Susano Martinez Gonzalez

Expediente 1431/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 30 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1431/2016
Año
2016
Actuaciones
30
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Susano Martinez Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; veinte de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio firmado por el Director de Asuntos Contenciosos de la Tesorería de la Federación, por medio del cual acusa de recibo del oficio 14484/2019 del índice de este juzgado, por el que se le envió el billete de depósito número N 783306, a nombre de Susano Martínez González, por la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 m.n.), asimismo, informa que hizo efectivo dicho billete a favor del Erario Federal y su importe fue concentrado en la cuenta respectiva de la Tesorería de la Federación. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Incidental

    II) Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que al quejoso Susano Martínez González, no interpuso el recurso de queja dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por el cual se decretó la prescripción del billete de depósito N 783306, el cual ampara la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.); por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Consecuentemente, con copia certificada del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve y de la presente determinación, remítase el certificado de depósito referido a la Tesorería de la Federación y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; nueve de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no recurrieron la sentencia de diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, donde se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, cuatro discos compactos de las audiencias realizadas en la carpeta administrativa 39/2016. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, pues en el presente juicio se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, deberá conservarse la demanda y sentencia respectivas (punto vigésimo primero, inciso IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia). El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, inciso III). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. De igual manera se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III. Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1431/2016-III, promovido por Susano Martínez González contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Susano Martínez González solicitó el amparo contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "ORDENADORAS: JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO; EJECUTORAS: PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO; SUBPROCURADORDE JUSTICIA DE VALLE DE BRAVO, DEPENDIENTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO; COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA MINISTERIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO." ACTO RECLAMADO "La orden de aprehensión, así como su ejecución." SEGUNDO. Derecho humano invocado. El quejoso señaló como derechos humanos violados el contenido en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, se registró con el número 1431/2016-III, por auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (foja 4 a 6). CUARTO. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis (foja 95), se dejó de tener como autoridad responsable a la señalada por el quejoso como Subprocurador de Justicia de Valle de Bravo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, teniéndose como responsable para el trámite subsecuente del presente juicio de amparo al Fiscal Regional de Valle de Bravo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Acontecido lo anterior, la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 51 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a que el acto reclamado emana de una autoridad judicial penal cuya residencia se encuentra dentro del territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: La orden de aprehensión, así como su ejecución, en la carpeta administrativa 39/2016 en contra de Susano Martínez González, como probable responsable en el hecho delictuoso de lesiones, cometido en agravio de Raonel Almazán Molina, ilícito previsto y sancionado por los artículos 236 y 237, fracción II, con el agravante del 238 fracción I y III, en relación con los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, y 11 fracción I, inciso c, del Código Penal vigente en la entidad al momento de los hechos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Lo anterior se corrobora con las constancias remitidas por el juez responsable, consistentes en las copias certificadas de la carpeta administrativa 39/2016, constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que son documentales públicas realizadas y emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a éste encomendadas por disposición de la Ley. Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada 278, publicada en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, con número de registro 246389, cuyos rubro y texto son los siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, el Procurador General de Justicia del Estado de México, Comisario General de la Policía Ministerial y el Fiscal Regional de Valle de Bravo, Estado de México, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada puesto que la autoridad ordenadora acepto el acto, y en cualquier momento pueden cumplimentarlo. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, éste órgano jurisdiccional no advierte oficiosamente la actualización de alguna, ni tampoco las partes las hacen valer. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso hizo valer, en síntesis, que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente: Porque se le pretende privar de la libertad y derechos sin que medie juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, sin que se encuentren los elementos de algún tipo penal y su presunta responsabilidad. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Previo al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, resulta oportuno precisar que en cumplimiento a la reforma del artículo 79 de la Ley de Amparo, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y del análisis de la actuación de las autoridades señaladas como responsables, este órgano jurisdiccional no advierte deficiencia alguna por la que se deba suplir la queja a favor de Susano Martínez González. Lo anterior es así porque como se advierte de las constancias que obran en autos, se cumplieron las exigencias del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el dictado de la orden de aprehensión de mérito, así como lo establecido por el artículo 184 y 185 del Código de Procedimientos Penales vigente en la Entidad, puesto que fue emitida por una autoridad judicial, previa denuncia de la víctima de identidad Raonel Almazán Molina, por el hecho delictuoso de lesiones cometido en su agravio, ilícito que amerita pena privativa de libertad de conformidad con la legislación aplicable al caso, y derivado de que existen datos de prueba suficientes que permiten acreditar la existencia de un hecho constitutivo de delito, así como la probable participación del ahora quejoso. Aunado a lo anterior, dicha orden de aprehensión fue solicitada mediante escrito por el Ministerio Público, quien es el encargo de la investigación e integración de la carpeta administrativa derivada de la comisión de algún hecho que pudiera llegar a considerarse como constitutivo de delito, aunado a que, dichas diligencias derivaron de declaración vertida por la víctima quien puso en conocimiento del órgano de representación social lo ocurrido el trece de septiembre de dos mil catorce. Aunado a lo anterior, la responsable acertadamente tuvo por acreditado con los datos de prueba consistentes en la noticia criminal