 Y ES QUE CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SE LE REITERÓ LA PETICIÓN DE DARNOS RESPUESTA A DICHO RECLAMO. En proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de amparo. SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el veintinueve de julio de este año, se dictó sentencia en la se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera. TERCERO. Dicha sentencia causó ejecutoria el veintitrés de agosto de este año, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. CUARTO. Mediante acuerdo de uno de septiembre de los corrientes, en acatamiento al fallo amparador, Héctor Roberto Hernández Treviño, apoderado y representante legal de las autoridades responsables de Petróleos Mexicanos, remitió vía electrónica copia de la contestación efectuada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, a la petición de la aquí parte quejosa, así como, la notificación realizada, por lo que se dejó a vista de la parte quejosa por el término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; vista que en esta fecha se tuvo desahogando al autorizado con facultades amplias de la parte quejosa. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; dado que, el estado de autos lo permite, al obrar la determinación emitida por el juez responsable respecto del cumplimiento requerido y haberse otorgado vista a la parte quejosa por el plazo legal previsto para tal efecto; vista que desahogó el autorizado con facultades amplias de la parte quejosa. SEGUNDO. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "1) Con plenitud de jurisdicción, dé contestación en forma completa a la solicitud elevada por la parte quejosa a través del escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, para lo cual: a) Deberá responder la solicitud de los quejosos respecto a si es procedente o no exhibir la documentación con la que acrediten que realizaron los estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo, así como el plan de respuesta de emergencia de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos por la puesta en marcha del pozo TUM 1, y la puesta en marcha del mechero para la quema de los gases extraídos del subsuelo, precisando claramente los motivos y preceptos legales por los cuales acuerde favorablemente o niegue dicha petición. b) Notifiquen a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto la respuesta recaída a su petición. Lo anterior, en el entendido de que el fallo protector no implica que la autoridad resuelva en un determinado sentido, sino únicamente que su respuesta debe ser completa y congruente con lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, en sentido positivo o negativo.". TERCERO. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sentado lo anterior, se confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles al oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654-2022, de veinticinco de agosto de esta anualidad, así como a las constancias de notificación realizadas el veintiséis de agosto pasado a Karina A. Cadena Gutiérrez a nombre de la parte quejosa y a la propia impetrante de amparo Tayde García Mendoza en relación con el oficio en mención. Así, del oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654-2022, de veinticinco de agosto de esta anualidad, suscrito por Cleotilde Herrera Tapia, representante de la Gerencia de Responsabilidad Social Subgerencia de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación Superficial, Supervisión Regional Norte Representante Veracruz, se advierte que se dio contestación al escrito presentado por la aquí parte quejosa, ante la responsable el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, en el que de conformidad con el artículo 91 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos en relación con las funciones previstas en el Manual de Organización de la Gerencia de Responsabilidad Social vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil veinte, hizo del conocimiento de Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, que no compete a la Representación Veracruz de la Supervisión Región Norte de la Subgerencia de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación Superficial de la Gerencia de Responsabilidad Social de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, realizar gestiones administrativas relacionadas con los trámites para obtener en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la resolución en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, ni la elaboración del Plan de Respuesta de Emergencia de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos por la puesta en operación del pozo Tum-1, y del mechero para la quema de gases extraídos del subsuelo. Asimismo, informó que el Análisis de Riesgo de Procesos (ARP) y Plan de Respuesta a Emergencia (PRE) son documentos que tienen el carácter de reservado en términos de los artículos 110, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues contienen datos personales de los trabajadores que participaron en su elaboración, y en el caso del Análisis de Riesgo de Procesos (ARP), los nombres del líder del grupo multidisciplinario de análisis y evaluación de riesgos, además de que implicaría divulgar información de los riesgos cualitativos y cuantitativos, así como el análisis costo-beneficio del proyecto del pozo exploratorio. Así también, hizo patente que de acuerdo a lo señalado en la fracción II del artículo 84 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en relación con los límites