Susana Beatriz Medina Castañón
Expediente 48/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Susana Beatriz Medina Castañón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio el ocho de marzo de dos mil diecinueve (fojas 31 a 38), en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a ocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos; advirtiéndose de las copias certificadas que la Juez Primero Civil con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, adjuntó como justificación de su informe (foja 20 del juicio de amparo y fojas 1 a 165 del Anexo I), deducidas de la tercería excluyente de dominio anexo al expediente mercantil principal 193/2016, de su índice, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De las aludidas copias certificadas se advierte que el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 1 vuelta y 13 del Anexo I), la autoridad judicial requirió a Luvia Castañón Vázquez, promovente de la tercería excluyente de dominio, para que dentro del plazo de tres días exhibiera los tantos necesarios de copias simples de su demanda para correr traslado a las partes ejecutada y ejecutante, apercibiéndola que de no cumplir, se tendría por no presentada su demanda, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de su escrito. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 14 vuelta y 20 del Anexo I), la Juez responsable tuvo a Luvia Castañón Vázquez, promoviendo tercería excluyente de dominio contra el inicial ejecutante Alejandro Palacios López, en su carácter de endosatario en propiedad de Uribe Cruz González y, del ejecutado, aquí quejosa SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, respecto del vehículo de motor embargado en diligencia de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; ordenando tramitar dicha tercería por cuerda separada y anexa al expediente principal 193/2016; y correr traslado con las copias simples exhibidas en los domicilios que obran en autos del juicio principal a los aludidos demandados, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Por diligencia de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (foja 21 del Anexo I), el Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil en esta ciudad, notificó por cédula a la demandada SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, el acuerdo de diecinueve (sic) de junio de dos mil diecisiete y le corrió traslado con la copia simple de la demanda de tercería excluyente de dominio, para que dentro de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 59 y 85 del Anexo I), se tuvo al demandado ejecutante Alejandro Palacios López, en tiempo y forma contestando la demanda de tercería excluyente, así como ofreciendo sus pruebas; también, se tuvo a la demandada ejecutada SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, por perdido su derecho para contestar la vista que se le dio por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (sic), ordenándose que las subsecuentes notificaciones se le realizaran por medio de cédula que se fijara en los estrados de ese juzgado. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 122, 124 y 125 del Anexo I), entre otras cosas, la Juez responsable procedió a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes intervinientes, abriendo la tercería excluyente a prueba por el plazo de quince días a las partes. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 127, 128, 138 y 139 del Anexo I), entre otras cosas, se ordenó desahogar las pruebas de la actora tercerista y del ejecutante y demandado tercerista. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 147 vuelta y 151 del Anexo I), se señalaron las once horas del trece de diciembre próximo, para desahogar la confesional a cargo de la actora tercerista Luvia Castañón Vázquez, la cual se desahogó en esa fecha (fojas 158 vuelta y 159 del Anexo I). Y, el catorce de enero de dos mil diecinueve (foja 163 del Anexo I), en atención a lo solicitado por el demandado ejecutante Alejandro Palacios López, la Juez responsable determinó que en virtud de que se encontraban pruebas documentales ofrecidas dentro del plazo probatorio pendientes por desahogar, por el momento no era dable pasar a la etapa de alegatos a que se refiere el artículo 1372 del Código de Comercio. Siendo ese el estado procesal que guarda la tercería excluyente de dominio de la derivan los actos reclamados, en la que no se ha dictado interlocutoria según se aprecia de las constancias respectivas. En otro aspecto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero Civil y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, que hizo consistir, substancialmente, en el ilegal emplazamiento y notificación practicado en la tercería excluyente de dominio promovida por cuerda separada por Luvia Castañón Vázquez, en el expediente 193/2016 (en el cual no se ha dictado la interlocutoria correspondiente), así como todo lo actuado en dicha tercería. De lo anteriormente expuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI, del diverso precepto 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; disposiciones en las que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas [.]" Del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que, en el caso, la quejosa se ostenta como persona extraña a juicio por equiparación, en virtud de que alega que no se le emplazó a la tercería excluyente de dominio con las formalidades legales, para que tuviera oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar, por lo que se le privó de sus derechos de defensa y audiencia dentro del procedimiento de dicha tercería. Sin embargo, cabe destacar que el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación se pierde, si el que alega falta de emplazamiento al juicio, tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, antes de que se dicte sentencia y aunque no haya comparecido a aquél. Ahora, la quejosa SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, en su demanda de amparo, en el apartado relativo a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado (fojas 3 y 4), bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo previsto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tenor de lo dispuesto en su numeral 2, refirió que es demandada dentro del expediente 193/2016, radicado en el Juzgado Primero Civil en esta ciudad; demanda promovida en su contra por Alejandro Palacios López, como endosatario en propiedad de Uribe Cruz González, relativo a un juicio ejecutivo mercantil, en el cual se embargó un automóvil Versa, con placas de circulación MTR 2659 del Estado de México. Que Luvia Castañón Vázquez, por cuerda separada en el aludido expediente 193/2016, promovió tercería excluyente de dominio por considerar que se le embargó un bien de su propiedad y no propiedad de la demandada en dicho juicio. Que en dicha tercería excluyente aparece como demandada al igual que Alejandro Palacios López; que la tercerista señaló como su domicilio donde solicitó se le emplazara a juicio, por lo que se le debió notificar, emplazar a juicio y correr traslado de manera personal y en el domicilio señalado por la tercerista, por ser dicha tercería promovida un juicio autónomo o independiente al juicio principal; sin embargo, nunca se le notificó, emplazó ni corrió traslado de manera personal y tampoco en el domicilio señalado por la tercerista. Que por comentarios en la tercería promovida por Luvia Castañón Vázquez, ya se estaban desahogando las pruebas ofrecidas por la tercerista y demandado Alejandro Palacios López (actor en el juicio principal 193/2016 y ejecutante en la tercería). Que del escrito de demanda de Luvia Castañón Vázquez, relativo a la tercería excluyente de dominio, se advierte que señaló como su domicilio para oír sus notificaciones, el inmueble marcado con el número 3, Plaza 34, Colonia Carlos G. Flores, mejor conocida como Colonia Petrolera en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, por lo que en ese domicilio debió llevarse a cabo la diligencia de notificación personal, traslado y emplazamiento. De lo expuesto, se advierte que la quejosa tuvo pleno conocimiento de la tercería excluyente de dominio de la que derivan los actos reclamados, en la que a la fecha no se ha dictado la interlocutoria respectiva (según se advierte de las copias certificadas que adjuntó la Juez responsable como justificación de su informe). Por tal motivo, no puede considerarse que la quejosa tenga el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, en virtud de que ya se hizo sabedora de la existencia del juicio natural en el que no se ha dictado la interlocutoria correspondiente. Por ende, el hecho de no tener el carácter de tercero extraño por equiparación, pues, como ya se dijo, la quejosa se hizo sabedora de la existencia del juicio (en el cual no se ha dictado la interlocutoria), genera la improcedencia del juicio de amparo, en virtud de que está en posibilidad de hacer valer los recursos procedentes contra las determinaciones dictadas en el procedimiento, incluso, promover el juicio de amparo directo en contra de la sentencia interlocutoria si fuere contrario a sus intereses. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000293, cuyo tenor literal es: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2004274, cuyo rubro y texto son: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Cabe precisar que los criterios citados resultan aplicables de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción VI, del diverso precepto 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de la audiencia constitucional, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Por lo que déjese sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia de ley. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la quejosa y a la tercera interesada por lista en cumplimiento a lo ordenado por auto de diecinueve de enero del actual.
