Susana Griselda Ortega Vázquez
Expediente 1288/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1288/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/10/2023
Partes del expediente
- Susana Griselda Ortega Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Estado de autos. Según se advierte del estado procesal que guardan los autos, se fijaron las once horas y veinte minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, existió imposibilidad jurídica y material para el verificativo de aquélla, con motivo de la suspensión de labores derivada de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos. III. Se fija fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, para estar en aptitud de proseguir con el trámite del presente juicio, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, a fin de que tenga verificativo la citada audiencia constitucional, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de octubre de dos mil veintitrés. I. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el que desahoga la prevención formulada en autos, la que se tiene por cumplida; atento a ello, se provee: II. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. III. Audiencia constitucional. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. En el entendido que dicha audiencia se llevará a cabo sin público, al margen que subsista la posibilidad de ofrecer pruebas de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, mediante escrito presentado vía electrónica, y de forma física sólo en casos urgentes, además que, de acuerdo con el artículo 124 de la misma ley, los alegatos pueden formularse de la manera antes indicada, todo ello con la oportunidad debida a la fecha señalada; máxime que en el supuesto de las objeciones respectivas, ello daría lugar a la suspensión del procedimiento. IV. Diferimiento de audiencia constitucional. Se entera a las partes que el señalamiento de una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se realizará por lista, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista, en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para la autoridad responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, toda vez que mediante la notificación personal es informada en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, y si entre ellos no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. V. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 125 y 128, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, en términos del artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que rinda el informe justificado dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes a aquél en que reciba el oficio por el que se le pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndole saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. VII. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. VIII. Recepción de informes provenientes de la autoridad responsable. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que haga llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que se estimen necesarios para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGA DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. IX. Obligación de recibir oficios. Se hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. X. Requerimiento por constancias sobre la actualización de causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XII. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que allega, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. XIII. Tercero interesado. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a: ********************, con domicilio en******************** Consecuentemente, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, con copia autorizada del presente proveído y copia simple de la demanda de amparo, por conducto del actuario judicial emplácese al presente juicio de amparo a la citada parte procesal en el domicilio indicado, para lo cual deberá recabar las constancias de dicho emplazamiento. Asimismo, el actuario judicial adscrito le deberá hacer saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del presente asunto y además indicarle que las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los artículos 26, fracción III y 29 de la ley reglamentaria, sin perjuicio de que si durante la tramitación del presente asunto, designe domicilio en esta ciudad o en zona conurbada. XIV. Intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda.
- Incidental
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de octubre de dos mil veintitrés. I. Recepción. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito de demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ******/2023, promovido por Susana Griselda Ortega Vázquez, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. II. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, los que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. III. Audiencia incidental. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive del presente acuerdo, al que deberá agregarse copia de la demanda de amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, en el que exprese si es o no cierto el acto que se le reclama; apercibida que de no hacerlo, se presumirán ciertos los actos reclamados. V. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. VI. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. VII. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VIII. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. IX. Precisión del acto reclamado y efecto para los que solicita la suspensión. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro:[...] Asimismo solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta en tanto se resuelva el presente asunto. Por lo tanto, en el presente proveído, únicamente se abordará el estudio referente a los efectos que solicita la parte quejosa. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a), resuelta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, materia constitucional, número de registro 2019200, de rubro y texto siguiente. "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." X. Negativa de la suspensión en relación al acto reclamado. Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda y escrito aclaratorio, se arriba a la determinación de NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, por las razones que a continuación se expondrán: Ahora bien, el acto reclamado lo constituye la sentencia interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintitrés, que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada en el expediente de origen (aquí quejosa), en contra de diversas actuaciones, entre las que se encuentra la notificación de la interlocutoria que regula la planilla de liquidación y diversas notificaciones en etapa de ejecución de laudo. Primero, resulta oportuno exponer el marco jurídico que rige la figura de la suspensión del acto reclamado, el cual comprende, principalmente, los artículos 107, fracción X, constitucional, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo. El primer párrafo de la fracción X, del artículo 107 constitucional, establece que en los juicios de amparo los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión siempre que se cumplan las condiciones y garantías (requisitos) establecidas en la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público, haciendo un análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y del interés social. Por su parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos que deben reunirse de manera concurrente para efectos del otorgamiento de la medida cautelar, esto es, que la solicite el agraviado (fracción I), y que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público (fracción II). El artículo 129 de la Ley de Amparo, establece -de manera enunciativa y no limitativa- diversas hipótesis en que se considerará que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, y excepcionalmente permite que aun cuando se actualice alguna de tales hipótesis, se conceda la suspensión de los actos, si a consideración del juzgador, con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Por su parte, el artículo 131 de la ley que rige el juicio constitucional, prevé que, cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando éste acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; empero en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquéllos, que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. En suma, para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, el juzgador debe atender los siguientes requisitos: Primero, debe avocarse al estudio de los aspectos preliminares, consistentes en la existencia del acto reclamado y su naturaleza, para determinar si es susceptible de suspenderse. Deben satisfacerse los requisitos esenciales, en donde el juzgador tendrá que realizar un examen sobre la probabilidad y verosimilitud del derecho solicitado, así como sus consecuencias. En esta etapa debe considerarse que la decisión sobre el otorgamiento de una medida cautelar, implica el análisis de los elementos fundamentales de ésta, consistentes en la apariencia del buen derecho y en el daño específico que genera la demora en la decisión de fondo del asunto. Finalmente, se analizarán los requisitos legales. En esta etapa se abordará la pertinencia de la medida cautelar solicitada, en relación al nivel de afectación que ésta pudiera ocasionar respecto de la colectividad o del interés social, lo que en otras palabras significa verificar que con el otorgamiento de la suspensión no se afecte el interés colectivo, ni se contravengan disposiciones del orden público. Así, para decidir sobre la procedencia de la suspensión de los efectos de los actos reclamados, debe verificarse que se cumplan sucesivamente los requisitos señalados, esto es, preliminares, esenciales y legales. La suspensión sólo opera frente a los actos que se reclamen, si éstos no existen, no hay materia sobre qué decretar la citada medida cautelar y lo procedente es negarla de plano, sin necesidad de examinar las otras cuestiones. Además, no basta que los actos que se impugnen sean ciertos, para que contra ellos se otorgue la suspensión, sino que es menester que, conforme a su naturaleza sean susceptibles de ser suspendidos. Reunidas las anteriores condiciones, es necesario que se cumplan los requisitos esenciales (apariencia del buen derecho y daño específico que genera la demora en la decisión de fondo del asunto), sin alguno de estos requisitos, no procede conceder la suspensión, siendo innecesario determinar si se actualizan o no los requisitos legales (que con el otorgamiento de la suspensión no se afecte el interés colectivo ni se contravengan disposiciones del orden público). En ese tenor, la naturaleza del acto reclamado es uno de los requisitos preliminares que debe tomarse en consideración para determinar si es o no susceptible de concederse la suspensión. Es oportuno señalar que existen varios tipos de actos reclamados, lo que origina que se clasifiquen en atención a diversos criterios. Así, atendiendo a su naturaleza, pueden ser positivos, negativos o declarativos. Los positivos, son aquellos que contienen una decisión o un hacer por parte de la autoridad, imponen obligaciones o se traducen en un acto de molestia o privación. Los negativos, pueden ser simples, prohibitivos u omisivos, según resulte que a través de ellos la autoridad se rehúse a hacer algo, imponga a las personas una obligación de no hacer o se abstenga de actuar en perjuicio de las personas. Los declarativos, se limitan a evidenciar una situación jurídica. No obstante, la naturaleza de los actos no es el único factor que determina la concesión o negativa de una medida cautelar, pues ello dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar, si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. En efecto, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo, del artículo 147, de la Ley de Amparo, debe entenderse como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere ante el carácter del acto. Consideraciones que fueron vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro y contenido: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". Esto quiere decir que, las consecuencias que se puedan producir, serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Conforme