Susana Vargas Meza

Expediente 872/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
872/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Susana Vargas Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, en el que el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual informa que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, planteó el conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, con sede en Mexicali, Baja California, para la substanciación correspondiente y en su caso, sea dicho órgano jurisdiccional quien determine que Juzgado de Distrito es competente para conocer del juicio de amparo promovido por Susana Vargas Meza. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, al que acompaña el juicio de amparo 99/2019, en atención a que dicho órgano jurisdiccional en auto dictado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró legalmente incompetente para resolver del juicio de amparo 99/2019 de su índice, promovido por la quejosa Susana Vargas Meza, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, y ordenó remitir la misma al juez de Distrito en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en turno, con sede en esta ciudad, puesto que, aduce es dentro de la circunscripción de este juzgado, donde tendrá lugar la ejecución de los actos derivados de la respuesta a la solicitud de pensión por jubilación emitida por la quejosa; por tanto, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de juzgado que corresponda bajo el número 872/2019-IV. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, del estudio, de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la omisión de dar contestación a la petición de pensión por jubilación, solicitada por Susana Vargas Meza. En ese sentido, es preciso señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para fijar la competencia entre jueces de distrito, a saber: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" [Énfasis añadido]. De ello puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, en ese sentido, pueden desprenderse tres supuestos en los que se establece la competencia del juez de distrito, que son: Si el acto reclamado tiene ejecución material, será competente el juez de distrito del lugar en donde va a tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el mismo; Si el acto reclamado tiene ejecución material y ésta pueda llevarse a cabo en uno o más distritos, o bien haya empezado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro (acto de tracto sucesivo), será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no tiene ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. En ese contexto, cabe señalar que, como quedó puntualizado, el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación a la petición de pensión por jubilación solicitada por Susana Vargas Meza. Asimismo, la promovente expuso que dicha omisión es violatoria del derecho fundamental consagrado en el artículo 8 constitucional, en virtud de que las autoridades responsables se han abstenido de dar contestación a la petición que formuló mediante escrito el diez de septiembre de dos mil diecinueve. En esa tesitura, contrariamente a lo estimado por la autoridad oficiante, se evidencia que los actos reclamados, traducidos en un no actuar de las autoridades responsables, indudablemente carecen de ejecución material alguna ya que se trata de una abstención, en la que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, pues constituye un no hacer de la responsable relacionado con dar contestación a una petición realizada en ejercicio del derecho fundamental contemplado en el artículo 8º Constitucional, lo cual carece de efectos positivos, puesto que las cosas permanecen en ese estado, hasta en tanto cese esa omisión y, por ende, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; es decir, que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Mayo de 2014, página 500, materia común, con número de registro 2006529, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR EL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Con lo expuesto con anterioridad, la omisión de la autoridad de contestar un escrito de petición constituye un acto carente de ejecución material, pues la única intención de su impugnación es obtener la respuesta respectiva, de ahí que la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor del juzgador en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Sirve de ejemplo la jurisprudencia J/15 (10a.), emitida por la Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 53, abril de 2018, Tomo II, página 1092, materia común, con número de registro 2016597, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA RECLUIDA EN UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE SE LE INSTRUYE UN PROCESO PENAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN POR ESCRITO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de ahí que si la omisión de la autoridad de contestar un escrito de petición constituye un acto negativo carente de ejecución material, pues la única intención de su impugnación es obtener la respuesta respectiva, es evidente que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por una persona recluida en un lugar diverso al en que se le instruye un proceso penal, contra ese tipo de actos, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda." (Negritas y subrayado añadido). En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Susana Vargas Meza, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California; en virtud de que como se mencionó con anterioridad, la omisión de la autoridad de contestar un escrito de petición constituye un acto carente de ejecución material. En consecuencia, devuélvase a la autoridad oficiante, el expediente de amparo 99/2019 de su índice, previa copia certificada que de las constancias conducentes se deje en autos. