Tatiana Cruz Vázquez

Expediente 618/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
618/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Tatiana Cruz Vázquez
  • B.M. C.V. a través de su progenitora Tatiana Cruz Vázquez y Otros.
  • Tatiana Cruz Vázquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    PRAL.618/2022. MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 1° Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que lo hubiese hecho. 2° Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3° Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de la autoridad responsable; ello, dado el sentido de la sentencia dictada en este juicio de amparo, pues ningún agravio les genera, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, de rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia referida en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5° Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia dictada en este juicio sea consultable por internet. 6° Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso a), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 7° Destino y archivo reciente. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es DEPURABLE; por ello, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda depurable. 8° Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. 9° Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. 10° Devolución de constancias. 10.1. Parte quejosa. Tomando en consideración que en este expediente obra glosada la documental que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda consistente comparecencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, efectuada ante el alcalde municipal de Huajuapan de León, Oaxaca. Por tanto, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la referida parte quejosa, para que, en el plazo de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a recoger dicha documental; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, en su oportunidad, la misma será destruidas con este expediente, sin ulterior acuerdo. 10.2. Devolución de disco. En tanto que en esta Secretaría obran en resguardo dos discos compactos en formato DVD´s remitidos por el juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, se ordena la devolución de dicho anexo, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. 11° Se acuerda sobre. Finalmente, visto el sobre devuelto por la empresa del servicio de mensajería acelerada denominada ESTAFETA, que contiene el oficio 23958/2022, dirigido al tercero interesado agente del Ministerio Público adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, Huajuapan de León, Oaxaca, con la anotación: "D03 ítem rechazado por el destinatario". Ahora, del punto V de la certificación de cuenta, se advierte que de la consulta efectuada a la página oficial del citado servicio de mensajería acelerada el diverso comunicado 23959/2022, dirigido a la agente del Ministerio Público adscrita al Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca, licenciada Lorena Ramírez Morán, ya fue entregado a dicha destinataria. 11.1. No se reexpide oficio. En esas condiciones y tomando en consideración, por una parte, la indivisibilidad de la institución ministerial, conformada por una pluralidad de agentes, con indivisibilidad de funciones; y, por otra, que el diverso comunicado 23959/2022, dirigido a la diversa tercera interesada agente del Ministerio Público adscrita al Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca, licenciada Lorena Ramírez Morán, ya fue entregado a su destinataria, no se ordena la reexpedición del oficio contenido en el sobre devuelto por el servicio de mensajería acelerada en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.618/2022.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintidós. 1° Se apersona tercero. Agréguese el oficio sin número, suscrito por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Género de la Vicefiscalía de la Región de la Mixteca, sede Huajuapan de León; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada a este juicio de amparo, en su carácter de tercera interesada. 2° Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta. 3° Correo electrónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se tomarán en cuenta los correos electrónicos y número telefónico que proporciona la oficiante, únicamente como un canal de comunicación y así establecer el contacto respectivo, por parte del (la) actuario (a) de la adscripción, en los casos en que se estime necesario, pero no para practicar notificaciones, pues no lo contempla de esa forma dicho precepto. 4º Precisión. Se toma conocimiento que la oficiante solicita se tenga por apersonada, también, a la licenciada Lorena Ramírez Morán, en su carácter de tercera interesada y se precisa. Atento a la indivisibilidad de la institución del Ministerio Público, conformada por una pluralidad de agentes, con indivisibilidad de funciones, esto es, que cada uno de los agentes del Ministerio Público puede sustituirse en cualquier momento por otro, sin que sea necesario el cumplimiento de formalidades y sin que se afecte la validez de lo actuado por cualquiera de ellos; por tanto, se tiene por apersonado, como tercero interesado en este sumario al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Género de la Vicefiscalía de la Región de la Mixteca, sede Huajuapan de León; lo anterior, sin perjuicio de lo acordado el diecinueve de julio del año en curso, en el cual se llamó a dos diversas agentes del Ministerio Público, esto es, a la oficiante y la diversa licenciada Lorena Ramírez Morán, pues se ordenó dar intervención a ambas, atento a que dichas fiscales tuvieron intervención en las audiencias remitidas por la responsable como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL.618/2022.MESA-8 SENTENCIA. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 618/2022, promovido por Tatiana Cruz Vázquez, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales B.M.C.V.; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y recepcionada en este juzgado el veintisiete de mayo siguiente; Tatiana Cruz Vázquez, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales B.M.C.V., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal del Juicio Oral del distrito judicial de la Mixteca, que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el número 618/2022; y se previno a la parte quejosa para que la aclarara respecto de los actos reclamados. Previo desahogo de dicha prevención, el quince de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. Precisión de autoridad responsable. El uno de julio del año en curso se tuvo al juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca, rindiendo el informe justificado solicitado a la autoridad señalada por el quejoso como Tribunal de Juicio Oral del distrito judicial de la Mixteca, por tal motivo, se ordenó precisar que sería aquélla la autoridad que tendría el carácter de responsable en este sumario. CUARTO. Terceros interesados. El diecinueve de julio de esta anualidad se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados 1) Erick Pérez Fonseca, y 2) a las licenciadas Lorena Ramírez Morán y Teresa Cruz Vázquez, agentes del Ministerio Público adscritas al Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca. QUINTO. Audiencia constitucional. Seguido el trámite, en diverso proveído de veinticinco de julio del año en curso, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 46/2016 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este último que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013 del mismo Pleno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y la autoridad responsable tiene su residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, esto es, dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente de manera que corresponde al juzgador armonizar, además de los datos que emanen del escrito inicial de demanda, toda la información del expediente del juicio de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo no sólo a lo que se desprende de la demanda en su aspecto formal, sino en el aspecto material, dado que la armonía de estos elementos es lo que permitirá una correcta resolución de los asuntos. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión del Tribunal del Juicio Oral del distrito judicial de la Mixteca de abrir, de oficio, la segunda instancia en los autos de la causa penal 13/2021 de su índice. