Stefany Georgeth Luna Muñoz
Expediente 706/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Quinta Sala Unitaria En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
- Stefany Georgeth Luna Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintidós. Intégrese, el escrito de cuenta, por medio del cual, el tercero interesado Isaías Camacho Rodríguez, solicita que este órgano de Control Constitucional, informe al Tribunal de Oralidad de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, que conoce de la causa de enjuiciamiento 24/2021, el estado que guardas estas actuaciones, así como la sentencia de seis de septiembre del año pasado próximo; al respecto, debe decirse que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud a que dicho Tribunal de Oralidad no es parte procesal en este sumario constitucional. Notifíquese personalmente a la parte tercera interesada en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de Puebla).
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San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra totalmente integrado el expediente para remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, para substanciar el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; en consecuencia, remítase el mismo, junto con el original y copia del escrito de expresión de agravios, el Anexo I de pruebas y un disco versátil digital. Notifíquese por oficio Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en turno, personalmente al tercero interesado en el lugar de su reclusión; y, por lista a las demás partes...
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San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Intégrese a los autos escrito signado por la quejosa Stefany Georgeth Luna Muñoz, con cuatro copias, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, con el juicio de amparo en que se provee, el Anexo I de pruebas y un disco versátil digital; para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por lista a la quejosa -por ser quién interpone el medio de defensa, personalmente al tercero interesado Isaías Camacho Rodríguez, en el lugar de su reclusión; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercero interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. JMM En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
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V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 706/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Stefany Georgeth Luna Muñoz, por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día y recibido físicamente en este juzgado al veinte siguiente, Stefany Georgeth Luna Muñoz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que precisó en su demanda de garantías (fojas 2 a 27). La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio. En acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintiuno (fojas 28 a 33) se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 706/2021 de este índice, se admitió a trámite, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (foja 73). TERCERO. Parte tercera interesada. En el referido acuerdo admisorio, se ordenó emplazar como tercero interesado a Isaías Camacho Rodríguez, lo que se llevó a cabo el veintitrés de julio del año actual (foja 71). En auto de seis de agosto de dos mil veintiuno (foja 61), se reconoció el carácter de autoridad tercera interesada a Laura Hernández López, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado, quien fue emplazada a juicio el diez de agosto de la presente anualidad (foja 64) y, mediante oficio recibido en este juzgado el trece de agosto del presente año, se apersonó en este juicio de garantías (foja 65). CUARTO. Cita para sentencia. En acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (foja 74 vuelta), la cual, en sus dos primeras fases (pruebas y alegatos) se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, así como del análisis del informe justificado y constancias remitidas en su apoyo, se advierte que Stefany Georgeth Luna Muñoz, por derecho propio, reclama de la Quinta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, lo siguiente: -La sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca 13/2021, relativo a la carpeta judicial administrativa 1644/2019/PUEBLA, en la que confirmó el auto de apertura a juicio, pronunciado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, la parte quejosa atribuye el acto reclamado destacado a la autoridad responsable siguiente: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Quinta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Aceptó 76 Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Quinta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, aceptó el acto reclamado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas como justificación a su informe, consistente en reproducción autorizada del toca 13/2021, relativo a la carpeta judicial administrativa 1644/2019/PUEBLA (fojas 29 a 60 y anexo I), así como el registro de audio y video generado con la audiencia celebrada el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en esa causa penal (foja 77), a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; y de las que se advierte que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Sala responsable dictó la resolución reclamada (fojas 203 a 211 del anexo I). Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que esta autoridad de amparo pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, esta autoridad advierte que respecto del actor reclamado precisado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que dicha determinación de segunda instancia deriva de otro acto consentido por la quejosa. Se afirma lo anterior porque la resolución reclamada surgió del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público en contra del auto de apertura a juicio oral, pronunciado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, en la carpeta judicial administrativa 1644/2019/PUEBLA; no obstante ello, la quejosa Stefany Georgeth Luna Muñoz, -víctima-, no interpuso el aludido medio de impugnación (apelación), a pesar de estar legitimada para ello en forma expresa, en términos de los artículos 108, 109, fracciones XIV y XXV, 459, fracción I y 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y a pesar de que acudió personalmente y asistida de su asesora jurídica a la audiencia de ocho de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se pronunció dicha determinación, lo que tiene como consecuencia que consintió el aludido auto. Para explicar la actualización de la causal de improcedencia que se analiza, se estima necesario realizar un breve relato de los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las documentales que remitió la responsable como apoyo a su informe, valoradas anteriormente: I. El ocho de marzo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia intermedia en la carpeta judicial administrativa 1644/2019/PUEBLA, a la que asistió, entre otras personas, la aquí quejosa Stefany Georgeth Luna Muñoz, acompañada de su asesora jurídica Isabel Carranza Velazco. II. Como resultado de lo debatido por las partes en esa audiencia, el juez de control que la presidió, pronunció auto de apertura a juicio oral, en el que definió, entre otras cuestiones, las pruebas admitidas a las partes así como las que quedaron excluidas; resulta pertinente indicar que el juez determinó excluir las pruebas ofrecidas por la fiscalía y que se desahogarían en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, en atención a que la fiscal se limitó a expresar que éstas serían las mismas pruebas que las ofrecidas para demostrar la existencia de los elementos del cuerpo del delito y de la responsabilidad penal del acusado, por lo que, al estimar que el oferente no acreditó la pertinencia e idoneidad de las pruebas, el juez de control las excluyó, pero las admitió para desahogarlas en la audiencia de debate de juicio oral (fojas 144 a 154 del anexo I). III. Inconforme, la agente del Ministerio Público, apeló la determinación judicial aludida (fojas 157 a 176 del anexo I); pero la víctima, aquí quejosa Stefany Georgeth Luna Muñoz, no interpuso medio de impugnación alguno; ni por derecho propio ni por conducto de la representante social. IV. Previa sustanciación, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Quinta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, a quien correspondió conocer del recurso, resolvió el medio de impugnación y confirmó el auto apelado (fojas 203 a 211 del anexo I); Resolución que constituye el acto reclamado. Ahora, en este punto, es menester explicar por qué la víctima aquí quejosa, previo a la promoción del presente juicio de amparo indirecto, debió agotar el recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio oral, en el que se excluyeron pruebas tendentes a desahogarse en la audiencia de individualización de la sanción y reparación del daño. Del contenido del artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los derechos procesales de la víctima u ofendido. El legislador reconoció a la víctima del delito la calidad de parte activa dentro del procedimiento penal, con motivo de la ampliación progresiva de sus derechos, que dio lugar a la participación de éstos en las etapas procedimentales penales, para asegurar su efectiva intervención; lo anterior, también se encuentra previsto en el marco normativo internacional en los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que se desprende su derecho a ser oídos con las debidas garantías establecidas por la ley. El reconocimiento de los derechos de la víctima como parte en el proceso penal, derivó de la posición que guarda frente a todas las etapas procedimentales, reconociéndose así su derecho a ser oída, a acceder a un recurso efectivo, así como el derecho a la reparación del daño. Por su parte, de los artículos 2, 10, 11 y 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el legislador buscó asegurar el acceso a la justicia, con base en el marco constitucional y tratados internacionales, así como establecer los principios rectores de este nuevo sistema acusatorio oral, dentro de los que se encuentra el de igualdad procesal, que presupone que las partes se encuentran en igualdad en el ejercicio de sus derechos, por lo que deben recibir el mismo trato procesal; de ahí que, si alguna determinación puede causar un agravio a alguna de ellas, ésta se encuentra facultada para recurrirla. Lo último, porque no debe perderse de vista que al regir el principio de igualdad procesal, la víctima puede recurrir aquellas determinaciones que le causen algún agravio, tal y como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que con base en la reforma constitucional del año dos mil, al artículo 20, se establecieron a favor de la víctima derechos con rango constitucional, ya que el alcance de la reforma de acuerdo al proceso legislativo que le dio origen, fue generar el reconocimiento constitucional de "parte" en las diversas etapas procedimentales penales a favor de la víctima u ofendido, con la consecuente implicación de asegurar su eficaz intervención activa. De ahí que, la posición que guarda la víctima o el ofendido del delito frente al proceso penal, de acuerdo a las prerrogativas otorgadas por la Constitución Federal, es de parte procesal, con derecho a intervenir activamente. Es así, que el máximo Tribunal ha determinado que la víctima u ofendido del delito, como parte en el proceso penal, pueden interponer los recursos ordinarios, por lo que de hacerlos valer, es obligatorio para el tribunal de alzada su admisión. Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos 108, 109, fracciones XIV y XXV, 459 y 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que se reconoce a la víctima del delito el derecho a impugnar aquellas resoluciones que versen en cuanto a la reparación del daño causado por el delito, en caso de que se estime que el resultado le perjudicó; y, que es procedente el recurso de apelación promovido en contra de las resoluciones dictadas por el juez de control, en aquellos supuestos en que se resuelve la exclusión de pruebas. Sobre esa base, como se expresó en los antecedentes del acto reclamado, la víctima aquí quejosa Stefany Georgeth Luna Muñoz, se duele de la resolución de segunda instancia, precisamente en la parte conducente donde el juez excluyó pruebas a desahogarse en la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, por lo que no existe duda que la peticionaria de amparo, se encontraba legitimada expresamente por la ley, para interponer dicho medio de impugnación, pues la resolución reclamada, sin duda, incide en forma directa en la posibilidad que tendrá de acreditar la existencia de un daño que debe ser reparado, así como su monto. Dicho de otro modo, la quejosa se duele, precisamente, de que el auto de apertura a juicio oral coartó su derecho a demostrar la necesidad que tiene a ser reparada del daño, ya sea material o moral, así como para establecer su monto. Es así que, al verse afectada, aun de manera indirecta, la reparación del daño, se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que en el auto que excluye medios de prueba tendentes a demostrar precisamente la existencia de un daño a ser reparado y su monto, incide en ese rubro de interés jurídico para la víctima. Aunado a que el derecho humano de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, involucra la existencia de un recurso efectivo, el derecho a la verdad y a la justicia, por lo que la víctima u ofendido tienen derecho de apelar el auto de apertura a juicio, aun cuando éste no ponga fin al proceso, pues no sólo se le reconoció el derecho a impugnar las resoluciones que guarden relación directa con la reparación del daño, sino también aquellas que tengan una relación indirecta o que incidan de cualquier manera en ese derecho humano que le asiste. Sobre ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del amparo directo en revisión 1814/2015, indicó que el artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para el entonces Distrito Federal -ahora Ciudad de México- establecía expresamente que tendrían derecho de apelar el ofendido o sus legítimos representantes, cuando coadyuvaran en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta. Por su parte, señaló que el numeral 418 de la referida ley adjetiva definía las determinaciones contra las que procedía el recurso de apelación, siendo éstas: las sentencias definitivas; los autos que se pronunciaran sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandara a suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención; el de formal prisión o de sujeción a proceso o el que los niegue; el que concediera o negara la libertad; los que resolvieran las excepciones fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción penal; los que declararan no haber delito que perseguir; los que concedieran o negaran la acumulación o los que decreten la separación de los procesos; los asuntos en los que se negara la orden de aprehensión o de comparecencia, sólo por el Ministerio Público; y todas aquellas resoluciones en que el citado código concedía expresamente el recurso. Posteriormente, realizó una interpretación extensiva del artículo 17, en relación con la fracción IV del apartado B del artículo 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -vigentes antes de la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho-, en el sentido de que todos podían inconformarse en contra de aquellas determinaciones que afectaran los derechos constitucionales de la víctima u ofendido a la impartición de justicia y reparación del daño. De lo anterior, concluyó que el recurso de apelación tenía por objeto que el tribunal de segunda instancia estudiara la legalidad de la resolución impugnada, con la finalidad de que confirmara, revocara o modificara la resolución apelada, teniendo derecho a apelar, entre otros, la víctima o el ofendido o sus legítimos representantes. Asimismo, destacó que la víctima o el ofendido en el proceso penal no estaban legitimados únicamente para interponer recurso en defensa de aquellas violaciones relacionadas directamente con la reparación del daño en su favor, sino que era procedente que acudieran en defensa de cualquiera otro de los derechos fundamentales que en su favor consagrara la constitución, así