Susana Sarmiento Sánchez

Expediente 1651/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1651/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Susana Sarmiento Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio del Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual comunica que informó a la Dirección de Operaciones Policiales; Dirección de la Policía Estatal Bomberos; Director de Protección Ciudadana y Atención al Delito; y, Directora de la Policía Estatal Turística, que dejó de surtir los efectos de la suspensión definitiva concedida mediante resolución interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, agréguese a los presentes autos el oficio de mérito sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el oficio de cuenta mediante vía correo electrónico institucional, por lo que, en dicho proveído se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio del Director General de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, a través del cual comunica que informó a la Dirección de Operaciones Policiales; Dirección de la Policía Estatal Bomberos; Director de Protección Ciudadana y Atención al Delito; y, Directora de la Policía Estatal Turística, que dejó de surtir los efectos de la suspensión definitiva concedida mediante resolución interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta sin que haya ligar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés se tuvo a la quejosa ********************, exhibiendo el billete de depósito N ********************, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C por la cantidad de $********************(********************), a fin de que siguiera surtiendo sus efectos la suspensión definitiva concedida, por lo que, en dicho proveído de acordó lo correspondiente y se ordenó hacer del conocimiento a las autoridades responsables el otorgamiento de la garantía fijada en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del presente juicio de amparo indirecto 1651/2023, promovido por ********************, por derecho propio, en contra de los actos que reclama del Juez Decimoprimero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, recibido el día siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido en esta última data por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y actos que a continuación se reproducen: AUTORIDAD RESPONSABLE: "A) El Ciudadano Juez del Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla (.). B) El ciudadano Diligenciario encargado de los expedientes impares del Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla (.). C) El C. Fiscal General del Estado de Puebla (.). D) C. Director de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Puebla." ACTO RECLAMADO: "Consiste en la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, así como la orden de lanzamiento y/o desalojo que se pudiera realizarse (sic) mañosamente en mi contra dictada por el C. Juez del Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil de la ciudad de Puebla, en el expediente del juicio ejecutivo mercantil radicado bajo el número 589/2017; ya que así me amenazaron dos personas de sexo masculino el día miércoles trece de septiembre de dos mil veintitrés, ya que existe el juicio ejecutivo mercantil en el cual no he sido llamada y desconozco la etapa de este juicio, por lo que la omisión de llamarme a juicio genera la ilegalidad en mi contra razón por la que no pude exponer en mi defensa alegatos o prueba alguna. Así mismo reclamo que no se me llamó por medio de algún acto extrajudicial, solo recibí la amenaza verbal, dejándome en estado de indefensión, y bajo protesta de decir verdad esta incertidumbre se generó por la amenaza de lanzarme de mi domicilio, por dos personas que dijeron ser abogados del banco actor, Banco Mercantil del Norte Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por medio de su apoderada legal la señora Elisa Beatriz Carrillo Pedrosa, misma persona que aparece en el documento anexado a este libelo, que fue expedido por el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, que es la consulta electrónica emitida por el Instituto Registral y Catastral, y del SIREP, del folio número: 0234543 1, señalan como propietario al C. Ángel Enrique Muñoz Hidalgo, demandado en el juicio 589/2017, datos que pregonaron las personas que se presentaron en mi domicilio el día miércoles trece de septiembre de dos mil veintitrés por la tarde." SEGUNDO. Admisión de la demanda. En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la demanda registrada en el Libro de Gobierno bajo el número 1651/2023, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, ordenó dar la intervención que corresponde al Fiscal Asistente Ejecutivo de la Federación adscrito, y entre otras cosas, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, en sus primeras etapas, al tenor del acta que antecede, quedando el presente juicio de amparo en estado de resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal [relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito], pues se reclama un acto en materia civil que carece de ejecución material. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el o la Jueza de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: a) La falta de emplazamiento de ******************** al juicio ejecutivo mercantil 589/2017, promovido por la persona moral Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada Elisa Beatriz Carrillo Pedrosa, en contra de Ángel Enrique Muñoz Hidalgo; atribuida al Juez Decimoprimero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, y Diligenciaria Impar de su adscripción. b) La orden de lanzamiento o desalojo emitida en el juicio ejecutivo mercantil 589/2017, y su ejecución; atribuidas Juez Decimoprimero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, y Diligenciaria Impar de su adscripción; así como al Fiscal General del Estado de Puebla y Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Lo anterior se precisa así, si se toma en consideración que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 40/2000, siguiente: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." [Énfasis añadido] TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Como punto de partida, debe apuntarse que la persona juzgadora, al dictar sentencia debe verificar, en primer término, si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Federal. En primer lugar, este órgano jurisdiccional estima que la orden de lanzamiento o desalojo emitida en el juicio ejecutivo mercantil 589/2017, y su ejecución, resulta inexistente. Para justificar lo anterior, de las copias certificadas del aludido convertido [a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas], se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, la persona moral Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada Elisa Beatriz Carrillo Pedrosa, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Ángel Enrique Muñoz Hidalgo, en su carácter de acreditado y garante hipotecario. 2. Del citado asunto tocó conocer al Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, que en auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, lo registró y admitió a trámite bajo el número 589/2017/11AF; asimismo, ordenó pasar los autos al diligenciario de su adscripción, a fin de que se constituyera en el domicilio del demandado lo requiriera del pago de las prestaciones reclamadas y de no hacer el pago, embargara bienes de su propiedad para garantizar el adeudo y, hecho lo anterior, lo emplazara a juicio mercantil. 3. Seguido el procedimiento, previa certificación del plazo para el desahogo de pruebas y formulación de alegatos, el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el juez responsable dictó sentencia definitiva en la que resolvió que la parte actora había probado su acción y el demandado no había comparecido a juicio, por lo que declaró el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria; de igual forma, condenó al demandado al pago de diversas prestaciones, así como al de las costas judiciales. 4. Por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Ángel Enrique Muñoz Hidalgo promovió juicio de amparo, en el que reclamó -según el considerando segundo de la sentencia dictada en dicho juicio- lo siguiente: "Del Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 589/2017/11AF, de su índice, a partir del auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, en el que ordenó el emplazamiento por edictos de la parte demandada -aquí quejosa- practicado el diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Todo lo actuado en las diligencias de jurisdicción voluntaria 174/2016, de su índice, a partir del auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, que ordenó notificar por edictos dichas diligencias al hoy amparista, que se llevó a cabo el veintisiete y veintiocho de febrero, así como el uno de marzo, todos de dos mil diecisiete. De la Diligenciaria impar adscrita al citado juzgado: El emplazamiento por edictos practicado en el juicio ejecutivo mercantil 589/2017/11AF, del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, el diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil dieciocho. De la Diligenciaria par adscrita al citado juzgado: La notificación por edictos practicado en el expediente de jurisdicción voluntaria 174/2016, del índice del Juzgado Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, el veintisiete y veintiocho de febrero, así como el uno de marzo, todos de dos mil diecisiete." 5. Seguido el trámite en el mencionado juicio constitucional 1814/2019, el once de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que -entre otras cosas- se concedió el amparo y protección federal solicitados, para el efecto de que el Juez Décimo Primero Especializado en Asuntos Financieros del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: ".deje insubsistente el emplazamiento por edictos publicado el diecinueve, veinte y veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en los periódicos La Jornada y El Sol de Puebla, ordenados mediante auto de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 589/2017/11AF, de su índice, y como consecuencia, todo lo actuado a partir de dicho acuerdo, incluida la sentencia, el embargo y todas las actuaciones relativas a la etapa de ejecución y, ordene reponer el procedimiento a partir del citado acuerdo." 6. En cumplimiento al fallo protector, mediante proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, el juez del conocimiento dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 589/2017, a partir del emplazamiento por edictos a Ángel Enrique Muñoz Hidalgo ordenado el nueve de abril de dos mil dieciocho y todo lo actuado con posterioridad a dicho acuerdo; asimismo, ordenó emplazar nuevamente a la parte demandada. 7. Seguida la secuela procesal, el nueve de mayo de dos mil veintidós, el juez del conocimiento dictó sentencia en la que resolvió que la parte actora había probado su acción y el demandado no había justificado sus excepciones, por lo que declaró el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria; de igual forma, condenó al demandado al pago de diversas prestaciones, así como al de las costas judiciales. 8. En diligencia de requerimiento de pago y embargo, practicada el once de mayo de dos mil veintidós, se trabó embargo sobre el inmueble identificado como casa ubicada en el doscientos setenta y siete, de la Privada Ciento Trece "A" Oriente, perteneciente a la primera sección del conjunto habitacional en condominio horizontal denominado Fraccionamiento Lomas del Sol, erigida sobre el lote de terreno número sesenta y nueve de la manzana tres del condominio horizontal denominado Fraccionamiento Lomas del Sol, Puebla, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Puebla, bajo el número de folio real 0234543 1. 