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora, además, con las constancias relativas de la causa penal 13/2021, de su índice, consistente en dos discos formato DVD de audio y video que remitió dicha responsable al rendir su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se advierte la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) registro digital: 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, materias Común, Penal, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio una que por ser de orden público deba estudiarse de manera preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, procede entrar al estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. Consideraciones previas. Conceptos de violación. El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los conceptos de violación, los cuales es innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación. b) Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, de existir elementos para ello, el acto reclamado será analizado bajo el principio de suplencia de la queja. En la inteligencia que se hará uso de tal figura, siempre y cuando implique un beneficio a la parte quejosa y de existir elementos para tal fin, en términos de la jurisprudencia 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". Y en la tesis 1a. CCL/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE". SEXTO. Análisis del acto reclamado. 6.1 Antecedentes. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, se considera oportuno señalar algunos antecedentes del acto reclamado que se advierten de la demanda de amparo y constancias anexas al informe justificado rendido por la autoridad responsable, conforme la relatoría siguiente: 1. La causa penal 13/2021, de la cual deriva el acto reclamado, se instruyó contra Erick Pérez Fonseca, aquí tercero interesado, por su responsabilidad penal en la comisión del hecho que la ley tipifica como el delito de abuso infantil que se dijo cometido en agravio de la menor de edad de iniciales B.M.C.V. 2. El aludido proceso fue turnado el quince de febrero de dos mil veintidós, al Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Mixteca, sede Nochixtlán, Oaxaca. 3. Desahogada la audiencia de debate, el veinte de abril de dos mil veintidós se dictó sentencia absolutoria a favor de Erick Pérez Fonseca, y en esa misma fecha quedaron las partes notificadas de su contenido; dispensándose su lectura íntegra, ante la incomparecencia de aquéllas a la audiencia señalada para dicho efecto. 4. El cinco de mayo del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 412 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró firme la sentencia absolutoria de referencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para recurrirla y sin que alguna de las partes se hubiera inconformado. 6.2 Conceptos de violación vertidos. La parte quejosa refiere sustancialmente que la omisión de abrir, de oficio, la segunda instancia en los autos de la causa penal 13/2021, del índice de la responsable, viola en su perjuicio el principio pro persona, previsto en el artículo 1º constitucional, pues, agrega, la responsable no realizó una interpretación conforme de la ley, pese a que pertenece a la etnia mixteca, la legislación estatal -Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos del Estado de Oaxaca- refiere en su numeral 32, párrafo tercero, que, en tratándose de personas indígenas, la segunda instancia es oficiosa, sin necesidad de alguna interposición de recurso, en razón del grupo vulnerable al que pertenece -indígena-; citando en apoyo las tesis de rubro "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO" e "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA." Es infundado el referido concepto de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte relativa, establece: "Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. (.)". Como puede advertirse de la lectura del citado precepto -reformado en agosto de dos mil uno por el Constituyente Permanente-, la intención del Estado Mexicano fue la de ofrecer una respuesta normativa a uno de los sectores más desprotegidos y olvidados de nuestro país, pero que paradójicamente es de los más determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad: los pueblos indígenas. La reforma al texto del precitado dispositivo constitucional tuvo como finalidad la de poner fin a la discriminación y marginación sufridas tradicionalmente por la población indígena; además de garantizar su acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, así como a la protección de los derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural. Sin embargo, como sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos precedentes, son notables las dificultades que enfrenta una Corte de Justicia al tratar de determinar quiénes son "personas indígenas", o integrantes de los "pueblos y comunidades indígenas". Estos conceptos, esencialmente de sustrato originalmente antropológico y sociológico, deben adquirir un significado jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -tradicionalmente negativa- que gravita sobre ellos. Al respecto, es importante destacar que la precitada reforma fundamental se basa en la redacción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, según el cual: "... la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante para establecer cuándo una persona es indígena, no deviene ilegal o arbitrario, mucho menos ambigua o imprecisa, ya que cuando se señala que: "...la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas..."; dicha previsión normativa encuentra sustento en el propio artículo 2o. constitucional. De esta forma, resulta evidente que el Estado Mexicano reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación (total o parcial) en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de las personas de origen étnico o indígena), así como de la identificación de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las comunidades indígenas). Esta opción es congruente con los criterios utilizados en el ámbito internacional, a fin de identificar a una comunidad o persona indígena frente al resto de la sociedad. Los organismos internacionales de derechos humanos han puesto un énfasis especial en los aspectos comunes a los documentos firmados para la protección específica de los derechos de los pueblos y personas indígenas, y es, precisamente, de la protección y garantías que contienen esos documentos de donde se desprenden estándares de relevancia identificatoria. A pesar de la relevancia, no existen características necesarias y suficientes que determinen con toda exactitud cuándo una persona puede estimarse "indígena" o bien, cuándo un determinado colectivo puede considerarse un "pueblo" o una "comunidad" indígena, debido a la diversidad existente, no sólo de un país a otro, sino, incluso, dentro de un mismo país. Por tanto, se considera que, en ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y, por ende, sujeto de los derechos contenidos en la Constitución Federal, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. Ahora, es de precisarse que la apreciación de si existe o no una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, amén de que debe realizarse con una actitud orientada a favorecer la verdadera eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos casos que, a primera vista, parecen involucrar a grupos estructuralmente desventajados, y no con la intensión de hacer notar la negligencia o descuido del Tribunal de Enjuiciamiento; en el caso, contrario a lo expuesto por el quejoso, la desatención de los medios de defensa que tenía a su alcance no los hizo valer de manera adecuada y oportuna, en razón de (o pese) haber sido asistida por una asesora jurídica. En ese sentido, también resulta necesario analizar los artículos 32 y 33 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 32.- A fin de garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano a la jurisdicción del Estado, en los procesos penales, civiles, agrarios, administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en una persona de algún pueblo indígena o afromexicano que no pueda hablar ni entender el español, éste contará, además de un defensor, con un traductor y/o intérprete bilingüe ya sea oficial o particular. Los jueces, procuradores, agentes del ministerio público y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, bajo su más estricta responsabilidad se asegurarán del cumplimiento de esta disposición. En todas las etapas procesales y al dictar resolución, las autoridades antes mencionadas que conozcan del asunto, deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales de cada pueblo o comunidad, respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, la Local y en los diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. El Estado por conducto de la Secretaría o las instancias que la ley señale, en coordinación con el Ministerio Público, vigilará la eficaz protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, desde el inicio de las carpetas de investigación hasta su judicialización y el desahogo de todas y cada una de las etapas del proceso penal, cerciorándose que aquéllos cuenten oportunamente con la asistencia de defensores de oficio y traductores bilingües. En los casos en que se omita dicha asistencia, la Secretaría, la instancia que la ley señale o los interesados, solicitarán a la Representación Social que, de nueva cuenta, se desahoguen las actuaciones correspondientes subsanando dichas omisiones a efecto de ejercitar la acción penal de su competencia. En los casos en los que algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana o algún integrante de ella sean parte o partes, se abrirá de oficio la segunda instancia a efecto de verificar que los derechos individuales y colectivos de aquéllos efectivamente hayan sido reconocidos y respetados. Los Magistrados revisarán las actuaciones de los jueces que conocieron en primera instancia." "Artículo 33.