Susana Gissel Reyes Estudillo
Expediente 423/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 423/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 05/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Susana Gissel Reyes Estudillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 169-188), en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido; glósese a este expediente el original del incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión; en el que se negó la suspensión definitiva solicitada y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar LEY DE TRANSPARENCIA Por otra parte, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, A CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. INFORMES JUSTIFICADOS Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, los informes justificados rendidos por la Jueza del Juzgado Segundo Familiar y Ejecutor Judicial Habilitado Juzgado Segundo Familiar, ambos con residencia en esta ciudad. Ahora bien, se destaca que las citadas autoridades refieren similarmente lo siguiente: "NIEGO EL ACTO RECLAMADO, por la ahora quejosa SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, tornando en consideración que si bien es cierto que en el Juzgado Segundo de lo Familiar de Salina Cruz, Oaxaca, se tramita el expediente familiar número 0539/2017, relativo a) juicio de controversias del orden familiar promovido por VICENTE ZAID LEYVA HERNANDEZ en contra de SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO respecto al pago de alimentos. Mediante proveído de fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda promovida por VICENTE ZAID LEYVA HERNÁNDEZ, respecto al pago de una pensión alimenticia en contra de SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, fijándose el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe la misma como pensión alimenticia de menara provisional a favor de sus menores hijos YAXELEN y ZAID de apellidos LEYVA REYES, por el importe del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe, como profesora de educación primaria de la escuela Abraham Castellanos correspondiendo a cada menor de edad el veinte por ciento, lo cual es procedente aun sin audiencia de la parte demandada. Se señaló como domicilio de la demandada para ser emplazada el ubicado en la supervisión escolar número cero ochenta seis (086) de educación primaria con clave 20F1Z00866D "03 DE OCTUBRE" ubicado en la calle prolongación dieciséis de septiembre sin número en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; por lo cual se ordenó emplazarla mediante exhorto; librándose al efecto el oficio número 211/2018, mediante el cual se remitió el exhorto número 23/2018, para el emplazamiento respectivo. Se señalaron las nueve horas del veintisiete de febrero del dos mil dieciocho, para la audiencia de pruebas y alegatos, la cual no se desahogó por no haber sido emplazada la demanda. Por acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, se agregó el oficio 192/2018, suscrito por el Juez segundo mixto de primera instancia de Miahuatlán, Oaxaca, mediante el cual devolvió sin diligenciar el exhorto remitido para emplazar a la demandada SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, donde el actuario judicial adscrito al juzgado exhortado, asentó los motivos por los cuales no emplazó a juicio a la demandada SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, con lo cual se ordenó dar vista al actor para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a sus derechos legales conviniera, aclarando o proporcionando el domicilio correcto; sin que a la fecha el actor haya hecho manifestación alguna al respecto. En ese sentido, la jueza responsable en apoyo a lo anterior, remitió copia certificada a las que se adhirió el ejecutor de dicho juzgado; documentales a las que se les asigna valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, ya que se tratan de documentos públicos, expedido por funcionario en el ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, en las que se advierte el acto del que se duele la parte quejosa. Informes justificados y documental pública con las que se ordena darle vista a las partes. ACUERDO DE ADMISIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Vista la certificación de cuenta y los autos que conforman el presente expediente, previas prevenciones, en proveído de diecinueve de octubre de mil dieciocho (fojas 33-41), se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, por propio derecho, de la que se desprende señaló como actos reclamados: La falta de emplazamiento en el expediente familiar, en el que se admitió la demanda de pensión alimenticia, promovida por el aquí tercero interesado Vicente Zaid Leyva Hernández, y como consecuencia el oficio, mediante el cual se ordena realizar el descuento por concepto de pensión alimenticia del sueldo y demás prestaciones que perciba la aquí quejosa SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, así como en todo lo actuado. AUTORIDADES A LAS QUE LES ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO. 1) Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial, con sede en Tehuantepec, Oaxaca. 2) Juez Primero de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. 3) Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad. 4) Ejecutor par, adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca. 5) Ejecutor impar, adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuantepec, Oaxaca. 6) Ejecutor par, adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar con residencia en esta ciudad. 7) Ejecutor impar, adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad. 8) Ejecutor par, adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad. 9) Ejecutor impar, adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar, con sede en esta ciudad. 