9. En proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, se declaró que la sentencia causó ejecutoria; y en diverso acuerdo de cinco de septiembre siguiente, se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, para que inscribiera el embargo trabado en diligencia de once de mayo anterior. 10. Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, el juez natural decretó la adjudicación directa del inmueble embargado en autos, a favor del Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada Elisa Beatriz Carrillo Pedrosa, por la cantidad de $1,735,000.00 (un millón setecientos treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). Proveído que causó estado el veintiséis de septiembre siguiente. Como puede verse, aunque en el juicio de origen, el Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, se adjudicó la casa ubicada en el doscientos setenta y siete, de la Privada Ciento Trece "A" Oriente, perteneciente a la primera sección del conjunto habitacional en condominio horizontal denominado Fraccionamiento Lomas del Sol, erigida sobre el lote de terreno número sesenta y nueve de la manzana tres del condominio horizontal denominado Fraccionamiento Lomas del Sol, Puebla, lo cierto es que, no existe la orden de lanzamiento o desalojo reclamada por la quejosa. Ello es así, porque de la revisión de los autos de origen, no se advierte que el juez del conocimiento ordenara la entrega del inmueble adjudicado a la parte actora, y menos aún, que ordenara el lanzamiento. Aunado a que, no puede estimarse que el lanzamiento reclamado es un acto futuro y de realización inminente, pues en realidad sólo existe la adjudicación del inmueble que pretende defender la parte quejosa, y aquél no se decreta como consecuencia inmediata del tal adjudicación, sino que está condicionada a que el actor la solicite y el demandado cumpla o no con la entrega voluntaria del inmueble controvertido, por lo que no existe certeza de que se ordenará el lanzamiento o desalojo reclamados. Por su sentido, resulta aplicable la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 2010813 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.I.L. J/14 L (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, página 2321 Tipo: Jurisprudencia MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Por ello, ante el panorama expuesto, la parte quejosa debía ofrecer pruebas idóneas para demostrar la existencia del acto reclamado. Empero, en el caso, sólo ofreció como pruebas las siguientes: 1) impresión de la información histórica del folio 0234543 1; 2) contrato de arrendamiento original; y, 3) once recibos de pago originales; con las cuales, a lo sumo, demostraría la existencia del contrato de arrendamiento mencionado en su demanda y que ha realizado los pagos correspondientes, así como la información histórica del inmueble controvertido, sin embargo, en modo alguno demuestran la existencia de la orden de lanzamiento o desalojo reclamada. Por tanto, las pruebas que ofreció la parte quejosa son insuficientes para demostrar la existencia de la orden y su ejecución. Además, lo hasta aquí expuesto se robustece si se toma en consideración que la existencia de los actos reclamados debe acreditarse plenamente en el juicio y, por tanto, corresponde a la quejosa acreditar aquel extremo, a partir del principio general de derecho que establece que "el que afirma está obligado a probar", regulado en los artículos 81 a 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tales condiciones, si la parte quejosa no demostró la existencia de los actos reclamados, es inconcuso que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por tanto, lo que procede en la especie es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, por cuanto hace a la orden de lanzamiento o desalojo emitida en el juicio ejecutivo mercantil 589/2017, y su ejecución, atribuida al Juez Decimoprimero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, y Diligenciaria Impar de su adscripción; así como al Fiscal General del Estado de Puebla y Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. Se invoca como apoyo de lo anterior, la tesis que establece: "Registro digital: 198320 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.1o.C.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 433 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el restante acto reclamado del Juez Decimoprimero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, y Diligenciaria de su adscripción -falta de emplazamiento de la quejosa al juicio de origen-, pues al rendir su informe justificado, así lo reconocieron expresamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, al ser cuestiones de orden público. En efecto, la improcedencia en los juicios de amparo es de orden público, lo que entraña que las causales de improcedencia establecidas en la Ley, en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, impiden que el juez de amparo estudie el asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad. Ello es así, pues se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en su caso, son operantes, implican la improcedencia del juicio. En la especie, tomando en cuenta que la promovente se ostenta como persona extraña, es necesario precisar si le asiste el carácter de "tercera extraña en sentido estricto" o "tercera extraña equiparada", pues en función de dicha distinción se analizará la procedencia del sumario en que se actúa; al respecto, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia, se ha considerado lo