SUSANA GAITAN HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 617/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
617/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • SUSANA GAITAN HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se cumple prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ****** y *****, mediante el cual, cumplen con los requerimientos que se les formuló en proveído de ocho de junio pasado, y en atención a ello, se acuerda: Se desechamiento demanda de amparo. Ahora, una vez analizada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio de cuenta, este juzgado estima que es improcedente el presente juicio de amparo y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Para justificar lo anterior, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del referido artículo, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, la suscrita estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para que proceda este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica de los quejosos, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando la posible orden de ejecución y/o embargo de su bien inmueble por el no pago de una infracción de tránsito que no cometieron, a fin de proteger dicho bien de algún tipo de gravamen que en su caso ordene la autoridad responsable, con motivo de un requerimiento de pago a nombre de una persona diversa a los promoventes, mismo que su arrendatario encontró el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, lo que de suyo evidencia que los actos reclamados (posible ejecución y/o embargo), sean futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo intentado, ya que de la totalidad de actuaciones se inadvierten actos tendentes a la posible ejecución que pretenden combatir; aunado a que ellos mismos reconocen que no existe hasta este momento una afectación real y actual en su esfera jurídica, cuyo remedio se persigue mediante la tramitación de aquél, pues lo que pretenden es evitar que con la posible ejecución y/o embargo se proteja el bien que defienden de algún tipo de gravamen que ordene la responsable, lo que en la especie constituyen apreciaciones subjetivas de los quejosos que resultan insuficientes para hacer procedente el juicio de amparo. Ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. De ahí que se considere dichos actos reclamados como futuros de realización incierta, pues no existe dato objetivo alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados existan o puedan llegar a existir dada su generalidad.

  2. Principal

    Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 114, fracciones I, II y IV, así como 108, fracciones I y IV, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, con las copias necesarias para correr traslado a las partes y sin formular ni presentar una nueva demanda, se constriña a cumplir con lo siguiente: 1. Indiquen quién solicita el amparo y protección de la justicia federal. Lo anterior, en razón de que si bien en el proemio de la demanda se precisa que los quejosos son Susana Gaitan Hernández y Pastor Parangueo Pérez, también deviene verídico que en los apartados de antecedentes y conceptos de violación, también realizan manifestaciones encaminadas a defender derechos de su arrendatario Elías Gijón López, tales como: ".evitarle molestias a nuestro arrendatario.", ".no se moleste más a nuestro arrendatario.", "ejecutando algún acto de imposible reparación. al patrimonio de nuestro arrendatario por una multa que ninguno de los dueños y posesionario de nuestro inmueble hemos cometido.".* De ahí que, lo anterior genere incertidumbre respecto de quién solicita de forma directa el amparo y protección de la justicia Federal en el presente asunto, puesto que dadas las manifestaciones antes expuestas, pudiera darse el caso que se esté promoviendo el presente juicio no solo por los quejosos, sino también a favor de una tercera persona (arrendatario); por ello deviene necesario que los promoventes establezcan con claridad quien es la parte quejosa en esta instancia constitucional, tomando en consideración que un principio rector del juicio de amparo es que éste es a instancia de parte agraviada. En el entendido de que en caso de precisar que también se solicita el amparo y protección de la justicia Federal en representación de su arrendatario, deberán acreditar con documental idónea la personalidad con la que se ostentan en el juicio de amparo en que se actúa. 2. Aclaren el acto que reclaman en esta instancia constitucional, precisando los bienes que acuden a defender (muebles o inmuebles). El requerimiento obedece a que si bien en el capítulo de actos reclamados refieren reclamar "el cobro de una infracción en un inmueble de nuestra propiedad" así como "una posible ejecución de embargo", lo cierto es que, en el caso particular, dichas manifestaciones devienen imprecisas y contradictorias, en principio, porque los promoventes se ostentan propietarios más no poseedores del bien inmueble en el cual se llevó a cabo el requerimiento de pago que da origen a los actos que pretenden combatir, lo que de suyo hace que se inadvierta cuáles son los bienes de su propiedad (muebles o inmuebles) que ellos acuden a defender mediante el presente juicio, pues no debe perderse de vista que el inmueble su encuentra en arredramiento; y, en segundo lugar, porque en el apartado atinente a la suspensión, refieren solicitar dicha cautelar, entre otro efecto, para que no se realice la "ejecución de la multa", lo que deviene contradicho tanto con lo expresado en el capítulo de acto reclamado, como con la documental anexa a la demanda, consistente en el requerimiento de pago de veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, pues de dicha documental se inadvierte la existencia de multa alguna; de ahí la necesidad de la aclaración peticionada, a fin de trabar correctamente la litis del presente asunto. Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." 3. Aclaren los efectos para los cuales solicita la medida cautelar. Lo requerido dada la oscuridad de los actos que reclaman y la imprecisión de quién comparece como parte quejosa en el presente controvertido constitucional. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Domicilio y autorizado. Como los promoventes, solicitan expresamente que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleven a cabo las notificaciones electrónicas de las resoluciones que se dicten en el presente asunto y que ameritan notificación personal al usuario "********************", en virtud de que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** y ********************por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, a las diversas personas mencionadas en la demanda de cuenta, por no contar con cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que subsistirá hasta en tanto acredite contar con dicho registro. VI. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se le solicita proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano