Taide Yanet Medina Hernández

Expediente 236/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
236/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Taide Yanet Medina Hernández
  • Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve (119 a 123), en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, pues en el presente asunto decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, lo que constituye un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere dicho Acuerdo. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue negada la medida provisional, es destruible, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito, al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    RESUELVE. ÚNICO. Se niega a Taide Yanet Medina Hernández, la suspensión definitiva respecto del acto reclamado atribuido a las autoridades responsables.

  3. Incidental

    Agréguense a los autos los oficios signados por la Secretaria Ejecutiva y Magistrado Presidente ambos del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe previo, mismos que serán tomado en cuenta al resolver sobre la suspensión definitiva dentro del presente incidente. Pruebas autoridad responsable. De igual forma, visto el contenido del segundo de los oficios de cuenta, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa la autoridad responsable, consistente en copia certificada del procedimiento administrativo 2/2018, las cuáles serán relacionadas en la audiencia incidental, en términos del numeral 144 de la Ley de Amparo. Con el contenido de los informes de cuenta, dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia incidental. Delegados. Por otra parte, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegado de las autoridades responsables a las personas que indican.

  4. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 236/2019-II, promovido por Taide Yanet Medina Hernández, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal del Estado de Tlaxcala y otra autoridad. Se requiere informe previo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas; en el entendido que se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permita establecer el monto de las garantías correspondientes. Consecuencias de no rendir informe previo. En términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables que la falta de informe previo hará presumir cierto el acto reclamado para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; asimismo, se le apercibe que en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. Requerimiento a la autoridad responsable. Desde este momento, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término señalado con antelación (cuarenta y ocho horas), remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de los documentos necesarios para resolver sobre la suspensión definitiva, es decir, aquéllos que justifiquen lo expresado en el informe previo que rindan. Audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Acto reclamado. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo 2/2018 en la que se determinó su destitución del cargo de asistente de notificaciones del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, así como su inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo de seis meses. Efecto para el que se pide la suspensión. La parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que: "[.] A efectos de que no se continúe generando actos ilegales en mi contra y evitar que por la vía de la ejecución se me violen mis derechos humanos en los autos del procedimiento de responsabilidad administrativa 02/2018, respetuosamente solicito la suspensión del acto reclamado en términos de la fracción II del artículo 167 de la Ley de Amparo." (sic) Atento a lo anterior, en la presente determinación se resolverá la procedencia de la suspensión únicamente en los términos en que fue solicitada; por similitud se cita la jurisprudencia del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS". Consideración previa. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión respecto a los actos reclamados, es pertinente señalar que en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual los órganos jurisdiccionales, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberán realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Así, cabe decir que la suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal. Además, se indica que, con excepción de los casos en que proceda la suspensión de oficio en términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos a que se contrae el diverso 128 del mismo cuerpo de leyes, a saber: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En este punto se enfatiza que el artículo 129 de la ley de la materia enuncia algunos de los casos en que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en el supuesto de concederse la suspensión. Se niega la suspensión provisional. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracciones I y X de la Constitución Federal; y 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, en relación al acto reclamado consisten en la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo 2/2018 en la que se determinó su destitución del cargo de asistente de notificaciones del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, así como su inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo de seis meses. En virtud a que dicha actuación constituye un acto consumado, contra los cuales es improcedente conceder la medida cautelar en cuestión, pues equivaldría a darle a dicha medida suspensional efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte dentro del juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Es aplicable al caso la jurisprudencia contenida en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Octava Parte, Pleno y Salas, página 21 cuyo contenido es: "ACTOS CONSUMADOS. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Ello es así, en virtud de que si tal medida cautelar se otorga contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal; de ahí que la interpretación del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea susceptible de suspensión, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS NEGATIVOS. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión, porque se les darían efectos restitutorios." Y, por cuanto a sus efectos y consecuencias debe decirse que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Ahora, en el caso se tiene que el acto reclamado involucra el bienestar social, toda vez que tiene como fin excluir al servidor público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para desempeñarse en él, por haber incurrido en la comisión de alguna infracción administrativa, por lo que de concederse la medida cautelar solicitada, se afectaría el interés social en virtud de que es la sociedad quien está interesada en que las funciones del Estado, concretizadas en las actuaciones de los funcionarios que lo conforman, se ejerzan por personas exentas de cuestionamientos, por quienes se reconozcan como aptos para tal efecto y que se excluya a aquellos que no son idóneos para tal fin; por lo que no se satisface el requisito en estudio y procede negar la suspensión provisional respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado. Al respecto, se citan las tesis de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ACTO CONSISTENTE EN LA INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. La referida sanción es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la suspensión en el amparo, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública y tiene como fin excluir al servidor público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él por haber incurrido en la comisión de alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues la sociedad está interesada en que la función pública se desempeñe por quienes se reconocen como aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin. En consecuencia, es improcedente conceder la suspensión solicitada, por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que se impediría la ejecución de un acto tendente al debido desempeño de la función pública y se estaría privilegiando el interés particular del quejoso sobre el interés de la colectividad. No es obstáculo para la anterior consideración que la inhabilitación impuesta al quejoso sea una sanción de carácter temporal en términos del artículo 53, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues dicha inhabilitación constituye la exclusión total del sancionado en el servicio público por un tiempo de duración de la sanción, por virtud de haberse considerado que no es apto para el desempeño de la función pública.". "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA DESTITUCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE SUS CONSECUENCIAS CONSISTENTES EN LA REMOCIÓN Y EL TRÁMITE DE LA BAJA DEFINITIVA, EN VIRTUD DE AFECTAR EL INTERÉS SOCIAL. Es evidente que la sociedad está interesada en que las funciones del Estado, concretizadas en la actuación de cada uno de los servidores públicos que lo conforman, se ejerzan por personas exentas de cuestionamientos y que quien se encuentre en la hipótesis de suspensión de su nombramiento por una investigación atinente a su aptitud para desempeñar el cargo no ostente las facultades inherentes, pues de lo contrario se correría el riesgo de afectación para los gobernados y las instituciones; de ahí que atendiendo a los presupuestos del artículo 124 de la Ley de Amparo y con independencia de la posibilidad de analizar la apariencia del buen derecho, debe concluirse que el interés de la sociedad está por encima del interés particular del quejoso y debe negarse la medida cautelar tanto por el acto destacado de la destitución como por las consecuencias, pues lo que pretende se suspenda es la ejecución de la separación de la función pública.". Terceros interesados. Asimismo, resérvese proveer lo relativo a la existencia de terceros interesados, hasta que conste en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Morales Cervantes, toda vez que no cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Karina Romero Moya y Moisés Lima Carrazco, por no contar con dicho registro. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

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