Tania Catherine Macías Sánchez
Expediente 1196/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Tania Catherine Macías Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada de Delitos de Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el tomo de prueba formado con la carpeta de investigación 1037/2021, que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Apizaco, Estado de Tlaxcala, a las trece horas con doce minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública de derecho, Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, asistido de Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario con quien actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la correspondiente al juicio de amparo 1196/2021-Vl, promovido por Tania Catherine Macías Sánchez, por propio derecho; sin la asistencia de las partes ni de persona que legalmente las represente. RELACIÓN DE CONSTANCIAS. Enseguida, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con: La demanda de amparo y anexo; La legal vinculación del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; El informe con justificación que rindió el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte, Apizaco, Tlaxcala; Todo lo anterior consta en autos. Por otro lado, la secretaria CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia, tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos; con lo que se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y con las allegadas por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte, Apizaco, Tlaxcala, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación AIEDVI-N/1037/2021. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; por lo que, sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS. Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario da cuenta con los formulados por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte, Apizaco, Tlaxcala, mediante oficio 8654/2021. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos de cuenta, por lo que se cierra este periodo, se tiene por celebrada la presente audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia correspondiente y, CONCLUSIÓN DEL ACTA. Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1196/2021-Vl, promovido por Tania Catherine Macías Sánchez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional, Tania Catherine Macías Sánchez, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y actos siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo como autoridad ordenadora y ejecutora a: A LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR REGIÓN NORTE, APIZACO TLAXCALA (.)." "IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la autoridad Responsable Ordenadora como ejecutora marcada en el inciso A) lo siguiente: La Negativa por parte de la autoridad responsable ordenadora como ejecutora para facilitar a la suscrita en carácter de victima y/o ofendida como mis asesores jurídicos tengan acceso a la carpeta de investigación C.I AIEDVI-N/1037/2021 en la cual la suscrita quejosa presento formal querella por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en representación de mi menor hija de nombre Samantha Mariel Rivera Macías, coartando el acceso a la investigación y como consecuencia que la suscrita en representación de mi menor hija tenga acceso a la justicia de manera pronta e inmediata, violando en mi perjuicio lo contenido en los artículos 20 apartado C y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 109 fracciones I, V, IX, XXII del Código Nacional de Procedimientos penales vigente. La negativa y/o omisión de judicializar la C.I AIEDVI-N/1037/2021, no obstante, de que lo solicite mediante escrito de fecha diecinueve de Octubre del Dos mil Veintiuno. El cual fue recibido por la autoridad responsable con fecha Diecinueve de Octubre de 2021. Aunado a que en la citada carpeta de investigación obran datos de prueba suficientes idóneos y pertinentes para proceder a la judicialización de la multicitada carpeta de investigación." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados La promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 20 apartado C fracción I y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 1196/2021-Vl. Asimismo, respecto del acto reclamado consistente en la negativa y omisión de judicializar la carpeta de investigación C.I AIEDVIN/ 1037/2021, del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte, Apizaco, Tlaxcala, procedió a desecharla por ser notoriamente improcedente por los motivos ahí expuestos. Por lo que, únicamente se admitió a trámite, respecto del acto reclamado consistente en: la negativa de dar acceso y consultar la carpeta de investigación C.I AIEDVIN/ 1037/2021, por lo que se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues en la especie se reclama un acto omisivo, por lo que al no requerir ejecución, la competencia se actualiza en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos de autoridades administrativas distintas a los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La negativa de dar acceso y consultar la carpeta de investigación C.I AIEDVIN/ 1037/2021. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar Región Norte, Apizaco, Tlaxcala. Lo anterior, pues negó su existencia al rendir su informe justificado, ello sin que la peticionaria de amparo hayan aportado alguna prueba para desvirtuar tal negativa. En vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo de la presente sentencia, atribuido a la autoridad responsable a que se alude en los párrafos que anteceden. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lleva por rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". Cabe precisar que si bien se trata de un acto negativo, lo cierto es, que el quejoso tenía la carga de la prueba de acreditar que solicitó el acceso a la averiguación previa o carpeta de investigación que indica (C.I AIEDVIN/ 1037/2021) porque se advierte del informe justificado de la autoridad responsable que en ningún se ha negado el acceso a la quejosa o sus asesores jurídicos, y la quejosaa, como ya se dijo, no aportó prueba alguna para acreditar la contrario. