Sunshine Antonio Rodríguez Peña
Expediente 1387/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1387/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Sunshine Antonio Rodríguez Peña
- Juez de Distrito Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, Actuando en Funciones de Juez de Control
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las once horas con cincuenta y siete minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto admisorio, constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables; a lo anterior el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, del estado de autos se advierte que no le transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la Fiscalía General de la República, con residencia en Ciudad de México; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica. No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a esta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el presente caso, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado dela Fiscalía General de la República, con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la cual deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. Abierto el período de pruebas, se hace constar que no se ofrecieron medios de prueba en el presente juicio; el juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon; el juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos, con lo que se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1387/2021; y Resultando: I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el once de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Sunshine Antonio Rodríguez Peña solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados del juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en funciones de Juez de Control, y otras autoridades, por lo que a dicho escrito de demanda le correspondió el número de juicio 1387/2021. 2. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: I. Competencia 3. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. II. Precisión de los actos reclamados 4. Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: a) Orden de detención, aprehensión, arresto y ejecución. III. Inexistencia de los actos reclamados 5. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en funciones de Juez de Control. Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control. Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México. Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México. Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, con sede en Ciudad de México. Fiscal General de la República, con sede en Ciudad de México. 6. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, en relación con la existencia de una orden de detención, aprehensión, o arresto en su contra, ni desvirtuó la negativa formulada por las autoridades apenas mencionadas; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. 7. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos. 8. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." 9. De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." IV. Decisión 10. En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. V. Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sunshine Antonio Rodríguez Peña, por las razones expuestas en el apartado III que antecede. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
- Incidental
Audiencia y resolución incidental En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con diez minutos del quince de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa, celebró la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El secretario hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con copia del escrito inicial de demanda, con los informes previos rendidos por las responsables. A lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se da cuenta al juez con el informe previo registrado con el número 3364, del Fiscal General de la República, con residencia en Ciudad de México. El juez acuerda: conforme al artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe previo del fiscal en cita, por señalado domicilio, delegados, correo electrónico y teléfono de contacto para cuestiones no procesales. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes no exhibieron prueba alguna, en cuanto al reclamo constitucional formulado en la demanda El juez acuerda: Al no existir pruebas por desahogar, se declara concluida la fase probatoria y se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. El secretario certifica que ninguna de las partes formuló manifestación alguna. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1387/2021 y, Resultando: Único. A petición de Sunshine Antonio Rodríguez Peña, por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, en relación con los actos reclamados al Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, con sede en Ciudad de México y otras autoridades, se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental la cual se llevó a cabo el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se emitió la interlocutoria correspondiente en relación con las autoridades: Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Posteriormente, respecto de las autoridades responsables restantes, y en virtud de que no se contaba con su respectivo informe previo, se señaló hora y fecha para celebración de la audiencia incidental, la cual previos diferimientos por razones ordinarias del propio procedimiento, dio inicio al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. Conforme a lo dispuesto en los artículos 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, este juzgado es legalmente competente para resolver este incidente de suspensión, ya que si lo es para resolver el juicio en lo principal, también para emitir la presente interlocutoria derivada de aquel cuaderno. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por el quejoso consiste en la orden de detención o aprehensión girada en su contra y su ejecución. Tercero. Inexistencia del acto. Las autoridades: Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada; Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; y, Fiscal General de la República. Todos con sede en Ciudad de México, al rendir su informe previo negaron la existencia del acto reclamado. En consecuencia, sin prueba en contrario que desvirtúe el sentido de la negativa expuesta por las autoridades mencionadas con anterioridad, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo, procede negar la suspensión definitiva solicitada a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 5983, del Tomo LXXIII, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de suspensión, contra actos de esa naturaleza". Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Sunshine Antonio Rodríguez Peña, contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en éste último. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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