Tania Cristina Romo Escalona

Expediente 1301/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1301/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Tania Cristina Romo Escalona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ********************, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de seis de noviembre de la presente anualidad. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, en virtud de que hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse sobre la presentación del recurso, ríndase el informe expresando que es cierto que este Juzgado Federal dictó el auto de seis de noviembre del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común respectiva la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la Superioridad el oficio, boleta de turno y escrito de expresión de agravios de manera digitalizada. Asimismo, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que conozca del medio de defensa hecho valer que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario y que en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00 extensión 1242. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la comparecencia de la quejosa ********************, por medio de la cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de trece de octubre del año en curso, ratifica el contenido y firma del escrito recibido en este juzgado el once del mismo mes y año; en consecuencia, se tiene por desahogada la prevención formulada el nueve de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se provee lo conducente. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: De la Tesorería Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México: El mandamiento de ejecución de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, contenido en el oficio 01320/2023. Del ejecutor Enrique Huitrón..., adscrito a la citada Tesorería: El acta de requerimiento de pago y el acta de embargo, a través de las cuales trabó embargo sobre el bien inmueble propiedad de la quejosa, así como sobre sus cuentas bancarias. Del Gobernador; Secretario General De Gobierno; y Cámara de Diputados, todos del Estado de México: La promulgación, refrendo, expedición y orden de publicación del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios (artículo 376). Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México: La ausencia de refrendar el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios (artículo 376). DESECHAMIENTO Atento a ello, en el caso, se advierte de manera oficiosa que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." Del precepto transcrito se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia en él contenida, deben colmarse los siguientes elementos: a) Que paralelamente a la promoción del juicio de amparo, esté en trámite un recurso o medio ordinario de defensa con el que se pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado. b) Que el recurso o medio de defensa debe ser interpuesto por el propio quejoso; y, c) Que tal recurso o medio de defensa sea susceptible de modificar o revocar el acto reclamado. De lo anterior, se observa que la causa de improcedencia del juicio de amparo antes señalada no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los medios de defensa ordinarios, es decir, que puedan hacerse valer simultáneamente, sólo permite: I. El ejercicio de una vía, que excluye a la otra; o, II. El ejercicio de ambas vías, pero no simultáneo, sino en todo caso sucesivo, que se actualiza cuando el interesado opta por interponer el recurso o medio de defensa ordinario, por lo cual debe agotar todas las instancias ordinarias subsecuentes y esperar a que éstas sean resueltas en definitiva, para después tener la oportunidad de combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente, si tal resolución le fuera desfavorable. Lo anterior, pues el legislador consideró que es improcedente el juicio de amparo cuando esté en trámite un medio de defensa legal a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse, no propiamente el acto reclamado, sino su origen, pues en ese caso, se encuentra sub júdice, al encontrarse pendiente una decisión que puede modificarlo, revocarlo o nulificarlo y, por lo mismo, se corrobora que éste carece de la calidad de acto definitivo. Por ello, -se insiste- no pueden coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dicten dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Se invoca al efecto en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 68/2011, registro 161092, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 203, Novena Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE PROMUEVE AMPARO POR SU FALTA O INDEBIDA REALIZACIÓN A UN JUICIO Y AL MISMO TIEMPO SE EJERCE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO RESPECTO DE AQUEL CUYO EMPLAZAMIENTO SE RECLAMA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Cuando se promueve un juicio de amparo contra la falta o el indebido emplazamiento a un juicio y al mismo tiempo se promueve uno diverso para anular aquel de donde deriva el emplazamiento reclamado en el amparo en ejercicio