Tahira Camacho Luna
Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 512/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Tahira Camacho Luna
- Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en materia Familiar de esta Ciudad y Puerto de Veracruz
Actuaciones
- Principal
Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196, párrafos primero y segundo, y 214 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, se encuentra cumplida, sin que se advierta exceso ni defecto en su cumplimiento. Una vez que transcurra el término de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, contado a partir de la legal notificación del presente auto, provéase sobre el archivo del presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos, el escrito signado por Tahira Camacho Luna, quejosa en este asunto; atento a su contenido, téngasele manifestando que se desiste de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, solicitando que se otorgue plazo para la ratificación de éste. Sin embargo, no es procedente acordar de conformidad su petición, con base en la siguiente razón sustancial. El desistimiento de la acción consiste en la declaración de la voluntad de la persona quejosa de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo (sobreseimiento), independientemente en la etapa que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes que cause ejecutoria la sentencia que se dicte). Sin embargo, en el presente asunto en el auto inicial se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los diversos 107, fracción V, en sentido contrario, 172, fracción III y XII, todos de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no sería una determinación jurídica-lógica ordenar la ratificación del escrito de desistimiento que tendría como consecuencia el sobreseimiento, si ya existe una determinación -desechamiento- con la que se concluyó, encontrándose pendiente la firmeza de ésta. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Tahira Camacho Luna y seis copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 512/2023-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama el proveído de siete de junio de este año, emitido en el expediente 2015/2022, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, en el que desechó el recurso de queja que interpuso contra lo acordado en la audiencia de diecinueve de mayo del actual, concerniente al desahogo de la prueba denominada "documental de informes" a cargo de la moral Star Médica, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que la autoridad sostuvo que la aquí quejosa pretendió modificar el ofrecimiento de la prueba en mención. Atento a lo anterior, el que suscribe considera que respecto a dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto por el artículo 113, 61, fracción XXIII, así como en los diversos 107, fracción V, en sentido contrario, 172, fracción III y XII, todos de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, los citados preceptos, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. De las porciones normativas transcritas es factible colegir que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, registro 2006589, estableció lo siguiente: a) Que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". b) Para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: I). Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, II). Debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. c) El legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. d) Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Hipótesis que se corroboran con el criterio firme mencionado, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/200 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo esa perspectiva, la Ley de Amparo considera que para la procedencia del amparo indirecto los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, resultando incuestionable que el proveído de siete de junio de este año, emitido en el expediente 2015/2022, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, en el que desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra lo acordado en la audiencia de diecinueve de mayo del año en curso, concerniente al desahogo de la prueba denominada "documental de informes" a cargo de la moral Star Médica, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que la autoridad sostuvo que la aquí quejosa pretendió modificar el ofrecimiento de la prueba en mención, no se trata de aquéllos, pues si bien es cierto el acto reclamado es la determinación que desecha el medio de impugnación que prevé la legislación del acto reclamado, cierto también es que el acuerdo que se pretende combatir se trata de actuaciones tendentes al ofrecimiento y desahogo de pruebas. Entonces, resulta claro que el acto en esta vía tildado de inconstitucional, no constituye para la peticionaria de amparo un acto de imposible reparación, ya que a través de dicha decisión sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que no puede reputarse como de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de ese carácter, ya que ese tipo de actos se presentan cuando sus consecuencias afectan de forma directa e inmediata alguno de los derechos del gobernado, por lo que el acto reclamado no le afecta de manera directa sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino que sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal, porque sólo inciden sobre la posición de las partes dentro del proceso, con vista a obtener un fallo favorable, mediante la oportunidad de probar sus pretensiones, lo cual es susceptible de anularse en el supuesto de que el procesado obtenga sentencia favorable, sin que deje huella en su esfera jurídica; o a través del juicio de amparo directo, cumplidos los requisitos legales correspondientes, que se intente en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo, ya que el auto reclamado en esta vía es meramente intraprocesal. En esa línea de pensamiento, como se indicó en el párrafo que antecede es incuestionable que la determinación en comento no es susceptible de análisis constitucional mediante la vía indirecta, por lo tanto, esos actos procesales, son susceptibles de extinguirse al dictarse la sentencia respectiva, en caso de serle favorable a la promovente, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra el referido fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Al