SUNNY PAULINA AZUELA VERÓNICA y Otros.
Expediente 1252/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- SUNNY PAULINA AZUELA VERÓNICA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se ordena protección de identidad de menores de edad. Con apoyo en el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos en que afecten a niñas, niños y adolescentes" (puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de actuaciones generales); así como en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16, párrafo I); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2); Directrices sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (párrafos 8, inciso a), 26, 27 y 28); Manual sobre la Justicia en Asuntos Concernientes a los Niños Víctimas y Testigos de Delitos (Capítulo VII, p. 59 - 63); Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores también conocidas como Reglas de Beijing (Regla 8), este órgano jurisdiccional ordena proteger la privacidad de toda participación infantil a través del resguardo de su identidad, sin importar la calidad con la que comparezca al presente juicio constitucional, esto es, si como quejoso o tercero interesado; para efecto de lo cual se ordena: a) Sustituir el nombre de los niños, niñas o adolescentes que participen en el presente procedimiento constitucional con sus iniciales, en listas de acuerdos, diligencias, comunicaciones oficiales, autos, interlocutorias y en sentencias definitivas, debiendo glosarse al expediente en sobre cerrado, hoja que contenga el nombre completo de los infantes. b) Suprimir del expediente electrónico los datos de identificación de menores de edad o cualquier otro dato sensible como imágenes de los infantes. c) Las constancias físicas que las autoridades responsables remitan como apoyo a su informe justificado y, en su caso, las recabadas oficiosamente por este tribunal, o las exhibidas por las partes, que contengan datos de identificación de menores de edad o cualquier otro dato sensible como imágenes de los infantes, deberán glosarse en el expediente físico autorizándose únicamente la consulta de dicho material por parte de los autorizados en este juicio y directos quejosos o terceros interesados, sin posibilidad de reproducirlo ya sea a través de fotocopias o por medios electrónicos. V. Desechamiento parcial de la demanda de amparo. Ahora bien, del análisis del libelo constitucional se advierte la existencia de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el diverso 113 de la citada legislación, resulta procedente desechar parcialmente la demanda de amparo que nos ocupa por las razones que a continuación se exponen. En principio, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, en el presente caso se advierte que la demanda de amparo de cuenta carece de la firma de ********************, quien promueve por propio derecho, siendo que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de la parte agraviada, como lo dispone la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, como en la especie no obra la firma de ******************** debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado por dicha persona, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar parcialmente la presente demanda de amparo, habida cuenta que como ya se ha explicado, tal circunstancia entraña la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, quinta parte, Séptima Época, página 71, cuyo rubro establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO." Sin que haya lugar a requerir a ******************** para subsanar tal omisión, ya que el artículo 114 de la Ley de Amparo, solo faculta a este Tribunal Federal a prevenir al promovente para que llene algún requisito formal, haga las aclaraciones que correspondan o exhiba las copias necesarias para correr traslado a las partes, más no para que subsane tal omisión. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, página 213, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL."; al igual que la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 115-120, sexta parte, Séptima Época, página 72, cuyo rubro dice: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO." Así como la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 175-180, sexta parte, Séptima Época, página 96, de rubro: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA." Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo por lo que hace a la promovente ********************. VI. Admisión parcial de la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite parcialmente la demanda de amparo por lo que hace a ********************por propio derecho y en representación de su menor hijo con iniciales******************** VII. Apercibimiento sobre la denominación de autoridades responsables. Con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa señalar con precisión a las autoridades responsables. Con base en lo anterior y atendiendo a la práctica de señalar autoridades sin justificación, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, estará en aptitud de corregir la denominación, hasta antes de la audiencia constitucional. En la inteligencia que deberá precisar bajo protesta de decir verdad, la fuente de tal información. VIII. Requerimiento a autoridad responsable y demás partes. Requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y al que deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, las cuales tendrán que ser completas, legibles y ordenadas en forma secuencial, apercibida que de no rendir su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del referido ordenamiento legal, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y se le impondrá en la sentencia, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, la que se graduará de acuerdo a la trascendencia que acarreé su omisión en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera, con la obligación que impone el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad responsable, así como a las demás partes, que deberán informar, de manera inmediata, cuando sobrevenga alguna causa que provoque el sobreseimiento en el presente juicio constitucional y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, según la levedad o gravedad de la omisión, lo anterior de conformidad con el numeral 251 de la ley de la materia; debido a que, por un lado, se continuaría la tramitación de un procedimiento constitucional ocioso en su prosecución, con el gravoso desperdicio de recursos materiales y humanos y, por otro lado, en el supuesto de que se determine conceder la protección de la justicia federal a la parte promovente, el cumplimiento no podría materializarse, lo que contraviene el espíritu del artículo 77 de la Ley de Amparo. IX. Vista a la representante social adscrita. Dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5°, fracción IV de la ley de la materia. En cumplimiento a la determinación asumida el diecinueve de enero de esta anualidad en el cuaderno de varios 1/2023, en los términos ahí precisados, todas las notificaciones de carácter personal dirigidas a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, realícensele de manera electrónica al usuario que proporcionó para tal efecto; asimismo, otórguesele acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo. X. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las once horas con siete minutos del cinco de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, toda vez que éste órgano jurisdiccional gozará de su periodo vacacional de invierno del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, de conformidad con el calendario de vacaciones de los Juzgados de Distrito aprobado en sesión de veinticinco de septiembre de la presente anualidad, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. XI. Incidente de suspensión. En términos de lo dispuesto por el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese cuaderno único de suspensión y provéase lo concerniente a la medida cautelar solicitada. XII. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales que se anexa la parte quejosa a la demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Asimismo, en atención a la petición de la parte quejosa relativa a que le sean devueltos los documentos que en original anexó a su escrito de demanda, dígasele que en términos de la última parte del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, por regla general, no se autoriza la devolución de documentos que se hubieren exhibido durante la tramitación del juicio sino hasta la conclusión de éste; sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado y toda vez que pueden ser necesarios para realizar el registro del menor quejoso, previa copia certificada que se deje en autos, devuélvansele los documentos que anexó a su escrito de demanda, con excepción del acta de matrimonio, en virtud de que puede obtener una copia certificada en cualquier Oficina del Registro Civil. XIII. Consideración especial sobre la versión de lectura fácil en el presente asunto. Por otro lado, no se soslaya lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja ********************relativo al juicio de amparo ********************de este índice; empero, atendiendo a las particularidades del asunto, se determina innecesaria la realización de formatos de lectura fácil, tomando en consideración la etapa de desarrollo que tiene el menor de edad quejoso, al contar con un mes de edad, y a que el mismo se encuentra representado por su progenitor. Lo anterior encuentra sustento en lo dispuesto en los artículos 2, fracción II, y 71 de la Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes. XIV. Domicilio y autorizada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. XV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XVI. Se exhorta y se requiere a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. XVII. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Luego, resulta un hecho notorio que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los propios artículos 26, fracción II, inciso a) y b), 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a las autoridades responsables, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional e incidental) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
- Incidental
Se apertura cuaderno incidental. Vista la certificación y cuenta que antecede, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***********. Se solicita informe previo a la autoridad responsable. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 131, 138, 139, 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, para lo cual envíesele copia simple de la demanda y, en su caso, de los anexos correspondientes. Audiencia incidental. Se señalan las diez horas con diecisiete minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Fijación de la litis incidental. Se concede la suspensión provisional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 128, 132 y 138 de la Ley de Amparo, se desprende que para conceder la suspensión del acto reclamado deben cumplirse los siguientes requisitos: a. Que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada. b. Que con la concesión de la medida no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. c. Que en su caso, se realice el análisis de la apariencia del buen derecho. d. Que en caso de que con su concesión se puedan ocasionar daños y perjuicios a terceros, la parte quejosa deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar a aquél en caso de que no se obtenga sentencia favorable. En la especie, se encuentran satisfechos los citados requisitos, dado que la suspensión la solicita la parte agraviada; además, se considera que con el otorgamiento de la medida cautelar no se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; de ahí que con la concesión de la medida no se afecte al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. Esta determinación aplica la apariencia del buen derecho que autoriza anticipar efectos de una concesión del amparo, debido al alto grado de probabilidad que en la sentencia que resuelva el fondo del asunto, se conceda la protección de la Justicia Federal. En este caso, la parte quejosa sostiene que el desechamiento de la solicitud de registrar al menor de edad de iniciales J.C.V., con el apellido paterno del padre como primer apellido y el materno de la madre como segundo, transgrede el derecho a la identidad, así como el respeto a la vida familiar y el de los padres a elegir el nombre de los hijos, toda vez que la autoridad registradora impone la obligación de asignar el primer apellido paterno, seguido del primer apellido materno, con lo que a su vez transgrede el derecho a la igualdad. Luego, para acreditar el interés jurídico para obtener la medida suspensional, la parte promovente del amparo acompañó como prueba documental el oficio León/01/1017/2023, de siete de noviembre de dos mil veintitrés, expedido por la Oficial del Registro Civil 01 de esta ciudad, en el que se desechó de plano la solicitud de registrar al menor de edad de iniciales J.C.V., con el apellido paterno del padre como primer apellido y el materno de la madre como segundo; de dicho oficio se advierte que el referido desechamiento fue emitido con apoyo en el artículo 68, fracción II, del Código Civil para el Estado de Guanajuato, del que se obtiene que en esta Entidad Federativa los menores deben ser registrados con el apellido paterno de ambos padres; sin embargo, existe un alto grado de probabilidad de que en la sentencia que resuelva el fondo del amparo se conceda la protección de la Justicia Federal a los aquí quejosos y se determine que el acto reclamado transgrede la igualdad y el derecho a la identidad que tutela nuestro ordenamiento político rector. Como consecuencia de lo expuesto, se concede la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que la Oficial del Registro Civil Número 01, de León, Guanajuato, autorice la solicitud de nombre propio y apellidos para el registro del nacimiento del menor de edad quejoso de iniciales J.C.V. Esta suspensión debe condicionarse a que la autoridad del Registro Civil responsable no encuentre algún otro motivo legal que impida autorizar la solicitud de registro del menor, pues de existir tal, la presente medida cautelar no surtirá efecto legal alguno, pues la apariencia del buen derecho se efectuó únicamente bajo la hipótesis de la imposibilidad prevista en el artículo analizado, de manera que no podrán extenderse los efectos de esta medida suspensional a un caso diverso al expresamente estudiado en esta determinación judicial. Se concede la suspensión sin fianza. Dado que no existen terceros interesados, ni pueden ocasionarse daños y perjuicios por la mera pretensión de registrar a un menor de edad, lo procedente es conceder la medida suspensional sin fianza alguna. Domicilio y autorizada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizada en términos restringidos del artículo 12 y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo a la persona que menciona por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente asunto, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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