Stefanie Lisseth Uc Canto

Expediente 2254/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2254/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • STEFANIE LISSETH UC CANTO y Otros.
  • Stefanie Lisseth Uc Canto
  • Juez de Distrito En Materia Mercantil Federal En el Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Y como solicitan, acúsese recibo Téngase a las aludidas autoridades comunicando que se autorizó el acceso al expediente electrónico del juicio ejecutivo mercantil******************** de su índice. Hágase lo anterior, del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las diligencias correspondientes en relación con la vinculación del expediente electrónico citado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto siete de noviembre de dos mil veintitrés, se reservó a emplazar al tercero interesado ********************, y toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones por el referido******************** se encuentra ubicado en predio número********************, de la calle ********************por ********************de la colonia ********************, de esta ciudad. En tal virtud, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya al domicilio antes citado y emplace al tercero interesado ********************, entregándole copia simple de la demanda de amparo, copia autorizada del presente acuerdo y copia autorizada del acuerdo de admisión de siete de noviembre último. Asimismo, deberá hacerle saber que puede apersonarse a este juicio con tal carácter, si así conviniere a sus intereses, debiendo prevenirle para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano de control constitucional, sin necesidad de ulterior acuerdo que así lo ordene. Hágasele saber que se encuentran fijadas las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO.

  2. Incidental

    Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 2254/2023, promovido por******************** y ******************** contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida,******************** y******************** promovió juicio de amparo contra los actos que reclama del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite del incidente. Por auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó formar el presente incidente de suspensión; se pidió a las responsables sus informes previos; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, tiene verificativo la audiencia en términos del acta que antecede; y, (...) CUARTO. Estudio de la suspensión definitiva. Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: I. La medida cautelar debe solicitarse a petición de parte; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión solicita; III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, IV. Se realice un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, ya que como se señaló en párrafos precedentes, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos combatidos, por lo que se tuvieron por plenamente probados para el único efecto de resolver la suspensión definitiva. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, esto, porque el presente asunto deriva de un procedimiento judicial entre particulares. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente la quejosa señala en su demanda que no fue debidamente emplazada al juicio ejecutivo mercantil******************** (Mesa II), del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por lo que se ostenta como tercera extraña por equiparación, al ser la parte demandada en el juicio de origen; lo que resulta suficiente para acreditar su interés suspensional. En consecuencia, como la medida suspensional solicitada, no contraviene ninguna disposición de orden público ni puede causar una afectación al interés social con la misma; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138, 150 y 151 de la referida ley de la materia, PROCEDE CONCEDERLA para que en el caso de que el juicio de origen se encuentre en la etapa de remate, el juez del conocimiento, sin paralizar dicho procedimiento, se abstenga de escriturar o entregar de manera definitiva a terceros el predio embargado en dicho juicio ejecutivo mercantil de origen, y en caso de que la parte quejosa los tenga bajo su posesión, no sea desposeída de los mismos. Lo anterior, hasta en tanto se dicte la sentencia en autos del juicio principal del que deriva el presente incidente. GARANTÍA. La presente medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, por la cantidad de ********************, para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si la parte quejosa no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el monto establecido en el párrafo anterior se fijó con base en lo estipulado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante será inserta, de la que se desprende que por concepto de "daños" debe entenderse la pérdida del poder adquisitivo con relación a la cantidad liquida de la que podría disponer la parte tercero interesada, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio, lo que a criterio del Tribunal Constitucional se obtiene de multiplicar el porcentaje inflacionario correspondiente (que puede advertirse y cuantificarse mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma mensual) por la cantidad líquida por la que se pretenda establecer la garantía. Asimismo, el máximo Tribunal del País, estimó que por concepto de "perjuicios" debe entenderse a la pérdida de las ganancias lícitas que obtendría la parte tercero interesada de tener bajo su dominio el monto de la condena, durante el tiempo estimado para la resolución del juicio constitucional, lo que equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, la cual, a fin de evitar arbitrariedad al establecerse, deberá ser la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, que puede constatarse en la publicación que hace el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 71/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Tomo I, Enero de 2015, con número de registro 2008219, con el rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". En primer término, debe señalarse que se tomará como cantidad base para contabilizar la garantía fijada, el monto de $******************** al que fue condenado a pagar la parte quejosa en el juicio ejecutivo mercantil********************. En ese tenor, la cantidad de ********************, se obtuvo de las operaciones aritméticas siguientes: Se multiplico la cantidad base antes referida, por la tasa de inflación mensual del Índice de Nacional de Precios al Consumidor (0.38%), que se multiplicó nuevamente por seis (número de meses que se estima podría durar el juicio principal). Cabe señalar que el porcentaje inflacionario nacional es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su página electrónica https://www.inegi.org.mx tales operaciones, dan como resultado la cantidad de mil novecientos sesenta y ocho pesos, con setenta y ocho centavos, moneda nacional ($1,968.78 m.n.), por concepto de daños. A ello se suma el diverso monto, que corresponde al resultado de la multiplicación de la cantidad base, por la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días (11.5064%), entre doce (para obtener la cantidad mensual), y por los seis meses que se estima que podría durar este juicio de amparo, y que corresponde a los perjuicios que podrían causarse con la aludida concesión, ya que ocasionaría la privación de las ganancias lícitas que obtendría la parte actora de tener bajo su dominio los inmuebles que en esta vía se defienden, dando como resultado la cantidad de cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional ($4,967.88 m.n.). Es necesario precisar que el TIIE referido, se obtuvo de la página electrónica del Banco de México http://www.banxico.org.mx. En la inteligencia de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este órgano jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: 1. Nombre de la parte quejosa (depositante), 2. Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía, 3. Juzgado ante el que se otorga la garantía, 4. Concepto para el cual se exhibe la garantía, 5. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y 6. Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE a******************** y ******************** la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. CONFORMIDAD CON EL CUMPLIMIENTO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a la parte quejosa para que pudiera inconformarse contra el auto que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tal motivo, téngase a ésta conforme con el cumplimiento de dicha ejecutoria. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en término del artículo 10 del acuerdo antes referido. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el doce de septiembre del presente año; respecto del cual se formó el toca 735/2023, de su índice. Tómese nota de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

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