Tania Nadezda Orozco Hernández
Expediente 577/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 33 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Tania Nadezda Orozco Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a estos autos la diligencia de cuenta, de la que se advierte que la quejosa ********** ratificó el contenido y firma del escrito con registro 12781; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en proveído del veintisiete de septiembre del año en curso. Ahora, bien, atento al ocurso con registro 12781, se acuerda: Téngase a la quejosa **********, solicitando la devolución del billete de depósito ********** expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), ahora Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de $**,000.00 (****** mil pesos 00/100 moneda nacional); y dado que este asunto se encuentra concluido, se deja a su disposición el mismo; entréguese previa razón que por su recibo obre en autos y presentación de una identificación oficial vigente y copia de ésta. Asimismo se le hace saber que el mismo prescribirá en el término de dos años, tal y como lo previene el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se hace de su conocimiento que el Secretario encargado de este asunto es el licenciado Martin Peñaloza Contreras, con número de celular 7221609445, a efecto de concertar cita para la devolución de dicho valor. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de **********, por medio del cual solicita la devolución del billete de depósito exhibido; sin embargo, la firma que calza el escrito de cuenta, difiere con la diversa que obra en el escrito inicial de demanda, sin que para detectar tal circunstancia el suscrito requiera de conocimientos técnicos en caligrafía o grafoscopía; en esa circunstancia, a efecto de acordar lo que en derecho proceda, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente con identificación oficial vigente con fotografía en el local de este Juzgado de Distrito, para que ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, manifieste sí reconoce como suya la firma que calza el escrito de cuenta, es decir, si estampó de su puño y letra la aludida firma. Haciéndole del conocimiento a la parte promovente de las penas en que incurren los que declaran con falsedad en los juicios de amparo, en términos de la fracción I, del artículo 261 de la ley de la materia. Debe destacarse a la parte quejosa que a efecto de comprobar la veracidad de su dicho, en caso de considerarlo necesario, se ordenará la realización de un dictamen pericial, sobre la firma que estampo en el escrito que se acuerda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Tomo III, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA". Con el apercibimiento de no desahogar el requerimiento formulado en la forma y plazo establecido se tendrá por no presentado el ocurso de mérito, con las consecuencias legales conducentes. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con treinta y siete minutos del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, fecha y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de alegatos relativa al incidente de daños y perjuicios promovido por ********************, relativo al juicio de amparo 577/2022-VI, promovido por ********************, ante la presencia de Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario hace una relación de las constancias que obran agregadas en autos entre las que se encuentran: escrito inicial presentado por ********************, por el que interpone el incidente de daños y perjuicios; proveído del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, por el que se admitió a trámite el mismo; acuerdo del nueve de los cursantes por el que se señaló fecha y hora para la celebración del presente incidente, así como con el escrito con registro 510. A lo anterior se acuerda: se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Respecto del escrito de cuenta, se tiene por autorizada a la persona que señalara para los efectos que precisa, y respecto de sus manifestaciones, se tienen por formuladas. Período de pruebas, abierto el período probatorio, se tienen como tal, las ofrecidas por las partes. Período de alegatos. Se tienen por formulados los hechos valer por la parte quejosa. Sin diligencias pendientes por practicar, el Secretario encargado del Despacho dio por concluida la presente audiencia de alegatos relativa al incidente de daños y perjuicios, de la que se levanta el acta para constancia. A continuación, dicta la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver el incidente de daños y perjuicios, promovido por ******************** en el juicio de amparo 577/2022-VI; y, R E S U L T A N D O : I. ********************, por propio derecho solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades. II. Mediante audiencia incidental del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, fijándole una garantía por la cantidad de ********************, para que la medida cautelar surtiera sus efectos y en caso de que no obtuviera sentencia favorable, estuviera en posibilidad de resarcir los posibles daños y perjuicios al tercero interesado. III. Por auto del uno de junio de dos mil veintidós se tuvo a la quejosa ********************, exhibiendo el billete de depósito número ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), ahora Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de ********************, para