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En otro tenor, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Cueva Rodríguez, Verónica Olmos Rodríguez, Ericka Maritza Quintana Manzo y Berenice Lagunas Molina, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con residencia en Tijuana, al que acompaña el juicio de amparo 99/2019, en atención a que dicho órgano jurisdiccional en auto dictado el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró legalmente incompetente para resolver del juicio de amparo 99/2019 de su índice, promovido por la quejosa Susana Vargas Meza, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, y ordenó remitir la misma al juez de Distrito en el estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en turno, con sede en esta ciudad, puesto que, aduce es dentro de la circunscripción de este juzgado, donde tendrá lugar la ejecución de los actos derivados de la respuesta a la solicitud de pensión por jubilación emitida por la quejosa; por tanto, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de juzgado que corresponda bajo el número 872/2019-IV. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Luego, del estudio, de la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la omisión de dar contestación a la petición de pensión por jubilación, solicitada por Susana Vargas Meza. En ese sentido, es preciso señalar que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas para fijar la competencia entre jueces de distrito, a saber: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" [Énfasis añadido]. De ello puede advertirse que la competencia para conocer de la demanda de amparo se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, en ese sentido, pueden desprenderse tres supuestos en los que se establece la competencia del juez de distrito, que son: Si el acto reclamado tiene ejecución material, será competente el juez de distrito del lugar en donde va a tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el mismo; Si el acto reclamado tiene ejecución material y ésta pueda llevarse a cabo en uno o más distritos, o bien haya empezado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro (acto de tracto sucesivo), será competente el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no tiene ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. En ese contexto, cabe señalar que, como quedó puntualizado, el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación a la petición de pensión por jubilación solicitada por Susana Vargas Meza. Asimismo, la promovente expuso que dicha omisión es violatoria del derecho fundamental consagrado en el artículo 8 constitucional, en virtud de que las autoridades responsables se han abstenido de dar contestación a la petición que formuló mediante escrito el diez de septiembre de dos mil diecinueve. En esa tesitura, contrariamente a lo estimado por la autoridad oficiante, se evidencia que los actos reclamados, traducidos en un no actuar de las autoridades responsables, indudablemente carecen de ejecución material alguna ya que se trata de una abstención, en la que sus efectos no trascienden al mundo fáctico, pues constituye un no hacer de la responsable relacionado con dar contestación a una petición realizada en ejercicio del derecho fundamental contemplado en el artículo 8º Constitucional, lo cual carece de efectos positivos, puesto que las cosas permanecen en ese estado, hasta en tanto cese esa omisión y, por ende, debe aplicarse el contenido del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; es decir, que es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo I, Mayo de 2014, página 500, materia común, con número de registro 2006529, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR EL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Con lo expuesto con anterioridad, la omisión de la autoridad de contestar un escrito de petición constituye un acto carente de ejecución material, pues la única intención de su impugnación es obtener la respuesta respectiva, de ahí que la competencia para conocer de la demanda de amparo se surte a favor del juzgador en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Sirve de ejemplo la jurisprudencia J/15 (10a.), emitida por la Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 53, abril de 2018, Tomo II, página 1092, materia común, con número de registro 2016597, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA RECLUIDA EN UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE SE LE INSTRUYE UN PROCESO PENAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN POR ESCRITO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente para conocer del juicio de amparo en la vía indirecta, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; de ahí que si la omisión de la autoridad de contestar un escrito de petición constituye un acto negativo carente de ejecución material, pues la única intención de su impugnación es obtener la respuesta respectiva, es evidente que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por una persona recluida en un lugar diverso al en que se le instruye un proceso penal, contra ese tipo de actos, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda." (Negritas y subrayado añadido). En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Susana Vargas Meza, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California; en virtud de que como se mencionó con anterioridad, la omisión de la autoridad de contestar un escrito de petición constituye un acto carente de ejecución material. En consecuencia, devuélvase a la autoridad oficiante, el expediente de amparo 99/2019 de su índice, previa copia certificada que de las constancias conducentes se deje en autos. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y solicítese el acuse de recibo correspondiente. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En otro tenor, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Javier Cueva Rodríguez, Verónica Olmos Rodríguez, Ericka Maritza Quintana Manzo y Berenice Lagunas Molina, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Notifíquese.

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