de la acción de nulidad de juicio concluido, se actualiza la causal de improcedencia antes citada. Lo anterior es así, pues dicha causal deriva del principio de definitividad según el cual, el acto que se reclama en el amparo ya no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el amparo con otro procedimiento que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, cabría la posibilidad de que se dictasen dos sentencias contra el mismo acto que, incluso, podrían ser contradictorias. Así, la mencionada acción de nulidad busca invalidar lo actuado en el juicio natural incluido el emplazamiento hecho en el mismo. Por lo que puede considerarse una defensa legal contra el acto reclamado en el juicio de amparo y aunque no es obligatorio promoverlo para el quejoso, si lo hace debe concluirlo antes de intentar la acción constitucional pues, como se ha dicho, no puede coexistir con ella por el principio de definitividad antes mencionado." Ahora, a fin de evidenciar la configuración de la causal de improcedencia aludida, es menester traer a contexto los antecedentes del acto reclamado, consistentes en que: A la parte quejosa se le determinó un crédito fiscal por la cantidad de $32,806.92 (treinta y dos mil ochocientos seis pesos 92/100 Moneda Nacional), el cual impugnó el veintiuno de setiembre de dos mil veintitrés, promoviendo demanda de nulidad, misma que por razón de turno correspondió conocer a la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, quien la radicó bajo el número 583/2023 (UNE-2023-5918). El veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago de dicho crédito fiscal y ante la falta de pago, se llevó a cabo el acta de embargo, a través de la cual se trabó embargo sobre el bien inmueble de su propiedad y sobre sus cuentas bancarias. En esa misma fecha se admitió a trámite el juicio de nulidad y se concedió la suspensión para el efecto de que no se hiciera efectivo el crédito fiscal requerido a través de procedimiento administrativo de ejecución, ni realizara ninguna acción tendente al pago de la misma. La hoy quejosa hizo del conocimiento a la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, lo actuado por las autoridades ejecutoras no obstante de encontrarse vigentes los efectos de la suspensión, por lo que ésta, en auto de once de octubre de dos mil veintitrés, dio trámite a la denuncia de violación a la suspensión. Los antecedentes procesales reseñados, ponen de manifiesto que en el presente asunto se colman los supuestos establecidos para la configuración de la causa de improcedencia invocada, como se verá en seguida. En primer lugar se destaca, que si bien los actos reclamados en este juicio de amparo, entre otros, los constituyen el mandamiento de ejecución contenido en el oficio 01320/2023, así como el acta de requerimiento de pago y el acta de embargo, a través de las cuales se trabó embargo sobre el bien inmueble propiedad de la quejosa, así como sobre sus cuentas bancarias; también cierto es que tal aseguramiento se realizó con el objeto de hacer efectivo el crédito fiscal por la cantidad de $32,806.92 (treinta y dos mil ochocientos seis pesos 92/100 Moneda Nacional. Lo anterior permite afirmar que el origen del embargo reclamado como acto destacado, se encuentra sujeto al escrutinio de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, toda vez que el veintisiete de septiembre de este año, admitió la demanda de NULIDAD que presentó ******************** -aquí quejosa- (583/2023 -UNE-2023-5918-). Es decir, la génesis del embargo reclamado por la parte quejosa, se encuentra sujeta al estudio paralelo ante la potestad común, análisis que incide directamente con el acto reclamado; lo que evidencia que la aquí quejosa a través del proceso contencioso pretende nulificar el origen del embargo que impugna de forma simultánea en este juicio de amparo, mismo que se reitera, puede ser revocado, anulado o modificado cuando se resuelva el juicio de nulidad 583/2023 (UNE-2023-5918), por lo que el suscrito juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia antes citada. En efecto, se estima que en el caso concreto se actualizan los tres presupuestos -necesarios- para que se actualice la causa de improcedencia sujeta a análisis; esto es: (a) Se encuentra tramitando ante los tribunales ordinarios un recurso o medio de defensa legal que puede afectar el acto reclamado; atendiendo a que la demanda de nulidad se admitió el veintisiete de septiembre de este año; (b) Aquel medio de defensa ordinario fue propuesto por la parte quejosa; toda vez que la recurrente de ese medio de defensa, es la misma que aquí instó el amparo; y, (c) A través del medio de impugnación ordinario en cita se puede modificar, nulificar o revocar el crédito fiscal que dio origen a las diligencias reclamadas, y por ende, dejar sin efectos el embargo reclamado -decretado con motivo del mandamiento de ejecución contenido en el oficio 01320/2023, así como el acta de requerimiento de pago-. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 144/2000, registro 190665, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 15, Novena Época, Materias(s): Común, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Cabe destacar que no se soslaya que el acto impugnado en el juicio de nulidad no sea el mismo que el acto reclamado en este proceso constitucional, puesto que no puede pasarse por alto que el embargo reclamado tiene su origen en la determinación del crédito fiscal, por lo que en estricto sentido, el acto cuestionado en esta sede constitucional no puede disociarse de la resolución que se emita en proceso contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues en el supuesto de que se anule la resolución impugnada en esa instancia -ordinaria-, necesariamente, generará que el embargo reclamado también quede sin efectos, lo cual constituye la ratio legislativa de la causa de improcedencia que se analiza. Aunado a que también se encuentra en trámite la denuncia de violación a la suspensión que formuló la quejosa en el juicio administrativo antes mencionado, por lo que resulta evidente que el resultado de la misma también podría incidir en la materia de estudio que se plantea en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, se considera que si la quejosa optó por impugnar diversas actuaciones mediante los medios de defensa legales en sede ordinaria (juicio de nulidad), se encuentra obligada a agotar previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses, pues aceptar una postura contraria, implicaría que el juicio de amparo puede ser utilizado como un medio de defensa paralelo a los recursos legales ordinarios, lo que en opinión del suscrito, se aparta de la génesis del juicio constitucional. Se invoca -en lo conducente- la jurisprudencia con número de registro 232362, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Primera Parte, página 252, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Común, de rubro y texto siguiente: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses." Así como ilustrativa, la tesis 2a. XLVIII/99, registro 194299, sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, página 211, Novena Época, Materias(s): Administrativa, de rubro y texto siguiente: "JUICIO DE NULIDAD. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO, SI EL QUEJOSO OPTÓ POR INTERPONER EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. La interpretación relacionada de las fracciones XII y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que si el quejoso combatió el acto reclamado a través del recurso administrativo de revocación, no puede válidamente, abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de lo resuelto en él, sino que debe agotar la jurisdicción ordinaria combatiendo la resolución del recurso por medio del juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 125 del Código Fiscal de la Federación y 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y, de no hacerlo, el juicio de amparo será improcedente." No se pierde de vista que la quejosa también reclame la promulgación, orden de publicación, refrendo, y expedición del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, así como la ausencia de refrendo por parte de diversa autoridad, sin embargo debe decirse que respecto a dichos actos, el amparo igualmente resulta improcedente, pues su aplicación la hace depender de uno de los actos combatidos (mandamiento de ejecución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés), el cual, conforme a lo expuesto también es susceptible de ser afectado por el juicio de nulidad ya promovido. Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracciones XIX (en relación con el 107, fracción IV) y XVIII, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda presentada por ********************, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Finalmente, glósese sin mayor proveído el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, lo anterior en atención a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por quien dice ser ********************, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de nueve de octubre del año en curso. No obstante, de manera evidente se advierte falta de identidad entre la firma que aparece en el escrito que se provee y la plasmada en la demanda de amparo. Por tanto, requiérase a la ocursante para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que del presente proveído se le realice, comparezca ante este Juzgado con identificación oficial con fotografía a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del escrito de mérito, se advierta una diferencia notoria entre ésta y la plasmada en la demanda de amparo, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro siguiente: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES." En la inteligencia que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la quejosa ********************, mediante el cual exhibe diversas documentales como medio de prueba; en consecuencia, ténganse por recibidas y resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se desahogue la prevención formulada en auto de nueve del mes y año en curso. Notifíquese.

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