respecto de las violaciones al procedimiento, la misma Ley de Amparo vigente en el artículo 171, primer párrafo, indica: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. En efecto, dicho acto no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así también, por las ideas contenidas en las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registros 198061 y 211777, Novena y Octava Épocas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UNA PRUEBA SUPERVENIENTE. El desechamiento del recurso interpuesto contra la negativa de admisión de una prueba superveniente ofrecida en un incidente penal no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues sólo produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida a través del recurso de apelación que interponga en contra del fallo de primera instancia o, en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que esta última resolución también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 159, fracciones III, IX y XI, de la Ley de Amparo." "PRUEBA CONFESIONAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACION EN CONTRA DEL DESAHOGO DE LA. Si la resolución que constituye el acto reclamado, tiene el efecto de confirmar un auto del juez natural relativo al desechamiento de un recurso de revocación que se hizo valer en contra de la diligencia de desahogo de la prueba confesional, como este fallo no constituye un acto de imposible reparación, pues aun estimando incorrecta la determinación de la Sala, ello únicamente constituiría una violación que sólo podría causar agravio al hoy quejoso en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en la controversia de origen le fuera adversa, por haber trascendido a la misma la determinación del juez de los autos que se pretendió impugnar a través del recurso desechado, de tal manera que esta violación debe reclamarse en el amparo directo, por estar contenida en la fracción IX del artículo 159 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 352351, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, página 1496, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LAS. El juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha las pruebas ofrecidas por el quejoso, en un incidente de nulidad, porque dicha resolución se encuentra comprendida entre las violaciones del procedimiento, que no dejan sin defensa al agraviado, y las cuales deben ser simplemente reclamadas oportunamente, por los medios legales, a efecto de formular en contra de la negativa, la reclamación y la protesta de ley, para preparar el amparo directo que se haga valer, de acuerdo con los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo, cuando dictada sentencia definitiva, ésta cause la violación fundada precisamente en el desechamiento de la prueba." Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113, 61, fracción XXIII, así como en los diversos 107, fracción V, en sentido contrario, 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELÉFONICO Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico referido en la demanda de mérito; como medio de contacto, es decir, comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe. AMH/cpg*
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 13/06/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Tahira Camacho Luna y seis copias; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 512/2023-2 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama el proveído de siete de junio de este año, emitido en el expediente 2015/2022, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, en el que desechó el recurso de queja que interpuso contra lo acordado en la audiencia de diecinueve de mayo del actual, concerniente al desahogo de la prueba denominada "documental de informes" a cargo de la moral Star Médica, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que la autoridad sostuvo que la aquí quejosa pretendió modificar el ofrecimiento de la prueba en mención. Atento a lo anterior, el que suscribe considera que respecto a dicho acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar lo dispuesto por el artículo 113, 61, fracción XXIII, así como en los diversos 107, fracción V, en sentido contrario, 172, fracción III y XII, todos de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, los citados preceptos, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan (.)" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. De las porciones normativas transcritas es factible colegir que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, sobre el tema de imposible reparación para efectos del juicio de amparo, el Pleno del Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, página 39, registro 2006589, estableció lo siguiente: a) Que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al prever que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". b) Para calificar a los actos como irreparables, éstos necesitarían: I). Producir afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, II). Debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. c) El legislador secundario dispuso de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente sean "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, pues depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. d) Con motivo de la nueva disposición no podía seguirse aplicando el criterio donde se reconocía que el juicio de amparo indirecto era procedente contra actos de imposible reparación que, aunque por ser una cuestión formal, no se tradujeran en una afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; ello, porque conforme al citado precepto, uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Hipótesis que se corroboran con el criterio firme mencionado, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/200 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo esa perspectiva, la Ley de Amparo considera que para la procedencia del amparo indirecto los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, resultando incuestionable que el proveído de siete de junio de este año, emitido en el expediente 2015/2022, del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, en el que desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra lo acordado en la audiencia de diecinueve de mayo del año en curso, concerniente al desahogo de la prueba denominada "documental de informes" a cargo de