garantizar la suspensión definitiva concedida en esta incidencia. IV. El treinta de junio de dos mil veintidós se sobreseyó el presente juicio. V. No conforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien mediante resolución del dieciséis de noviembre del año en curso, en el recurso de revisión ********************, determinó confirmar la sentencia de este Juzgado Federal. VI. Mediante escrito presentado por ********************, promovió el incidente previsto en el numeral 156 de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la garantía que la quejosa ********************, exhibió con motivo de la suspensión del acto reclamado. VII. Por auto del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se dio trámite al incidente de daños y perjuicios, ordenando dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, y previo tramite, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia respecto de incidente de que se trata; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67, en relación con el 156 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Consideraciones previas. La institución de la suspensión en el juicio de amparo tiene como objeto fundamental preservar la materia del juicio de amparo, es decir, impedir que dicha materia se consuma o se extinga como consecuencia de la ejecución, en muchos casos irreparable, del acto reclamado. En los casos en que se estima fundada la petición de suspender la ejecución del acto reclamado, pero existe la posibilidad de que tal suspensión pueda ocasionar daños o perjuicios al tercero interesado, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, dicha suspensión surtirá efectos siempre y cuando la parte quejosa otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren a la citada parte, si acaso la parte promovente del amparo no obtuviera sentencia favorable en el juicio principal. En la hipótesis en que la parte quejosa no vea estimada su pretensión de amparo y, con motivo de la suspensión concedida, se ocasionaren daños o perjuicios al tercero interesado, éste tiene la oportunidad de promover el incidente al que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo. De la disposición citada y de los artículos aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte que si bien la ley prevé el medio para que el tercero interesado pueda ver resarcida la afectación a su patrimonio sufrida con motivo de los daños o perjuicios generados por la suspensión concedida, también la propia ley le impone cargas para lograr ese propósito. En esa línea de pensamiento, las partes tienen tanto el derecho a la prueba, en cuanto manifestación esencial de las garantías de la acción y de la defensa en juicio, como la carga de la prueba, que nos dice que el que afirma la existencia de un hecho debe demostrarlo mediante pruebas, para evitar una resolución desestimatoria. Se trata en realidad de las dos caras de una misma moneda, en la medida en que el derecho a la prueba implica que las partes tengan efectivamente la posibilidad de satisfacer la carga de la prueba, o sea, de allegarse de todas las pruebas disponibles para demostrar la verdad del hecho que cada una de ellas tiene la carga de probar. En sustancia, se necesita que la parte que tiene la carga respectiva demuestre la verdad de los hechos que ha argumentado como fundamento de su derecho y, por lo mismo, que pruebe que sus enunciados se encuentran debidamente fundados. En lo hasta aquí relacionado se infiere como premisa fundamental que, en la exposición del escrito incidental, la tercero interesada ha de expresar como hechos relevantes, aquellos en los que sustenta la generación de los daños o de los perjuicios que reclama. Así, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito inicial en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa (causa-efecto) con la inejecución del acto reclamado (derivada del otorgamiento de la medida cautelar en el juicio de garantías) y, en segundo lugar, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. Ahora, si la afectación al patrimonio puede ocurrir, ya sea por el daño o por el perjuicio sufrido, es necesario establecer, en primer orden, en qué consiste cada uno de esas privaciones, a fin de dilucidar si el estándar de prueba requerido para cada uno de esos supuestos es idéntico, o bien, si en uno y otro casos existen divergencias que ameriten un análisis diferenciado. Los artículos 2108 y 2109 del Código Civil Federal definen los conceptos de referencia en los términos siguientes: "Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación." "Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación." A partir de esas definiciones legales, puede afirmarse válidamente que el daño constituye un dato cierto y objetivo, en tanto que el perjuicio se ubica dentro del ámbito de las probabilidades, de donde se colige que en cada caso se requiere un estándar de prueba diferente, porque distinto es la calidad de los hechos que, en cada supuesto, debe demostrar el tercero interesado. En efecto, cuando la pretensión del actor incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, esto es, la pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio, es imperativo que dicho tercero interesado indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que vio disminuido su haber patrimonial como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y que, en su momento, los demuestre. A guisa de ejemplo, si el tercero