- Cuando en los procedimientos intervenga algún pueblo o comunidad indígena o afromexicano, o alguno de sus integrantes, las autoridades administrativas, jueces y procuradores, aplicarán las leyes estatales vigentes, homologándolas con las normas internas de cada pueblo y comunidad. Para ello se basarán en la información que en diligencia formal les proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad correspondiente; buscando en todo caso la apropiada articulación entre dichas normas. Al resolver las controversias se procederá en los mismos términos. Para el caso de que en los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior intervengan personas no indígenas o afromexicana se suplirá la deficiencia de la queja a favor de la parte indígena y afromexicana. Cuando exista duda de la pertenencia o no de una persona a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, serán las autoridades comunitarias de aquéllos, quienes expedirán la constancia respectiva. Para el caso de que quien tenga la necesidad de acreditar su identidad cultural en juicio o fuera de él, no obtenga la constancia a que se refiere el párrafo anterior, tal calidad la acreditará recurriendo al juez civil competente en la vía de jurisdicción voluntaria, siendo admisibles todos los medios de prueba autorizados por la Ley Procesal Civil, pero la testimonial exigirá un principio de prueba por escrito". En términos de los citados preceptos, se advierte que las autoridades, en los procesos penales, civiles, agrarios, administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en forma de juicio, deben garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos a la jurisdicción del Estado. Cuando dichas autoridades adviertan la intervención de un miembro de algún pueblo indígena o afromexicano que ignore el español, éste contará con un traductor y/o intérprete bilingüe, ya sea oficial o particular. En los casos en que los indígenas o afromexicanos o sus pueblos y comunidades sean parte o partes, se abrirá de oficio la segunda instancia, a efecto de verificar que los derechos individuales y colectivos de aquéllos, efectivamente, hayan sido reconocidos y respetados. De igual manera, las autoridades administrativas, jueces y procuradores aplicarán las leyes estatales vigentes, homologándolas con las normas internas de cada pueblo y comunidad; basándose en la información que en diligencia formal les proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad; buscando, en todo caso, la articulación de dichas normas. En el caso, el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede Nochixtlán, Oaxaca, en los autos de la causa penal 13/2021, de su índice, en las audiencias de continuación de debate y de lectura de fallo deliberatorio, a través del presidente se dirigió -en español- a la quejosa, inquiriéndole sobre diversos aspectos procesales; mismos a los que, la quejosa -en español-, otorgó respuesta sin duda alguna en cuanto a su articulación, como se aprecia del audio y video que acompañó a su informe justificado dicho tribunal, específicamente: Audiencia de continuación de debate de cinco de abril de dos mil veintidós (minuto 01:02 del video identificado como 0013-2021-TJO-A1P1 [A3-CAD]) "Ministerio Público: Buen día a todos, presente la licenciada Teresa Cruz Vásquez igualmente agente del Ministerio Público con datos ya proporcionados en la administración de este Tribunal, nos acompaña la víctima indirecta. Presidente: Adelante, por favor, señora. Señora Tatiana: Tatiana Cruz Vázquez. Auxiliar de sala: Permítame, al micrófono. Presidente: Está bien, ya la escuché, Tatiana Cruz Vázquez, gracias señora Tatiana. (.) Presidente: Señora Tatiana ¿tuvo usted comunicación con la licenciada Miriam Elena? Señora Tatiana: Sí, yo tuve comunicación, de hecho, le comenté a la licenciada Teresa que, me dijo que ya venía para acá porque había tenido un percance con su automóvil, le habían pegado, pero que ya venía, pero que sí se iba a retrasar un poquito. Presidente: ¿No le dijo aproximadamente qué tiempo se iba a retrasar o por dónde venía? Señora Tatiana: No, me dijo que unos diez, veinte minutos venía tarde. Presidente: Ah perfecto, gracias. Señora Tatiana: Si." Audiencia de continuación de debate de cinco de abril de dos mil veintidós b.1 (minuto 42:13 del video identificado como 0013-2021-TJO-A1P7 [A3-CAD]) Presidente: Vamos a continuar con el siguiente momento de ésta audiencia. Señora Tatiana, señor Erick como yo les indiqué al inicio de esta audiencia les expliqué que existían diversos momentos, que primeramente íbamos a escuchar un alegato inicial, posteriormente el desahogo de pruebas de la parte acusadora luego las pruebas de la defensa y ahora lo que corresponde es escuchar la última intervención de los abogados, lo que técnicamente se denomina alegatos de clausura. Les pido señora Tatiana, señor Erick estén ustedes muy atentos a todo lo que van a argumentar los abogados ya que cuando ellos terminen ustedes tendrán la posibilidad de hacer alguna manifestación y será el último momento en el cual nosotros los podamos escuchar porque a partir de ese momento nosotros nos retiraríamos para deliberar y contamos con el plazo máximo de veinticuatro horas para decidir si se absuelve o se condena al señor Erick, señora Tatiana, lo que le estoy explicando ¿le queda claro? Señora Tatiana: Sí Presidente:¿Perdón?Señora Tatiana: Sí Presidente: Gracias ya la escuché. Señor Erick. Señor Erick: Si su señoría. b.2 (minutos 01:24:20 del video identificado como 0013-2021-TJO-A1P7 [A3-CAD]) Presidente: Señora Tatiana, ¿quiere usted hacer alguna manifestación? Señora Tatiana: No, ninguna. Presidente: Gracias. b.3 (minutos 01:35:10 del video identificado como 0013-2021-TJO-A1P7 [A3-CAD]) Presidente: Señora Tatiana, ¿le queda claro lo que he dicho?, ¿alguna manifestación final? Señora Tatiana: No señor juez. Presidente: Gracias. Audiencia de lectura de fallo deliberatorio de seis de abril de dos mil veintidós (minuto 20:21 del registro del video identificado como 0013-2021-TJO-A4P1 [A4-CAD]) Presidente: Señora Tatiana el día veinte se va a leer la sentencia correspondiente y por lo tanto a partir del día veintiuno de abril del presente año emperezarán a contar los diez días que la Ley establece para que ustedes puedan interponer el recurso de apelación en caso de inconformidad con la determinación que hemos dictado. Le pregunta señora Tatiana ¿Le queda alguna duda respecto a lo que hemos dicho en este momento? Señora Tatiana: No ninguna. Presidente: Gracias. Como se ve, de las transcripciones anteriores se desprende que la quejosa tiene un léxico fluido, claro y congruente; por ende, dicho tribunal no se encontró en aptitud de advertir que se tratara de una persona indígena y que, por dicho particular, en su caso, no hubiera comprendido lo expuesto; como tampoco le fue informado ni por la aquí quejosa, ni por su asesora jurídica, que estuvo presente en dichas audiencias Además, también se advierte que, a pregunta expresa del presidente de tribunal en cuanto a la comprensión de lo que le fue expuesto, en diversos momentos procesales, la quejosa contestó en sentido afirmativo dicha interrogante. Máxime que del desarrollo de las audiencias de continuación de debate y lectura de fallo deliberatorio, se evidencia que la quejosa fue asistida por una asesora jurídica; experta que, en razón de las funciones propias de su encomienda -artículo 42 de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca-, tiene conocimiento jurídico del procedimiento en el cual tiene intervención, así como de los recursos previstos en la legislación aplicable al procedimiento correspondiente, para la mejor defensa de los intereses y satisfacción de las necesidades de su asesorada. De donde se colige que la aquí quejosa no ignora el idioma español, ni tampoco se advierte que se hubiere vulnerado, en su perjuicio, el derecho a ser asistida por un asesor jurídico; presupuestos procesales que establece el referido artículo 32 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, para que, en su caso, se aperturara, de oficio, la segunda instancia que refiere la parte quejosa. Bajo esta premisa, el Estado y, en particular, los órganos encargados de la persecución de los delitos y de la impartición de justicia, deben guiarse por lo que la población indígena decide. Lo anterior, se reitera, dada la complejidad de que sea el propio estudioso o aplicador del derecho quien determine quién es indígena o no, basado en una labor meramente intelectual, con exclusión de las consideraciones, sentimientos o percepciones de la persona que detente dicha calidad específica. En el caso, la quejosa se limitó a expresar que, por el solo hecho de pertenecer a la etnia mixteca, le asiste a la responsable la