10) Encargado del departamento de empleo y remuneraciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, INFORMES JUSTIFICADOS. Las autoridades señaladas como responsables, las cuales fueron debidamente emplazadas a juicio, y en su oportunidad rindieron sus informes con justificación de la siguiente manera: No. Autoridad Sentido Foja 1 JUEZA DE LO CIVIL EN TEHUANTEPEC, OAXACA. NIEGA 59 2 EJECUTOR DE LA MESA PAR, ADSCRITO AL JUZGADO DE LO CIVIL EN TEHUANTEPEC, OAXACA. NIEGA 77 3 EJECUTOR DE LA MESA IMPAR, ADSCRITO AL JUZGADO DE LO CIVIL EN TEHUANTEPEC, OAXACA. NIEGA 78 4 JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR EN SALINA CRUZ OAXACA. NIEGA 53 5 EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR EN SALINA CRUZ, OAXACA. NIEGA 56 6 EJECUTORA ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR EN SALINA CRUZ, OAXACA. NIEGA 83 Por su parte, la autoridad responsable jueza de lo Civil en Tehuantepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del expediente 650/2018, el cual se inició por escrito presentado por Vicente Zaid Leyva Hernández (actor) mediante el cual promovió divorcio incausado en contra de SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO (demandada), en el que en auto de inició de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, al actor se le requirió para que exhibiera una documental y al no haber dado cumplimiento, en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, no se le dio trámite a la demanda planteada. Documentales a las que se adhirieron las autoridades responsables (Ejecutores de la mesas par e impar, adscritos al Juzgado de lo Civil en Tehuantepec, Oaxaca) y las que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su segundo numeral. Es aplicable la Jurisprudencia 226, con registro 394182, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin embargo, de dichas documentales, no se advierte la existencia de los actos que reclama en esta instancia la parte quejosa, a saber, la falta de emplazamiento en el expediente familiar, en el que se admitió la demanda de pensión alimenticia, promovida por el aquí tercero interesado Vicente Zaid Leyva Hernández y como consecuencia el oficio, mediante el cual se ordena al Encargado del Departamento de Empleo y Remuneraciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, realizar el descuento por concepto de pensión alimenticia de las percepciones de la aquí quejosa SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, así como todo lo actuado. CAUSAL DE IMPROCEDECIA Ante lo expuesto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 1°, fracción I, concatenado con el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Ello es así, pues de los informes rendidos por las autoridades responsables no se advierte que alguna hayan emitido acto que irrogue perjuicio a la esfera jurídica de la quejosa, por lo que, se actualiza la referida causal de improcedencia, lo que en consecuencia conlleva a sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, con registro 227634, correspondiente a la Octava Época, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Por lo que ve al expediente familiar 539/2017, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar en Salina Cruz, Oaxaca, del mismo se advierte que el cuatro de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda promovida por Vicente Zaid Leyva Hernández, en representación de los menores Yaxelen y Zaid de apellidos Leyva Reyes, respecto del pago de una pensión alimenticia en contra de SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO aquí quejosa y como consecuencia el oficio 212/2018 derivado del acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, enviado a la fuente laboral de la deudora alimentaria, para que realizará el descuento del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que perciba la demandada por concepto de pensión alimenticia decretado en favor de Vicente Zaid Leyva Hernández, en representación de los menores Yaxelen y Zaid de apellidos Leyva Reyes, contra SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO aquí quejosa; las autoridades responsables no obstante que niegan el acto reclamado, conforme a las constancias del citado expediente familiar, la jueza responsable admite haber iniciado el trámite del mismo y haber girado el oficio correspondiente; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". De las copias certificadas que la Jueza responsable adjuntó como justificación de su informe y a las que se adhiere al ejecutor responsable, deducidas del expediente familiar número 539/2017, relativo al juicio de controversia del orden familiar, promovido por Vicente Zaid Leyva Hernández, en representación de los menores Yaxelen y Zaid de apellidos Leyva Reyes, contra SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO aquí quejosa, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, corroboran que por acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciocho, admitió la demanda promovida por Vicente Zaid Leyva Hernández, en representación de los menores Yaxelen y Zaid de apellidos Leyva Reyes, en la vía de controversias del orden familiar, respecto del pago de una pensión alimenticia contra SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO aquí quejosa; ordenando emplazarla al juicio por exhorto. Seguido el trámite, en acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, tuvo al Juez Segundo Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán, Oaxaca, devolviendo sin diligenciar el exhorto remitido para emplazar a la demandada SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, donde por los motivos contenidos en la razón actuarial no la emplazó a juicio, con la que ordenó darle vista al actor para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que a la fecha (doce de noviembre de dos mil dieciocho), haya hecho manifestación al respecto. Siendo ese el estado procesal que guarda el juicio del que derivan el acto reclamado, en el que no se ha dictado sentencia según se aprecia de las constancias respectivas. En otro