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1196/2021-VI, promovido por Tania Catherine Macías Sánchez, por propio derecho, contra los actos y autoridades responsables en términos del considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Emplazamiento a Ministerio Público adscrito. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo; sin embargo en autos no obra constancia de dicha notificación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, practíquense todas las notificaciones que se generen en el presente al mencionado representante social vía electrónica. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese; y personalmente vía electrónica al Agente del Ministerio Público adscrito. (.)VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". En efecto, de los preceptos legales transcritos, se desprende que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de control quien revise su legalidad. Tal circunstancia conduce a estimar que dichas determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dichos numerales (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, se entienden también las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación que encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el recurso de una investigación en que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por ende, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Bajo tales consideraciones, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad de investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, dado que dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora. Es cierto que existen supuestos de excepción al principio de definitividad como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 61 de la Ley de Amparo, fracciones XIV (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XVII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o cuando se trate de persona extraña al procedimiento) y XX (los administrativos que carezcan de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, habida cuenta que es parte en el procedimiento de origen como lo señala la propia quejosa, por lo que no tiene el carácter de persona extraña; aunado al hecho de que, no se encuentra privada de la libertad, por lo que es evidente que las omisiones combatidas no afectan su libertad; consecuentemente, estaba obligada a agotar el recurso correspondiente, puesto que la procedencia del juicio de amparo está sujeta a que previamente se agoten los recursos ordinarios que al efecto prevé la legislación de la materia. En suma, al resultar evidente que la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo indirecto debió promover el recurso correspondiente previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de los actos que reclama; por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida, por no haberse agotado el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado. Se admite demanda de amparo respecto del acto reclamado con el inciso b). En otro aspecto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo contra el acto consistente en la negativa de dar acceso y consultar la carpeta de investigación C.I AIEDVI-N/1037/2021, del índice de la responsable. Requerimiento de informe justificado con apercibimiento. Pídase a las autoridades responsables su respectivo informe justificado, mismo que deberán rendir dentro del término de quince días legalmente computado y requiéraseles para que dentro del término concedido, remitan copia debidamente legible de todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el término que se les otorgó, se presumirá cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Causas de sobreseimiento. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes que deberán informar a este órgano jurisdiccional cuando surjan causas de improcedencia o sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten de acuerdo con lo establecido por el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en el artículo señalado en la parte final del párrafo que antecede. De las notificaciones a las autoridades responsables. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las TRECE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión respectivo, por no haber sido solicitado expresamente por la parte quejosa. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5° de la Ley de Amparo. Se reserva proveer respecto de terceros interesados. Asimismo, resérvese proveer lo relativo al emplazamiento de terceros interesados, hasta en tanto se tenga certeza de la existencia del acto reclamado y obre en autos el expediente generador del acto reclamado. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, punto a), de la ley de la materia. Autorizados Por otro lado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Cristina Guzmán Torres, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jesús Armando González y Gabriela Benítez Carmona, por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Jorge Arciniega Alcaraz, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio con anexo signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada de Delitos de Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia del Estado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas Asimismo, téngasele como pruebas de la autoridad oficiante, las documentales que anexan a su oficio de cuenta, medio de prueba que serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Vista a las partes Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Alegatos. Ahora, con relación al sobreseimiento que alega la autoridad oficiante con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngaseles realizando las manifestaciones que realiza a manera de alegatos, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Tomo anexo Finalmente, fórmense un tomo anexo con las constancias que remite la autoridad oficiante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Arturo Sánchez Analco, Secretario que autoriza y da fe.
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