obligación de abrir, de oficio, la segunda instancia; no obstante, contrario a lo que refiere, el artículo citado por aquélla como fundamento de su concepto de violación establece que la segunda instancia que, en su caso, debe abrirse, tiene por objeto verificar que los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas o sus miembros hayan sido reconocidos y respetados; lo que, en la especie, no se advierte que se hubiere dejado de atender. Realizar una aplicación literal del precepto de referencia, como lo expone la quejosa, implicaría la apertura de la segunda instancia en todos los juicios o procedimientos en los que alguna de las partes procesales sea un pueblo o comunidad indígena o afromexicano o miembro de aquéllas, aunque la resolución definitiva que diera fin a dicho procedimiento resulta benéfica a dicha parte procesal; en tanto que el artículo 32 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca prevé la apertura, de oficio, de la segunda instancia, a fin de verificar que los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos o alguno de sus miembros hayan sido reconocidos y respetados; y así, en dicha fase procesal detonar los derechos humanos que hubieren sido vulnerados a dicha comunidad o miembro de aquélla, si es que se actualizara dicho supuesto. Apoya lo expuesto, en cuanto a las razones que la contienen, la jurisprudencia de la Primera Sala del máximo tribunal del país del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE TODA PERSONA A SER RECONOCIDA COMO PARTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. LA AUTOADSCRIPCIÓN COMO INTEGRANTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA QUE REALIZA UNA PERSONA HASTA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO REQUIERE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO ANALICE SI ES POSIBLE DETONAR EN SU FAVOR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS. Hechos: En un procedimiento penal de corte tradicional se dictó sentencia condenatoria por el delito de despojo, la cual fue confirmada en segunda instancia. Inconforme con esa determinación, la persona sentenciada promovió amparo directo en cuya demanda se autoadscribió como miembro de una comunidad indígena y señaló que, de acuerdo con sus usos y costumbres, no era posible que cometiera el ilícito que se le atribuyó. El Tribunal Colegiado negó el amparo sin tomar en consideración la manifestación efectuada por la parte quejosa sobre su autoadscripción a una comunidad indígena, por lo que no analizó si era posible detonar en favor de la persona sentenciada los derechos reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país. Criterio jurídico: Si una persona se autoadscribe como integrante de una comunidad indígena en cualquier procedimiento judicial, incluso hasta la presentación de la demanda de amparo directo, aunque no se hubiera autoadscrito durante el procedimiento, ello obliga al Tribunal Colegiado a pronunciarse sobre los derechos que tiene reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país. Justificación: El artículo 2o., apartado A, de la Constitución Política del país reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia, a su autonomía, así como el derecho de acceso a la jurisdicción del Estado. Para garantizar esos derechos se deberán tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales en todos los procesos en los que participen individual o colectivamente, así como el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, sin hacer distinción sobre su aplicación en alguna etapa procesal específica o algún procedimiento en particular. En ese sentido, esta Primera Sala ha definido la autoadscripción como el acto voluntario de personas o comunidades que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado. En concordancia con lo anterior, si la autoadscripción es una manifestación de identidad y pertenencia cultural con la finalidad de acceder a la jurisdicción del Estado, en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte las personas indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y en todo tiempo deberán ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. De esa forma, si es hasta el juicio de amparo directo en que la parte quejosa se autodetermina como persona indígena ante la autoridad jurisdiccional o solicita ser asistida por un defensor y un intérprete, el Tribunal Colegiado está obligado a atender esa manifestación y a valorar su condición de persona indígena, pues no debe tomar en cuenta el momento procesal en que ocurre esta autoadscripción, por lo que deberá valorar dicha condición y detonar en su favor las prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política del país, así como considerar las especificidades culturales y costumbres de las personas y comunidades indígenas en el trámite y resolución del juicio de amparo directo." En ese sentido, de las constancias allegadas a este sumario y de la revisión del mismo no se advierte que se hubiere vulnerado en perjuicio de la quejosa, derecho humano alguno; pues únicamente se tuvo por desahogada la documental consistente en la comparecencia de nueve de mayo del año en curso, efectuada ante el alcalde municipal de Huajuapan de León, Oaxaca; la cual si bien tiene valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, empero, aquélla únicamente permite advertir las manifestaciones vertidas por Cristina Sagrario Oropeza Montes y Gabriela Benitez Hernández; ya que en dicha actuación el referido alcalde hizo constar que la aquí quejosa compareció ante su autoridad, acompañada de las antes nombradas en su calidad de "testigos", y aquellas manifestaron a) conocer a la aquí quejosa, b) tener conocimiento que es madre de la menor de edad de iniciales B.M.C.V.; c) que saben y les consta que la quejosa y su hija menor de edad, así como su familia son indígenas mixtecas, pues las conocen desde hace diez años aproximadamente, y han compartido con ellas en sus costumbres, tradiciones y actividades culturales propias de su origen mixteco. Concluyendo el alcalde que, al tratarse de una declaración unilateral de hechos, dicho documento solo tendría efectos de un antecedente. Además, la prueba documental de referencia si bien fue exhibida en este sumario, lo cierto es que no se advierte que aquélla hubiere sido fue presentada ante la responsable. Al respecto, el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el sistema procesal penal acusatorio oral, como en el caso acontece, se sustenta en diversos principios rectores, entre ellos, el de contradicción e inmediatez, previstos en los ordinales 6 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero, consiste en garantizar que la producción de las pruebas se hará bajo el control de todos los sujetos procesales, con la finalidad de que tengan la facultad de intervenir en dicha producción, formulando preguntas, observaciones, aclaraciones y evaluaciones, tanto sobre la prueba propia, como respecto de la de los otros, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias y controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, a fin de persuadir al juzgador; y para garantizar que las partes puedan escuchar en todo momento de viva voz los argumentos de la contraria para apoyarlos o rebatirlos; y el segundo que consiste en que el juez reciba directamente el resultado de los actos procesales que se desarrollan en su presencia. Por lo que el juez de Control, al resolver, dictará una resolución con base en los elementos y los argumentos planteados por las partes durante la audiencia. En ese tenor, el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo dispone que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; por tanto, excepcionalmente, en el caso de que el juez de Control hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juzgador puede imponerse de la misma, pero solo respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dictar una resolución apegada a derecho; circunstancias que, en la especie, no acontece, pues, se reitera, dicha documental fue exhibida únicamente en este sumario; por ende, acorde con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse como aparezca probado ante dicha autoridad. Aspecto procesal que se concatena con lo expuesto por el juez presidente al rendir su informe justificado; en tanto que, sobre dicho particular, expone: "Es preciso hacer mención, que en la causa penal antes citada; en ningún momento se dio a conocer que alguna de las partes fuese integrante de una etnia indígena; pues la señora Tatiana Cruz Vasquez, dijo tener su domicilio en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; se comunicó en español y en todo tiempo estuvo asistida de su asesora jurídica." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)". "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL. NO RENDIDA ANTE LA RESPONSABLE. El acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y en el amparo no se pueden admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de conformidad con el artículo 78 de la ley de la materia." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO EL ARGUMENTO EXPUESTO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE HIZO VALER COMO DEFENSA O EXCEPCIÓN EN EL JUICIO NATURAL." En ese tenor, los argumentos que aduce la quejosa no compaginan con el derecho humano a un recurso judicial efectivo, contemplado en la Convención Americana de los Derechos Humanos; porque, en su momento procesal, debió ejercer, por sí o por conducto de su asesora jurídica, el derecho de emplear el recurso judicial que la ley procesal contempla para combatir esa determinación, a saber, el recurso de apelación que prevé el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin que lo haya hecho. Máxime que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento le hizo saber expresamente la existencia de dicho medio de impugnación, inclusive, sobre dicho particular, le cuestionó si tenía alguna duda al respecto, a lo cual respondió en sentido negativo. Ante lo infundado de los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Tatiana Cruz Vázquez, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales B.M.C.V., contra la omisión del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca. En el entendido que las tesis invocadas por la quejosa en apoyo a sus conceptos de violación no resultan aplicables al caso en estudio, en tanto que la omisión que atribuyó a la responsable no tuvo su origen en una interpretación limitada de la ley, pues, como se expuso, el mandato estatuido en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca tiene como efecto verificar que los derechos indígenas o afromexicanos o de algunos de sus integrantes hayan sido reconocidos y respetados, lo que, en el caso, no fue alegado por la quejosa, ni se advirtió, de oficio, de las constancias de autos. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: RESUELVE: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Tatiana Cruz Vázquez, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales B.M.C.V., contra la omisión de abrir, de oficio, la segunda instancia en los autos de la causa penal 13/2021, que atribuye al Tribunal del Juicio Oral del distrito judicial de la Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca; por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

  4. Principal

    PRAL.618/2022.MESA-8 SENTENCIA. VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 618/2022, promovido por Tatiana Cruz Vázquez, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales B.M.C.V.; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y recepcionada en este juzgado el veintisiete de mayo siguiente; Tatiana Cruz Vázquez, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales B.M.C.V., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal del Juicio Oral del distrito judicial de la Mixteca, que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el número 618/2022; y se previno a la parte quejosa para que la aclarara respecto de los actos reclamados. Previo desahogo de dicha prevención, el quince de junio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. Precisión de autoridad responsable. El uno de julio del año en curso se tuvo al juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca, rindiendo el informe justificado solicitado a la autoridad señalada por el quejoso como Tribunal de Juicio Oral del distrito judicial de la Mixteca, por tal motivo, se ordenó precisar que sería aquélla la autoridad que tendría el carácter de responsable en este sumario. CUARTO. Terceros interesados. El diecinueve de julio de esta anualidad se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados 1) Erick Pérez Fonseca, y 2) a las licenciadas Lorena Ramírez Morán y Teresa Cruz Vázquez, agentes del Ministerio Público adscritas al Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca. QUINTO. Audiencia constitucional. Seguido el trámite, en diverso proveído de veinticinco de julio del año en curso, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 46/2016 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este último que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013 del mismo Pleno, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y la autoridad responsable tiene su residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, esto es, dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda de amparo y de sus anexos, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad; sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente de manera que corresponde al juzgador armonizar, además de los datos que emanen del escrito inicial de demanda, toda la información del expediente del juicio de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo no sólo a lo que se desprende de la demanda en su aspecto formal, sino en el aspecto material, dado que la armonía de estos elementos es lo que permitirá una correcta resolución de los asuntos. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como de las constancias que integran este expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión del Tribunal del Juicio Oral del distrito judicial de la Mixteca de abrir, de oficio, la segunda instancia en los autos de la causa penal 13/2021 de su índice. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora, además, con las constancias relativas de la causa penal 13/2021, de su índice, consistente en dos discos formato DVD de audio y video que remitió dicha responsable al rendir su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se advierte la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) registro digital: 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, materias Común, Penal, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio una que por ser de orden público deba estudiarse de manera preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, procede entrar al estudio de fondo del acto reclamado. QUINTO. Consideraciones previas. Conceptos de violación. El estudio del acto reclamado se realiza al tenor de los conceptos de violación, los cuales es innecesario reproducir, toda vez que ningún precepto establece tal obligación. b) Suplencia de la queja. Con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, de existir elementos para ello, el acto reclamado será analizado bajo el principio de suplencia de la queja. En la inteligencia que se hará uso de tal figura, siempre y cuando implique un beneficio a la parte quejosa y de existir elementos para tal fin, en términos de la jurisprudencia 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)". Y en la tesis 1a. CCL/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE". SEXTO. Análisis del acto reclamado. 6.1 Antecedentes. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, se considera oportuno señalar algunos antecedentes del acto reclamado que se advierten de la demanda de amparo y constancias anexas al informe justificado rendido por la autoridad responsable, conforme la relatoría siguiente: 1. La causa penal 13/2021, de la cual deriva el acto reclamado, se instruyó contra Erick Pérez Fonseca, aquí tercero interesado, por su responsabilidad penal en la comisión del hecho que la ley tipifica como el delito de abuso infantil que se dijo cometido en agravio de la menor de edad de iniciales B.M.C.V. 2. El aludido proceso fue turnado el quince de febrero de dos mil veintidós, al Tribunal de Enjuiciamiento del circuito judicial de la Mixteca, sede Nochixtlán, Oaxaca. 3. Desahogada la audiencia de debate, el veinte de abril de dos mil veintidós se dictó sentencia absolutoria a favor de Erick Pérez Fonseca, y en esa misma fecha quedaron las partes notificadas de su contenido; dispensándose su lectura íntegra, ante la incomparecencia de aquéllas a la audiencia señalada para dicho efecto. 4. El cinco de mayo del año en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 412 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró firme la sentencia absolutoria de referencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para recurrirla y sin que alguna de las partes se hubiera inconformado. 6.2 Conceptos de violación vertidos. La parte quejosa refiere sustancialmente que la omisión de abrir, de oficio, la segunda instancia en los autos de la causa penal 13/2021, del índice de la responsable, viola en su perjuicio el principio pro persona, previsto en el artículo 1º constitucional, pues, agrega, la responsable no realizó una interpretación conforme de la ley, pese a que pertenece a la etnia mixteca, la legislación estatal -Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanos del Estado de Oaxaca- refiere en su numeral 32, párrafo tercero, que, en tratándose de personas indígenas, la segunda instancia es oficiosa, sin necesidad de alguna interposición de recurso, en razón del grupo vulnerable al que pertenece -indígena-; citando en apoyo las tesis de rubro "INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO" e "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA." Es infundado el referido concepto de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte relativa, establece: "Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. (.)". Como puede advertirse de la lectura del citado precepto -reformado en agosto de dos mil uno por el Constituyente Permanente-, la intención del Estado Mexicano fue la de ofrecer una respuesta normativa a uno de los sectores más desprotegidos y olvidados de nuestro país, pero que paradójicamente es de los más determinantes de nuestra historia y de nuestra identidad como sociedad: los pueblos indígenas. La reforma al texto del precitado dispositivo constitucional tuvo como finalidad la de poner fin a la discriminación y marginación sufridas tradicionalmente por la población indígena; además de garantizar su acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, así como a la protección de los derechos compatibles con sus usos y costumbres y, en general, con su especificidad cultural. Sin embargo, como sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos precedentes, son notables las dificultades que enfrenta una Corte de Justicia al tratar de determinar quiénes son "personas indígenas", o integrantes de los "pueblos y comunidades indígenas". Estos conceptos, esencialmente de sustrato originalmente antropológico y sociológico, deben adquirir un significado jurídico, cuya concreción viene dificultada por la intensa carga emotiva -tradicionalmente negativa- que gravita sobre ellos. Al respecto, es importante destacar que la precitada reforma fundamental se basa en la redacción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, según el cual: "... la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio." La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el imperativo de tomar la autoconciencia o la autoadscripción como criterio determinante para establecer cuándo una persona es indígena, no deviene ilegal o arbitrario, mucho menos ambigua o imprecisa, ya que cuando se señala que: "...la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas..."; dicha previsión normativa encuentra sustento en el propio artículo 2o. constitucional. De esta forma, resulta evidente que el Estado Mexicano reconoce, en primer lugar, la importancia de la articulación (total o parcial) en torno a instituciones sociales, económicas, culturales y políticas (en el caso de las personas de origen étnico o indígena), así como de la identificación de algún tipo de unidad social, económica y cultural en torno a un territorio y a ciertos usos y costumbres (en el caso de las comunidades indígenas). Esta opción es congruente con los criterios utilizados en el ámbito internacional, a fin de identificar a una comunidad o persona indígena frente al resto de la sociedad. Los organismos internacionales de derechos humanos han puesto un énfasis especial en los aspectos comunes a los documentos firmados para la protección específica de los derechos de los pueblos y personas indígenas, y es, precisamente, de la protección y garantías que contienen esos documentos de donde se desprenden estándares de relevancia identificatoria. A pesar de la relevancia, no existen características necesarias y suficientes que determinen con toda exactitud cuándo una persona puede estimarse "indígena" o bien, cuándo un determinado colectivo puede considerarse un "pueblo" o una "comunidad" indígena, debido a la diversidad existente, no sólo de un país a otro, sino, incluso, dentro de un mismo país. Por tanto, se considera que, en ausencia de previsiones específicas que regulen el modo en que debe manifestarse esta conciencia, será indígena y, por ende, sujeto de los derechos contenidos en la Constitución Federal, aquella persona que se autoadscriba y autoreconozca como indígena, que asuma como propios los rasgos sociales y las pautas culturales que caracterizan a los miembros de los pueblos indígenas. Ahora, es de precisarse que la apreciación de si existe o no una autoadscripción indígena en un caso concreto debe descansar en una consideración completa del caso, basada en constancias y actuaciones, amén de que debe realizarse con una actitud orientada a favorecer la verdadera eficacia de los derechos de las personas, sobre todo en casos penales y en aquellos casos que, a primera vista, parecen involucrar a grupos estructuralmente desventajados, y no con la intensión de hacer notar la negligencia o descuido del Tribunal de Enjuiciamiento; en el caso, contrario a lo expuesto por el quejoso, la desatención de los medios de defensa que tenía a su alcance no los hizo valer de manera adecuada y oportuna, en razón de (o pese) haber sido asistida por una asesora jurídica. En ese sentido, también resulta necesario analizar los artículos 32 y 33 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, que establecen: "Artículo 32.- A fin de garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicano a la jurisdicción del Estado, en los procesos penales, civiles, agrarios, administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en una persona de algún pueblo indígena o afromexicano que no pueda hablar ni entender el español, éste contará, además de un defensor, con un traductor y/o intérprete bilingüe ya sea oficial o particular. Los jueces, procuradores, agentes del ministerio público y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, bajo su más estricta responsabilidad se asegurarán del cumplimiento de esta disposición. En todas las etapas procesales y al dictar resolución, las autoridades antes mencionadas que conozcan del asunto, deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales de cada pueblo o comunidad, respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, la Local y en los diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. El Estado por conducto de la Secretaría o las instancias que la ley señale, en coordinación con el Ministerio Público, vigilará la eficaz protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, desde el inicio de las carpetas de investigación hasta su judicialización y el desahogo de todas y cada una de las etapas del proceso penal, cerciorándose que aquéllos cuenten oportunamente con la asistencia de defensores de oficio y traductores bilingües. En los casos en que se omita dicha asistencia, la Secretaría, la instancia que la ley señale o los interesados, solicitarán a la Representación Social que, de nueva cuenta, se desahoguen las actuaciones correspondientes subsanando dichas omisiones a efecto de ejercitar la acción penal de su competencia. En los casos en los que algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana o algún integrante de ella sean parte o partes, se abrirá de oficio la segunda instancia a efecto de verificar que los derechos individuales y colectivos de aquéllos efectivamente hayan sido reconocidos y respetados. Los Magistrados revisarán las actuaciones de los jueces que conocieron en primera instancia." "Artículo 33.- Cuando en los procedimientos intervenga algún pueblo o comunidad indígena o afromexicano, o alguno de sus integrantes, las autoridades administrativas, jueces y procuradores, aplicarán las leyes estatales vigentes, homologándolas con las normas internas de cada pueblo y comunidad. Para ello se basarán en la información que en diligencia formal les proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad correspondiente; buscando en todo caso la apropiada articulación entre dichas normas. Al resolver las controversias se procederá en los mismos términos. Para el caso de que en los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior intervengan personas no indígenas o afromexicana se suplirá la deficiencia de la queja a favor de la parte indígena y afromexicana. Cuando exista duda de la pertenencia o no de una persona a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, serán las autoridades comunitarias de aquéllos, quienes expedirán la constancia respectiva. Para el caso de que quien tenga la necesidad de acreditar su identidad cultural en juicio o fuera de él, no obtenga la constancia a que se refiere el párrafo anterior, tal calidad la acreditará recurriendo al juez civil competente en la vía de jurisdicción voluntaria, siendo admisibles todos los medios de prueba autorizados por la Ley Procesal Civil, pero la testimonial exigirá un principio de prueba por escrito". En términos de los citados preceptos, se advierte que las autoridades, en los procesos penales, civiles, agrarios, administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en forma de juicio, deben garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos a la jurisdicción del Estado. Cuando dichas autoridades adviertan la intervención de un miembro de algún pueblo indígena o afromexicano que ignore el español, éste contará con un traductor y/o intérprete bilingüe, ya sea oficial o particular. En los casos en que los indígenas o afromexicanos o sus pueblos y comunidades sean parte o partes, se abrirá de oficio la segunda instancia, a efecto de verificar que los derechos individuales y colectivos de aquéllos, efectivamente, hayan sido reconocidos y respetados. De igual manera, las autoridades administrativas, jueces y procuradores aplicarán las leyes estatales