Talia Isabel Yáñez Sánchez
Expediente 162/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 162/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Talia Isabel Yáñez Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de febrero de dos mil diecinueve. ANOTACIONES Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Talía Isabel Yáñez Sánchez; se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 162/2019-IV-A. ACTO RECLMADO La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El decreto numero dieciocho (18), de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, que modifica el artículo 77 del Código Financiero del Estado de México y municipios, así como los transitorios Tercero, Cuarto y Quinto del citado decreto. DESECHAMIENTO En ese sentido, este órgano de control constitucional estima desechar de plano la presente demanda de garantías, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción I, de la ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la interpretación de tales preceptos, se sostiene que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se produzca una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, si bien es cierto que, el decreto número dieciocho (18), fue publicado el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, entrando en vigor el primero de enero del dos mil dieciocho-transitorio segundo-, también lo es que, el decreto tildado de inconstitucional, tendrá su primer acto de aplicación en el mes de julio del año curso, tal y como refiere el citado decreto en su transitorio tercero, que a la letra dice: "SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019." "TERCERO.- Los contribuyentes propietarios de vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en el ejercicio fiscal 2013 y anteriores, deberán realizar la renovación de placas en los meses de julio a diciembre de 2019 conforme a las reglas que para tal efecto publique la Secretaría de Finanzas, informando a la Legislatura por conducto de las comisiones de planeación y gasto público y de finanzas públicas. Las reglas de operación se publicarán a más tardar el 30 de junio de 2019, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", con la finalidad de ser sujetos a los beneficios fiscales que determinen a su favor en caso de regularización de adeudos pudiendo ser de hasta el cien por ciento de condonación, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2019." De lo anterior, se colige que la norma -autoaplicativa- reclamada en esta vía constitucional, no transgrede la esfera jurídica de la quejosa Talía Isabel Yáñez Sánchez, con el inicio de su vigencia, sino a partir de que se genera el primer acto de aplicación, esto es, en el segundo semestre del año en curso. Sirve de apoyo la Tesis Aislada, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, que refiere: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA AL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. De acuerdo con los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para impugnar la constitucionalidad de una norma general, el afectado cuenta con una doble oportunidad para hacerlo: dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor o dentro de los quince subsecuentes al en que tenga conocimiento del acto de aplicación de aquélla. Sin embargo, es necesario distinguir que, tratándose de disposiciones jurídicas autoaplicativas, hay casos en los cuales la afectación que se produce en la esfera jurídica de los justiciables no surge por el solo inicio de su vigencia, como ocurre cuando: i) la eficacia de la ley se supedita a la posterior expedición de un acto normativo que desdoble o pormenorice su contenido; ii) la disposición posterior modifique el inicio de su vigencia; o, iii) el gobernado se coloque en el supuesto previsto por la norma con posterioridad al momento en que entre en vigor. En estos casos, la afectación en la esfera de derechos de los justiciables no se produce al comenzar su vigencia la ley y, por tanto, este evento no determina el inicio del plazo de treinta días para promover el juicio de amparo en su contra. En efecto, en las hipótesis señaladas no se actualiza la causa de improcedencia consistente en presumir el consentimiento de la norma por no impugnarla dentro de los treinta días siguientes al inicio de su vigencia ya que, en los dos primeros, la afectación a la esfera jurídica de los destinatarios se sujeta a una condición que, al comenzar a regir, no puede considerarse cumplida y, en el tercero, esa afectación no surge con ese motivo, sino hasta que se coloca en la situación que en aquélla se regula. En esos casos, debe considerarse que el momento en que empieza a correr el plazo para su impugnación, en su carácter de disposición autoaplicativa, es el del inicio de la afectación. De no aceptarse esta interpretación, se haría nugatorio el derecho de tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no otorgarse la oportunidad defensiva prevista en la Ley de Amparo respecto de las normas generales autoaplicativas, a las que, teniendo ese carácter, generen la afectación en un momento diverso, como ocurre en los mencionados supuestos de excepción a la regla general, en los cuales, antes de que la norma reclamada entre en vigor, el quejoso carecería de interés para su impugnación." De ahí que, la quejosa no tenga hasta el momento interés jurídico para acudir al juicio de amparo y reclamar el decreto numero dieciocho, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, virtud a que no le asiste afectación alguna; en consecuencia, tampoco existe afectación real, actual y directa a su esfera jurídica de derechos, lo que acontecerá, en su caso, una vez que el citado decreto tenga su primer acto de aplicación. En este sentido, si la norma que se pretende combatir en esta vía, no ha causado afectación alguna en sus derechos subjetivos, es un hecho notorio que aún no existe trasgresión y, por tanto, es indudable que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza, pues no causa perjuicio alguno a la parte quejosa; cuestión que sí puede dilucidarse con pleno conocimiento, por ser una causa indudable y manifiesta de improcedencia. Por consiguiente, y al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Talía Isabel Yáñez Sánchez, en contra de actos atribuidos a la LIX Legislatura del Estado de México y otras autoridades, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se autoriza a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Ahora bien, en cuanto a su petición de devolver los documentos -tarjetas de circulación 043573 y AU-C-5960379- que anexa a su escrito de demanda, con fundamento en el artículo 280 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse previa razón de recibo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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