Stephani Abigail Saravia Nava
Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Stephani Abigail Saravia Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio 22916/2022 del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en Santiago de Querétaro; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por Stephani Abigail Saravia Nava, por propio derecho, contra actos del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, motivo del presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se declaró carecer de competencia legal para resolver el asunto. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación por lista al tercero interesado.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso particular, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, considera carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo. Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo resaltado es propio) De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: 1. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda cuando si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. 3. Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que, es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte quejosa, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado es: "(.) la resolución de fecha 01 de Junio del año 2022, que resolviera la reclamación interpuesta por el tercero interesado, en contra de la medida provisional de alimentos decretada en favor de mi menor representado, dictada dentro de los autos del juicio familiar número 2653/2021/II del índice de la Responsable (.)" En ese sentido, debe precisarse que tratándose de la competencia para conocer de la demanda de amparo que se interponga en contra de una resolución en que se ordena efectuar el descuento de una pensión alimenticia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 25/2012, mismas que es del tenor siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2001236 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 25/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, página 145 Tipo: Jurisprudencia AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." El criterio sustentado en esta jurisprudencia es aplicable al caso, porque aunque interpreta el numeral 36 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, lo cierto es que en el artículo 37 de la ley vigente, sólo existe discrepancia en la redacción del tercer párrafo, que alude a actos que carecen de ejecución, lo que no sucede en el caso, por lo que esa diferencia resulta irrelevante, ya que en lo restante tampoco contienen una modificación sustancial; de ahí que la jurisprudencia en comento sí resulta aplicable, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo actual, ya que no se opone a lo dispuesto en ésta. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 458/2010 que dio lugar a la jurisprudencia a que se hace mención, estableció que, tratándose de la competencia para conocer de un juicio en el que se impugne la resolución que fija la pensión alimenticia provisional, existen tres hipótesis a tomar en cuenta para efectos de determinar a quién corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto promovido en contra de la resolución que fija la pensión alimenticia provisional, cuando la autoridad jurisdiccional se prevalga de un medio para comunicar a la fuente de trabajo del deudor alimentario, que debe efectuarse el descuento correspondiente de alimentos, a saber: Uno de los medios de comunicación judiciales reconocidos por el derecho, como los exhortos o despachos; De una práctica común que consiste en que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; O bien, si la legislación procesal así lo autoriza, puede remitirse el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Respecto del primer supuesto, la Primera Sala del Máximo Tribunal del país consideró que cuando la autoridad judicial requiera la diligenciación del acto reclamado a otro juez, por medio de exhorto, el juez competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, debido a que si bien es cierto, el papel de la autoridad ordenadora es destacado, también lo es que la autoridad exhortada desempeña una actividad fundamental y jurídicamente relevante, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución de la orden dictada por la primera, lo que tiene como consecuencia que enfrente directamente al particular afectado, ya que aun cuando el juez exhortante ordene la remisión del exhorto, esto no implica que con dicha actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, porque la ejecución material corresponde al juez exhortado, en virtud de que el envío del exhorto solo constituye una solicitud de apoyo dictada en una fase previa a los actos propiamente de ejecución. Conforme a lo anterior, conviene mencionar que, de las constancias que en copia certificada remitió el juez responsable al presente asunto, mismas a las que se otorga pleno valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se observa lo siguiente: Mediante escrito presentado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de esta ciudad, el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, Stephanie Abigail Saravia Nava, en representación de su hijo menor de edad de iniciales M.A.P.S., demandó, en la vía ordinaria civil, de Mauricio Javier Pichardo Moncada, el pago de una pensión alimenticia primeramente provisional y posteriormente definitiva (fojas 1 a 26 del tomo de prueba). El cinco de noviembre de dos mil veintiuno, el titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, de esta ciudad, registró la demanda con el número 2653/2021-II y le dio trámite en la vía propuesta; asimismo, ordenó el emplazamiento del demandado para que en el término de nueve días (más tres por razón de distancia) formulara la contestación relativa y decretó una pensión alimenticia provisional a favor del acreedor alimentista equivalente al veinticinco por ciento sobre el sueldo y otras prestaciones que percibe el demandado como empleado de Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en calle Ingenieros número cuatrocientos dos, colonia El Marqués Santiago de Querétaro, Querétaro (fojas 27 a 30 del tomo de pruebas), para lo cual giró exhorto 635/2021/II al Juez de lo Civil y/o Familiar de Querétaro, Querétaro, para que girara a su vez el oficio de pensión alimenticia y emplazara al demandado (fojas 31 a 35 del tomo de pruebas). 3. Mediante auto de diez de marzo de dos mil veintidós (foja 206 del tomo de pruebas), se tuvo por recibido el escrito signado por el demandado Mauricio Javier Pichardo Moncada, a través del cual dio contestación a la demanda formulada en su contra e interpuso recurso de reclamación (fojas 37 a 164 del tomo de pruebas), por lo que se ordenó dar vista a su contraparte por el término de tres días, quien la desahogó, según se acordó en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós (foja 218 del tomo de pruebas). 4. El uno de junio de dos mil veintidós, la titular del Juzgado del conocimiento declaró procedente el referido recurso de reclamación, por lo que decretó la regraduación de la pensión provisional ordenada en el auto impugnado, de un veinticinco a un veinte por ciento, resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto y cuyos puntos resolutivos son los siguientes: (fojas 220 a 224 del tomo de pruebas). "PRIMERO.- Ha sido procedente el recurso de reclamación planteado por el demandado C. MAURICIO JAVIER PICHARDO MONCADA, en consecuencia: SEGUNDO.- se reduce la pensión alimenticia provisionalmente decretada en el auto de radicación de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno a favor del menor de identidad reservada M. A. de apellidos PICHARDO SARAVIA consistente en 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) para quedar en un 20% (VEINTE POR CIENTO), del salario diario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe el demandado como trabajador al servicio de la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ubicada en Calle Ingenieros número cuatrocientos dos, Colonia Márques Santiago de Querétaro, Querétaro, C.P. 76047, por lo que oportunamente gírese oficio a la citada empresa para que proceda a reducir la pensión aquí ordenada sobre la base y porcentaje aquí decretado, sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva. TERCERO.- Notifíquese." Como se ve, para ordenar el descuento de la pensión alimenticia provisional, la responsable, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó girar el exhorto 635/2021 al Juez de lo Civil y/o Familiar de Querétaro, Querétaro, para que por su conducto se girara el oficio respectivo a la empresa Comisión Federal de Electricidad, para que procediera a realizar el descuento del veinticinco por ciento del sueldo y prestaciones que recibe Mauricio Javier Pichardo Moncada como trabajador de dicha empresa; lugar que se encuentra fuera del territorio del Estado. Lo hasta aquí expuesto se corrobora con el oficio 5307-2021 (foja 205 del tomo de pruebas), signado por el Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial del Estado de Querétaro, con sede en Querétaro, por el cual devolvió debidamente diligenciado el exhorto 635/2021/II, girado por el juzgado responsable. En ese orden de ideas, se desprende que la ejecución de la pensión alimenticia provisional, tiene verificativo en Querétaro, Querétaro, lugar en donde reside la autoridad jurisdiccional exhortada que realizó las gestiones necesarias a efecto de cumplimentar la orden contenida en proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio ordinario civil 2653/2021-II del índice del Juzgado responsable. Luego, si de las constancias certificadas relativas al juicio de origen, se advierte que la reducción del monto por concepto de pensión alimenticia provisional decretado en la resolución de uno de junio de dos mil veintidós, que constituye el acto reclamado, se hará sobre el sueldo y otras prestaciones que recibe el demandado como trabajador de Comisión Federal de Electricidad de Santiago de Querétaro, Querétaro, es inconcuso que la ejecución tendrá lugar en aquella ciudad, por ser éste el lugar donde reside el Juzgado exhortado que realizó las gestiones necesarias a efecto de cumplimentar la orden por la cual se está ejecutando la pensión alimenticia provisional decretada. Máxime que posterior a la resolución impugnada de uno de junio de dos mil veintidós, la juez responsable giró exhorto al juez de lo civil y/o familiar que en derecho corresponda de Querétaro, Querétaro, a efecto de requerir a la empresa para la cual trabaja el deudor alimentario, en términos del auto de trece de junio de este año, toda vez que no ha dado cumplimiento a la retención de la pensión alimenticia decretada en principio, situación que corrobora que la pensión alimenticia decretada tiene ejecución en dicha ciudad, con motivo de los exhortos girados para tal efecto. De ahí que, se estima que este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, no es competente por razón de territorio para conocer ni resolver