siguiente: 1) El tercero extraño en estricto sentido o natural, es quien sin ser parte formal ni material dentro de un procedimiento, sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de las resoluciones; en esta figura el quejoso hace valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado de la contienda por una determinación judicial o su ejecución; y 2) El tercero extraño por equiparación, se trata de aquél sujeto que, fungiendo como parte formal o material dentro de un procedimiento jurisdiccional, no fue emplazado, lo fue incorrectamente o de alguna u otra forma se transgrede su derecho de audiencia, por lo que se busca dejar sin efectos la fuerza legal con la que cuenta la sentencia y su cosa juzgada, sin que ello signifique el acto reclamado lo constituya este acto, sino la trasgresión a su derecho de audiencia, como puede ser por la falta de llamamiento o su incorrecto llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 196932 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56 Tipo: Jurisprudencia PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En suma, la distinción entre las figuras en estudio [que interesa para la resolución del presente asunto], radica en que el tercero extraño en sentido estricto no es parte en el juicio del que deriva alguna resolución que afecta la esfera jurídica del tercero -o su ejecución-; en cambio, el tercero extraño por equiparación, es parte formal o material en el controvertido, sin embargo, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, lo que transgrede su derecho de audiencia. Conforme a lo anterior, el juicio de origen fue promovido por la persona moral Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada Elisa Beatriz Carrillo Pedrosa, en contra de Ángel Enrique Muñoz Hidalgo; por tanto, si en dicho controvertido no figuró como parte ********************, aquí quejosa, es evidente que debe analizarse la procedencia del juicio en que se actúa a partir de la figura jurídica de tercero extraño en sentido estricto. Sobre esa base, en relación con el acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio de origen, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, y el ordinal 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal, los cuales establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". (Énfasis añadido) Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los preceptos reproducidos se desprende que la acción de amparo únicamente compete a aquella persona que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado transgrede los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior implica que, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Sin embargo, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, deberá acreditar su interés jurídico. En ese contexto, el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo converge en la titularidad del derecho que se ve afectado con el acto de autoridad, constituido por dos elementos básicos e imprescindibles en conjunto, a saber: a) La titularidad de un derecho; y, b) La afectación de ese derecho por el acto de autoridad. En ese orden, es especialmente relevante puntualizar que los elementos del interés jurídico son concurrentes, por lo que basta la ausencia de alguno de ellos (la existencia del derecho subjetivo, o bien, que el acto reclamado no afecte ese derecho), para que el juicio de amparo resulte improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Esto, en tanto que para el escrutinio de un determinado acto de autoridad en sede constitucional, el quejoso debe demostrar ambos extremos. Además, el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; luego, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, entonces, no es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo la existencia de una situación abstracta que no otorgue a un particular determinando la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 170500 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Enero de 2008, página 225 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Establecido lo anterior, como se anticipó, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 589/2017, del índice del Juzgado Decimoprimero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, promovido por la persona moral Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por conducto de su apoderada Elisa Beatriz Carrillo Pedrosa, en contra de Ángel Enrique Muñoz Hidalgo. Ello es así, porque la relación jurídico-procesal se estableció entre las partes actora y demandada, por lo que es evidente que lo resuelto en ese juicio no le causa algún agravio personal y directo a sus derechos, por ser ajena a la relación procesal establecida en el juicio de origen, de tal suerte que, carece de interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable sobre el particular, la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2006144 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 23/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 206 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Luego, es claro que dicha parte quejosa no puede pedir que sea llamada al controvertido de origen, toda vez que el acto de autoridad reclamado debe encaminarse directamente en su contra, lo que no sucede en la especie, pues el juicio de amparo en que se reclama la falta de llamamiento a un juicio, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño en sentido estricto, es improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, al no advertirse que haya sido integrada a la relación procesal respectiva para velar por sus intereses, ni que tuviera que llamársele al mismo, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo. En tales condiciones, es evidente que no existe base legal para