la moral Star Médica, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el que la autoridad sostuvo que la aquí quejosa pretendió modificar el ofrecimiento de la prueba en mención, no se trata de aquéllos, pues si bien es cierto el acto reclamado es la determinación que desecha el medio de impugnación que prevé la legislación del acto reclamado, cierto también es que el acuerdo que se pretende combatir se trata de actuaciones tendentes al ofrecimiento y desahogo de pruebas. Entonces, resulta claro que el acto en esta vía tildado de inconstitucional, no constituye para la peticionaria de amparo un acto de imposible reparación, ya que a través de dicha decisión sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, ya que no puede reputarse como de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de ese carácter, ya que ese tipo de actos se presentan cuando sus consecuencias afectan de forma directa e inmediata alguno de los derechos del gobernado, por lo que el acto reclamado no le afecta de manera directa sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, sino que sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal, porque sólo inciden sobre la posición de las partes dentro del proceso, con vista a obtener un fallo favorable, mediante la oportunidad de probar sus pretensiones, lo cual es susceptible de anularse en el supuesto de que el procesado obtenga sentencia favorable, sin que deje huella en su esfera jurídica; o a través del juicio de amparo directo, cumplidos los requisitos legales correspondientes, que se intente en contra de la sentencia que ponga fin al juicio, ya que hasta ese momento se sabrá si la violación de que se trata afectó al particular trascendiendo al resultado del fallo, ya que el auto reclamado en esta vía es meramente intraprocesal. En esa línea de pensamiento, como se indicó en el párrafo que antecede es incuestionable que la determinación en comento no es susceptible de análisis constitucional mediante la vía indirecta, por lo tanto, esos actos procesales, son susceptibles de extinguirse al dictarse la sentencia respectiva, en caso de serle favorable a la promovente, y en el supuesto de no ser así, estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra el referido fallo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Al respecto de las violaciones al procedimiento, la misma Ley de Amparo vigente en el artículo 171, primer párrafo, indica: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. En efecto, dicho acto no puede ser calificado como de imposible reparación para la parte quejosa, con el fin de reconocer la procedencia del amparo indirecto, pues no se surte ninguno de los supuestos determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Así también, por las ideas contenidas en las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registros 198061 y 211777, Novena y Octava Épocas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA NEGATIVA DE ADMISIÓN DE UNA PRUEBA SUPERVENIENTE. El desechamiento del recurso interpuesto contra la negativa de admisión de una prueba superveniente ofrecida en un incidente penal no puede considerarse como un acto de imposible reparación, pues sólo produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio natural, en caso de serle favorable al afectado, y en el supuesto de no ser así, el mismo estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida a través del recurso de apelación que interponga en contra del fallo de primera instancia o, en su defecto, mediante la demanda de amparo directo que promueva en contra de la sentencia de segundo grado, en el caso de que esta última resolución también le sea desfavorable. Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclama una resolución de las características citadas, es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 159, fracciones III, IX y XI, de la Ley de Amparo." "PRUEBA CONFESIONAL, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACION EN CONTRA DEL DESAHOGO DE LA. Si la resolución que constituye el acto reclamado, tiene el efecto de confirmar un auto del juez natural relativo al desechamiento de un recurso de revocación que se hizo valer en contra de la diligencia de desahogo de la prueba confesional, como este fallo no constituye un acto de imposible reparación, pues aun estimando incorrecta la determinación de la Sala, ello únicamente constituiría una violación que sólo podría causar agravio al hoy quejoso en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en la controversia de origen le fuera adversa, por haber trascendido a la misma la determinación del juez de los autos que se pretendió impugnar a través del recurso desechado, de tal manera que esta violación debe reclamarse en el amparo directo, por estar contenida en la fracción IX del artículo 159 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 352351, publicada en Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXII, página 1496, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LAS. El juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha las pruebas ofrecidas por el quejoso, en un incidente de nulidad, porque dicha resolución se encuentra comprendida entre las violaciones del procedimiento, que no dejan sin defensa al agraviado, y las cuales deben ser simplemente reclamadas oportunamente, por los medios legales, a efecto de formular en contra de la negativa, la reclamación y la protesta de ley, para preparar el amparo directo que se haga valer, de acuerdo con los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo, cuando dictada sentencia definitiva, ésta cause la violación fundada precisamente en el desechamiento de la prueba." Consecuentemente, con apoyo en el artículo 113, 61, fracción XXIII, así como en los diversos 107, fracción V, en sentido contrario, 172, fracciones III y XII, todos de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.". Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." DOMICILIO, CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELÉFONICO Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en el ocurso de cuenta. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico referido en la demanda de mérito; como medio de contacto, es decir, comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Adela Márquez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe...
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