el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que el juez de Distrito competente es el que ejerce jurisdicción en dicha entidad federativa. No se desconoce que el juicio de alimentos fue instaurado por la aquí parte quejosa en el Estado de Veracruz, y que presumiblemente aquí se lleve a cabo la satisfacción de los alimentos en cuestión; sin embargo, de la jurisprudencia en cita, se desprende que tal cuestión carece de relevancia para decidir la competencia de mérito, ya que ésta debe resolverse a la luz de las hipótesis normativas que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, y dicho criterio es claro en señalar que en el supuesto de que el juez de la causa ejecute el descuento de los alimentos provisionales a través de un exhorto, será competente para conocer del juicio de amparo indirecto el juez de distrito del lugar en que dicho exhorto se ejecute. Asimismo, cabe señalar, que el referido numeral 37 de la Ley de Amparo, al establecer las reglas de competencia, prescinde de tomar en cuenta las diversas consecuencias que posteriormente surjan con motivo del descuento de los alimentos; esto es, si la ejecución que se realice del acto reclamado afecte no sólo al tercero interesado sino también a la parte quejosa, para resolver sobre el punto en cuestión. Además, cabe señalar, que la resolución que constituye el acto reclamado (emitida en el Estado de Veracruz), aun cuando ahí se ordene el descuento por alimentos provisionales en una cuantía menor al que venía percibiendo la parte quejosa, y que tal decisión le afecta su esfera jurídica; lo cierto es que esa determinación tiene que surtir efectos en la realidad, esto es, tiene que materializarse, y para ello, es que se realizan actos tendentes a su ejecución. Así es, éste último extremo -la ejecución de los actos reclamados- es el parámetro que el artículo 37 de la Ley de Amparo toma en cuenta para determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito. Similar criterio fue sustentado, en lo conducente, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz al resolver el conflicto competencial 5/2019, suscitado entre el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz y el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México. En mérito de lo expuesto, este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, se declara legalmente incompetente para resolver el presente asunto y; con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia se surte a favor de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en turno, con residencia en Querétaro. Por tanto, remítanse de inmediato los autos del juicio de amparo 354/2022 en que se actúa, incluidos los cuadernos relativos al incidente de suspensión derivado del presente juicio en virtud que se ha resuelto sobre la suspensión definitiva, así como el tomo de pruebas remitido en apoyo a su informe justificado por la autoridad responsable y el ofrecido por el quejoso, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en turno, con residencia en Querétaro, solicitándole que una vez se pronuncie al respecto, acuse el recibo correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar con residencia en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada del expediente 2653/2021/II de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Dado el volumen de las constancias de mérito y para un mejor manejo de las presentes actuaciones, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado, el cual deberá resguardarse en la secretaría de este órgano jurisdiccional debidamente identificado, respetando su entresello, folio y rúbrica. Finalmente, agréguese el oficio remitido por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, hace del conocimiento el auto de tres de agosto de los actuales, dictado en el cuaderno de varios 1/2022 de su índice, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda; lo anterior en virtud que a la data se está recepcionado el informe de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto de dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, no rindió su informe justificado, tal y como se advierte de la constancia de notificación del oficio 11334/2022 por el que se le solicitó, con sello de recepción de veintinueve de junio del año en curso. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, de conformidad con lo que dispone el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, remita copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de todas y cada una de las constancias que acrediten la existencia del acto reclamado, así como de todas aquellas que sirvieron de base para emitirlo; apercibido que de no hacerlo así o de proseguir con esa conducta, se le hará efectiva la multa con que se le apercibió en auto admisorio de demanda. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En virtud de lo expuesto, y a fin de dar margen a que la aludida autoridad responsable cumpla con lo anterior, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se difiere y como nueva fecha para que tenga verificativo se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Alfredo García Ríos, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por vacaciones de la titular (del veinticuatro de julio al siete de agosto de dos mil veintidós), en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintisiete de junio de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2975/2022, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.
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