- Principal
de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos; advirtiéndose de las copias certificadas que la Juez Primero Civil con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, adjuntó como justificación de su informe (foja 20 del juicio de amparo y fojas 1 a 165 del Anexo I), deducidas de la tercería excluyente de dominio anexo al expediente mercantil principal 193/2016, de su índice, las que tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De las aludidas copias certificadas se advierte que el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (fojas 1 vuelta y 13 del Anexo I), la autoridad judicial requirió a Luvia Castañón Vázquez, promovente de la tercería excluyente de dominio, para que dentro del plazo de tres días exhibiera los tantos necesarios de copias simples de su demanda para correr traslado a las partes ejecutada y ejecutante, apercibiéndola que de no cumplir, se tendría por no presentada su demanda, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de su escrito. Por acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete (fojas 14 vuelta y 20 del Anexo I), la Juez responsable tuvo a Luvia Castañón Vázquez, promoviendo tercería excluyente de dominio contra el inicial ejecutante Alejandro Palacios López, en su carácter de endosatario en propiedad de Uribe Cruz González y, del ejecutado, aquí quejosa SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, respecto del vehículo de motor embargado en diligencia de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; ordenando tramitar dicha tercería por cuerda separada y anexa al expediente principal 193/2016; y correr traslado con las copias simples exhibidas en los domicilios que obran en autos del juicio principal a los aludidos demandados, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su derecho correspondiera. Por diligencia de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (foja 21 del Anexo I), el Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil en esta ciudad, notificó por cédula a la demandada SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, el acuerdo de diecinueve (sic) de junio de dos mil diecisiete y le corrió traslado con la copia simple de la demanda de tercería excluyente de dominio, para que dentro de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 59 y 85 del Anexo I), se tuvo al demandado ejecutante Alejandro Palacios López, en tiempo y forma contestando la demanda de tercería excluyente, así como ofreciendo sus pruebas; también, se tuvo a la demandada ejecutada SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, por perdido su derecho para contestar la vista que se le dio por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete (sic), ordenándose que las subsecuentes notificaciones se le realizaran por medio de cédula que se fijara en los estrados de ese juzgado. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (fojas 122, 124 y 125 del Anexo I), entre otras cosas, la Juez responsable procedió a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes intervinientes, abriendo la tercería excluyente a prueba por el plazo de quince días a las partes. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 127, 128, 138 y 139 del Anexo I), entre otras cosas, se ordenó desahogar las pruebas de la actora tercerista y del ejecutante y demandado tercerista. El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 147 vuelta y 151 del Anexo I), se señalaron las once horas del trece de diciembre próximo, para desahogar la confesional a cargo de la actora tercerista Luvia Castañón Vázquez, la cual se desahogó en esa fecha (fojas 158 vuelta y 159 del Anexo I). Y, el catorce de enero de dos mil diecinueve (foja 163 del Anexo I), en atención a lo solicitado por el demandado ejecutante Alejandro Palacios López, la Juez responsable determinó que en virtud de que se encontraban pruebas documentales ofrecidas dentro del plazo probatorio pendientes por desahogar, por el momento no era dable pasar a la etapa de alegatos a que se refiere el artículo 1372 del Código de Comercio. Siendo ese el estado procesal que guarda la tercería excluyente de dominio de la derivan los actos reclamados, en la que no se ha dictado interlocutoria según se aprecia de las constancias respectivas. En otro aspecto, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero Civil y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, que hizo consistir, substancialmente, en el ilegal emplazamiento y notificación practicado en la tercería excluyente de dominio promovida por cuerda separada por Luvia Castañón Vázquez, en el expediente 193/2016 (en el cual no se ha dictado la interlocutoria correspondiente), así como todo lo actuado en dicha tercería. De lo anteriormente expuesto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción VI, del diverso precepto 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; disposiciones en las que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas [.]" Del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que, en el caso, la quejosa se ostenta como persona extraña a juicio por equiparación, en virtud de que alega que no se le emplazó a la tercería excluyente de dominio con las formalidades legales, para que tuviera oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar, por lo que se le privó de sus derechos de defensa y audiencia dentro del procedimiento de dicha tercería. Sin embargo, cabe destacar que