Susada de Jesús Castro Morales

Expediente 909/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
909/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Susada de Jesús Castro Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista; la constancia actuarial de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, de las que se advierte la imposibilidad para entregar el oficio 25403/2019, dirigido a la autoridad señalada como responsable Director de Seguridad Pública Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, por los motivos que expone en la misma. En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones procesales reexpídase el oficio 25403/2019, a la autoridad señalada como responsable Director de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada. Notifíquese.

  2. Incidental

    Ensenada, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista; la constancia actuarial de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte la imposibilidad para entregar el oficio 25412/2019, dirigido a la autoridad señalada como responsable Director de Seguridad Pública Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada, por los motivos que expone en el mismo. En ese sentido, en obvio de mayores dilaciones procesales reexpídase el oficio 25412/2019, a la autoridad señalada como responsable Director de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Ensenada. Notifíquese.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vista; la demanda de amparo promovida Susada de Jesús Castro Morales, contra actos del juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno bajo número 909/2019 y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Fórmese por separado el incidente de suspensión respectivo, toda vez que fue solicitado. Se señalan las diez horas con veintiséis minutos del dieciséis de enero de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación del oficio en el que se solicitan; apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tiene la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 245 y 246 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Virginia Fabiola Rosales Gómez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que respecta a Ángel Olachea Álvarez, se le tiene como autorizado únicamente en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, el mismo no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de las actuarias de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Notifíquese.

  4. Incidental

    Ensenada, Baja California, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas las copias simples de la demanda, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 909/2019, promovido por Susada de Jesús Castro Morales, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras en lo particular, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación. Se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, en el caso en estudio la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. A las autoridades señaladas como responsables, le reclamo la ILEGAL ORDEN DE DESALOJO, el cual ordeno a las restantes autoridades responsables, se nos desaloje de nuestra vivienda ubicada en CALLE PASEO DEL MAR 466-04 CONDOMINIO LA BALLENA II, FRACC PORTICOS DEL MAR ya que no he contraído deuda alguna con algún tercero, ni tampoco he firmado título de crédito o de propiedad a nombre de algún tercero, amenazando con despojarme de mi propiedad [.] Asimismo, la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos siguientes: "Solicito la Suspensión Provisional y en su momento la definitiva de los actos reclamados con el fin de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan." Por tanto, con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la procedencia de la medida cautelar respecto de los efectos para los cuales fue solicitada. Ahora bien, previo al pronunciamiento de la medida cautelar solicitada, resulta pertinente señalar que conforme al artículo 107, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés suspensional) el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto al orden jurídico, para que la sentencia que se dicte solo lo proteja a él, en cumplimiento del principio de relatividad. Asentado lo anterior, resulta evidente que la parte quejosa debe acreditar la afectación directa a sus derechos subjetivos, por lo que al no exhibir ésta, medios de convicción con los cuales justifique lo anterior, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, en razón de que no acredita ni aun de manera indiciaria tener el derecho de posesión sobre el predio ubicado en calle Paseo del Mar 466-04 condominio La Ballena II, Fraccionamiento Pórticos del Mar, en esta ciudad, materia del acto reclamado. A mayor abundamiento, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado pronunciamiento respecto al tema, estableciendo que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados se debe atender, entre otras circunstancias, a su naturaleza y a los daños y perjuicios que con su otorgamiento se originen al interés público; en ese contexto, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad de éste, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dicho acto constituye en sí la violación alegada, se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Por tanto se tiene que al resolverse sobre la suspensión debe corroborarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de la medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del cual debe partir el análisis de la procedencia de la suspensión deber ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del quejoso pues, de lo contrario, de no constar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. De ahí que en el caso la parte quejosa no cumple con tal requisito, pues no acredita ni aun de manera indiciaria tener el derecho de posesión en carácter de propietario que se ostenta, respecto del inmueble que señala en su demanda de amparo; ya que no exhibió medio de convicción que acreditara por lo menos de manera indiciaria su existencia, pues ya que de concederse la medida cautelar solicitada, sería contrario al interés social y a las disposiciones de orden público, dado que con su otorgamiento se estaría constituyendo un derecho a favor de la parte quejosa, sin satisfacer los requisitos previstos en el artículo 131 de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Se tiene se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Virginia Fabiola Rosales Gómez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que respecta a Ángel Olachea Álvarez, se le tiene como autorizado únicamente en términos del artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, el mismo no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En otro orden, como lo solicita, expídasele copia certificada de esta determinación, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos para constancia, y por autorizados para recibirla en su nombre a las personas que autoriza en su demanda. Por lo que hace a la expedición de un tanto más de la copia certificada que solicita; dígase que una vez que justifique las razones por las cuales la requiere e insista en su petición, se acordará lo que en derecho corresponda, de conformidad con la jurisprudencia 20/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de dos mil diecisiete, Tomo I, página 308, de rubro y texto: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas, se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios judiciales de este juzgado, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, asistido de Yarheli Ayadeth Figueroa Alcaraz, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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