interesado afirma que, ante la imposibilidad de usar el inmueble de su propiedad se vio en la necesidad de arrendar otro inmueble, cuyo pago de rentas originó una disminución a su patrimonio, es necesario que, entre otros hechos, el tercero interesado manifieste en su escrito incidental esa circunstancia, esto es, la celebración del contrato de arrendamiento respectivo y, obviamente, que ofrezca las pruebas pertinentes que demuestren sus asertos (la forma escrita del contrato de arrendamiento, pruebas testimoniales, etcétera), de manera que el estándar de prueba en ese caso debe ser de alta calidad. Esto, porque la garantía que se pretende hacer efectiva se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual la indemnización (indemne, dejar sin daño) constituye propiamente la reparación del quebranto o la merma que en su patrimonio efectivamente ha sufrido el tercero interesado. Luego, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En el caso de los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su propia naturaleza éstos se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que per se obliga al incidentista a exponer los hechos relevantes de su reclamo a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca el interesado y de las que, a su vez, allegue el quejoso. Al respecto, como se mencionó en párrafos anteriores, debe partirse de la base de que en la narración de hechos la actora incidentista ha de señalar en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, esto es, debe hacer una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privada y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación. En tal virtud, las pruebas que en tal caso ha de ofrecer la tercero interesada, si bien no ameritan un estándar de alta calidad (como en el caso en que se afirma la existencia de un acto que se vio frustrado por la indisponibilidad del bien inmueble), sí deben ser aptas para demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad dependerá también de los elementos de convicción que, a su vez, ofrezca la parte quejosa. En el caso en particular ********************, en su escrito por medio del cual interpuso el incidente relativo para hacer efectivas las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, medularmente manifestó lo siguiente: - Que no se requiere acreditar plenamente la existencia de daños y perjuicios, porque los mismos están demostrados desde que este juzgador determinó la suspensión del acto reclamado, presunción que es suficiente para poder cumplir con el requisito consistente en que el incidentista demuestre presuntivamente que resintió un daño o perjuicio con motivo de la suspensión decretada. - Es procedente el Incidente de daño y perjuicios, en cuanto a la presunción de haber sido generados los mismos. - Ahora bien, en cuando a la cuantificación de los mismos, que el juzgador realizó su cuantificación de forma discrecional, determinando que los mismos ascienden a $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), sin especificar de donde proviene esa cantidad; se considera viable cuantificarlos con base en lo determinado en la teis aislada de rubro "DAÑOS Y PERJUICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. FÓRMULA QUE SE DEBE EMPLEAR PARA SU CÁLCULO". - Para la cuantificación de los daños y perjuicios se tienen los siguientes datos: 1. El valor económico del bien que dejo de percibir al quedar suspensa la ejecución de la sentencia reclamada 2. El tiempo de duración del juicio de garantías; 3. La depreciación que sufrió el valor económico de dicho bien de conformidad con el índice inflacionario. Este punto, con base en lo expuesto en la tesis citada, se debe tomar el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes en que se resolvió el juicio de garantías, que en el caso en concreto sería la fecha en que se tomó posesión del bien. - Si bien es cierto que para estar en posibilidad de solicitar el pago de la garantía otorgada por el Quejoso que fuera exhibida con el fin garantizar los posibles daños y perjuicios, se debe solicitar después de que el quejoso no obtuvo resolución favorable y contar con la resolución definitiva que ponga fin al juicio, la cual fue dictada dentro de los seis meses de gracia que se tiene para la promoción el Incidente planteado, por lo cual, se está en tiempo para ello. - Este incidente además de demandarse en tiempo, también se hace en forma debida, ya que como es de explorado derecho, para su procedencia el tercero perjudicado debe demostrar la existencia del monto de los daños y perjuicios causados por el otorgamiento de la medida cautelar en favor del quejoso, y que le impidió al tercero la ejecución de una orden -acto reclamado-, que le beneficiaria, cuantificación que fue hecha en lineas precedentes, pero, este juzgador habría designado como posible monto la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n). Siendo entonces, que este juzgador ya realizó la cuantificación precisa de los daños y perjuicios, por lo que lo correcto es, no realizar una nueva cuantificación de los mismos ocasionados al tercero interesado, ya que se violaría el principio de cosa juzgada, y daría oportunidad al suscrito de renovar una instancia nueva para que el quejoso tuviera una nueva deuda. Ello es así, porque como resultó de dicha cuantificación un monto mayor al fiado como garantía para que surtiera efectos la medida cautelar y al contar la misma con firmeza