Taya Vanessa Valdivia García

Expediente 1122/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1122/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Taya Vanessa Valdivia García
  • Ma. de los Ángeles Rodríguez Cázarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el presidente de la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con el cual pretende dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos; atento lo anterior, se reserva acordar lo conducente en cuanto al fondo de dicho oficio, hasta en tanto la sentencia de referencia cause ejecutoria y en su caso, se solicite el cumplimiento a la autoridad respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1122/2019; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado quince de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Ma. De los Ángeles Rodríguez Cázares y Taya Vanessa Valdivia García, por conducto de sus apoderados jurídicos, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: Del presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad: La omisión de acordar la solicitud de la parte quejosa de nueve de enero de dos mil diecisiete, para obtener los domicilios de las partes demandadas dentro del juicio laboral J-III-178/2008 y su acumulado 303/2009; y, Del actuario adscrito de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad: La entrega de los oficios necesarios para obtener los domicilios de las partes demandadas dentro del juicio laboral J-III-178/2008 y su acumulado 303/2009. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 1122/2019, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables, se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de naturaleza omisiva y la demanda se presentó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado y autoridades responsables siguientes: 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad: La omisión de acordar la solicitud de la parte quejosa de nueve de enero de dos mil diecisiete, para obtener los domicilios de las partes demandadas dentro del juicio laboral J-III-178/2008 y su acumulado 303/2009; y, Actuario adscrito de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad: La entrega de los oficios necesarios para obtener los domicilios de las partes demandadas dentro del juicio laboral J-III-178/2008 y su acumulado 303/2009. Tercera. Certeza de los actos reclamados. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. Sin embargo, en el caso procede tener desvirtuada dicha negativa, en atención a que de las constancias consistente en copias certificadas del juicio laboral III-178/2008 y su acumulado 303/2009, que acompañó a su informe justificado, si bien se advierte que dicha autoridad proveyó sobre el escrito presentado por el apoderado de la quejosa el nueve de enero de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes de la junta responsable, referente a su solicitud para obtener los domicilios de las partes demandadas dentro del juicio de origen, lo cierto es que la autoridad responsable proveyó lo correspondiente hasta el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en virtud a que no existía constancia de que se hubiera girado los oficios respectivos -foja 66-. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, resulta claro que de las constancias que remitió en copia certificada la autoridad responsable, , se advierte que en auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral III-178/2008 y su acumulado 303/2009, la junta responsable proveyó sobre el escrito presentado por el apoderado de la quejosa el nueve de enero de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes de la junta responsable, referente a su solicitud para obtener los domicilios de las partes demandadas dentro del juicio de origen; por tanto, ello trajo como consecuencia que el acto reclamado cesara en sus efectos, pues constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En consecuencia, al encontrarse probado en autos que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee el juicio de amparo contra el aludido acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. Robustece lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro , cuyo rubro y texto narran: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Cuarta. Estudio de fondo. Por otro lado, el actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, al momento de rendir su informe justificado manifestó que no son ciertos los actos que se le reclaman. Sin embargo, en el caso procede tener desvirtuada dicha negativa, en atención a que de las constancias que acompañó a su informe justificado, si bien se advierte que de conformidad con el auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se giraron los oficios J-III-2755/2019, J-III-2756/2019 J-III-2757/2019, VJ-III-2759/2019, J-III-2754/2019, J-III-2760/2019 dentro del juicio laboral III-178/2008 y su acumulado 303/2009, dirigidos a diversas dependencias, no se advierte el sello de recepción de los mismos; es decir, no obra constancia de que dichos oficios hayan sido entregados. Por tanto, procede el estudio de los conceptos de violación atendiendo al principio de mayor beneficio contenido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía al amparo indirecto, de acuerdo con el cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce del derecho violado, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/83, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164369, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La solución sustancial de los conflictos, en concordancia con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, contenidos en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, obliga al juzgador a analizar, en primer lugar, los conceptos de violación que puedan determinar la concesión de la protección federal con un efecto más amplio al que pudiese tener una violación formal. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el estudio de los conceptos de violación que determinen la concesión del amparo directo debe atender al principio de mayor beneficio (tesis P./J. 3/2005 visible en la página 5, Tomo XXI, correspondiente al mes de febrero de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES."). En ese tenor, se estima que en los juicios de amparo indirecto deben analizarse los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto con preferencia a los formales, o bien, estudiarse en primer término los que pudiesen otorgar un mayor beneficio al quejoso." Conceptos de violación que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, ya que no existe disposición expresa en la ley reglamentaria del juicio de amparo, que obligue a su transcripción en la sentencia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación formulados resultan fundados como a continuación se expondrá: En el análisis de los conceptos de violación, este Juzgado de Distrito atiende al principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme al cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce del derecho violado, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de examinar la violación de los derechos conviene señalar que de las documentales que acompañó a su informe el actuario responsable consistente en copias certificadas del juicio laboral J-III-178/2008 y su acumulado 303/2009, que ya fueron valoradas con antelación, se advierte que se giraron los oficios J-III-2755/2019, J-III-2756/2019 J-III-2757/2019, VJ-III-2759/2019, J-III-2754/2019, J-III-2760/2019, dirigidos a diversas dependencias a fin de obtener los domicilios de las partes demandadas; sin embargo, no se advierte el sello de recibido de los mismos; es decir, no obra constancia de que dichos oficios hayan sido entregados. Al respecto, de conformidad con el artículo 74, fracción II y 79, de la Ley de Amparo, en un análisis sistemático de los motivos de disenso que formula la parte quejosa en su demanda, suplidos en su queja deficiente, son fundados los conceptos de violación, ya que efectivamente se advierte que el actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ha incurrido en la dilación de la que se duele la parte quejosa. En ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho humano de acceso a la justicia y establece para su protección diversas garantías de seguridad jurídica que todas las autoridades del estado Mexicano que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales deben observar a saber: 1. Principio de prosecución judicial; por virtud del cual todo acto de autoridad que determine los derechos civiles y políticos de las personas debe provenir de un juez o tribunal formal y materialmente constituido y en caso contrario, que tal acto pueda ser revisado por un tribunal que satisfaga esos requisitos. 2. Principio de expeditez, por virtud del cual la justicia debe ser administrada en los plazos que fijen las leyes. 3. Principio de gratuidad; por virtud del cual las personas que ejercen la función jurisdiccional, no deben realizar cobro alguno a las personas por las actuaciones que realicen, ya que sus respectivos emolumentos deben ser pagados por el Estado. 4. Administración de justicia completa o principio de congruencia; por virtud del cual, las resoluciones que se emitan al decidir un caso concreto, deben ser acordes a lo pedido por las partes, resolviendo el fondo de la controversia planteada. 5. Principio de imparcialidad; por virtud del cual las personas que integran los órganos depositarios de la función jurisdiccional deben permanecer ajenos a cualquier presión tanto de índole interno como externo, para resolver el caso sometido a su jurisdicción de forma objetiva. Estos principios son los que garantizan de manera mínima el acceso a la justicia dado que al faltar uno de ellos, se desconocería el derecho humano en comento, por ello es necesario que todos los principios se presenten de manera concomitante para lograr que las personas efectivamente accedan al derecho fundamental. En ese sentido, la violación al derecho de acceso a la justicia se manifiesta a través de un acto negativo u omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: a) La primera consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. b) La segunda, que es la en el caso nos interesa, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. En tal virtud, el actuario responsable al omitir la entrega de los oficios respectivos y dilatar el procedimiento correspondiente al juicio laboral y vulnera en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 Constitucional. Por tanto, procede conceder la protección federal para que el actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, realice lo siguiente: a) Entregue de inmediato los oficios J-III-2755/2019, J-III-2756/2019 J-III-2757/2019, VJ-III-2759/2019, J-III-2754/2019, J-III-2760/2019, dirigidos a diversas dependencias a fin de obtener los domicilios de las partes demandadas dentro del juicio laboral J-III-178/2008 y su acumulado 303/2009, para lo cual deberá allegar los sellos de recibido de los mismos. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Por las razones expresadas en la consideración tercera de la presente resolución se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ma. De los Ángeles Rodríguez Cázares y Taya Vanessa Valdivia García, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, en términos de la consideración tercera del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. De los Ángeles Rodríguez Cázares y Taya Vanessa Valdivia García, respecto de los actos reclamados al actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, en términos de la consideración cuarta del presente fallo. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy seis de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que a las once horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio; atento a ello, con la promoción de cuenta, fórmese cuadernillo de amparo. Ahora bien, agréguese el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite en vía de alcance a su informe justificado, los acuses de recibido de los acuses J-III-2754/2019, J-III-2756/2019 y J-III-2757/2019. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que anexa en apoyo a su informe la autoridad responsable en cita, por su propia y especial naturaleza, con las cuales se ordena relacionar en la audiencia constitucional Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento que formula la agente del Ministerio Público Federal, toda vez que el veintisiete de noviembre del año en curso a las once horas con cincuenta minutos, se celebró la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Por otro lado, como lo solicita la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, según oficio CCJ/ST/5098/2019, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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