Stephane del Rosario Estrada Catzín
Expediente 413/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Stephane del Rosario Estrada Catzín
Actuaciones
- Principal
III. Mérida, Yucatán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de desechamiento dictado en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del artículo 2° de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso d) del indicado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto antes citado******************** Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE. [...]
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ****, el acuerdo de treinta de enero de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Con la demanda de amparo promovida físicamente por ***, contra actos del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 413/2023. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán lo siguiente: El auto de trece de enero de dos mil veintitrés, en el que se le niega las medidas de protección a favor de la quejosa, dentro del expediente ****. Desechamiento. Ahora bien, vista la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, de esta misma ley, SE DESECHA de plano la demanda de amparo por existir motivos indudables y manifiestos de improcedencia. En efecto, en el presente asunto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por cuanto contra el acto reclamado procede un recurso que puede modificarlo, revocarlo o nulificarlo; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede desechar la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, de la demanda de amparo y anexos que acompaña se advierte que en la especie se reclama el auto de trece de enero de dos mil veintitrés, en el que se le niega las medidas de protección a favor de la quejosa, dentro del expediente ***, por cuanto estimó que no cumplió con los requisitos indispensables para otorgarla, como lo era la existencia de un vínculo familiar, entre las interesadas, para que a partir del análisis de la relación familiar y situación de riesgo, se determinara otorgar o no la medida de protección. Establecido lo anterior, los artículos 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Inciso reformado c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Inciso adicionado. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El artículo transcrito destaca la improcedencia del juicio de amparo con base en el principio de definitividad, el cual consiste en que los actos reclamados deben ser definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso o medio de impugnación por el que puedan ser modificados, revocados o nulificados. El principio de definitividad, encuentra sustento en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, para producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, ello, claro, siempre que tales recursos o medios de impugnación suspendan el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el juicio de amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. La propia ley, ha establecido los casos de excepción de este principio y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Ahora bien, en el caso concreto, el proveído que negó decretar las medidas de protección que solicitó, previo a la promoción del juicio de amparo, debió observar el principio de definitividad, pues contra aquel debió promover el recurso de revocación, prevista en los artículos 421, 422 y 423 del Código de Procedimientos Familiares establece: "Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación. Artículo 422. Los recursos no son renunciables Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." Como se ve de estos artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley ordinaria que rige el acto reclamado conoce algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento que lo modifique, revoque o nulifique. Asimismo, en el procedimiento oral familiar, únicamente pueden interponerse los recursos de revocación y apelación. El recurso de revocación procede contra autos y decretos emitidos en audiencia o fuera de ella, siempre y cuando no fueren apelables, y el propio juez que los dictó es el encargado de resolver dicho recurso. En principio, cabe decir que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los casos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues no es ninguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se trata de un acto restrictivo de libertad, ni comparece el quejoso como tercero extraño al juicio de origen, pues de la lectura de la demanda se advierte que es la parte quejosa quien promueve el juicio ordinario familiar de donde deriva el acto que reclama. Así, el acto que por esta vía se pretende impugnar, se encuentra entre los establecidos en el ordinal 423, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, susceptibles de ser recurrido en revocación ante el propio juez, pues se reitera, se alude a una resolución emitida fuera de una audiencia, y la cual no es apelable, pues conforme al ordinal 428 de la citada normatividad, dicho recurso sólo procede contra lo siguiente: "Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Como se ve, contra el acto reclamado no procede el recurso de apelación, lo que lo hace impugnable por la vía de la revocación de acuerdo al numeral 423. En esas condiciones, como el acto reclamado por ese medio de defensa puede ser confirmado, revocado o modificado por el propio juez que lo ordenó, de ahí, que al no haber agotado la parte promovente el citado medio de impugnación, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al ser susceptible el acto reclamado de ser revocado, modificado o confirmado a través del medio de defensa ordinario establecido en la ley que rige el procedimiento judicial del cual emana éste último. Al respecto se invoca la contradicción de tesis 277/2011 sustentada por el Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2001155, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Domicilio y autorizados. Como solicita la parte promovente, y toda vez que el usuario ""***"" se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del artículo 87 del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta en comento. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo. Asimismo, ténganse por señalados el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente. [...].
- Principal
Notifíquese personalmente.
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