Susana Yamili Villalobos Gutierrez
Expediente 561/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 10/12/2019
Partes del expediente
- Susana Yamili Villalobos Gutierrez
- Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana
- SUSANA YAMILI VILLALOBOS GUTIERREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Certificación. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieran realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes. El siete de octubre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que, entre otras cosas, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Susana Yamili Villalobos Gutiérrez, para el efecto de que la autoridad responsable Jueza provisional del Juzgado Quinto de lo Civil de Tijuana, Baja California, realizara lo siguiente: SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de un vicio formal, son los siguientes: La Jueza responsable deberá: Dejar sin efectos el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en que implícitamente estimó innecesario el llamamiento a juicio de la hoy quejosa; cuando en la realidad jurídica existe un litisconsorcio pasivo necesario; En vía de consecuencia, también deberá dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio especial hipotecario 390/2015 del que deriva el acto reclamado únicamente por lo que respecta a la solicitante del amparo; y, Reponer el procedimiento de origen, ordenando el emplazamiento a juicio únicamente de la aquí quejosa, al haberse demostrado que se trata de un litisconsorte. En el entendido de que, a partir de esa actuación, la autoridad responsable deberá conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda de acuerdo con las leyes que lo rigen, sin que el verificativo de dicha diligencia y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento del presente fallo, pues éste se constriñe específicamente a los tres lineamientos mencionados hasta en tanto cause ejecutoria la presente sentencia. Además, esta determinación no tiene el alcance de dejar insubsistente el llamamiento a juicio practicado en el procedimiento de origen diverso al aquí analizado, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." En veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la responsable por su cumplimiento. Luego, mediante proveído de siete de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con el oficio 5130 recibido el seis de noviembre del año que transcurre. Comunicación que al ser emitida por una autoridad jurisdiccional en ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de un documento público y por tanto, pleno valor demostrativo, como se obtiene de la interpretación sistemática de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de la citada constancia se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que: El treinta y uno de octubre del año en curso, la responsable proveyó en el expediente del juicio especial hipotecario 390/2015 de su índice, y determinó dejar insubsistente y sin efecto legal alguno, todo lo actuado dentro del sumario de origen, únicamente respecto de la quejosa Susana Yamili Villalobos Gutiérrez y a partir del emplazamiento que se reclamó en este controvertido constitucional. A virtud de lo anterior, la juzgadora responsable requirió a la actora natural para que señalara domicilio en donde la aquí quejosa puede ser emplazada. Entonces, al contrastar el alcance de lo informado por la responsable, con los puntos precisados en el considerando séptimo del fallo protector, se arriba a la conclusión que la juzgadora, al emitir el auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se apegó a la precitada determinación constitucional, pues no sólo dejó insubsistente el emplazamiento dentro del expediente del juicio especial hipotecario 390/2015 reclamado por la aquí quejosa, sino que respecto a ella, requirió a la actora natural para que proporcionara su domicilio y de esa manera estar en aptitud de ordenar nuevamente dicha diligencia, aunado a que dejó sin efecto las subsiguientes actuaciones respecto de Susana Yamili Villalobos Gutiérrez. Cumplimiento que igualmente fue aceptado por el actuario señalada como responsable, por así haberlo manifestado en su respectivo informe. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó a la quejosa en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Lo antes determinado se efectúa sin soslayar que las partes, en caso de tener inconformidad con lo resuelto por este órgano jurisidccional, pueden optar por interponer los medios de defensa que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. El Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, pues en el punto Vigésimo prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes auxiliares y los duplicados de los incidentes de suspensión que tengan más de seis meses de haberse dictado la sentencia o resolución interlocutoria correspondiente y en el punto Vigésimo Primero, establece que después de haber trascurrido cinco años como asunto concluido, son destruibles los expediente que se ubiquen en las fracciones I, II y III, primer párrafo de ese punto y que son susceptibles de depuración los que encuadren en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V del punto en comento. Juicio de amparo. Ahora, en cumplimento al artículo Vigésimo Primero, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, por haberse concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Cuaderno incidental original. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; debiéndose conservar únicamente las determinaciones de siete de mayo y catorce de mayo de dos mil diecinueve, por las cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva, respectivamente. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el términos de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se le elabora para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al punto Vigésimo Quinto del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvase al Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, el anexo consistente en copias certificadas relativas al expediente 390/2015 de su índice, que obran agregadas por cuerda separada en un tomo, que remitió la precitada responsable como apoyo a su informe justificado. Finalmente, hágase saber a la quejosa que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger el documento en original que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido, junto con el expediente, de conformidad con la última parte del punto vigésimo del mencionado Acuerdo General. Devolución de garantía. En atención a lo acordado en párrafos precedentes y dado el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que obra el diverso billete de depósito número N691298 valioso por la cantidad de $12,202.73 (doce mil doscientos dos pesos 73/100 moneda nacional), expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, con el cual la parte quejosa garantizó la suspensión definitiva que se concedió en el incidente que derivó del presente asunto, se ordena su devolución en virtud de ser innecesaria su retención. Por lo tanto, requiérase a la quejosa para que comparezca ante este juzgado en días y horas hábiles, debidamente identificado, a fin de que se le haga la entrega del billete de depósito de referencia, se apercibe que de no hacerlo, dentro del plazo de dos años, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, éste prescribirá a favor del fisco federal. Notifíquese en términos de ley.Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria María Adela Mora Águila que firma y da fe. Doy fe. Carlos
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NOTIFICACIÓN PERSONAL
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Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Informe de cumplimiento. Agréguense a los autos para que obre como correspondan los oficios que remiten la Jueza provisional y el Actuario adscritos al Juzgado Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido de los referidos oficios, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada IX.1o.33 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Notifíquese personalmente. hago constar, que en esta fecha notifiqué a la parte quejosa Susana Yamile Villalobos, la determinación de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Transcurrió plazo. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido a las partes por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de octubre de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó y otorgó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Causa ejecutoria. Con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; en consecuencia, dense los avisos de ley. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que no ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, concedido a las autoridades responsables foráneas, toda vez no les causa ningún perjuicio que las legitime para interponer recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el numeral 87 de la ley de la materia. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en los siguientes términos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, al tratarse de un vicio formal, son los siguientes: La Jueza responsable deberá: Dejar sin efectos el auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en que implícitamente estimó innecesario el llamamiento a juicio de la hoy quejosa; cuando en la realidad jurídica existe un litisconsorcio pasivo necesario; En vía de consecuencia, también deberá dejar insubsistente todos los actos subsecuentes del juicio especial hipotecario 390/2015 del que deriva el acto reclamado únicamente por lo que respecta a la solicitante del amparo; y, Reponer el procedimiento de origen, ordenando el emplazamiento a juicio únicamente de la aquí quejosa, al haberse demostrado que se trata de un litisconsorte. En el entendido de que, a partir de esa actuación, la autoridad responsable deberá conducir el proceso hasta su conclusión como corresponda de acuerdo con las leyes que lo rigen, sin que el verificativo de dicha diligencia y demás actos posteriores formen parte del cumplimiento del presente fallo, pues éste se constriñe específicamente a los tres lineamientos mencionados hasta en tanto cause ejecutoria la presente sentencia. Además, esta determinación no tiene el alcance de dejar insubsistente el llamamiento a juicio practicado en el procedimiento de origen diverso al aquí analizado, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza Quinto de lo Civil, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, dé cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Apercibida que en caso de no informar oportunamente sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, se impondrá a quien resulte responsable, una multa de cien días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve, tomo I, noviembre de dos mil catorce, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, registro 2007918, que señala (énfasis añadido): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.
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