Susana Inés Shepard Lazarini

Expediente 1124/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1124/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Susana Inés Shepard Lazarini

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, once de octubre de dos mil veintitrés. I. Boleta de turno. Agréguese a los autos la boleta de cuenta, con folio electrónico ****, de la que se advierte que el recurso de queja interpuesto contra el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda, se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. I. Recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito de ********************, apoderado legal de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100, 101 y demás relativos de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja contra el auto treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo. II. Se rinde informe. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que este juzgado efectivamente emitió el auto recurrido. III. Envío de recurso de queja. Al no existir partes a las que deba notificarse sobre la interposición del citado medio de impugnación, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en turno, el original y copia del escrito de agravios para la substanciación del citado medio de impugnación, así como copia certificada de las constancias precisadas por el recurrente. En el entendido de que la entrega recepción de los autos al Tribunal de Alzada, podrá realizarse incluso en horas inhábiles, dado de que sólo se trata de una cuestión administrativa con el objeto de observar la oportunidad en la remisión del recurso.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, como apoderado legal de **********, contra actos del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia en Santiago de Querétaro, Querétaro.IV. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que, en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. De ello se sigue que, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el caso, según se advierte del análisis de la demanda de amparo y sus anexos, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." En efecto, como se observa, la primera de las porciones normativas establece una norma de clausura consistente en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando así lo disponga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia Ley de Amparo, lo que evidencia la voluntad del legislador de que las causales establecidas en las veintidós fracciones previas del citado artículo 61, fueran únicamente de carácter enunciativo, mas no limitativo; así, en caso de que la Carta Magna o la norma reglamentaria citadaprevengan algún motivo de improcedencia diverso, habrá que estarse a lo en ellas dispuesto en torno a la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Por su parte, del segundo precepto se advierte que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto se reconoce la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales de las personas; no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias a la ejecución de sentencias y no obstaculizar el flujo secuencial de los actos de autoridad judicial realizados fuera de juicio, se dispuso que el juicio de amparo indirecto únicamente procederá en contra de la resolución definitiva dictada en el procedimiento de remate respectivo, esto es, la última resolución que se dicta. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso que la redacción del legislador refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto, pues de forma clara pretende dos objetivos:*****En efecto, la razonabilidad de establecer el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, únicamente en contra de la última resolución emitida contra actos fuera de juicio, estriba en impedir que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, mediante la interposición sucesiva de juicios de amparo que impidan lograr la ejecución de una sentencia judicial. Luego, a fin de otorgar claridad y certeza respecto al requisito de procedencia en comento, el legislador pormenorizó qué debe entenderse por última resolución emitida en la etapa de ejecución de sentencia; y, por ello, estipuló que la última resolución, tratándose de actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, debe ser entendida como aquella que, de manera expresa o tácita4 : ? Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado ? Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o ? Se ordena el archivo definitivo del expediente. Además, tratándose de actos de remate, el legislador fue incluso más específico, precisando que la última resolución del procedimiento de remate, es aquella que, en forma definitiva, ordena5 : ? El otorgamiento de la escritura de adjudicación; o ? La entrega de los bienes rematados. En complemento a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que el juicio de amparo indirecto también es procedente contra aquellos actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural u oponerse a la ejecución de la sentencia, como cuando se trata de aquellos casos en que el acto reclamado se refiere a la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdedora, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, o la orden de arresto dictada como medida de apremio. Sobre este punto, debe precisarse que la característica de autonomía radica en que el acto dictado en la fase de ejecución de sentencia no decide de manera lisa y llana sobre la ejecución del derecho o condena que haya sido materia de pronunciamiento en el fallo que se ejecuta, sino que se refiere a cuestiones que puedan constituir: (a) una fase previa y necesaria para continuar con la ejecución; (b) una modificación a la situación jurídica creada con la sentencia; o (c) que pretenda incluir derechos y obligaciones no comprendidas en ésta.A fin de esclarecer lo anterior, conviene traer a colación los siguientes ejemplos de actos autónomos respecto de los cuales se ha establecido jurisprudencialmente que pudiere proceder el juicio de amparo indirecto (siempre y cuando no existiere otro motivo de improcedencia), así como su justificación***Adicionalmente, la Primera Sala del Máximo Tribunal ha precisado que el juicio de amparo indirecto también procede en contra de actos que, por sus consecuencias, constituyan un obstáculo para continuar el curso de la ejecución. Lo anterior, ya que, la ratio legis de la regla contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, consiste en evitar que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo.Por lo cual, a manera de ejemplo, cuando el Juez se niega a señalar fecha para la audiencia de remate, esa resolución puede impugnarse en el amparo indirecto sin que sea necesario esperar a que se apruebe o desapruebe el remate, pues si no se permite el control constitucional sobre esas determinaciones, podría no llegarse nunca al final de la ejecución.6 De modo que, en resumen de lo expuesto, el juicio de amparo indirecto, en fase de ejecución, puede resultar procedente (siempre y cuando no existiere otro motivo de improcedencia) contra las determinaciones que: 1) Ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación. 2) Ordenan la entrega de los bienes rematados. 3) Aprueban o reconocen el cumplimiento total de lo sentenciado 4) Declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento5) Ordenan el archivo definitivo del expediente. 6) Guardan autonomía respecto de la última resolución que se dicte en esa etapa. 7) Por sus consecuencias, constituyan un obstáculo para continuar el curso de la ejecución. Ahora bien, en la especie, la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria recaída al recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinte de junio de dos mil veintitrés; misma que, según se advierte de las constancias remitidas, es de contenido siguiente********Así, de la lectura íntegra de la resolución reclamada, se advierte que no se ubica dentro de los supuestos de procedencia del juicio de amparo; en virtud de que: (a) no declara expresa o tácitamente que la sentencia ha sido cumplida; (b) no declara expresa o tácitamente que exista una imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma; (c) no ordena la escrituración de bienes ni la entrega de los mismos; (d) no se trata de un acto autónomo que cuantifique el monto de lo condenado, imponga nuevos derechos u obligaciones, o pudiere tener por efecto de modificar la situación de "cosa juzgada"; y (e) tampoco se trata de un acto que tuviere por consecuencia obstaculizar la ejecución de la sentencia.Además, tampoco se actualiza una excepción a los supuestos de procedencia descritos en el presente auto; en virtud de que: (i) no se trata de actos que pudieren constituir violaciones de derechos de imposible reparación, en tanto no tiene incidencia material sobre derechos de naturaleza sustantiva; y (ii) no se trata de una dilación procesal o paralización de la etapa de ejecución, pues, precisamente, consiste en una determinación recaída sobre la petición formulada por la parte demandada en el juicio natural -aquí quejoso-. Sin que pase desapercibida la manifestación vertida por el quejoso relativa a que "la resolución reclamada conlleva la imposibilidad de declarar que el juicio ha concluido"; en virtud de que, como se advierte del marco legal anterior, tal situación no constituye un supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto. Es decir, el impetrante confundió el alcance de la expresión "declare la imposibilidad de cumplir la sentencia" con la diversa "declare la imposibilidad de concluir el juicio", cuya denotación y significado revisten alcances opuestos. En tanto, como se observa, la primera denotación persigue materializar los efectos de la sentencia, mientras que la segunda busca dar fin a la etapa de ejecución. En ese sentido, ya que los actos reclamados no se subsumen en la hipótesis normativa indicada y no se ubican en ningún supuesto de excepción, resulta patente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, lo cual conduce a DESECHAR la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la materiaNotifíquese de manera electrónica a la parte quejosa.

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