Tania Ruiz Nieto
Expediente 745/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 745/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Congreso de la Unión
- Tania Ruiz Nieto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio que remite el actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el que se remitió el juicio de amparo 745/2018, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la quejosa Tania Ruíz Nieto, contra el acuerdo de veinticuatro de septiembre de la presente anualidad dictado en autos e informa su admisión, el cual quedó registrado bajo el número 113/2018. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JMG/jjsg*
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito signado por Tania Ruiz Nieto, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló el seis de septiembre de dos mil dieciocho y al respecto manifiesta lo siguiente: 1. Manifiesta que ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no ha promovido ningún recurso contra la determinación dictada dentro del juicio de amparo 586/2018 de su índice, en donde se le haya aplicado el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo; 2. Indica que su pretensión es que este juzgador realice un control difuso a fin de lograr la admisión de la demanda; y, 3. Finalmente, exhibe copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a todas las partes. Por tanto, se tiene a la parte quejosa cumpliendo cabalmente con lo solicitado por este juzgado en auto de seis de septiembre del año en curso. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Actos reclamados: 1. Por lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa reclama el Acuerdo General, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece, en específico, los artículos 263 y 264, relativos al registro de cédulas profesionales; y, 2. Por lo que respecta al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la parte quejosa le reclama la aplicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el auto de trece de agosto de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio de amparo 586/2018, promovido por los menores E. L. N. y C. L. N., por conducto de su representante Bertha Mónica Núñez González. Y solicita control difuso respecto del artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo. Como se dijo en el auto de prevención de seis de septiembre actual, nuestro sistema jurídico mexicano contempla como instrumentos jurídicos para garantizar nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto al control difuso como al control concentrado, tal y como se advierte del contenido de los artículos 1° y 133 constitucionales al establecer que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Así, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Apoya lo anterior, la tesis 1ACCLXXXIX/2015 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1647 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, octubre de dos mil quince, Tomo II, materia común, décima época, registro 2010143, de rubro siguiente: "CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos." Igualmente, como también se dijo en el auto de prevención de seis de septiembre del año en curso, si bien es cierto este juzgador se encuentra facultado para realizar el control constitucional ex officio, respecto de las disposiciones que se aplica en el trámite del juicio de amparo, entre las que se encuentra la Ley de Amparo, pues el artículo 1° constitucional establece que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto (en el caso concreto el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo), si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1. No sean de control constitucional; y, 2. No exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. Apoya lo anterior, la tesis P. IX/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 355 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto dos mil quince, Tomo I, materia constitucional, décima época, registro 2009816, de rubro siguiente: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. Por imperativo del artículo 1o., en relación con el diverso 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para lo cual cuentan con la facultad de ejercer un control de regularidad constitucional difuso o ex officio, que corresponde a un sistema que confía a cualquier autoridad, sin importar su fuero, la regularidad constitucional de las leyes y por virtud del cual toda autoridad debe, ante un caso concreto que verse sobre cualquier materia, inaplicar la norma que debería fundar su acto, si ésta es violatoria de un derecho humano contenido en la Carta Fundamental o en un tratado internacional. Ahora bien, cuando se habla del control ex officio debe tenerse presente que dicha expresión significa que ese tipo de examen pueden hacerlo, por virtud de su cargo de Jueces, aun cuando: 1) no sean de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa de las partes, pues la propia Norma Fundamental los faculta a inaplicar una norma cuando adviertan que viola derechos humanos, de manera que el control difuso no constituye un proceso constitucional sino sólo una técnica al alcance del Juez para que pueda ejercer un control de constitucionalidad en un proceso, sea éste constitucional o de cualquier otra naturaleza y cuyo ejercicio da lugar al dictado de una resolución con efectos entre las partes. En estas circunstancias, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, como órganos del Poder Judicial de la Federación, deben ejercer el control difuso de regularidad constitucional ante la violación de derechos humanos, con la observación de que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla." Asimismo, la tesis P.X/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 356 