a lo anterior, se concluye que la resolución reclamada interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintitrés, que declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte demandada en el expediente de origen (aquí quejosa), por lo que ordena continuar el procedimiento en la etapa procesal oportuna, esto es, en la fase de ejecución de laudo, es un acto meramente declarativo, el cual no tiene ejecución material que pueda imprimir efectos y consecuencias en perjuicio de la parte quejosa; ya que sólo declara la nulidad de las actuaciones subsecuentes a la emisión del laudo y continúa en su fase de ejecución. Es decir, no existen consecuencias a considerar para decidir que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran o si deba restituirse provisionalmente a la quejosa en el goce de algún derecho, habida cuenta que -como se adelantó- el acto reclamado únicamente evidencia una situación jurídica (declaración de nulidad de notificaciones subsecuentes a la notificación del laudo). Sustenta lo anterior, el criterio contenido la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro digital: 2026730, que es de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo". Así las cosas, se reitera que es IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN solicitada, en virtud de que el acto reclamado es meramente declarativo. Resulta aplicable, la tesis de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS DECLARATIVOS. Por tratarse de un laudo de naturaleza puramente declarativa, la situación jurídica que esta clase de resoluciones determina sin tener principio de ejecución, hacen toda suspensión improcedente, porque concederla equivaldría a darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia que se dicte en el fondo del amparo; por lo que negar la suspensión en estos casos, no causa agravio alguno que pueda ser reparado por la queja". Es ilustrativa al caso, la tesis I.7o.A.48 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio este órgano jurisdiccional comparte, mismo que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE SU CONCESIÓN EN CONTRA DE LOS EFECTOS DE UN ACTO DE AUTORIDAD QUE CARECE DE EJECUCIÓN REAL Y MATERIAL. Cuando en la demanda de amparo se reclama de una autoridad la expedición de un documento en el que se informa al gobernado la imposibilidad de otorgarle la renovación de algún permiso, licencia, autorización o cualquier otro acto similar, y se pide la suspensión de sus efectos aduciéndose que con apoyo en esa determinación existe la posibilidad de que se emita una orden de clausura del establecimiento de que se trate, la medida suspensional resulta improcedente, pues el acto materia de la controversia por sí solo carece de ejecución por ser meramente declarativo, ya que para darse la afectación a su esfera jurídica se requiere, en todo caso, de un nuevo acto en el que se configure la hipótesis descrita por el quejoso en cuya situación tiene a su alcance los medios legales para combatir dicha orden, de tal suerte que al tratarse de un acto diverso, el juzgador está impedido legalmente para obsequiar la medida cautelar solicitada en esos términos". Es aplicable, la tesis, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, Volumen 163-168, Sexta Parte, materia común, número de registro 249976, visible en la página 15, que dice: "ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella." XI. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********; asimismo, se tiene como autorizado en términos a *******, por contar cédula profesional inscrita en el sistema correspondiente, no así la diversa persona que indica. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XII. Medio de contacto. Tomando en consideración que la promovente señala correo electrónico para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicho medio no se encuentra en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica; sin embargo, se le tiene únicamente como medio de contacto para los efectos legales a que haya lugar. XIII. Acceso al expediente electrónico. En atención a su solicitud y toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), en el "reporte de autorizados para consultar expediente electrónico", con el nombre proporcionado se encontró el usuario "*****". En tal virtud, con fundamento en los artículos 9 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario referido, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes. XIV. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XVI. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA Y EMPLAZA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO, EL CITATORIO DE 13/10/2023, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE 11/10/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, once de octubre de dos mil veintitrés. I. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, mediante el que desahoga la prevención formulada en autos, la que se tiene por cumplida; atento a ello, se provee: II. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. III. Audiencia constitucional. En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. En el entendido que dicha audiencia se llevará a cabo sin público, al margen que subsista la posibilidad de ofrecer pruebas de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, mediante escrito presentado vía electrónica, y de forma física sólo en casos urgentes, además que, de acuerdo con el artículo 124 de la misma ley, los alegatos pueden formularse de la manera antes indicada, todo ello con la oportunidad debida a la fecha señalada; máxime que en el supuesto de las objeciones respectivas, ello daría lugar a la suspensión del procedimiento. IV. Diferimiento de audiencia constitucional. Se entera a las partes que el señalamiento de una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se realizará por lista, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista, en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para la autoridad responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, toda vez que mediante la notificación personal es informada en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, y si entre ellos no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. V. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 125 y 128, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, en términos del artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que rinda el informe justificado dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes a aquél en que reciba el oficio por el que se le pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndole saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. VII. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. VIII. Recepción de informes provenientes de la autoridad responsable. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, para que haga llegar -debidamente escaneados y firmados- los informes o constancias que sean solicitadas o que se estimen necesarios para la resolución de este asunto, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a la autoridad responsable que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGA DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. IX. Obligación de recibir oficios. Se hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. X. Requerimiento por constancias sobre la actualización de causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XII. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, se tienen como pruebas de la parte quejosa la documental que allega, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. XIII. Tercero interesado. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a: ********************, con domicilio en******************** Consecuentemente, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, con copia autorizada del presente proveído y copia simple de la demanda de amparo, por conducto del actuario judicial emplácese al presente juicio de amparo a la citada parte procesal en el domicilio indicado, para lo cual deberá recabar las constancias de dicho emplazamiento. Asimismo, el actuario judicial adscrito le deberá hacer saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional del presente asunto y además indicarle que las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los artículos 26, fracción III y 29 de la ley reglamentaria, sin perjuicio de que si durante la tramitación del presente asunto, designe domicilio en esta ciudad o en zona conurbada. XIV. Intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. AUTO 05/10/2023 QUE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Recepción y demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 1288/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Prevención. Ahora previo a proveer respecto a la admisión o no de la demanda de amparo de mérito, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracciones I y V, en relación con los diversos 108, fracción V y 110, de la Ley de Amparo, a efecto de integrar debidamente la litis constitucional, bajo protesta de decir verdad cumpla con el siguiente requerimiento: Manifieste quiénes son las partes en el procedimiento del que emana el acto reclamado. Aclare los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en el entendido de que ello deberá ser de manera cronológica, clara y precisa, ya que de una lectura de la demanda de amparo no se advierte con claridad la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." SEGUNDO. Exhiba tres copias de la demanda de amparo, ello en virtud de que no anexó ninguna copia de la demanda, y con apoyo en el artículo 110 de la ley reglamentaria invocada se requieren: una copia para la autoridad que señala como responsable, una para el emplazamiento del tercero interesado y una para el Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. Así también, exhiba una copia más de la demanda de amparo para la apertura del incidente de suspensión que solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 245, Tomo XVI, Agosto de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." TERCERO. Exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, a fin de correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la ley de amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la parte quejosa y no los autorizados, ni siquiera en términos amplios, debido a que aquél entraña expresiones bajo protesta de decir verdad, inherentes a la accionante. Ilustra la Jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 348, tomo XXIV, julio de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del rubro siguiente. "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Asimismo, hágasele notar a la parte quejosa que el escrito aclaratorio está bajo los efectos de la protesta de decir verdad que ya vertió y que la Ley de Amparo, el cual prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. V. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de no cumplir con lo solicitado, se tendrá por no presentada la presente demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la ley que rige el juicio constitucional. VI. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "..."; asimismo, se tiene como autorizado en términos a ..., por contar cédula profesional inscrita en el sistema correspondiente, no así la diversa persona que indica. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XII. Medio de contacto. Tomando en consideración que la promovente señala correo electrónico para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicho medio no se encuentra en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica; sin embargo, se le tiene únicamente como medio de contacto para los efectos legales a que haya lugar. VIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. X. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XI. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Susana Esparza Garza769/2016
- Susana Flores Patiño111/2017
- Susana García García483/2017
- Susana Gonzalez Flores353/2020
- Susana González Martínez259/2017
- Susana Griselda Ortega Vazquez799/2022
- Susana Guadalupe Ilizaliturri Sánchez1168/2017
- Susana Inés Shepard Lazarini870/2022
- Susana Inés Shepard Lazarini1168/2022
- Susana Inés Shepard Lazarini3/2023
- Susana Ines Shepard Lazarini177/2023
- Susana Inés Shepard Lazarini1124/2023