vigentes, homologándolas con las normas internas de cada pueblo y comunidad; basándose en la información que en diligencia formal les proporcione la autoridad comunitaria del pueblo o comunidad; buscando, en todo caso, la articulación de dichas normas. En el caso, el Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, con sede Nochixtlán, Oaxaca, en los autos de la causa penal 13/2021, de su índice, en las audiencias de continuación de debate y de lectura de fallo deliberatorio, a través del presidente se dirigió -en español- a la quejosa, inquiriéndole sobre diversos aspectos procesales; mismos a los que, la quejosa -en español-, otorgó respuesta sin duda alguna en cuanto a su articulación, como se aprecia del audio y video que acompañó a su informe justificado dicho tribunal, específicamente: Audiencia de continuación de debate de cinco de abril de dos mil veintidós (minuto 01:02 del video identificado como 0013-2021-TJO-A1P1 [A3-CAD]) "Ministerio Público: Buen día a todos, presente la licenciada Teresa Cruz Vásquez igualmente agente del Ministerio Público con datos ya proporcionados en la administración de este Tribunal, nos acompaña la víctima indirecta. Presidente: Adelante, por favor, señora. Señora Tatiana: Tatiana Cruz Vázquez. Auxiliar de sala: Permítame, al micrófono. Presidente: Está bien, ya la escuché, Tatiana Cruz Vázquez, gracias señora Tatiana. (.) Presidente: Señora Tatiana ¿tuvo usted comunicación con la licenciada Miriam Elena? Señora Tatiana: Sí, yo tuve comunicación, de hecho, le comenté a la licenciada Teresa que, me dijo que ya venía para acá porque había tenido un percance con su automóvil, le habían pegado, pero que ya venía, pero que sí se iba a retrasar un poquito. Presidente: ¿No le dijo aproximadamente qué tiempo se iba a retrasar o por dónde venía? Señora Tatiana: No, me dijo que unos diez, veinte minutos venía tarde. Presidente: Ah perfecto, gracias. Señora Tatiana: Si." Audiencia de continuación de debate de cinco de abril de dos mil veintidós b.1 (minuto 42:13 del video identificado como 0013-2021-TJO-A1P7 [A3-CAD]) Presidente: Vamos a continuar con el siguiente momento de ésta audiencia. Señora Tatiana, señor Erick como yo les indiqué al inicio de esta audiencia les expliqué que existían diversos momentos, que primeramente íbamos a escuchar un alegato inicial, posteriormente el desahogo de pruebas de la parte acusadora luego las pruebas de la defensa y ahora lo que corresponde es escuchar la última intervención de los abogados, lo que técnicamente se denomina alegatos de clausura. Les pido señora Tatiana, señor Erick estén ustedes muy atentos a todo lo que van a argumentar los abogados ya que cuando ellos terminen ustedes tendrán la posibilidad de hacer alguna manifestación y será el último momento en el cual nosotros los podamos escuchar porque a partir de ese momento nosotros nos retiraríamos para deliberar y contamos con el plazo máximo de veinticuatro horas para decidir si se absuelve o se condena al señor Erick, señora Tatiana, lo que le estoy explicando ¿le queda claro? Señora Tatiana: Sí Presidente:¿Perdón?Señora Tatiana: Sí Presidente: Gracias ya la escuché. Señor Erick. Señor Erick: Si su señoría. b.2 (minutos 01:24:20 del video identificado como 0013-2021-TJO-A1P7 [A3-CAD]) Presidente: Señora Tatiana, ¿quiere usted hacer alguna manifestación? Señora Tatiana: No, ninguna. Presidente: Gracias. b.3 (minutos 01:35:10 del video identificado como 0013-2021-TJO-A1P7 [A3-CAD]) Presidente: Señora Tatiana, ¿le queda claro lo que he dicho?, ¿alguna manifestación final? Señora Tatiana: No señor juez. Presidente: Gracias. Audiencia de lectura de fallo deliberatorio de seis de abril de dos mil veintidós (minuto 20:21 del registro del video identificado como 0013-2021-TJO-A4P1 [A4-CAD]) Presidente: Señora Tatiana el día veinte se va a leer la sentencia correspondiente y por lo tanto a partir del día veintiuno de abril del presente año emperezarán a contar los diez días que la Ley establece para que ustedes puedan interponer el recurso de apelación en caso de inconformidad con la determinación que hemos dictado. Le pregunta señora Tatiana ¿Le queda alguna duda respecto a lo que hemos dicho en este momento? Señora Tatiana: No ninguna. Presidente: Gracias. Como se ve, de las transcripciones anteriores se desprende que la quejosa tiene un léxico fluido, claro y congruente; por ende, dicho tribunal no se encontró en aptitud de advertir que se tratara de una persona indígena y que, por dicho particular, en su caso, no hubiera comprendido lo expuesto; como tampoco le fue informado ni por la aquí quejosa, ni por su asesora jurídica, que estuvo presente en dichas audiencias Además, también se advierte que, a pregunta expresa del presidente de tribunal en cuanto a la comprensión de lo que le fue expuesto, en diversos momentos procesales, la quejosa contestó en sentido afirmativo dicha interrogante. Máxime que del desarrollo de las audiencias de continuación de debate y lectura de fallo deliberatorio, se evidencia que la quejosa fue asistida por una asesora jurídica; experta que, en razón de las funciones propias de su encomienda -artículo 42 de la Ley de Víctimas del Estado de Oaxaca-, tiene conocimiento jurídico del procedimiento en el cual tiene intervención, así como de los recursos previstos en la legislación aplicable al procedimiento correspondiente, para la mejor defensa de los intereses y satisfacción de las necesidades de su asesorada. De donde se colige que la aquí quejosa no ignora el idioma español, ni tampoco se advierte que se hubiere vulnerado, en su perjuicio, el derecho a ser asistida por un asesor jurídico; presupuestos procesales que establece el referido artículo 32 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca, para que, en su caso, se aperturara, de oficio, la segunda instancia que refiere la parte quejosa. Bajo esta premisa, el Estado y, en particular, los órganos encargados de la persecución de los delitos y de la impartición de justicia, deben guiarse por lo que la población indígena decide. Lo anterior, se reitera, dada la complejidad de que sea el propio estudioso o aplicador del derecho quien determine quién es indígena o no, basado en una labor meramente intelectual, con exclusión de las consideraciones, sentimientos o percepciones de la persona que detente dicha calidad específica. En el caso, la quejosa se limitó a expresar que, por el solo hecho de pertenecer a la etnia mixteca, le asiste a la responsable la obligación de abrir, de oficio, la segunda instancia; no obstante, contrario a lo que refiere, el artículo citado por aquélla como fundamento de su concepto de violación establece que la segunda instancia que, en su caso, debe abrirse, tiene por objeto verificar que los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas o sus miembros hayan sido reconocidos y respetados; lo que, en la especie, no se advierte que se hubiere dejado de atender. Realizar una aplicación literal del precepto de referencia, como lo expone la quejosa, implicaría la apertura de la segunda instancia en todos los juicios o procedimientos en los que alguna de las partes procesales sea un pueblo o comunidad indígena o afromexicano o miembro de aquéllas, aunque la resolución definitiva que diera fin a dicho procedimiento resulta benéfica a dicha parte procesal; en tanto que el artículo 32 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca prevé la apertura, de oficio, de la segunda instancia, a fin de verificar que los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanos o alguno de sus miembros hayan sido reconocidos y respetados; y así, en dicha fase procesal detonar los derechos humanos que hubieren sido vulnerados a dicha comunidad o miembro de aquélla, si es que se actualizara dicho supuesto. Apoya lo expuesto, en cuanto a las razones que la contienen, la jurisprudencia de la Primera Sala del máximo tribunal del país del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE TODA PERSONA A SER RECONOCIDA COMO PARTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA. LA AUTOADSCRIPCIÓN COMO INTEGRANTE DE UNA COMUNIDAD INDÍGENA QUE REALIZA UNA PERSONA HASTA LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO REQUIERE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO ANALICE SI ES POSIBLE DETONAR EN SU FAVOR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS. Hechos: En un procedimiento penal de corte tradicional se dictó sentencia condenatoria por el delito de despojo, la cual fue confirmada en segunda instancia. Inconforme con esa determinación, la persona sentenciada promovió amparo directo en cuya demanda se autoadscribió como miembro de una comunidad indígena y señaló que, de acuerdo con sus usos y costumbres, no era posible que cometiera el ilícito que se le atribuyó. El Tribunal Colegiado negó el amparo sin tomar en consideración la manifestación efectuada por la parte quejosa sobre su autoadscripción a una comunidad indígena, por lo que no analizó si era posible detonar en favor de la persona sentenciada los derechos reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país. Criterio jurídico: Si una persona se autoadscribe como integrante de una comunidad indígena en cualquier procedimiento judicial, incluso hasta la presentación de la demanda de amparo directo, aunque no se hubiera autoadscrito durante el procedimiento, ello obliga al Tribunal Colegiado a pronunciarse sobre los derechos que tiene reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política del país. Justificación: El artículo 2o., apartado A, de la Constitución Política del país reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y en consecuencia, a su autonomía, así como el derecho de acceso a la jurisdicción del Estado. Para garantizar esos derechos se deberán tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales en todos los procesos en los que participen individual o colectivamente, así como el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura, sin hacer distinción sobre su aplicación en alguna etapa procesal específica o algún procedimiento en particular. En ese sentido, esta Primera Sala ha definido la autoadscripción como el acto voluntario de personas o comunidades que teniendo un vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deciden identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido por el Estado. En concordancia con lo anterior, si la autoadscripción es una manifestación de identidad y pertenencia cultural con la finalidad de acceder a la jurisdicción del Estado, en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte las personas indígenas, individual o colectivamente, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, y en todo tiempo deberán ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. De esa forma, si es hasta el juicio de amparo directo en que la parte quejosa se autodetermina como persona indígena ante la autoridad jurisdiccional o solicita ser asistida por un defensor y un intérprete, el Tribunal Colegiado está obligado a atender esa manifestación y a valorar su condición de persona indígena, pues no debe tomar en cuenta el momento procesal en que ocurre esta autoadscripción, por lo que deberá valorar dicha condición y detonar en su favor las prerrogativas previstas en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política del país, así como considerar las especificidades culturales y costumbres de las personas y comunidades indígenas en el trámite y resolución del juicio de amparo directo." En ese sentido, de las constancias allegadas a este sumario y de la revisión del mismo no se advierte que se hubiere vulnerado en perjuicio de la quejosa, derecho humano alguno; pues únicamente se tuvo por desahogada la documental consistente en la comparecencia de nueve de mayo del año en curso, efectuada ante el alcalde municipal de Huajuapan de León, Oaxaca; la cual si bien tiene valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, empero, aquélla únicamente permite advertir las manifestaciones vertidas por Cristina Sagrario Oropeza Montes y Gabriela Benitez Hernández; ya que en dicha actuación el referido alcalde hizo constar que la aquí quejosa compareció ante su autoridad, acompañada de las antes nombradas en su calidad de "testigos", y aquellas manifestaron a) conocer a la aquí quejosa, b) tener conocimiento que es madre de la menor de edad de iniciales B.M.C.V.; c) que saben y les consta que la quejosa y su hija menor de edad, así como su familia son indígenas mixtecas, pues las conocen desde hace diez años aproximadamente, y han compartido con ellas en sus costumbres, tradiciones y actividades culturales propias de su origen mixteco. Concluyendo el alcalde que, al tratarse de una declaración unilateral de hechos, dicho documento solo tendría efectos de un antecedente. Además, la prueba documental de referencia si bien fue exhibida en este sumario, lo cierto es que no se advierte que aquélla hubiere sido fue presentada ante la responsable. Al respecto, el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que el sistema procesal penal acusatorio oral, como en el caso acontece, se sustenta en diversos principios rectores, entre ellos, el de contradicción e inmediatez, previstos en los ordinales 6 y 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primero, consiste en garantizar que la producción de las pruebas se hará bajo el control de todos los sujetos procesales, con la finalidad de que tengan la facultad de intervenir en dicha producción, formulando preguntas, observaciones, aclaraciones y evaluaciones, tanto sobre la prueba propia, como respecto de la de los otros, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias y controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, a fin de persuadir al juzgador; y para garantizar que las partes puedan escuchar en todo momento de viva voz los argumentos de la contraria para apoyarlos o rebatirlos; y el segundo que consiste en que el juez reciba directamente el resultado de los actos procesales que se desarrollan en su presencia. Por lo que el juez de Control, al resolver, dictará una resolución con base en los elementos y los argumentos planteados por las partes durante la audiencia. En ese tenor, el primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo dispone que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; por tanto, excepcionalmente, en el caso de que el juez de Control hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juzgador puede imponerse de la misma, pero solo respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dictar una resolución apegada a derecho; circunstancias que, en la especie, no acontece, pues, se reitera, dicha documental fue exhibida únicamente en este sumario; por ende, acorde con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse como aparezca probado ante dicha autoridad. Aspecto procesal que se concatena con lo expuesto por el juez presidente al rendir su informe justificado; en tanto que, sobre dicho particular, expone: "Es preciso hacer mención, que en la causa penal antes citada; en ningún momento se dio a conocer que alguna de las partes fuese integrante de una etnia indígena; pues la señora Tatiana Cruz Vasquez, dijo tener su domicilio en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca; se comunicó en español y en todo tiempo estuvo asistida de su asesora jurídica." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)". "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL. NO RENDIDA ANTE LA RESPONSABLE. El acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable y en el amparo no se pueden admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hubiesen rendido ante la autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de conformidad con el artículo 78 de la ley de la materia." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO EL ARGUMENTO EXPUESTO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE HIZO VALER COMO DEFENSA O EXCEPCIÓN EN EL JUICIO NATURAL." En ese tenor, los argumentos que aduce la quejosa no compaginan con el derecho humano a un recurso judicial efectivo, contemplado en la Convención Americana de los Derechos Humanos; porque, en su momento procesal, debió ejercer, por sí o por conducto de su asesora jurídica, el derecho de emplear el recurso judicial que la ley procesal contempla para combatir esa determinación, a saber, el recurso de apelación que prevé el artículo 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin que lo haya hecho. Máxime que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento le hizo saber expresamente la existencia de dicho medio de impugnación, inclusive, sobre dicho particular, le cuestionó si tenía alguna duda al respecto, a lo cual respondió en sentido negativo. Ante lo infundado de los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Tatiana Cruz Vázquez, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales B.M.C.V., contra la omisión del Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca. En el entendido que las tesis invocadas por la quejosa en apoyo a sus conceptos de violación no resultan aplicables al caso en estudio, en tanto que la omisión que atribuyó a la responsable no tuvo su origen en una interpretación limitada de la ley, pues, como se expuso, el mandato estatuido en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca tiene como efecto verificar que los derechos indígenas o afromexicanos o de algunos de sus integrantes hayan sido reconocidos y respetados, lo que, en el caso, no fue alegado por la quejosa, ni se advirtió, de oficio, de las constancias de autos. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: RESUELVE: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege a Tatiana Cruz Vázquez, por propio derecho, y en representación de la menor de edad de iniciales B.M.C.V., contra la omisión de abrir, de oficio, la segunda instancia en los autos de la causa penal 13/2021, que atribuye al Tribunal del Juicio Oral del distrito judicial de la Mixteca, con sede en Nochixtlán, Oaxaca; por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva.

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