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, agosto de dos mil quince, Tomo I, materia constitucional, décima época, registro 2009817, de rubro siguiente: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN. No corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito examinar, de oficio, la inconstitucionalidad de los preceptos que rigen en los procedimientos o juicios de los que deriva el acto reclamado, ya que tal asignación corresponde, en su caso, a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación (autoridades administrativas, jueces, salas de instancia, etcétera), pues sostener lo contrario, es decir, que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden, mediante un control difuso de regularidad constitucional declarar, en amparo directo, la inconstitucionalidad de disposiciones contenidas en leyes que rigen el procedimiento o juicio de origen generaría inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la de preclusión, por virtud de la cual han ejercido los derechos procesales que les corresponden en torno a las decisiones emitidas por el juzgador, sin que deba soslayarse que el cumplimiento al imperativo prescrito en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos. Ahora, esta manera de ordenar el sistema no significa que se impongan límites a los tribunales de la Federación que por disposición constitucional tienen a su cargo el conocimiento de los mecanismos para la protección de la Norma Fundamental, para cumplir con el imperativo que ésta ordena ni que se desconozcan las obligaciones adquiridas en diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano en el sentido de proteger en todo momento los derechos humanos de los justiciables, pues los órganos federales encargados de ejercer el control de regularidad constitucional concentrado cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con ese mandato, en cuya labor deben observar las reglas que tradicionalmente han normado las instituciones que tienen a su cargo, de manera que, en ejercicio de este control concentrado, pueden emprender el análisis sobre la constitucionalidad de una norma a partir de lo siguiente: (i) en respuesta a la pretensión formulada por el quejoso; (ii) por virtud de la causa de pedir advertida en el planteamiento de los conceptos de violación o en agravios; o bien, (iii) con motivo de la utilización de la institución de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la Ley de Amparo que, en ciertas materias, permite ese análisis aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios. En las circunstancias apuntadas, no es que los órganos de control concentrado estén exentos de ejercer un control difuso, sino que sólo pueden hacerlo en los términos que la propia Constitución les faculta." En este mismo sentido, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo momento a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior, no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino al contrario, fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en todos los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Apoya lo anterior, la tesis P./LXIX sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 552 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 3, diciembre de dos mil once, Tomo 1, materia constitucional, décima época, registro 160525, de rubro siguiente: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte." Expuesta la metodología para realizar el control difuso, procede ahora realizar la interpretación conforme en sentido amplio de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción III, de la Ley de Amparo, de la que resulta que sólo se actualiza tratándose de los actos que hubieren sido emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales en lo que se refiere a su régimen interno, pero no en caso de que el juicio de amparo sea promovido por personas ajenas al Poder Judicial de la Federación quienes: 1) No sean parte en un conflicto entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores; 2) Estén fuera del ámbito del encargo del Consejo de la Judicatura Federal (artículo 94 constitucional); 3) No tengan relación con la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (artículo 100, párrafo noveno, de la Ley Suprema); y, 4) No tengan que ver con la expedición de acuerdos generales para el adecuado ejercicio de las funciones del Consejo citado (artículo 100, párrafo octavo, constitucional). Sustenta lo anterior, la tesis 2ª. CXLIII/2017 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 771 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de dos mil diecisiete, Tomo 1, materia común, décima época, registro 2015153, de rubro siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA SUS DECISIONES PROCEDE, EXCEPCIONALMENTE, EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR TERCEROS O PERSONAS AJENAS AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por regla general, acorde con el artículo 100, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones constitucionalmente encomendadas, conforme al diverso 94 constitucional, a saber, las de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, así como las vinculadas con los conflictos de trabajo suscitados entre éste y sus trabajadores, son definitivas e inatacables; sin embargo, excepcionalmente, el juicio de amparo directo procede contra las decisiones que puedan afectar derechos de terceros que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, en congruencia con los principios de interpretación más favorable a la persona y de interpretación conforme, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, debe interpretarse de manera restrictiva para considerar que sólo se actualiza tratándose de los actos que hubieren sido emitidos por