aspecto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar y Ejecutor de su adscripción, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir, substancialmente, en la falta de emplazamiento al juicio natural (en el cual no se ha dictado sentencia), en el que el tercero interesado promovió en representación de dos menores, en la vía de controversias del orden familiar, respecto del pago de una pensión alimenticia contra SUSANA GISELL REYES ESTUDILLO aquí quejosa y por consiguiente, el oficio 112/2018, enviado a la fuente laboral del deudora alimentaria para que realizará el descuento de la pensión alimenticia. De lo anteriormente expuesto, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI, del diverso precepto 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Ello es así, pues del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que, en el caso, la quejosa se ostenta como persona extraña a juicio por equiparación, en virtud de que alega que no se le ha emplazado legalmente al juicio natural, para que tuviera oportunidad de ser oída y vencida en juicio. Sin embargo, cabe destacar que el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación se pierde, si la que alega falta de emplazamiento al juicio, tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, antes de que se dicte sentencia y aunque no haya comparecido a aquél. Además, por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamada a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a la quejosa, en virtud de que antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra tuvo conocimiento del mismo (sin que se haya dictado sentencia en el juicio natural, como se desprende de las constancias que adjuntó la juez responsable a su informe justificado), toda vez que en este juicio de amparo, en la parte inicial de la presente resolución, con los informes justificados rendidos por la juez y ejecutor responsables, se ordena darle vista a las partes, así como con las constancias certificadas que adjuntó dichas autoridades, deducidas del expediente familiar número 539/2017, de su índice, a efecto de que la quejosa se imponga del contenido de dichos informe y de las constancias respectivas. Por tales motivos, al tener la quejosa el carácter de parte en el juicio natural y no de tercera extraña, está en condiciones de comparecer ante el Juez para que se le emplace en el juicio de controversia familiar, pero antes de que se pronuncie sentencia definitiva. Pues, aún tiene la oportunidad de aportar las pruebas que estime pertinentes, a fin de justificar la ilegalidad o falta de emplazamiento a juicio que alega, ya que ésta es la razón fundamental por la cual se da la procedencia del amparo en la vía indirecta, a fin de dar oportunidad a la quejosa de defenderse y aportar las pruebas conducentes, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2001, con registro 189964, derivada de la contradicción de tesis 23/2000-PL, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 81, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento. Por tanto, de conformidad con la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 107, fracción VI, de la ley reglamentaria, el amparo indirecto será procedente cuando la quejosa alegue falta o ilegalidad del emplazamiento y se ostente como persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando la ley no establezca a favor de la afectada o tercera extraña, algún recurso ordinario o medio de defensa, como pudiera ser el incidente de nulidad de actuaciones, que también tiene como efecto, modificar o revocar el acto o actos reclamados. En el caso, se reitera, no puede considerarse que la quejosa tenga el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación, en virtud de que se le está haciendo del conocimiento de la existencia del juicio natural en el cual no se ha dictado sentencia. Por ende, el hecho de no tener el carácter de tercera extraña por equiparación, genera la improcedencia del juicio de amparo en virtud de que la quejosa está en posibilidad de hacer valer los recursos procedentes contra las determinaciones dictadas en el procedimiento, incluso, promover el juicio de amparo directo en contra de la sentencia si fuere contrario a sus intereses. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia 2ª./J.47/2011 (10a), con registro 2000293, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, visible a fojas 1627, correspondiente a la Décima Época, cuyo tenor literal es: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción VI, del diverso precepto 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del diverso 63, de la misma legislación, se sobresee en el juicio amparo, fuera de audiencia constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto consistente en el oficio de descuento de pago de pensión alimenticia, toda vez que el mismo se combate como consecuencia de la falta de emplazamiento y no por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis, con registro 230605, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, visible en la página 549, correspondiente a la Octava Época, de contenido siguiente; "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCION. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios. Corolario a lo anterior, en efecto, si bien el numeral 1° de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, al disponer que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridades públicas o particulares en los casos previstos por la ley, que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en ese sentido, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un instrumento o recurso por el cual se reconoce la posibilidad de plantear como objeto de estudio las violaciones que aleguen respecto de las controversias mencionadas, ello debe partir de la existencia de una infracción a sus derechos fundamentales por parte de las autoridades responsables y aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, lo que -como ya se dijo- no acontece en el caso que nos ocupa. Cabe señalar que el sobreseimiento, es la figura jurídica procesal en la que, particularmente en el amparo, el Juez de Distrito, resuelve abstenerse de analizar la violación de las garantías imputadas por la parte quejosa a las autoridades responsables, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales que conduzcan a determinar la improcedencia de éste en el curso del procedimiento, de modo que no tenga que esperarse hasta el momento de la celebración de la audiencia constitucional, para arribar a dicha conclusión, dado lo infructuoso que resulta esperar, para llegar al mismo resultado. Así pues, ante la evidente improcedencia del juicio de amparo, se torna factible sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ya que éste opera siempre que la causa que sirva de apoyo sea manifiesta e indudable y que además las pruebas aportadas al juicio por las partes, no alteren el resultado del fallo; lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, ya que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada. De lo que se colige, que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En razón de lo expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en al artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 1º, fracción I, concatenado con el 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Asimismo, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga verificativo a las diez horas con veinticinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, ya que al haber operado el sobreseimiento fuera de audiencia, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, con registro 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe precisar que la determinación adoptada no pugna con el derecho de acceso a la justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, así como con los tratados internacionales, pues si bien éste se traduce en el derecho de todo gobernado a que se le administre justicia por tribunales previamente constituidos; lo cierto es que ello deberá realizarse conforme a los plazos y términos que fijen las leyes, lo que de suyo implica que no se trate de un derecho absoluto e irrestricto, en tanto que está condicionado a la satisfacción de los supuestos o requisitos que establezca el legislador ordinario, los que a su vez deben sustentarse en los principios y derechos consagrados o garantizados en la Constitución General de la República, en atención a la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto constitucional en el que ésta se da. Ahora bien, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen lo siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal, formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Artículo 25 Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Los postulados previstos en los numerales transcritos, en lo conducente, permiten evidenciar que la tutela judicial efectiva se compone de tres elementos, consistentes en lo siguiente: a) Derecho a la administración de justicia o garantía de tutela jurisdiccional. Consiste en un derecho público subjetivo, en tanto se incorpora a la esfera jurídica de todo gobernado para que, dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, pueda acceder a tribunales constituidos de forma independiente e imparciales, ante los cuales podrá plantear su pretensión o defenderse de la propuesta por otro sujeto en su contra. b) Al gobernado se le debe garantizar el paso ante la autoridad jurisdiccional con atribuciones legales para resolver una cuestión concreta prevista en el sistema legal, al grado de que se resolverá sobre los derechos en disputa, es decir, todo aquel que tenga necesidad de que se le administre justicia tendrá plena seguridad de recibirla en tanto de forma permanente habrá órganos jurisdiccionales estatuidos, con antelación al conflicto, para proporcionar ese servicio, sin más condición que las formalidades necesarias, razonables y proporcionales al caso para lograr su trámite y resolución. c) La implementación de los mecanismos necesarios para administrar justicia serán eficaces, al grado de permitir el desarrollo y continuidad del proceso, de forma tal que llegue hasta sus últimas consecuencias. De la interpretación de los numerales citados, se advierte la obligación del Estado Mexicano de implementar los mecanismos legales necesarios y suficientes para permitir a toda persona hacer efectivo su derecho de defensa a fin de que el acto considerado violador de derechos se atienda por una autoridad que con atribuciones legales sobre el mismo revise su legalidad o constitucionalidad o convencionalidad o todas a la vez, así como que el Estado Mexicano adquirió la obligación de preservar las condiciones para que toda persona tenga el acceso a un recurso legal cuando considere que se le violentaron derechos fundamentales o humanos. Por ello, la conjunción de estos postulados permite evidenciar que los artículos 17 de la Carta Magna, 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se complementan, al grado de estatuir las bases jurídicas necesarias al tenor de las cuales se posibilita el derecho de la tutela judicial de los gobernados; de ahí su conformidad, en tanto se direccionan a la misma finalidad mediante la especificación de los requisitos mínimos tendentes a hacer operante la prerrogativa de la tutela citada. Así se considera, porque las disposiciones internacionales en cita, disponen que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, y tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que las amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, para lo cual, que los Estados Partes deben garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida sobre los derechos de toda persona que interponga tal medio de defensa; a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Tales disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, son