Susana Yazmín Lagunes Herrera

Expediente 1812/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1812/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Susana Yazmín Lagunes Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. En tales condiciones, devuélvase a su lugar de origen la copia certificada del procedimiento familiar ordinario de acción de guardia y custodia 529/2020 y su acumulado 530/2020 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, el cual obra por cuerda separada del presente juicio, debidamente identificado como cuaderno auxiliar I. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que únicamente se sobreseyó. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo General, pues en el caso se concedió la suspensión definitiva. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II inciso a) del artículo 20 del citado Acuerdo General, el duplicado del cuaderno incidental -previo desglose- deberá ser DESTRUIDO en el plazo de seis meses. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Ingrid Jordana Arteaga Hughes, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1812/2022, promovido por ********************, por su propio derecho, en contra del acto que reclama de la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial el cinco de octubre de dos mil veintidós, recibido el diez de octubre siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el día posterior por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y acto que a continuación se reproducen: AUTORIDAD RESPONSABLE: "Señalo como autoridad ordenadora la ciudadana Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla." ACTO RECLAMADO: "De la Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, como autoridad ordenadora, reclamo el auto de fecha auto de fecha (sic) catorce de septiembre del año dos mil veintidós, proveniente del expediente número: *************, relativo al juicio privilegiado de guardia (sic) y custodia de mi menor hijo de identidad reservada de iniciales I.P.D.L., interpuesto por el C. ********************, en contra de la suscrita y viceversa, notificado el día catorce de septiembre del año dos mil veintidós, por medios electrónicos." SEGUNDO. Prevención. En proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, este juzgado registró la demanda en el Libro de Gobierno bajo el número 1812/2022, y entre otras cosas, previno a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, indicara bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado derivados del juicio ************, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. TERCERO. Admisión de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, la parte quejosa cumplió la prevención mencionada; en consecuencia, en acuerdo de veinticinco de octubre siguiente, este órgano jurisdiccional admitió la demanda, requirió a la autoridad responsable su informe justificado, ordenó dar la intervención que corresponde a la Fiscal Asistente Ejecutivo de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando el presente juicio de amparo en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; en concordancia con los Acuerdos General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se reclama un acto en materia civil atribuido a una autoridad que tiene residencia dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla ordenó -entre otras cosas- girar oficio al Hospital del Niño Poblano, a fin de que se nombrara un especialista en paidopsiquiatría que valorara al niño de iniciales I.D.P.H., dar vista a la Agente de Ministerio Público de su adscripción y que una vez que se recibiera la valoración del paidopsiquiatra correspondiente, se pronunciaría respecto de la solicitud de cambio de régimen de custodia. Lo anterior se precisa así, si se toma en consideración que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. ************** TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de haber sido debidamente notificada mediante oficio 38810/2022, que recibió el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Además, dicha certeza se corrobora con las copias certificadas del procedimiento familiar ordinario de acción de guardia y custodia *************** de su estadística, que remitió la indicada jueza en el incidente de suspensión del presente juicio de amparo, y que en la audiencia constitucional de este asunto se ordenó tenerlas a la vista para dictar el fallo que ahora se pronuncia. Documentales las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. CUARTO. Resguardo de identidad del niño involucrado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4, párrafo noveno, de la Constitución Política Federal, en relación con los diversos 3.1. y 19.1. de la Convención sobre los Derechos del Niño, 5, primer párrafo, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 76 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, y asimismo, como orientador -no vinculante- de este criterio, los puntos seis (privacidad) y siete (medidas para proteger la intimidad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes), del capítulo III, del Protocolo de Actuación expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; debe tomarse en consideración que en el caso se encuentra involucrado un niño, por lo que, para proteger su intimidad y la reserva de sus datos personales, se hará referencia a él por las iniciales de su nombre y apellidos. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, la improcedencia en los juicios de amparo es de orden público, lo que entraña que las causales de inejercibilidad establecidas en la Ley de Amparo, en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, impiden que la persona juzgadora estudie el asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad. Ello es así, pues se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en su caso, son operantes, implican la improcedencia del juicio. En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa reproducida, consagra la figura conocida como principio de definitividad que rige al juicio de garantías, la cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación a su esfera jurídica; salvo los casos de excepción previstos en la Ley y en la jurisprudencia. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales, así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores, son derechos fundamentales a favor de los gobernados. Por lo anterior, la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ************* De los antecedentes que siguen, se demuestra la improcedencia del juicio: 1. Mediante escrito presentado el trece de agosto de dos mil veinte, ********************, por sí y en representación de su hijo I.D.P.L. promovió juicio de guarda y custodia en contra de ********************, en el que solicitó, además, que se decretara la guarda y custodia provisional del aludido infante. 2. Del asunto correspondió conocer a la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, quien en acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veinte, admitió el procedimiento familiar ordinario con el número **********, y entre otras cosas, señaló fecha y hora para la celebración de una audiencia de conciliación. 3. En diligencia de nueve de septiembre de dos mil veinte, la jueza familiar determinó decretar la guarda y custodia del niño de iniciales I.D.P.L., en favor de su progenitor ********************. 4. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, la jueza del conocimiento advirtió que existía un diverso juicio de guarda y custodia 530/2020, promovido por ********************, por sí y en representación de I.D.P.L., por lo que ordenó la acumulación de este último, al procedimiento familiar ordinario de guarda y custodia 529/2020, instado por ********************, por su propio derecho y también en representación del aludido infante. 5. En auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, atendiendo a lo informado por la psicóloga encargada de supervisar la convivencia entre ******************** e I.D.P.L., la jueza responsable ordenó modificar la modalidad en que se desarrollaban dichas convivencias, para que ahora se practicaran a través de la modalidad entrega-recepción cada quince días. 6. En acuerdo de veintiocho de julio de dos mil veintidós, en cumplimiento a la suspensión concedida en el juicio de amparo ********, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se ordenó regresar a la modalidad de las convivencias presenciales supervisadas por el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. 7. Mediante proveído catorce de septiembre de dos mil veintidós, la jueza familiar ordenó -entre otras cosas- girar oficio al Hospital del Niño Poblano, a fin de que se nombrara un especialista en paidopsiquiatría que valorara al niño de iniciales I.D.P.H., dar vista a la Agente de Ministerio Público de su adscripción y que una vez que se recibiera la valoración del paidopsiquiatra correspondiente, se pronunciaría respecto de la solicitud de ******************** respecto del cambio de régimen de custodia. 8. Inconforme con ese proveído, ******************** promovió el juicio de amparo indirecto que ahora se resuelve. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en tanto que, en contra del citado proveído de catorce de septiembre de dos mil veintidós, procede el recurso de reclamación; pues los numerales 377, 408, 409, 410 y 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, prevén lo siguiente: "Artículo 377. El recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia." "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento." "Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. "Artículo 410.- Son aplicables al recurso de reclamación las disposiciones siguientes: I.- Se interpondrá en el momento de la audiencia o dentro de los dos días siguientes, a partir de que surta efectos la notificación del auto impugnado; II.- Se formulará por escrito o verbalmente expresando el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y los conceptos de violación; III.- La reclamación no suspende el curso del juicio, se tramitará por cuerda separada y se mandará substanciar con vista de la contraria por el término de dos días; IV.- La resolución que al efecto se dicte, no admite recurso; y V.- Cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada." "Artículo 412. El Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar perjuicios de imposible reparación." De las disposiciones reproducidas, se advierte que el recurso de apelación procede en contra de las sentencias definitivas o contra las resoluciones que, sin decidir el fondo del negocio, ponen fin a la instancia; por tanto, por exclusión, el recurso de reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento (y que tampoco sea una sentencia), del cual conocerá el propio Tribunal que dictó la resolución reclamada. Además, de los preceptos invocados se aprecia que Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar perjuicios de imposible reparación. Sobre esa base, la parte quejosa debió interponer el recurso de reclamación en contra del proveído de catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla ordenó -entre otras cosas- girar oficio al Hospital del Niño Poblano, a fin de que se nombrara un especialista en paidopsiquiatría que valorara al niño de iniciales I.D.P.H., dar vista a la Agente de Ministerio Público de su adscripción y que una vez que se recibiera la valoración del paidopsiquiatra correspondiente, se pronunciaría respecto de la solicitud de la ahora quejosa de cambio de régimen de custodia. Lo anterior es así, porque dicha determinación fue emitida dentro del juicio ordinario de guarda y custodia, pero no puso fin a tal procedimiento y no es apelable, al no ser una sentencia definitiva, de ahí que se surta la hipótesis de procedencia del mencionado medio de impugnación en los términos de los numerales 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles. Por consiguiente, antes de promover el juicio de amparo indirecto, la quejosa debía impugnar el acuerdo reclamado mediante el recurso ordinario procedente, que es el de reclamación, a fin de agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sin que lo hubiera hecho oportunamente, por lo que es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, citado con anterioridad. Es aplicable al caso, la tesis de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 173480 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.1o.C.95 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 2315 Tipo: Aislada RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE CUALQUIER AUTO QUE NO PONGA FIN AL JUICIO, Y NO SÓLO CONTRA LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LA AUDIENCIA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 408 y 409 del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por regla general, el recurso de reclamación procede en contra de cualquier auto que no ponga fin al procedimiento, siempre y cuando no sea apelable, y se interpondrá ante el tribunal que lo dictó; y si bien es verdad que el diverso artículo 410, fracción I, del ordenamiento legal citado, hace referencia a una audiencia, no menos cierto resulta que ello se debe a que aclara cuál es el término para la interposición del recurso, cuando lo acordado consiste en una actuación llevada a cabo por ese medio, y no que la reclamación sólo procede contra las determinaciones contenidas en las audiencias, ya que esto descontextualizaría la fracción de que se trata, además de que enseguida prevé el término para interponer la reclamación, cuando no se trata de una actuación determinada en audiencia, es decir, una actuación cualquiera." Sin que se esté en alguno de los casos de excepción que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el juicio de amparo indirecto de que se trata, no se promovió por persona extraña a la controversia de origen, así como tampoco se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Tampoco se impugnan actos que establezcan providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, alguna orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Sin que sea obstáculo la circunstancia de que el acto reclamado pudiera implicar una ejecución irreparable y que en el caso pudieran estar involucrados derechos de un niño (relacionados con su custodia), ya que la irreparabilidad del acto y el deber de respetar el interés superior de los infantes no llegan al extremo de soslayar cuestiones de procedencia haciendo procedente lo que técnica y jurídicamente no lo es; todo ello, bajo el entendido de que el interés superior del niño, sólo implica adoptar las medidas necesarias e idóneas en pro del bienestar de los infantes, pero siempre respetando los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, que deben prevalecer en toda determinación judicial. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2005039 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 113/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por otro lado, debe apuntarse que no pasa inadvertida la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que se advierte que es posible inobservar el principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en que se encuentre implicado un niño, niña o adolescente, cuando el recurso ordinario que haya que agotarse no admita la suspensión y las partes alegue un riesgo para el infante en caso de ejecutarse la resolución impugnada; pues en ese caso, el medio de defensa no sería adecuado y eficaz para alejar al niño de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre Sin embargo, debe destacarse que el recurso de reclamación sí contempla la suspensión de la ejecución del acto impugnado, pues así se desprende del artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el cual establece que el Tribunal, bajo su más estricta responsabilidad podrá suspender la ejecución de una resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar perjuicios de imposible reparación. De ahí que, la jurisprudencia mencionada resulta inaplicable al caso, en tanto que el recurso de reclamación previsto en los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla puede considerarse como un recurso judicial efectivo, pues es idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, de interponer un recurso sencillo y rápido que permite alcanzar, la protección judicial requerida; y aun cuando, por regla general no suspende la prosecución del juicio la autoridad que conozca del mismo, bajo su más estricta responsabilidad, puede suspender la ejecución de la resolución reclamada, fijando las garantías procedentes, cuando de no hacerlo se puedan causar daños o perjuicios de imposible reparación La jurisprudencia mencionada es de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 2004677 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil, Común Tesis: 1a./J. 77/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede en la especie es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio de amparo, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del precitado ordenamiento legal, respecto del acto reclamado de la Jueza Segunda de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. En virtud del sobreseimiento, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por otra parte, no se soslaya que el tercero interesado ******************** no fue emplazado al presente juicio; no obstante, el sobreseimiento aquí decretado lejos de causarle una afectación, le beneficia, por lo que una eventual reposición del procedimiento, no le produciría ningún beneficio, sino, por el contrario, le causaría un perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, para lograr el emplazamiento de dicho tercero, llegando incluso a obligar a la quejosa a erogar gastos frente a un eventual emplazamiento por edictos, en un caso en el que el juicio de amparo es improcedente, al haberse actualizado una causa de improcedencia que obliga a sobreseer. En efecto, ante todo debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno ha determinado en su jurisprudencia P./J. 44/96 que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su realización irregular; y que, tratándose del juicio de amparo, nada justifica que se soslaye su intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizársele que pueda ejercer todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes, en los siguientes términos: "Época: Novena Época Registro: 917982 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 448 Página: 381 TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo". Posteriormente, el propio Pleno ha reconocido que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento, o su defectuosa realización en el juicio de amparo, no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no le reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, sea porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución que le sea adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio, se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación, tal como se explica en la tesis P.V/98, cuyo texto es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196912 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. V/98 Página: 45 TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Criterios que retomó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2003574 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 2a. XLIII/2013 (10a.) Página: 982 FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos". Incluso la propia Segunda Sala en su anterior integración había venido sosteniendo ese criterio, como se desprende de la siguiente jurisprudencia: "Época: Séptima Época Registro: 394487 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 531 Página: 349 TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". Por tanto, en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca a sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos, como acontece en el caso en que deba concederse el amparo. De ahí que, si en el caso, la acción constitucional resultó improcedente, lo que necesariamente obliga a sobreseer en el juicio, resulta ocioso emplazar al tercero interesado ********************, porque es evidente que dicha resolución lejos de perjudicarle, le beneficia. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa realizó diversas manifestaciones a manera de alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional abordar su estudio, pues la "litis" en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas. Lo anterior no significa que no hayan sido tomados en cuenta para el dictado de la presente sentencia, sino que no existe obligación de realizar algún pronunciamiento en relación con ellos; además, en ellos no se hicieron valer causales de improcedencia, en cuyo caso este órgano jurisdiccional estaría constreñido a responderlas. Sustenta las consideraciones que anteceden, las siguientes jurisprudencias: "Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." "Época: Décima Época Registro: 2020711 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 122/2019 (10a.) Página: 1534 ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." En diverso aspecto, los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) agregándose al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1812/2022, promovido por ********************, por su propio derecho, en contra del acto reclamado y por la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. ***********

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, que se advierte que dentro del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo obra copia certificada del procedimiento familiar ordinario de acción de guardia y custodia 529/2020 y su acumulado 530/2020, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla; en consecuencia, se tiene a la vista por constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 74/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 963, del Tomo XXIII, Junio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.". En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de mérito, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. ... En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ....

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