dicha autoridad en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales en lo que se refiere a su régimen interno; así, para efectos de la procedencia del juicio de amparo en esos casos, son terceros o personas ajenas al Poder Judicial de la Federación quienes: 1) no sean parte en un conflicto entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores (segundo párrafo de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal); 2) estén fuera del ámbito del encargo del Consejo de la Judicatura Federal (artículo 94 constitucional); 3) no tengan relación con la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (artículo 100, párrafo noveno, de la Ley Suprema); y, 4) no tengan que ver con la expedición de acuerdos generales para el adecuado ejercicio de las funciones del Consejo citado (artículo 100, párrafo octavo, constitucional). En suma, se consideran terceros o personas ajenas al Poder Judicial de la Federación quienes no tengan injerencia en las funciones para las que el Consejo de la Judicatura Federal fue expresamente creado ni exista vínculo laboral con éste y, por otra parte, sean afectadas por sus resoluciones. No obstante lo anterior, en el caso que se analiza si bien es cierto, la quejosa es una persona ajena al Poder Judicial de la Federación, también lo es, que reclama una acuerdo general emitido por el Consejo de Judicatura Federal para el adecuado ejercicio de sus funciones. Acuerdos generales que de conformidad con el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo pueden ser revisados y en su caso revocados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por cuando menos 8 votos. Esto es, al existir disposición expresa en la constitución en que se menciona quien puede analizar y revocar dichos acuerdos, los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito estamos impedidos para realizar su análisis Apoya lo anterior, la tesis P./J. 52/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 23 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, materia común, décima época, registro 2007919, de rubro siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN. El artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que, conforme a lo establecido en la ley, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, y que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá revisar y, en su caso, revocar los que aquél apruebe, por mayoría de cuando menos 8 votos de los Ministros que lo integran. Así, al existir disposición constitucional que atribuye a este Alto Tribunal la facultad expresa para analizar los referidos acuerdos, se concluye que los Tribunales Colegiados de Circuito, al examinar los asuntos sometidos a su competencia, están impedidos para revisar la regularidad de dichos instrumentos normativos, sobre todo porque, para poder revocarlos, existe un procedimiento específico que requiere de una votación calificada que sólo puede obtenerse en el Pleno del Máximo Tribunal, de donde deriva que los Tribunales Colegiados de Circuito están obligados a observar los acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal que autorizan el uso de medios electrónicos para interponer el recurso de revisión." Consecuentemente, la disposición prevista en el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe considerarse como una restricción expresa al acceso a la jurisdicción vía Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado de Circuito la que debe prevalecer, de ahí que resulte que no es posible la inaplicación del artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis P./J. 20/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 202 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, materia constitucional, décima época, registro 2006224, de rubro siguiente: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda que dio origen al expediente en que se actúa por su notoria e indudable improcedencia. Desechamiento que se hace extensivo al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en virtud de que el acto que se le atribuye no se reclama por vicios propios, en cuanto a la aplicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el auto de trece de agosto del año en curso, emitido dentro del juicio de amparo 586/2018 de su índice. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito signado por Tania Ruiz Nieto, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló el seis de septiembre de dos mil dieciocho y al respecto manifiesta lo siguiente: 1. Manifiesta que ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, no ha promovido ningún recurso contra la determinación dictada dentro del juicio de amparo 586/2018 de su índice, en donde se le haya aplicado el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo;
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Tania Ruiz Nieto, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de seis de septiembre actual; sin embargo, dígase a la promovente que no procede tenerla desahogando cabalmente la misma, por lo siguiente: - No indica de manera clara si su pretensión es que este juzgador realice un control difuso, a fin de lograr la admisión de la demanda, ya que no lo realiza de manera expresa en sentido afirmativo o negativo. Por lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa que subsiste el apercibimiento formulado en el acuerdo de seis de septiembre del año en curso y continua transcurriendo el plazo otorgado para cumplir con la prevención. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.106/2003, consultable en la página ciento treinta y tres del tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre dos mil tres, materia común, novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.JMG/jjsg*
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