que, con motivo del presente juicio de amparo, se ordenara la práctica del emplazamiento cuya ausencia reclama la peticionaria del amparo, ello a pesar de que alegue la afectación a un inmueble respecto del que se ostenta como poseedora, pues se insiste, no forma parte de la relación jurídica procesal de mérito, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia número VI.2°.C. J/254, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, siguiente: "Registro digital: 177719 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/254 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1513 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." De la misma forma, resulta aplicable la tesis aislada de epígrafe y contenido siguientes: "Registro digital: 197739 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.C.T.20 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Septiembre de 1997, página 648 Tipo: Aislada AMPARO IMPROCEDENTE, CUANDO EL QUEJOSO NO ES PARTE EN EL JUICIO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si de las constancias de autos se aprecia que el quejoso no fue parte en el juicio del que deriva la sentencia reclamada, es evidente que ésta no afecta su interés jurídico y, por lo mismo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. A esto debe agregarse que de conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo aquel a quien perjudica el acto reclamado, por lo que, en tal caso, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 4o., ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal citado, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio de origen, atribuida al Juez Decimoprimero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, y Diligenciaria Impar de su adscripción. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional está legalmente impedido para estudiar los conceptos de violación, pues el sobreseimiento constituye un impedimento técnico para ello. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por otra parte, no se soslaya que no se emplazó a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado; no obstante, el sobreseimiento aquí decretado no le causa una afectación, por lo que una eventual reposición del procedimiento, no le produciría ningún beneficio, sino, por el contrario, le causaría un perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, para lograr su emplazamiento, llegando incluso a obligar a la quejosa a erogar gastos frente a un eventual emplazamiento por edictos, en un caso en el que el juicio de amparo es improcedente, al haberse actualizado una causa de improcedencia que obliga a sobreseer en el mismo. En efecto, ante todo debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno ha determinado en su jurisprudencia P./J. 44/96 que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su realización irregular; y que, tratándose del juicio de amparo, nada justifica que se soslaye su intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizársele que pueda ejercer todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes, en los siguientes términos: "Época: Novena Época Registro: 917982 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 448 Página: 381 TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo". Posteriormente, el propio Pleno ha reconocido que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento, o su defectuosa realización en el juicio de amparo, no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no le reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, sea porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución que le sea adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio, se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación, tal como se explica en la tesis P.V/98, cuyo texto es el siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196912 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. V/98 Página: 45 TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". Criterios que retomó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2003574 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 2a. XLIII/2013 (10a.) Página: 982 FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos". Incluso la propia Segunda Sala en su anterior integración había venido sosteniendo ese criterio, como se desprende de la siguiente jurisprudencia: "Época: Séptima Época Registro: 394487 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 531 Página: 349 TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". Por tanto, en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca a sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos, como acontece en el caso en que deba concederse el amparo. De ahí que, si en el caso, la acción constitucional resultó improcedente, lo que necesariamente obliga a sobreseer en el juicio, resulta ocioso emplazar a quien o quienes les podría asistir el carácter de terceros interesados, porque es evidente que esta resolución no les causa perjuicio alguno. En diverso aspecto, los criterios invocados en la presente ejecutoria, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010982 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Página: 705 JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). .. Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1651/2023, promovido por ********************, por derecho propio, en contra de los actos reclamados y por las autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Jueza Edna Matus Ulloa, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable mencionada en la certificación de cuenta, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo se encuentra transcurriendo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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