legal se estaría violando el principio de "cosa juzgada" al estarse modificando la cantidad liquida que originalmente fue establecida; resolución que no fue impugnada por ninguna de las partes, por ello, goza de firmeza legal, de igual manera si se llegasen a cuantificar los mismos y la cantidad fuese mayor a la garantía otorgada y para el caso de que el Juzgador lo considerara viable, se le estaría creando un nuevo adeudo al Quejoso de difícil ejecución. Ahora, conviene precisar que la quejosa reclamó la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y como consecuencia la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ********************. Luego, por auto del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y en el cuaderno relativo al incidente de suspensión, se concedió la suspensión provisional a la quejosa, para que las cosas permanecieran en el estado en el que se encontraban, esto es, para que no se llevara a cabo la ejecución de la sentencia dictada en el expediente ********************, del índice del Juzgado responsable. Por interlocutoria del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se concedió a la quejosa la suspensión definitiva, para los mismos efectos que le fue concedida la suspensión provisional; fijándose la cantidad de ********************, como garantía para responder de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, por la concesión de la medida cautelar, por los motivos ahí señalados. Por resolución del treinta de junio de dos mil veintidós, se resolvió el presente asunto en cuyo único punto resolutivo se sobreseyó en el juicio. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el amparo en revisión ********************, el cual mediante resolución del dieciséis de noviembre pasado, confirmó la sentencia recurrida. Mediante auto del uno de junio de dos mil veintidós se tuvo a la quejosa ********************, exhibiendo el billete de depósito número ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), ahora Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de ********************, para garantizar la suspensión definitiva concedida. Como se precisó, la parte tercero interesada señaló que al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, debe decretarse la responsabilidad de la quejosa, derivado de la suspensión que le fue concedida, ya que lo único que ocasionó es alargar el procedimiento de origen para detener la ejecución del mismo. Para robustecer su argumentó ofreció al incidente que nos ocupa las siguientes documentales: 1. La instrumental de actuaciones consistente en los autos del presente juicio de amparo. 2. La presuncional legal y humana. Medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, 123, 129, 190 y 2002 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa a su numeral 2o., se les concede valor probatorio pleno; sin embargo, si bien con dichas pruebas acredita la existencia de un juicio de amparo promovido por la quejosa ********************, contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades, en donde se le concedió la suspensión del acto reclamado, aunque se sobreseyó en dicho juicio, lo cierto es que no prueban que se haya causado un daño o perjuicio a la parte tercero interesada, ya que para ver acogida su pretensión, la actora incidentista tenía la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones, sin que así lo hubiera hecho. Máxime que la medida suspensional, fue para el efecto de que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban y no se privara a la quejosa de la posesión del inmueble materia de litigio; por tanto, resulta infundado el presente incidente relativo para hacer efectiva la garantía que se otorgó con motivo de la suspensión, promovido por la parte tercero interesada, dado que para la procedencia del mismo debió haber probado fehacientemente que los daños y perjuicios que en su caso se ocasionaron, deriven directamente como una consecuencia inmediata de la suspensión concedida a la parte quejosa, lo que de ninguna manera se actualiza en el incidente en estudio acorde con la interpretación del artículo 156 de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 80/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, materia Común, Civil, página 148, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO". En consecuencia, lo que procede es decretar infundado el presente incidente en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 66 y 67, en relación con el 156 de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Es procedente pero infundado el incidente relativo para hacer efectiva la garantía con motivo de la suspensión, por los motivos expuestos en la presente resolución. Notifíquese y por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido en su totalidad el término otorgado en el acuerdo del dieciséis de diciembre del dos mil veintidós, para que las partes manifestaran lo que a su interés conviniera y ofrecieran pruebas respecto del incidente de daños y perjuicios planteado; sin que lo hubieran hecho, por tanto con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con treinta y siete minutos del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia de alegatos. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese vía electrónica al tercero interesado y por lista electrónica a las demás partes. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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