el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación se pierde, si el que alega falta de emplazamiento al juicio, tiene conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra, antes de que se dicte sentencia y aunque no haya comparecido a aquél. Ahora, la quejosa SUSANA BEATRIZ MEDINA CASTAÑÓN, en su demanda de amparo, en el apartado relativo a los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado (fojas 3 y 4), bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo previsto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tenor de lo dispuesto en su numeral 2, refirió que es demandada dentro del expediente 193/2016, radicado en el Juzgado Primero Civil en esta ciudad; demanda promovida en su contra por Alejandro Palacios López, como endosatario en propiedad de Uribe Cruz González, relativo a un juicio ejecutivo mercantil, en el cual se embargó un automóvil Versa, con placas de circulación MTR 2659 del Estado de México. Que Luvia Castañón Vázquez, por cuerda separada en el aludido expediente 193/2016, promovió tercería excluyente de dominio por considerar que se le embargó un bien de su propiedad y no propiedad de la demandada en dicho juicio. Que en dicha tercería excluyente aparece como demandada al igual que Alejandro Palacios López; que la tercerista señaló como su domicilio donde solicitó se le emplazara a juicio, por lo que se le debió notificar, emplazar a juicio y correr traslado de manera personal y en el domicilio señalado por la tercerista, por ser dicha tercería promovida un juicio autónomo o independiente al juicio principal; sin embargo, nunca se le notificó, emplazó ni corrió traslado de manera personal y tampoco en el domicilio señalado por la tercerista. Que por comentarios en la tercería promovida por Luvia Castañón Vázquez, ya se estaban desahogando las pruebas ofrecidas por la tercerista y demandado Alejandro Palacios López (actor en el juicio principal 193/2016 y ejecutante en la tercería). Que del escrito de demanda de Luvia Castañón Vázquez, relativo a la tercería excluyente de dominio, se advierte que señaló como su domicilio para oír sus notificaciones, el inmueble marcado con el número 3, Plaza 34, Colonia Carlos G. Flores, mejor conocida como Colonia Petrolera en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, por lo que en ese domicilio debió llevarse a cabo la diligencia de notificación personal, traslado y emplazamiento. De lo expuesto, se advierte que la quejosa tuvo pleno conocimiento de la tercería excluyente de dominio de la que derivan los actos reclamados, en la que a la fecha no se ha dictado la interlocutoria respectiva (según se advierte de las copias certificadas que adjuntó la Juez responsable como justificación de su informe). Por tal motivo, no puede considerarse que la quejosa tenga el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, en virtud de que ya se hizo sabedora de la existencia del juicio natural en el que no se ha dictado la interlocutoria correspondiente. Por ende, el hecho de no tener el carácter de tercero extraño por equiparación, pues, como ya se dijo, la quejosa se hizo sabedora de la existencia del juicio (en el cual no se ha dictado la interlocutoria), genera la improcedencia del juicio de amparo, en virtud de que está en posibilidad de hacer valer los recursos procedentes contra las determinaciones dictadas en el procedimiento, incluso, promover el juicio de amparo directo en contra de la sentencia interlocutoria si fuere contrario a sus intereses. Apoya la anterior determinación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000293, cuyo tenor literal es: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2004274, cuyo rubro y texto son: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Cabe precisar que los criterios citados resultan aplicables de conformidad con el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción VI, del diverso precepto 107, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de la audiencia constitucional, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Por lo que déjese sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la audiencia de ley. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la quejosa y a la tercera interesada por lista en cumplimiento a lo ordenado por auto de diecinueve de enero del actual. III-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el veintiocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 11 a 15), se ordenó requerir a la tercera interesada Luvia Castañón Vázquez, para que señalara domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, de la que se advierte quedó notificada el doce de febrero del año en curso (foja 26 vuelta), sin que en el plazo legal que se le otorgó lo hubiera hecho; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído de veintiocho de enero del presente año, y con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, háganse las notificaciones a dicha parte, aún las de carácter personal, mediante lista de acuerdos. Por otra parte, como se encuentra pendiente de notificar a la tercera interesada de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las actuaciones de autos; en consecuencia, dese vista a dicha parte tercera interesada con los informes rendidos por las responsables y con las constancias relacionadas con este expediente, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley. VI-A
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