Suyapa Calix Hernandez

Expediente 224/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
224/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Suyapa Calix Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, a través de cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; sin que lo hubiera hecho. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los preceptos ya mencionados y en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse dictado un auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Delegados y domicilio. Con fundamento en los artículos 9° y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados y domicilio los que indica en el informe de cuenta. Prueba documental. En cuanto a las pruebas documentales que anexa al informe rendido, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Del análisis de las constancias que remitió la responsable, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, la cual motiva decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". Del citado precepto se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso concreto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y reclama la omisión de dar trámite a la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado que presentó el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno ante la oficina de la Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad. En esa medida, en el particular se configura la cesación de efectos del acto reclamado dado que la omisión reclamada dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa, ya que del informe justificado enviado por la autoridad, así como de las constancias allegadas en apoyo al mismo, se advierte lo siguiente: Que el Jefe de Departamento de Protección 10 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, admitió a trámite la solicitud de la quejosa. Que en la misma fecha se expidió la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado por parte de la misma autoridad en la que se hace constar que la quejosa solicitó el reconocimiento de calidad de refugiada y que debe permanecer en el Estado de Baja California. Situación que le fue notificada de manera personal el treinta y uno de mayo del presente año. Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al estar debidamente certificadas por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones. En tales condiciones, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, dado que al haberse dado trámite a la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado que presentado por la quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional la omisión reclamada, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo. Esto es así, ya que se dio respuesta a su solicitud y en consecuencia se le expidió la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado por parte de la misma autoridad en la que se hace constar que la quejosa solicitó el reconocimiento de calidad de refugiada y que debe permanecer en el Estado de Baja California. En mérito de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, dado que el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando ocioso la continuación del presente juicio. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se ordena dejar sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que quede firme la presente determinación, archívese como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha la autoridad responsable Jefe del Departamento de Protección 10, adscrito a la Dirección de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado solicitado, no obstante de estar debidamente notificado para ello desde el veintiuno de abril del presente año, como se advierte del sello de recibido en dicha dependencia. Y si bien, dicha omisión amerita que en términos del artículo 117, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se presuma la certeza del acto que le fue atribuido; lo cierto es que para emitir la sentencia que en derecho corresponda, es necesario que esta juzgadora cuente con los elementos necesarios que permitan conocer en qué condiciones, y bajo qué circunstancias se instó el acto reclamado. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable, a fin de que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias relativas al acto que se le reclama, toda vez que, como se dijo, las mismas, son necesarias para resolver el presente juicio. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, se le impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo, y artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Diferimiento de audiencia. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para este día, y en su lugar, se programan las diez horas con veinte minutos del catorce de julio de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Protección 10, adscrito a la Dirección de Protección y Retorno de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en esta ciudad, a fin de que rinda su informe justificado, conforme lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; toda vez que el oficio 6718 por el que se le solicitó el mismo, fue recibido en dicha dependencia el veintiuno de abril del presente año y el plazo se le vence el dieciséis de mayo siguiente. Diferimiento de audiencia. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional fijada para este día, y en su lugar, se programan las diez horas con cincuenta minutos del catorce de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

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