que dio inicio a la carpeta de investigación 160260620271414, el certificado médico del estado psicofísico y lesiones de catorce de septiembre de dos mil catorce, la entrevista de la víctima, la ampliación de entrevista de Raonel Almazán Molina, la entrevista ministerial del imputado Susano Martínez González, la ampliación de entrevista ministerial del imputado, la inspección ocular del lugar de los hechos de veintidós de abril de dos mil quince, el informe pericial en materia criminalística de campo de veintidós de abril de dos mil quince, la inspección del estado psicofísico y lesiones de dieciséis de septiembre de dos mil quince, a favor del agraviado, el certificado médico de dieciséis de septiembre de dos mil quince, el expediente clínico radicado en el Hospital General "Doctor Nicolás San Juan", la entrevista ministerial del testigo presencial Gustavo Domínguez Mondragón, la entrevista de Ilse Jimenez Torres, concubina del aquí quejoso, la entrevista de Emilia Torres Osorio de seis de noviembre de dos mil quince, la mecánica de lesiones de quince de marzo de dos mil quince, la existencia del hecho delictuoso consistente en lesiones, realizadas por el presunto agresor del caso. Así las cosas, del análisis de los datos de prueba de referencia se permite ir de la verdad conocida, mediante un enlace lógico y natural, a la verdad que se pretende encontrar, resultando los mismos un indicio que en su conjunto forman la prueba circunstancial, ya que conducen a tener por comprobado un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de la intervención del quejoso en su comisión. Resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 96, Tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. VALORACIÓN DE LA. La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado." También es aplicable, la jurisprudencia 1a./J.23/97, publicada en la página 223, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, correspondiente al mes de Junio de 1997, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión." Asimismo, se aplica en lo conducente, la tesis I.1o.P.29 P, publicada en la página 786, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de Agosto de 1997, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. SU INTEGRACIÓN. La doctrina reiteradamente ha señalado el grave error en que se incurre al considerar a una o a varias pruebas deficientes o imperfectas, de las cuales además no se derive ninguna certeza, como medios de comprobación de la circunstancia indiciante, toda vez que la verdad buscada solamente se puede inferir de hechos (circunstancias indiciantes) plenamente comprobados. En esta acreditación, se aclara, podrán invocarse pruebas imperfectas pero aptas, por sí (consideradas en su conjunto), o por su concurrencia con otras perfectas o carentes de vicios para demostrar plenamente el hecho indiciante. Esto es, no debe considerarse a la prueba circunstancial como el medio que permita aglutinar pruebas deficientes que, consideradas incluso en su conjunto con otras no imperfectas, no prueben plenamente hecho indiciante alguno." Así, podemos considerar que se acredita la existencia de una conducta ilícita, por el ahora quejoso al participar al momento de realizar la lesión, por ende cuando se trate de lesiones externas se tendrá por comprobado el cuerpo del delito con la inspección de éstas, hecha por el funcionario que hubiere practicado las diligencias de Policía Judicial o por el tribunal que conozca del caso, y con la descripción que de ellas hagan los peritos médicos. Además, se puede concluir que como acertadamente lo precisó el Juez responsable, de los datos de prueba se aprecia que probablemente el ahora quejoso fue la persona que provocó las lesiones al sujeto pasivo. Ello es así, pues con los datos de prueba que fueron aportados por el Ministerio Público el día trece de septiembre de dos mil catorce, aproximadamente a las cinco y media de la tarde, la víctima se encontraba en su terreno ubicado en el domicilio conocido La Joya del Encino, Ejido Mesa de Dolores en el Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, y al estar desyerbando la orilla de su terreno llega el imputado Susano Martínez González, el cual le dijo que se tomaran una cerveza con él, respondiéndole la víctima que no tomaba porque estaba trabajando, después le pidió el señor Susano, que le invitará una cerveza, respondiéndole Raonel que no tenía dinero, y en ese instante deja su machete para recoger la hierba ya cortada, y el activo toma del suelo y le lanza un golpe con este, a la altura de la cabeza por lo que la víctima para protegerse se cubre la cabeza con su mano izquierda, ocasionándole una herida cortante, acto seguido en que le imputado se va corriendo del lugar con el machete en las manos, siendo visto una vez que perpetro tal conducta por Gustavo Domínguez Mondragón, Ilse Jiménez Torres y Emilia Torres Osorio. Finalmente, como acertadamente señaló la autoridad responsable, hasta este momento procesal no se advierte la existencia de algún dato de prueba que permita considerar que el ahora quejoso no participó en los actos constitutivos del hecho delictuoso, sino por el contrario, con la información proporcionada por el agraviado al emitir su declaración ante la autoridad investigadora, en relación con el resto de los datos de prueba, se alcanza a establecer su probable participación el día de los hechos. Por tanto, con base en las precedentes consideraciones, se estima que la orden de aprehensión en estudio satisface la exigencia constitucional de fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de su análisis previamente efectuado, se desprende que el Juzgador responsable externó las razones, motivos y circunstancias que tuvo para concluir en el sentido en que lo hizo, citando para ello las disposiciones legales aplicables al caso, así como los datos de prueba para arribar a la determinación que está acreditado el hecho delictuoso de lesiones cometida en agravio de Raonel Almazán Molina, cometido de manera probable por el quejoso. De ahí que, el concepto de violación hecho valer por el ahora quejoso en el sentido de que no cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni se acreditaron los requisitos establecidos por la Constitución Federal para la emisión de una orden de aprehensión, así como que no se advertía de los datos de prueba su participación en el hecho delictuoso, deviene infundado. En consecuencia, al resultar infundado el motivo de inconformidad expuesto respecto al acto reclamado, y no existir motivo para suplir deficiencia alguna, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Procurador General de Justicia del Estado de México, Comisario General de la Policía Ministerial y al Fiscal Regional de Valle de Bravo, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en atención a que no se reclamaron por vicios propios. Resulta aplicable, la tesis publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." También es aplicable, la Jurisprudencia 1328, publicada en la página 1492, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, Quinta Época, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1003207, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/12, publicada en la página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 55, julio de 1992, octava época, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con número de registro 218867, cuyos rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 75, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Susano Martínez González contra el acto precisado en el primer resultando y por las razones establecidas en el séptimo considerando de la presente sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso y tercero interesado. Así lo resolvió y firma, Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, hasta hoy diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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