en parte parangón del derecho de acceso a la justicia, que se consagra en el orden interno a través de lo contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional, al disponer: "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que no basta con que se les permita a las personas instar ante un órgano jurisdiccional un procedimiento; sino que es necesario que, de cumplirse con los requisitos justificados constitucionalmente y, ahora en los tratados internacionales, el acceso a la justicia sea efectivo en la medida en que las personas puedan obtener una resolución en la que se resuelva si les asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional han solicitado, mediante la aplicación de la ley al caso concreto. Entonces, es inconcuso que el acceso a la administración de la justicia no es absoluto, no puede ejercerse de manera indiscriminada, pues está sujeto a los propios requisitos de términos y formas previstos por la ley; sin que desde luego ello implique, que dicha prerrogativa llegare a limitarse de forma injustificada, sino que se debe encausar con el fin de lograr que las instancias de justicia verdaderamente constituyan un mecanismo expedito, eficaz y confiable, al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan. En ese tenor, los presupuestos, requisitos o condiciones que el legislador establece para lograr tales fines, y cuyo cumplimiento puede verificarse por el juzgador, según la legislación aplicable, al inicio del juicio, en el curso de éste o al dictarse la sentencia respectiva, no pueden ser fijados arbitrariamente, sino que deben tener sustento en diversos principios y derechos consagrados o garantizados en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, al atender, por ende, a la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y al contexto del bloque de constitucionalidad en el que ésta se actualice. Por tanto, al prever el artículo 61 de la Ley de Amparo, de manera genérica, la facultad y obligación del juez de amparo para invocar y examinar, oficiosamente, motivos de improcedencia del juicio de amparo y, en consecuencia, de conformidad con el numeral 63 de la misma ley, que se decrete el sobreseimiento de éste en caso de actualizarse alguna de las causales establecidas, no resultan restricciones jurídicas irracionales o discriminatorias, sino que son congruentes principios y figuras que rigen en el orden jurídico. Sirve de apoyo, la tesis aislada XVI.1o.A.T2K (10a.) con número de registro 2000365, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Tomo 2, Marzo de 2012, Décima Época, página 1167, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de la compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Por tales motivos, no obstante que las causales de improcedencia, constituyan generalmente un impedimento legal para que se analice el fondo del asunto, lo cierto es que tienen la finalidad de resguardar derechos, principios, bienes o intereses constitucional y convencionalmente protegidos, lo que es congruente con el acceso a la administración de justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida o inocua, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que su aplicación tiene un propósito legítimo, lo que es compatible con el derecho humano de trato. Ilustra lo anterior, la tesis aislada XVII.1o.C.T.15 K (10a.), con registro 2003381, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Libro XIX, Tomo 3, Abril de 2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que señala: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, lo cual no se reduce simplemente a la mera existencia de órganos jurisdiccionales o procedimientos formales, ni a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad real. Asimismo, ha determinado que por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole; de tal manera que si bien dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, lo cierto es que no siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado. En esas condiciones, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, por lo que es válido sostener que la norma interna tiene un propósito legítimo, esto es, el condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin méritos y, por ende, se insiste, no es incompatible con el derecho humano de trato." De ahí que las causales de improcedencia del juicio de amparo, son perfectamente compatibles con el contenido de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que la efectividad del medio de impugnación, derivada del principio del acceso a la administración de justicia, solo implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos de procedencia correspondientes, el órgano judicial evalúe los méritos de fondo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la tesis XVI.1º. A.T.5 K(10), con registro 2001299, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página 1753, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." En esas condiciones, se reitera, aun cuando la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos humanos de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, se tiene que la causa de improcedencia que se invoca, no resulta violatoria del derecho humano del recurso judicial efectivo. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese, y personalmente a la quejosa. IV-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA; TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito firmado por escrito firmado por la quejosa Susana Gisell Reyes Estudillo, en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, expídasele copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo. Recábese razón de recibo. Notifíquese y cúmplase. IV-A
- Incidental
R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Susana Gisell Reyes Estudillo por las razones expuestas en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. IV-A
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