Sunshine Antonio Rodríguez Peña
Expediente 31/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Sunshine Antonio Rodríguez Peña
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. Vista certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación al diverso 97, fracción I, inciso a), de la ley en cita, para interponer recurso de queja en contra del proveído dictado en nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. En merito a lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracciones VII, XV y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de enero de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número de juicio de amparo 31/2023. 2. Se desecha demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Sunshine Antonio Rodríguez Peña, en contra del juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora y otra autoridad, se advierte que reclama: "De las autoridades responsables enumeradas en el capítulo anterior, LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DE LA QUE ESTOY SIENDO OBJETO DESDE EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, LO CUAL ES UN CLARO ATAQUE A MI LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO." Ahora, del análisis integral del escrito de mérito se advierte que la acción constitucional promovida es manifiesta e indudablemente improcedente; por ello, con fundamento en los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano, por las razones que a continuación se exponen. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Es así, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del citado numeral se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley, sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución o si el medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el citado numeral hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en tal caso; en consecuencia, previamente a promover el juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, también hace referencia a los actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, pues en esa revisión la autoridad, ya sea la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o aquélla que, en su caso, prevea la ley, puede de facto convalidar o no dicho acto, circunstancia última que podría nulificar, revocar o modificarlo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así se desprende de las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y I.6o.C. J/37, de rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." y "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora bien, como se adelantó, la parte solicitante del amparo reclama del juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora y otra autoridad, la privación de la libertad, derivada de la medida cautelar decretada en la causa penal 174/2020. Es importante resaltar que, de los antecedentes que narró la parte accionante de amparo se advierte que: -Se le vinculó a proceso el diecisiete de noviembre de dos mil veinte. -Se le decretó una medida cautelar -prisión preventiva- por dos años. -A decir de la parte quejosa no existe ninguna determinación que establezca que debe continuar privado de la libertad. Ahora, en dicho acto controvertido se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la parte quejosa debió interponer en su contra el medio de defensa ordinario; esto es, la revisión de la medida cautelar decretada en su contra y de no estar conforme con la resolución que para efecto se emita, proponer el recurso de apelación. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables. Artículo 161. Revisión de la medida. Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia. Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares. De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud." Dicha hipótesis normativa indica que las decisiones judiciales referentes a las medidas cautelares son apelables; pero incluso, la parte agraviada debió solicitar una revisión de la medida cautelar. En el numeral enunciado en segundo término, se advierte que, cuando se decreta una medida cautelar las partes -incluido el investigado- puede solicitar una modificación de la medida otorgada, para lo cual se realizará una audiencia que deberá tener verificativo cuarenta y ocho horas después de que se solicite. Posteriormente de no modificarse la medida de que se trate, podrá ser apelable. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN." expuso que no existe impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva impuesta oficiosamente por una persona juzgadora de Control en el sistema penal acusatorio pueda revisarse en el plazo de dos años, para el efecto de que el o la juzgadora de Control, hecha la petición, determine su cese o prolongación. Es decir, nuestro máximo órgano constitucional reafirma la revisión de la medida cautelar e incluso, en el numeral 19 de la Constitución Federal no se desprende limitante alguna que permita decidir -ni por algún método interpretativo- que la prisión preventiva, una vez impuesta, no podrá ser revisable. Ahora, del contenido de cada uno de los preceptos que integran el capítulo IV denominado "Medidas cautelares" y del capítulo V, intitulado "De la supervisión de las medidas cautelares" que corresponden, del artículo 153 al 182, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se advierte la intención del legislador federal de impedir que la prisión preventiva oficiosa pudiera ser revisable. En efecto, del contenido de todos los demás artículos que conforman los capítulos IV y V, citados del Código Nacional, únicamente se desprende la referencia -en general- de "las medidas cautelares" previstas en dicha legislación, así como las reglas generales de su imposición, su procedencia, los tipos, la proporcionalidad al imponerlas, su imposición, el debate que se realice para ello, el contenido de la resolución que las imponga, la impugnación de la decisión judicial, la revisión de la medida, la audiencia de revisión, los medios de prueba para la imposición y revisión de la medida, evaluación y supervisión. En ese orden de ideas, bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación. Como sea, la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. Por lo que, la parte quejosa debe formular la petición de revisión de la medida cautelar ante el Juez de Control, para que, se determine si cesa o se prolonga su aplicación; antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el precepto 113 de ese cuerpo normativo, procede desechar la demanda de amparo. 4. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 55, 56, 57 y 60 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario "gerardo0604", para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan solo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado; al igual que la persona que menciona para ese único efecto. 6. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 7. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. David.
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