de localización de las instalaciones que conforman el proyecto del pozo exploratorio en comento y su diseño, se considera que la información es reservada, en virtud de que su divulgación expondría la vulnerabilidad de las instalaciones al estar identificada en dicho documento. De igual manera, enfatizó que de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos, concatenado con lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, la documentación requerida (estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo, así como el plan de respuesta de emergencia de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos por la puesta en marcha del pozo TUM 1, y la puesta en marcha del mechero para la quema de los gases extraídos del subsuelo), se encuentra relacionada con el pozo exploratorio, la cual se integra dentro de los Planes de Exploración y Desarrollo de Extracción de Hidrocarburos y puede contener identificación comercial, sensible o bien, susceptible de ser clasificada como reservada o confidencial, y en tal contexto existe prohibición expresa para Petróleos Mexicanos, así como para cualquier otra empresa productiva del Estado, para publicar o entregar información relacionada con las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos, sin contar con el consentimiento previo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; por lo que sólo puede ser empleada por las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de Petróleos Mexicanos o alguna de sus empresas productivas subsidiarias (servidores públicos), que tengan autorización y facultades para ello, so pena de incurrir en una falta administrativa en caso de revelar información a persona no autorizada o hacer uso indebido. Por lo que de conformidad con los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 130, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra en legal y competencialmente imposibilitados para exhibir a Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, y otorgarles acceso a los documentos que requirieron en el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, ya que los mismos no obran en el archivo para el Uso y Ocupación Superficial de la Gerencia de Responsabilidad Social de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos. No obstante ello, comunicó que el nueve de octubre de dos mil nueve, Pemex Exploración y Producción ingresó al Centro de Integral de Servicios de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el oficio SSIPA-GDS-882-2009, mediante el cual presentó la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) y el Estadio de Riesgo Ambiental (ERA), obteniendo a través del diverso S.G.P.A./DGIRA/DG/4659/10 de trece de julio de dos mil diez, la resolución en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, la cual se consultada en la página electrónica http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/resolutivos/2009/30VE2009X0031.pdf. Finalmente, precisó a Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, estar a sus órdenes en las oficinas situadas en avenida Urano número cuatrocientos veinte, modulo "R", colonia Ylang Ylang en Boca del Río, Veracruz, así como con a través del número telefónico 229 989 2600 extensión 22 265. De lo que se evidencia que, a través del oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654/2022, de veinticinco de agosto de esta anualidad, suscrito por Cleotilde Herrera Tapia, representante de la Gerencia de Responsabilidad Social Subgerencia de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación Superficial, Supervisión Regional Norte Representante Veracruz, dio contestación a la solicitud elevada por la parte quejosa a través del escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, informando porque no es procedente exhibir la documentación con la que acrediten que realizaron los estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo, así como el plan de respuesta de emergencia de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos por la puesta en marcha del pozo TUM 1, y la puesta en marcha del mechero para la quema de los gases extraídos del subsuelo, precisando claramente los preceptos del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley de Hidrocarburos, concatenadas con el Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por los cuales no es posible acordar favorablemente la petición, además, no obstante ello, hizo del conocimiento de la aquí parte quejosa que a través de la página electrónica http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/resolutivos/2009/30VE2009X0031.pdf, puede consultar el oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/4659/10 de trece de julio de dos mil diez, mediante el cual se emitió la resolución en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, en el que se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) y el Estadio de Riesgo Ambiental (ERA); dicho oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654/2022, se notificó el veintiséis de agosto pasado a Karina A. Cadena Gutiérrez en representación de la parte quejosa y a la propia impetrante de amparo Tayde García Mendoza en relación con el oficio en mención. Máxime que al dejarse plenitud de jurisdicción a la responsable, podía resolver procedente o no procedente la petición elevada por la parte quejosa, constriñéndose únicamente en resolver la contestación, precisando claramente los motivos y preceptos legales por los cuales acuerde favorablemente o niegue dicha petición; debiendo ser completa y congruente con lo pedido, ya sea en sentido positivo o negativo; entonces, resulta incuestionable que la autoridad, se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones del autorizado de la parte quejosa Héctor Ochoa Avalos, en el sentido de que: No se tenga por cumplida la sentencia porque dicha contestación emitida por la autoridad son evasivas a los diversos escritos en donde se le solicitó respuesta puntual a aspectos precisos, y son manifestaciones vagas sin fundamentación y motivación alguna y sin agregar documentación que acredite su dicho. Fueron los mismos funcionarios quienes solicitaron e indicaron a la parte quejosa los canales de reclamos y de peticiones, por lo que ahora no pueden evadir la responsabilidad de desahogar puntualmente la petición hecha por ésta, y principalmente resolverle el tema de los daños ocasionados a su huerta, así como evidentes daños ambientales. Resulta totalmente fuera de lugar que aspectos como planes de contingencia, los que buscan establecer la seguridad evacuación de la población en caso de algún accidente, no pueden ser compartidos hacia los habitantes locales, ya específicamente la parte quejosa que tiene un huerto a menos de cien metros de su instalación del pozo petrolero. No obstante, dichas manifestaciones resultan ineficaces, porque en la ejecutoria de amparo que nos ocupa se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable subsanara la omisión, esto es, con plenitud de jurisdicción, dar contestación al escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, lo cual podía resolver procedente o no procedente, constriñéndose en exponer claramente los motivos y preceptos legales por los cuales acuerde favorablemente o niegue dicha petición; debiendo ser completa y congruente con lo pedido, ya sea en sentido positivo o negativo; lo que no involucraba necesaria y forzosamente resolver en el sentido de la pretensión, ni a favor de las promoventes del amparo, si no debía de colmar el derecho de petición consagrado en el numeral 8° constitucional, es decir, la respuesta debe ser completa y congruente con lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, ya sea en sentido positivo o negativo, lo que a criterio del que suscribe aconteció, de acuerdo a lo establecido anteriormente. Aunado a ello, sus manifestaciones tendentes a que se considere el hecho de que fueron los mismos funcionarios quienes solicitaron e indicaron a la parte quejosa los canales de reclamos y de peticiones, principalmente resolverle el tema de los daños ocasionados a su huerta, así como evidentes daños ambientales, y dar a conocer los planes de contingencia, son circunstancias que no están acreditadas en actuaciones y que no fueron materia de la ejecutoria de amparo. Asimismo, en relación a que la autoridad responsable no remitió documentación con la que acredite su dicho, es necesario indicarle que sí remitió el oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654/2022, con el cual dio contestación a la petición elevada por la parte quejosa, lo que fue solicitado a efecto de tener por cumplida la ejecutoria; además, el sustento de la respuesta que emitió la responsable fue derivado de diversas normas citadas por ella, por lo que si lo que la parte quejosa pretende que remita pruebas que acrediten lo establecido en dichos preceptos, es necesario indicar que la ley es una norma de carácter general y observancia obligatoria que impera en un lugar y tiempo determinado delimitando el actuar de las personas, por lo que no es un mecanismo de prueba, sino el medio en que éstas se encuentran reguladas; y además, de conformidad con el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, sólo están sujetos a prueba los hechos, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho, no las leyes respectivas, razón por la cual no es necesario que los preceptos legales se acompañen para acreditar el dicho de la responsable. Así, es necesario precisar que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso o defecto en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que al otorgarse plenitud de jurisdicción ello no lo obliga a estudiar las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento si se acordó en un sentido distinto, puesto no son cuestiones que estuvieran vinculadas con el cumplimiento. Circunstancia por la cual, se encuentra en aptitud de combatir esta determinación a través del medio idóneo en este juicio de derechos fundamentales. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: ÚNICO. La sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 282/2022-2, promovido por Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, SE DECLARA CUMPLIDA AL NO EXISTIR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, y por lista a las demás partes.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE 20/09/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito firmado electrónicamente por Héctor Ochoa Avalos, autorizado con facultades amplias de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual realiza manifestaciones a fin de desahogar la vista otorgada en proveído de uno de septiembre pasado, en relación al cumplimiento de la ejecutoria, manifestaciones que serán consideradas en la presente determinación. Por otra parte, vistos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado de Distrito en el juicio de amparo 282/2022-2, promovido por Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, turnado al siguiente día a este Juzgado Tercero de Distrito, Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables Representante Legal de Petróleos Mexicanos Dirección Corporativa de Administración y Servicios, y Titular de la Gerencia de Responsabilidad Social Subgerencia de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación Superficial, Supervisión Regional Norte Representante Veracruz. Autoridades a la que atribuyó los actos que refirió de la manera siguiente: ".A) LA OMISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UN RECLAMO LEGÍTIMO PRESENTADO DESDE EL 31 DE MAYO DE 2021 Y ES QUE CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2021, SE LE REITERÓ LA PETICIÓN DE DARNOS RESPUESTA A DICHO RECLAMO. En proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de amparo. SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el veintinueve de julio de este año, se dictó sentencia en la se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera. TERCERO. Dicha sentencia causó ejecutoria el veintitrés de agosto de este año, por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. CUARTO. Mediante acuerdo de uno de septiembre de los corrientes, en acatamiento al fallo amparador, Héctor Roberto Hernández Treviño, apoderado y representante legal de las autoridades responsables de Petróleos Mexicanos, remitió vía electrónica copia de la contestación efectuada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, a la petición de la aquí parte quejosa, así como, la notificación realizada, por lo que se dejó a vista de la parte quejosa por el término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; vista que en esta fecha se tuvo desahogando al autorizado con facultades amplias de la parte quejosa. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo; dado que, el estado de autos lo permite, al obrar la determinación emitida por el juez responsable respecto del cumplimiento requerido y haberse otorgado vista a la parte quejosa por el plazo legal previsto para tal efecto; vista que desahogó el autorizado con facultades amplias de la parte quejosa. SEGUNDO. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "1) Con plenitud de jurisdicción, dé contestación en forma completa a la solicitud elevada por la parte quejosa a través del escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, para lo cual: a) Deberá responder la solicitud de los quejosos respecto a si es procedente o no exhibir la documentación con la que acrediten que realizaron los estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo, así como el plan de respuesta de emergencia de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos por la puesta en marcha del pozo TUM 1, y la puesta en marcha del mechero para la quema de los gases extraídos del subsuelo, precisando claramente los motivos y preceptos legales por los cuales acuerde favorablemente o niegue dicha petición. b) Notifiquen a la parte quejosa en el domicilio señalado para tal efecto la respuesta recaída a su petición. Lo anterior, en el entendido de que el fallo protector no implica que la autoridad resuelva en un determinado sentido, sino únicamente que su respuesta debe ser completa y congruente con lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, en sentido positivo o negativo.". TERCERO. Cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sentado lo anterior, se confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles al oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654-2022, de veinticinco de agosto de esta anualidad, así como a las constancias de notificación realizadas el veintiséis de agosto pasado a Karina A. Cadena Gutiérrez a nombre de la parte quejosa y a la propia impetrante de amparo Tayde García Mendoza en relación con el oficio en mención. Así, del oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654-2022, de veinticinco de agosto de esta anualidad, suscrito por Cleotilde Herrera Tapia, representante de la Gerencia de Responsabilidad Social Subgerencia de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación Superficial, Supervisión Regional Norte Representante Veracruz, se advierte que se dio contestación al escrito presentado por la aquí parte quejosa, ante la responsable el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, en el que de conformidad con el artículo 91 del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos en relación con las funciones previstas en el Manual de Organización de la Gerencia de Responsabilidad Social vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil veinte, hizo del conocimiento de Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, que no compete a la Representación Veracruz de la Supervisión Región Norte de la Subgerencia de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación Superficial de la Gerencia de Responsabilidad Social de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, realizar gestiones administrativas relacionadas con los trámites para obtener en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la resolución en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, ni la elaboración del Plan de Respuesta de Emergencia de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos por la puesta en operación del pozo Tum-1, y del mechero para la quema de gases extraídos del subsuelo. Asimismo, informó que el Análisis de Riesgo de Procesos (ARP) y Plan de Respuesta a Emergencia (PRE) son documentos que tienen el carácter de reservado en términos de los artículos 110, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113, fracciones