Susano Martínez Gonzalez
Expediente 1337/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1337/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/01/2017
Partes del expediente
- Susano Martínez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil diecisiete. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 170 a 176), en el que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo primero, inciso III, del citado Acuerdo), pues se negó la suspensión del acto reclamado. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Susano Martínez González por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. "Procurador General de Justicia del Estado de México y C. Agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno en Valle de Bravo de la Unidad de Investigación de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de México." ACTOS RECLAMADOS. "a) La negativa del derecho que tiene el hoy quejoso de comparecer ante usted a efecto de señalar día y hora para que me sea recibido como dato de prueba el testimonio del señor Daniel Martínez González mediante ocurso presentado el diez de mayo de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes de la Agencia del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Valle de Bravo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en cuanto a la imputación que formula en mi contra el Ministerio Público por los hechos delictuosos de lesiones cometido en agravio de Raonel Almazán Molina, ello dentro de la noticia criminal número 160260620271414. b) La negativa de proveer y que recaigan los acuerdos correspondientes, en cuanto a las peticiones formuladas mediante mi ocurso presentado el diez de mayo del año dos mil dieciséis en la oficialía de partes de la Agencia del Ministerio Público adscrito al Turno de Valle de Bravo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. c) Como consecuencia de lo anterior que las autoridades citadas pretendan generar en mi contra la petición de la audiencia de imputación que se contrae el articulo 290 el Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, y en su caso la orden de aprehensión en mi contra." SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1337/2016-V; por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Jugado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado tiene vinculación con la libertad de los quejosos, el cual pudiera ser de imposible reparación, emitido por una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; realizando para tal efecto, un análisis conjunto de la demanda de garantías que atienda a lo que materialmente se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro máximo Tribunal de la República. Es aplicable en este sentido, la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004 consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama: Negativa a que se le dé fecha y hora para que se reciba el testimonio de Daniel Martínez González, solicitado mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil dieciséis; así como sus consecuencias. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público Habilitada adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado (foja 16). Sin que el impetrante del amparo haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa dentro de la secuela del procedimiento, o en la propia audiencia constitucional, pues oportunamente se le dio vista con el contenido del informe justificado, a efecto de que estuvieran en aptitud de aportar los medios de prueba que consideraran pertinentes para acreditar lo contrario, pese a lo cual no realizó; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, respecto del acto atribuido a la autoridad precisada con antelación. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 284, en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y, la tesis VI.2o.A.4 K, consultable en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CUARTO. El Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito a la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, México (foja 35), al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, y agregó que: ".tuve bien recibir un escrito contante en una foja útil tamaño oficio por una sola de sus caras de fecha 10 de mayo del año dos mil dieciséis, suscrito y formado por el investigado Susano Martínez González, así como por su abogado Lic. Filiberto Octavio García Fabila, en donde solicita que se señale día y hora para que se recabe como dato de prueba el testimonio de Daniel Martínez González, y como dato contundente de ese mismo escrito refiere: "persona que me comprometo a presentar en la fecha que señale", ante esa circunstancia el suscrito agente el ministerio público tuvo a bien acordar de conformidad tal petición que se puntualizó concretamente en el acuerdo único realizado en esa fecha en que ese recepcionó, que dicho imputado debería presentar a su testigo en día y hora hábiles en este H. Primer turno, circunstancia que no aconteció ya que en fechas 13, 22, 31 de mayo, 15, 30 de junio 15, 30 julio, 14 y 30 agosto del año en curso se realizaron constancias que dicen que hasta el momento el imputado de referencia no se ha presentado de manera voluntaria a su testigo referido en el escrito; por ello se hace referencia que en ningún momento hubo negativa de proveer y darle cumplimiento a la petición formulada por el quejoso. . Esta autoridad ya ha solicitado en dos ocasiones audiencia ante el Juez de control de Valle de Bravo, para formularle imputación a dicho imputado, sin embargo en las mismas ocasiones este no ha comparecido a pesar de haber sido notificado por los conductos legales. y tampoco se justificó su inasistencia. Por tal motivo se tuvo a bien solicitar una orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, .concediéndola el juez de referencia en fecha 14 de septiembre de los corrientes, misma que hasta la fecha no ha sido cumplida..." Sin embargo, de las constancia que adjuntó a su informe justificado, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación 160260620271414, los cuales al tratarse de documentos públicos se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º; se advierte que no ha dado respuesta a la petición del promovente del amparo, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierta la existencia del acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia previstas en el capítulo anterior (capítulo VII) de dicho ordenamiento. En el caso a estudio se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, con base en los siguientes razonamientos. El artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Es pertinente destacar que de conformidad con lo transcrito, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando se presentan las siguientes condiciones: a) El acto del cual se inconforman los inculpados emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo llevado a cabo en forma de juicio; b) Se pronuncie una resolución en el juicio de origen, la cual cambie la situación jurídica de los agraviados en la cual se encontraban por virtud del acto reclamado en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deban considerase consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Haya autonomía o independencia entre el acto reclamado en el juicio de garantías, y la última resolución dictada en el procedimiento relativo. En ese orden, las constancias remitidas por el agente del ministerio público responsable, evidencian que posterior a la presentación de la demanda de amparo, el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, en fecha catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en la carpeta administrativa 39/2016, libró orden de búsqueda, localización y aprehensión, en contra de Susano Martínez González, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones en agravio de Raonel Almazán Molina, con motivo de la solicitud de orden de aprehensión hecha por el represéntate social el trece de septiembre de dos mil dieciséis (foja 151 a la 165). En consecuencia, la situación jurídica en la que se encontraba el quejoso cuando aconteció el acto reclamado ha cambiado, pues ya se dictó la audiencia de formulación de imputación en la que el Juez de control en comento, libró orden de aprehensión, es decir la situación jurídica del impetrante ahora quedará sometida a la potestad del Juez de control que tendrá a cargo la instauración de la carpeta respectiva; con lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que obliga a decretar el sobreseimiento en términos de lo establecido en la fracción V, del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sobre el particular se invoca, la tesis número IV.2o.P.43 P, publicada en la página 1373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2009, Tomo XXX, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación." Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por el quejoso, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." No pasa desapercibido que en el presente asunto no se haya emplazado a la parte agraviada en la carpeta de origen, es decir a Raonel Almazán Molina, toda vez que el sentido de la presente resolución no le ocasiona perjuicio alguno. Es aplicable en lo conducente la tesis XIX.1o.P.T.20 P, publicada en la página 2428, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, febrero de 2011, Novena Época, con registro 162685, cuyo rubro y texto son: "TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. Si bien es verdad que en el contexto constitucional y jurisprudencial vigente debe reconocerse el carácter de tercero perjudicado a la víctima u ofendido en los juicios de amparo en materia penal y, por regla general, en caso de que el Juez de Distrito no lo hubiera llamado, el tribunal revisor debe ordenar la reposición del procedimiento para darle la intervención que debió tener con base en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, esto no siempre será necesario, pues dicha reposición deberá ordenarse en función de los resultados del fallo, pues si la sentencia le favorecerá por negarse o sobreseerse el amparo al quejoso, en realidad no existirá perjuicio alguno, y una reposición en tales condiciones no le produciría beneficio, sino, por el contrario, se le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume por la postergación del fallo del asunto; lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 531, publicada en la página 349 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Susano Martínez González, contra el acto y autoridades precisadas en el resultando primero, y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra señalada para celebrarse a las diez horas con cuarenta y cinco minutos, tal como se determinó en auto de veintinueve de noviembre de este año (foja 27 a 28); sin embargo, en diverso de trece de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por rendido el informe justificado del Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito a la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México, acuerdo notificado el catorce de diciembre del año en curso, tal notificación surtió efectos el quince posterior; en consecuencia aún no transcurren los ocho días referidos en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. Por tanto, a fin de que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y para su celebración, se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario, José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil dieciséis. En términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las partes manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público del Primer Turno adscrito a la Fiscalía Regional de Valle de Bravo, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada de la Carpeta de Investigación 160260620271414. Atento a lo anterior, con el informe rendido y la constancia de referencia, hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario, Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza, firma y da fe.
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