como de cualquier otro derecho humano tutelado en los tratados internacionales en los que México fuera parte, conforme a lo que establece el primer párrafo del artículo 1° de la Constitución Federal. Del mismo modo, al emitir la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 79/2015 (10a.) la Primera Sala interpretó el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, expresamente sostuvo que la víctima u ofendido del delito tiene derecho a interponer el recurso de apelación contra las sentencias intermedias y definitivas en el proceso penal, aun cuando la ley no lo legitime para ello; y, en el amparo directo en revisión 5530/2014,(14) la Primera Sala reiteró que la víctima u ofendido del delito se encuentran legitimados para hacer valer lo que a su derecho corresponda no sólo en relación con la reparación del daño, sino también respecto de apartados distintos como son los relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones. Finalmente, al resolver la contradicción de tesis 355/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las víctimas u ofendidos sí tienen legitimación para impugnar, a través del recurso de apelación, en términos del artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los autos de no vinculación a proceso, ya que en términos del apartado C, del artículo 20 de la Constitución Federal, dicha resolución sí afecta, de manera indirecta, la reparación del daño, en los casos de delitos en los que proceda; de igual forma, porque con el hecho de que las víctimas u ofendidos puedan interponer recurso de apelación en contra de dicha resolución se asegura su derecho de acceso a la justicia. En ese sentido, acorde con el actual marco legal constitucional y tratados internacionales, así como lo determinado en el artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, sin duda, puede acudir al recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción XI, del mismo ordenamiento, para combatir las decisiones que versen sobre la reparación del daño y que de manera indirecta vulneren ese derecho, como lo es el auto de apertura a juicio oral en el que se excluyan pruebas a desahogarse en la audiencia de individualización de sanción y reparación del daño, en virtud de que esa determinación, si bien no contiene un pronunciamiento expreso relativo a la reparación del daño, lo cierto es que sus efectos pueden tener repercusión en ese rubro, debido a que la exclusión de pruebas ofertadas para establecer la existencia de un daño material o moral proveniente de delito, así como su monto, incide claramente en tal aspecto. Ahora, no pasa inadvertido que el máximo tribunal de país ha establecido que cuando la legislación procesal no prevé en forma expresa la legitimación a la víctima para interponer el recurso, será optativo para dicha parte procesal agotar el recurso o acudir directamente al juicio de amparo indirecto; no obstante, tal criterio no resulta aplicable en el presente asunto, pues como se dijo, el artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 467, fracción XI, del mismo ordenamiento, establecen en forma expresa la procedencia del recurso de apelación en contra de la resolución que excluye pruebas y legitiman expresamente a la víctima para interponer ese recurso. Atento a lo anterior, tomando en consideración que la víctima compareció personalmente y asistida de su asesor jurídico a la audiencia intermedia en la que se dictó el auto de apertura a juicio oral, es indudable que fue notificada de esa determinación judicial, por lo que, en caso de no estar conforme con el sentido, estuvo en aptitud legal de interponer recurso de apelación en contra; por tanto, al no haberlo hecho, es decir, al no haber recurrido en tiempo el auto de apertura a juicio oral en el que se excluyeron pruebas tendentes a demostrar la reparación del daño, se tiene por consentido. Una vez establecido que la víctima del delito se encuentra legitimada para interponer el recurso de apelación en contra del auto de apertura a juicio, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ende, la obligación de agotar dicho medio de impugnación previo a la promoción del juicio de amparo, es menester indicar que la fracción XIII, del artículo 61 de la ley de Amparo, prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales el consentimiento expreso del quejoso al acto que combate. Lo que se produce cuando, respecto de tal acto, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. En otras palabras, para que se actualice la aludida causa de inviabilidad es necesario que el afectado claramente exprese su consentimiento con el acto reclamado o, en su caso, que no haga valer el medio de impugnación que proceda en su contra. En ese orden de ideas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son: la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Ciertamente, para que se actualice la causal de improcedencia en esa hipótesis, se requiere la coexistencia de dos elementos, a saber: 1) La existencia de un acto anterior consentido que, por su propia naturaleza, cause una afectación a los intereses jurídicos del gobernado, lo que precisamente lo hace impugnable en la vía constitucional; y, 2) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Ahora, para ilustrar lo que aquí se expone, conviene citar como antecedente orientador el criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 161/2010. En dicho precedente, el Máximo Tribunal del País indicó que cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traducía en un agravio a la víctima, que podía ser impugnado por ésta mediante el recurso de apelación, independientemente de que el Ministerio Público lo hiciera, pues -señaló- ambos gozaban de legitimación para ese efecto; no obstante, precisó que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluían las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debía agotar sus medios de defensa. De esa forma, concluyó que en caso de que sólo el Ministerio Público interpusiera el recurso de apelación y la ejecutoria de segundo grado confirmara lo relativo a la reparación del daño, el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra ésta última resolución era improcedente, en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo abrogada -de similar contenido al artículo 61, fracción XIII, de la ley de la materia vigente-, porque dicho acto combatido era la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación por parte de la víctima, constituía la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia hubiere sido apelada únicamente por la autoridad ministerial. Sentado lo anterior, se tiene que en el presente asunto, la agente del Ministerio Público fue la única que impugnó, a través del recurso de apelación, el auto de apertura a juicio oral pronunciado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, cuando la víctima del delito, en caso de no estar conforme con dicho auto, no sólo estaba legitimada para interponer ese medio de defensa, sino también obligada a intentarlo para enmendar el agravio dice fue provocado con el dictado de la resolución de primera instancia, previo a la promoción de un eventual juicio de amparo. De modo que si en el presente asunto se reclama la resolución de segunda instancia que confirmó el auto de apertura a juicio oral, mismo que sólo fue recurrido por la representación social, es evidente que el acto combatido resulta ser uno derivado de otro consentido, pues -se reitera- la víctima debió impugnar el citado auto de apertura a juicio para que éste no quedara consentido por su parte. Es así, porque, como se explicó, cuando el juzgador de primera instancia dicta un auto de apertura a juicio en el que excluye pruebas relacionadas con la individualización de la pena y la reparación del daño o la responsabilidad civil, tal decisión se traduce en un agravio a la víctima que debió impugnarse por ésta mediante el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes de promover el juicio de amparo, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, como sólo el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación y la ejecutoria de segundo grado confirmó dicho auto de apertura a juicio oral, se concluye que el juicio de amparo indirecto promovido por la víctima contra esta última resolución es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, dado que la falta de impugnación de aquel constituye la manifestación de voluntad no subsanable. No se desatiende que el citado artículo 459 del código nacional, señala expresamente que la víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá interponer el recurso de apelación por sí o a través del Ministerio Público; sin embargo, la circunstancia de que el agente del Ministerio Público presente el aludido medio de defensa, por regla general, no implica que la víctima lo haya hecho valer a través de dicha institución, pues para ello se requiere que en el escrito correspondiente, la fiscalía manifieste que presenta el recurso también a nombre de la víctima ante la coadyuvancia previamente constituida -lo cual no se advierte en el escrito de expresión de agravios presentado por la representación social-, aunado a que -se insiste- las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Lo anterior encuentra explicación en el hecho de que se ha reconocido a la víctima como una parte más dentro del procedimiento, por lo que tiene plena participación activa dentro del mismo y esta es independiente del Ministerio Público, debido a que también cabe la posibilidad de que la víctima pretenda seguir una estrategia distinta de la propuesta por el representante social lo cual también resulta válido, pues es esa precisamente la intención del legislador de dotarla de esa facultad para comparecer a juicio sin la intermediación del órgano técnico acusador. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales respecto de la resolución dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro del toca 13/2021, relativo a la carpeta judicial administrativa 1644/2019/PUEBLA. No es obstáculo para arribar a lo anterior, que si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -de 10 de junio de 2011- implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Atento a lo anterior, el suscrito juzgador Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación formulados en contra del acto reclamado en la presente contienda constitucional, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio impide un pronunciamiento sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. QUINTO. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Stefany Georgeth Luna Muñoz, respecto del acto reclamado a la Quinta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la quejosa; personalmente al tercero interesado en el lugar de su reclusión; y, por oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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