I y II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues contienen datos personales de los trabajadores que participaron en su elaboración, y en el caso del Análisis de Riesgo de Procesos (ARP), los nombres del líder del grupo multidisciplinario de análisis y evaluación de riesgos, además de que implicaría divulgar información de los riesgos cualitativos y cuantitativos, así como el análisis costo-beneficio del proyecto del pozo exploratorio. Así también, hizo patente que de acuerdo a lo señalado en la fracción II del artículo 84 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en relación con los límites de localización de las instalaciones que conforman el proyecto del pozo exploratorio en comento y su diseño, se considera que la información es reservada, en virtud de que su divulgación expondría la vulnerabilidad de las instalaciones al estar identificada en dicho documento. De igual manera, enfatizó que de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Hidrocarburos, concatenado con lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, la documentación requerida (estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo, así como el plan de respuesta de emergencia de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos por la puesta en marcha del pozo TUM 1, y la puesta en marcha del mechero para la quema de los gases extraídos del subsuelo), se encuentra relacionada con el pozo exploratorio, la cual se integra dentro de los Planes de Exploración y Desarrollo de Extracción de Hidrocarburos y puede contener identificación comercial, sensible o bien, susceptible de ser clasificada como reservada o confidencial, y en tal contexto existe prohibición expresa para Petróleos Mexicanos, así como para cualquier otra empresa productiva del Estado, para publicar o entregar información relacionada con las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocarburos, sin contar con el consentimiento previo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; por lo que sólo puede ser empleada por las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión dentro de Petróleos Mexicanos o alguna de sus empresas productivas subsidiarias (servidores públicos), que tengan autorización y facultades para ello, so pena de incurrir en una falta administrativa en caso de revelar información a persona no autorizada o hacer uso indebido. Por lo que de conformidad con los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 130, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra en legal y competencialmente imposibilitados para exhibir a Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, y otorgarles acceso a los documentos que requirieron en el escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, ya que los mismos no obran en el archivo para el Uso y Ocupación Superficial de la Gerencia de Responsabilidad Social de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos. No obstante ello, comunicó que el nueve de octubre de dos mil nueve, Pemex Exploración y Producción ingresó al Centro de Integral de Servicios de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el oficio SSIPA-GDS-882-2009, mediante el cual presentó la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) y el Estadio de Riesgo Ambiental (ERA), obteniendo a través del diverso S.G.P.A./DGIRA/DG/4659/10 de trece de julio de dos mil diez, la resolución en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, la cual se consultada en la página electrónica http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/resolutivos/2009/30VE2009X0031.pdf. Finalmente, precisó a Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, estar a sus órdenes en las oficinas situadas en avenida Urano número cuatrocientos veinte, modulo "R", colonia Ylang Ylang en Boca del Río, Veracruz, así como con a través del número telefónico 229 989 2600 extensión 22 265. De lo que se evidencia que, a través del oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654/2022, de veinticinco de agosto de esta anualidad, suscrito por Cleotilde Herrera Tapia, representante de la Gerencia de Responsabilidad Social Subgerencia de Gestión de Derechos para el Uso y Ocupación Superficial, Supervisión Regional Norte Representante Veracruz, dio contestación a la solicitud elevada por la parte quejosa a través del escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, informando porque no es procedente exhibir la documentación con la que acrediten que realizaron los estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo, así como el plan de respuesta de emergencia de los trabajos realizados por Petróleos Mexicanos por la puesta en marcha del pozo TUM 1, y la puesta en marcha del mechero para la quema de los gases extraídos del subsuelo, precisando claramente los preceptos del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley de Hidrocarburos, concatenadas con el Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por los cuales no es posible acordar favorablemente la petición, además, no obstante ello, hizo del conocimiento de la aquí parte quejosa que a través de la página electrónica http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/ver/resolutivos/2009/30VE2009X0031.pdf, puede consultar el oficio S.G.P.A./DGIRA/DG/4659/10 de trece de julio de dos mil diez, mediante el cual se emitió la resolución en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, en el que se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) y el Estadio de Riesgo Ambiental (ERA); dicho oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654/2022, se notificó el veintiséis de agosto pasado a Karina A. Cadena Gutiérrez en representación de la parte quejosa y a la propia impetrante de amparo Tayde García Mendoza en relación con el oficio en mención. Máxime que al dejarse plenitud de jurisdicción a la responsable, podía resolver procedente o no procedente la petición elevada por la parte quejosa, constriñéndose únicamente en resolver la contestación, precisando claramente los motivos y preceptos legales por los cuales acuerde favorablemente o niegue dicha petición; debiendo ser completa y congruente con lo pedido, ya sea en sentido positivo o negativo; entonces, resulta incuestionable que la autoridad, se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones del autorizado de la parte quejosa Héctor Ochoa Avalos, en el sentido de que: No se tenga por cumplida la sentencia porque dicha contestación emitida por la autoridad son evasivas a los diversos escritos en donde se le solicitó respuesta puntual a aspectos precisos, y son manifestaciones vagas sin fundamentación y motivación alguna y sin agregar documentación que acredite su dicho. Fueron los mismos funcionarios quienes solicitaron e indicaron a la parte quejosa los canales de reclamos y de peticiones, por lo que ahora no pueden evadir la responsabilidad de desahogar puntualmente la petición hecha por ésta, y principalmente resolverle el tema de los daños ocasionados a su huerta, así como evidentes daños ambientales. Resulta totalmente fuera de lugar que aspectos como planes de contingencia, los que buscan establecer la seguridad evacuación de la población en caso de algún accidente, no pueden ser compartidos hacia los habitantes locales, ya específicamente la parte quejosa que tiene un huerto a menos de cien metros de su instalación del pozo petrolero. No obstante, dichas manifestaciones resultan ineficaces, porque en la ejecutoria de amparo que nos ocupa se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable subsanara la omisión, esto es, con plenitud de jurisdicción, dar contestación al escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, reiterado por diversos presentados el uno de julio y once de agosto de dos mil veintiuno, lo cual podía resolver procedente o no procedente, constriñéndose en exponer claramente los motivos y preceptos legales por los cuales acuerde favorablemente o niegue dicha petición; debiendo ser completa y congruente con lo pedido, ya sea en sentido positivo o negativo; lo que no involucraba necesaria y forzosamente resolver en el sentido de la pretensión, ni a favor de las promoventes del amparo, si no debía de colmar el derecho de petición consagrado en el numeral 8° constitucional, es decir, la respuesta debe ser completa y congruente con lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, ya sea en sentido positivo o negativo, lo que a criterio del que suscribe aconteció, de acuerdo a lo establecido anteriormente. Aunado a ello, sus manifestaciones tendentes a que se considere el hecho de que fueron los mismos funcionarios quienes solicitaron e indicaron a la parte quejosa los canales de reclamos y de peticiones, principalmente resolverle el tema de los daños ocasionados a su huerta, así como evidentes daños ambientales, y dar a conocer los planes de contingencia, son circunstancias que no están acreditadas en actuaciones y que no fueron materia de la ejecutoria de amparo. Asimismo, en relación a que la autoridad responsable no remitió documentación con la que acredite su dicho, es necesario indicarle que sí remitió el oficio DCAS-GRS-SGDUOS-SRN-RV-654/2022, con el cual dio contestación a la petición elevada por la parte quejosa, lo que fue solicitado a efecto de tener por cumplida la ejecutoria; además, el sustento de la respuesta que emitió la responsable fue derivado de diversas normas citadas por ella, por lo que si lo que la parte quejosa pretende que remita pruebas que acrediten lo establecido en dichos preceptos, es necesario indicar que la ley es una norma de carácter general y observancia obligatoria que impera en un lugar y tiempo determinado delimitando el actuar de las personas, por lo que no es un mecanismo de prueba, sino el medio en que éstas se encuentran reguladas; y además, de conformidad con el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, sólo están sujetos a prueba los hechos, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho, no las leyes respectivas, razón por la cual no es necesario que los preceptos legales se acompañen para acreditar el dicho de la responsable. Así, es necesario precisar que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso o defecto en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que al otorgarse plenitud de jurisdicción ello no lo obliga a estudiar las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento si se acordó en un sentido distinto, puesto no son cuestiones que estuvieran vinculadas con el cumplimiento. Circunstancia por la cual, se encuentra en aptitud de combatir esta determinación a través del medio idóneo en este juicio de derechos fundamentales. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: ÚNICO. La sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo 282/2022-2, promovido por Tayde García Mendoza y Genoveva Pérez Oseguera, SE DECLARA CUMPLIDA AL NO EXISTIR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables, y por lista a las demás partes.
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