Susana García Pérez

Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
8/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Angela Ayala Rubio
  • Susana García Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 2082/2021 signado por la secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada de la demanda de amparo y sus anexos, promovida *****, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, con sede en Xalapa, y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 5, 14, 16 y 123 Constitucionales, así como del auto de trece de enero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 2/2021-II de su índice, a fin de que este órgano de control constitucional determine si estima procedente conocer de la demanda en términos del artículo 49 de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de mérito, es la misma con la que se radicó el presente asunto. Al respecto es importante traer a colación el artículo 49 de la Ley de Amparo que establece: Artículo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio. El precepto descrito se refiere a los casos en los que se promueve un juicio de amparo ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito y se advierte que otro órgano conoce un diverso juicio constitucional en donde existe identidad de: i) quejosos; ii) autoridades responsables; y, iii) actos reclamados; lo anterior, aun cuando los conceptos de violación sean distintos. En este supuesto, el juzgador debe comunicarlo de inmediato por oficio al otro órgano, anexando la certificación del día y hora de la presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Luego, recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento (comunicando la determinación al oficiante). En caso de que no lo estime así, le remitirá los autos relativos al Juez oficiante. En ese sentido, debe tomarse en consideración que el análisis se refiere a dos aspectos: por un lado, si se trata del mismo asunto y, por otro, determinar el órgano que debe resolverlo de acuerdo a la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, del auto dictado como primera actuación en el juicio (si es que éste existe). Expuesto lo anterior, se advierte que el artículo 49 de la Ley de Amparo regula un supuesto específico, en donde existe identidad tanto en los quejosos, actos reclamados y autoridades A.I. PRAL. 8/2021 responsables, lo que la doctrina procesal ha denominado litispendencia. De esta manera, su actualización requiere la existencia de dos o más juicios de amparo, pendientes de resolución, en donde exista la misma causa; esto es, identidad completa de quejosos, actos reclamados y autoridades responsables. Ahora, en el caso, se advierte que mediante proveído de ocho de enero de dos mil veintiuno, se desechó de plano, por ser manifiesta e indudablemente improcedente, la demanda de amparo promovida por *******, mismo que quedó firme por auto de veinticinco de enero siguiente. En consecuencia, si se desechó la demanda de amparo y el auto relativo causó estado, es de concluirse que el juicio no se encuentra en trámite y menos aún pendiente de resolución, de ahí que, con independencia de que se trate de los mismos quejosos, acto reclamado y autoridades responsables, en el caso no se actualizan los presupuestos a que alude el artículo 49 de la ley de la materia, por lo que, de manera respetuosa, se informa al homólogo federal, que no resulta procedente que la suscrita conozca de la demanda de amparo de referencia. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2019709 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 9/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 78 Tipo: Jurisprudencia CONFLICTOS POR LITISPENDENCIA Y ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIAS, TRAMITACIÓN Y CONSECUENCIAS. El artículo 49 de la Ley de Amparo regula el supuesto específico de litispendencia entre juicios de amparo, que implica una identidad completa en relación con los quejosos, las autoridades responsables y los actos reclamados, cuyo caso de conflicto debe tramitarse con las reglas aplicables a las cuestiones competenciales, referidas en el artículo 48 de ese ordenamiento. Por ende, una vez desahogado el conflicto y determinado el juicio primigenio que debe prevalecer, así como el órgano que ha de continuar con su trámite en un segundo momento, ello dará lugar a que en el segundo o ulteriores juicios se sobresea en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene una naturaleza y consecuencias distintas en los casos en que se advierte la existencia de conexidad entre juicios de amparo (entendida como aquella en donde el mismo quejoso reclame un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o diversos quejosos reclamen, de las mismas autoridades, el mismo acto violatorio de derechos humanos), lo que no implica una identidad absoluta, pero sí elementos comunes. Así, en este supuesto, puede presentarse un conflicto por acumulación, el cual debe resolverse conforme a las jurisprudencias P./J. 24/2015 (10a.) y P./J. 25/2015 (10a.), emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  2. Principal

    Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que los impetrantes hubiesen ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto; agréguese el oficio 402/2021 signado por el Secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido remítase copias certificadas de las constancias que solicita, para que surta sus efectos legales correspondientes en el juicio de amparo 2/2021-II, de su índice.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a ocho de enero de dos mil veintiuno. RADICACIÓNVista; la demanda de amparo promovida por Lidia Fernández Morales, Susana García Pérez, Ángela Ayala Rubio, Sarayn Barradas Bello, Sarahí Salas Juárez y Asia de Jesús Posadas Ramírez, por propio derecho, contra actos del Dr. Roberto Ramos Alor, Titular de la Secretaría de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, con residencia en Xalapa y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 5°, 14, 16 y 123, apartado B, fracciones IX y X Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 8/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚNCon fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a Lidia Fernández Morales, sin perjuicio de que los quejosos puedan designar uno diverso con posterioridad. ESTUDIO Y DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 188643 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que carece de firma electrónica de las promoventes; por tanto, se estima jurídicamente que en ese escrito no existe voluntad expresa de ejercitar la acción constitucional y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada, exigido para entablar el juicio de amparo. En la especie, atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, Constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo de la Ley de Amparo. Los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I del Pacto Federal, disponen lo siguiente: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, (.)". Asimismo, los numerales 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 3o. (.) Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos otorgados para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. Asimismo, se tiene que para la procedencia de la demanda de amparo es requisito indispensable que sea promovida por aquella persona, ya sea física o moral, que teniendo la calidad de gobernado, resienta en su esfera jurídica los efectos de un acto de autoridad; esto es, el juicio de amparo debe ser iniciado por la demanda que haga valer la persona que ha sido afectada por un acto de autoridad, de forma real y actual, quien podrá impugnar el acto reclamado por sí mismo, por medio de su apoderado representante legal. De igual forma, las promociones podrán ser presentadas de forma electrónica, utilizando la firma electrónica, ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura del quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, y 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo; asimismo, se deberá agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tal como se advierte de lo siguiente: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda". Por su parte, los artículos 16, 17 y 42 del citado Acuerdo General 12/2020, contempla el primero, cuáles son los requisitos necesarios para registrarse en el Portal de Servicios en Línea, indicando que el registro de cada usuario en el sistema es personalísimo y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. El artículo 17 del Acuerdo General referido, prevé que el registro en el Portal de Servicios en Línea no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, igualmente, se exenta la firma electrónica de la demanda tratándose de esos supuestos. Por lo que refiere al artículo 42 en comento, éstos establecen la forma en que se deberá presentarse la demanda de amparo de forma electrónica, distinguiéndose el modo en que puede hacerse la presentación cuando se reclaman actos mencionados en el 15 de la Ley de Amparo. Así, de la interpretación integral de los artículos en alusión, se obtiene que respecto a las demandas de amparo presentadas a través del Portal de Servicios en Línea, en las que se señalen actos reclamados distintos a aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, se requiere una validación electrónica mediante una firma de esa naturaleza, o bien, el ingreso en el sistema de un usuario y contraseña personal; por consiguiente, ante la falta de dichos requisitos el acto jurídico carece de validez. Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando la parte quejosa no se encuentra identificada, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante del amparo no agrega su firma electrónica vigente (evidencia criptográfica) en la demanda presentada vía electrónica, pues si éstos, en el caso, son la expresión de voluntad del gobernado para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. En el caso, atendiendo a la certificación de cuenta, se tiene que en el escrito de demanda presentado vía electrónica no se presentó mediante la firma electrónica vigente correspondiente de las quejosas; de lo que se colige que éstas no expresaron su voluntad de instar la vía jurisdiccional. Dicha irregularidad no puede ser corregida mediante prevención por no ser una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, por tanto, al no haberse manifestado la voluntad de promover este juicio, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Lidia Fernández Morales, Susana García Pérez, Ángela Ayala Rubio, Sarayn Barradas Bello, Sarahí Salas Juárez y Asia de Jesús Posadas Ramírez. Lo anterior, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, Constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2019715 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Página: 79 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que en el caso, nos encontremos en el supuesto previsto en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual resulta innecesaria la firma electrónica cuando el juicio se promueve con fundamento en el artículo 15 de la ley en mención, en virtud de que el juicio de amparo indirecto de que se trata, no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Tampoco se impugnan actos que establezcan providencias precautorias, medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. No se soslaya que en la demanda de amparo, aparentemente, obran visibles diversas firmas autógrafas escaneadas que corresponderían a las quejosas; sin embargo, ello no es motivo para considerar que la presentación de la demanda cumple con el principio de instancia de parte agraviada para ejercer la acción de amparo. Esto se explica, toda vez que el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, considero´ que si el gobernado opta por presentar la demanda de amparo o cualquier otro escrito en el proceso de derechos humanos a través del empleo de las tecnologías de la información, debe seguir las reglas establecidas en el artículo 3° de la Ley de Amparo, esto es a través de la firma electrónica FIREL. Lo anterior, toda vez que la firma electrónica FIREL es el equivalente electrónico al de la firma autógrafa y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos de esta, de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. De tal manera que al haber optado las solicitantes del amparo por presentar su demanda de derechos humanos a través del portal electrónico, debieron ajustarse a las reglas establecidas para el empleo de dicha tecnología de la información; de ahí´ que las aparentes firmas que aparece en el documento escaneado no son aptas para considerar que se cumple el principio de agravio personal y directo. En esa tesitura, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, Constitucionales, en relación con los diversos 1, fracción I, 3, párrafos cuarto y quinto, 5, fracción I, 6, primer párrafo de la Ley de Amparo, motivo por el cual la demanda de amparo SE DESECHA DE PLANO POR SER MANIFIESTA E INDUDABLEMENTE IMPROCEDENTE. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ténganse por autorizados de los quejosos en en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julietina Rivera Soto, Martín Hernández Sánchez, Rodolfo Martínez Valdez, Noé Daniel García Hernández y Fidel Hernández Blanco, toda vez que tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Jorge Alejandro Montenegro Hernández, Rolando Sandría Sánchez, Carlos Manuel Hernández Herrera y Jesús Alberto Hernández Tafoya, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que las quejosas solicitan el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que las impetrantes puedan tener acceso, consultar y ser notificadas vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: RODMARVAL. Se significa a las ocursantes, que a partir del día de hoy se encuentran habilitadas para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica; por lo que, todas las notificaciones que se le realicen en este asunto, se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. Se tienen por señalados el correo electrónico y los números telefónicos proporcionados por las impetrantes, y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

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