Tania Montserrat Prudhome Gante
Expediente 796/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Tania Montserrat Prudhome Gante
Actuaciones
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veintitrés de junio del presente año, que desechó la demanda de amparo promovida por **********; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, en razón de que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo. Además, no tiene relevancia documental conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otra autoridad; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 796/2023-I. En la especie, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y la última fracción aplicada a contrario sentido, por los motivos que se pasan a exponer. El acto reclamado lo es la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de rendir informe respecto de las cuentas del demandado en el expediente número 354/2020, del Juzgado Segundo Familiar de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Lo anterior, en razón de que la omisión reclamada, atribuida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no reviste el carácter de imposible reparación, puesto que, a efecto de conseguir anular la conducta omisa de la Comisión, la quejosa puede acudir ante el juez de la causa, a solicitar incluso, que se le aperciba con la imposición de una medida de apremio para vencer su contumacia, y sólo en caso de que el juez de origen se negara a requerir a la Comisión de nueva cuenta; entonces sí podría acudir al amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006589, materia Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Así como la jurisprudencia 1a./J. 29/2010 de la Primera Sala de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164595, materia Civil, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 430, de rubro: "EMBARGO. LA NEGATIVA DEL JUEZ NATURAL DE ORDENAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS E HIDALGO)". Luego, si la quejosa tiene a su alcance la posibilidad de solicitarle al juez de origen que empleara los medios a su alcance para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores rindiera el informe ordenado; por ende, es claro que la omisión de que se trata, no es de imposible reparación, pues aquélla puede subsanarse a través del juez de la causa. Sin que obste a lo anterior que la quejosa señale que se trate de un acto que tiene el efecto de obstaculizar el acceso a una administración de justicia pronta. Máxime que en ningún momento está reclamando la conducta del juez, sino que, su acto reclamado lo atribuye directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo anterior es así, porque, acorde con lo manifestado por la propia quejosa en su demanda de amparo, la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de rendir el informe sobre las cuentas del demandado en el juicio de origen, no es aislada, sino que tuvo como origen, el requerimiento que el juez del procedimiento le hizo previamente. En ese sentido, debe precisarse que, en términos de lo dispuesto por el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, tienen a su alcance las medidas de apremio ahí mencionadas. En cuanto a las medidas de apremio, éstas se definen doctrinalmente, como el conjunto de instrumentos jurídicos que el legislador ha previsto, para que el Juez pueda hacer cumplir coactivamente sus resoluciones; además constituye una de las diversas facultades inherentes a la función jurisdiccional que encuentra fundamento en el sexto párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal que, textualmente, establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." De lo anterior, resulta dable establecer que el objeto de los medios de apremio no es otro que el de compeler a las partes en un procedimiento judicial de carácter civil o familiar, a que acaten una decisión que ha tomado el juzgador dentro del mismo; de ahí que se considere que aquéllos no tienen un carácter punitivo o sancionador de la conducta asumida por las partes en dicho procedimiento, pues su fin primordial es vencer los obstáculos que impidan el cumplimiento de una determinación judicial. En ese sentido se pronuncia el tratadista Eduardo Pallares, al definir el término "apremio", en los siguientes términos: "El apremio es el acto jurídico por medio del cual el Juez constriñe u obliga a alguna de las partes para que ejecute algo o se abstenga de hacerlo. Según Cervantes, la palabra apremio procede del verbo latino premer, oprimir, apretar, y significa tanto como compeler al litigante a practicar algún acto ..." (Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, México 1997, página 101). Igualmente, resulta aplicable, a fin de evidenciar el objeto de los medios de apremio, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 125, en la página 83 del Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que textualmente establece: "ARRESTO. COMO MEDIDA DE APREMIO, NO TIENE CARÁCTER PENAL. El arresto, como medida disciplinaria o de apremio, no constituye una pena, por lo que no se requiere el ejercicio de la acción penal para aplicarla. Las medidas de apremio son aquellas de las que puede disponer la autoridad para hacer cumplir sus resoluciones y su establecimiento se justifica por la necesidad que existe para que se cumplan aquéllas y en ejercicio del imperio de que está investida para hacer cumplir sus determinaciones judiciales. En consecuencia, cuando un Juez del orden civil, como medida de apremio, dicta el arresto de una persona, fundándose en el artículo 73, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, no viola el artículo 21 constitucional." En ese orden, se considera que, la omisión reclamada no tuvo como origen la solicitud directa de la quejosa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informara sobre las cuentas del demandado (derecho de petición); sino que aquélla más bien tiene como sustento el requerimiento que el juez de origen le hizo para que, como auxiliar en la impartición de justicia, le rindiera la información solicitada. En tal virtud, es evidente que corresponde al juez de origen hacer valer su propia determinación, porque según se ha explicado, cuenta con los medios legales a su alcance para conseguirlo. De esta manera, si la quejosa, no ha acudido al juicio primigenio a solicitarle al juez que, en ejercicio de la facultad con la que cuenta para hacer cumplir sus propias determinaciones, requiera de nueva cuenta la información solicitada; en tal virtud es claro que, al no haberse agotado esa posibilidad, la omisión reclamada no se puede analizar en sede constitucional. Y es que no debe perderse de vista que, el juicio de amparo se concibe como un medio extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional; por lo tanto, no cualquier violación puede hacerse valer a través de esta clase de juicio, sino que, para poderse ejercer la acción de amparo, antes es necesario que se acuda ante la potestad común a efecto de tratar de remediar la infracción. Sin que esto implique, además, que la quejosa quede sin defensa, pues como se precisó, debe solicitar ante el juez de origen que requiera nuevamente el informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ya que éste tiene una amplia serie de medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, y por ello el acto reclamado no es uno de imposible reparación. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito al resolver el recurso de queja 160/2020 el veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo la tesis XVII.4o.4 K del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito con registro digital 186402, materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, página 1418, de rubro y texto: "TESIS AISLADAS DE TRIBUNALES COLEGIADOS. LOS JUECES DE DISTRITO NO ESTÁN IMPEDIDOS PARA APOYAR EN ELLAS SU CRITERIO. El Juez Federal no está obligado legalmente a sujetarse a los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito en tesis aisladas; sin embargo, sí puede apoyar su criterio en ellas por compartirlo y ser aplicable específicamente al caso que analice". En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase por autorizado el usuario "********************", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo y para las notificaciones electrónicas, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente; por lo que se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. Se tiene por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que precisan en el entendido que en el supuesto de que sea en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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