Stefan Fernandez Rivera

Expediente 1793/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1793/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
02/03/2017

Partes del expediente

  • Stefan Fernandez Rivera
  • STEFAN FERNANDEZ RIVERA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, misma que sobreseyó en el presente juicio de garantías promovido por ********************, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada de manera provisional, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de febrero de dos mil diecisiete. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con sede en San Andrés Cholula, Stefan Fernández Rivera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes (fojas 2 a 8): "III- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora: Señalo como ordenadora al CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, Y AL CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, de la mesa Cinco de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, con domicilio bien conocido el primero en la ciudad de Puebla, siendo este en las oficinas centrales de la Fiscalía cito en Boulevard 5 de mayo y esquina 31 poniente y el segundo en la calle nueve oriente número 1405 colonia Centro de la Ciudad de Puebla. Ejecutora: No existe aún. IV- ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: De la autoridad señalada como responsable al C. Agente del Ministerio Público de la mesa Cinco de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional. 1.- LE RECLAMO QUE NO HA RESPETADO MI DERECHO DE PETICIÓN, TODA VEZ QUE MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2016, Y PRESENTADO ANTE LA RESPONSABLE CON FECHA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, HE SOLICITADO SE ME FIJE MONTO EN POLIZA DE FIANZA Y/O DEVOLUCIÓN EN DEPÓSITO Y CON ELLO SE REALICE LA LIBERACIÓN DEL VEHÍCULO DE MI PROPIEDAD. 2.- ASI MISMO EL ACTO RECLAMADO QUE REALIZO AL CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA ES que no ha respetado mi derecho de recibir una administración de justicia pronta, completa e imparcial, ya que llevo más de 210 días sin poder disfrutar del vehículo de mi propiedad. 3.- ASI MISMO EL ACTO RECLAMADO QUE REALIZO AL CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA es que no ha respetado mi derecho de no ser privada de mis propiedades, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho fundamental y garantía violados la contenida en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del Juicio. En acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se registró con el número de juicio 1793/2016-I-C y se admitió a trámite con incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 19 a 21); y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, así como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables se advierte que, en el caso, el quejoso, esencialmente reclama del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cinco de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional: La omisión de acordar su escrito presentado el veinte de octubre de dos mil dieciséis, por el cual solicitó se fijara el monto para garantizar el pago de la reparación del daño a favor del ofendido del delito dentro de la indagatoria y, una vez exhibida, se ordene la devolución del vehículo de su propiedad. Y, del 2. Fiscal General del Estado de Puebla: La omisión de proporcionar al quejoso una administración de justicia pronta, completa e imparcial.. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." I. La Directora General Jurídica, Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del 2. Fiscal General, negó la existencia del acto reclamado a su representado, según se advierte del contenido de su informe justificado que corre agregado a fojas veintitrés a veintiocho de autos, sin que el quejoso aportara medio de convicción que demostrara lo contrario y sin que de autos se advierta el mencionado acto reclamado por parte del mismo. Puesto que, si bien es cierto dicha autoridad es superior jerárquico de la diversas señalada como responsable (identificada con el número de control 1), también lo es que el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el solo hecho de serlo. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el sólo hecho de serlo." Igualmente resulta aplicable por analogía la siguiente tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA. NO ES RESPONSABLE DE TODOS LOS ACTOS QUE EMITEN LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. Si bien es cierto que la institución del Ministerio Público goza de la característica de unidad y que el titular de dicha institución es el procurador general de Justicia en el Estado, también lo es que cada funcionario es responsable de sus actos, por lo que no puede legalmente atribuirse al titular de la Procuraduría General de Justicia, responsabilidad por la actuación de todos los servidores públicos que laboren en dicha dependencia." II. Por su parte, la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cinco de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, negó la existencia del reclamado (fojas 31 a 33), argumentando que la promoción de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (recibida el veinte siguiente), fue acordada ese mismo día y que, aunque no obra la firma del quejoso en la notificación personal, tuvo conocimiento del mismo, máxime que el dieciséis de noviembre siguiente compareció a ratificar dicho escrito, así como el diverso de tres de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se corrobora con las documentales remitidas por dicha autoridad como justificante a su informe, consistentes en diversas constancias emanadas de la averiguación previa AP-567/2016/ATLIX; las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En efecto, de las citadas constancias se advierte que: Por escrito presentado ante la responsable el veinte de octubre de dos mil dieciséis, el quejoso solicitó se fijara el monto para garantizar el pago de la reparación del daño a favor del ofendido del delito dentro de la indagatoria y, una vez exhibida, se ordene la devolución del vehículo de su propiedad (fojas 38 y 39). Dicha promoción se acordó ese mismo día, indicando al quejoso que se estuviera a lo acordado por la responsable el tres de junio de dicho año (foja 37). Si bien, no obra notificación personal de la primera determinación mencionada (veinte de octubre), el quejoso compareció ante la responsable el dieciséis de noviembre siguiente y, ante la presencia ministerial, ratificó el contenido y firma de los escritos de tres de junio y dieciocho de octubre, ambos de dos mil dieciséis y solicitó al Ministerio Público se citara a la parte agraviada para llevar a cabo una diligencia de mediación (foja 41). Luego, con fecha treinta de noviembre del año próximo pasado, el Ministerio Público acordó lo conducente respecto a la solicitud del vehículo y la fijación de la garantía respectiva. Como se aprecia, se evidencia la inexistencia de los actos reclamados, ya que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis; esto es, con posterioridad a lo acordado por la responsable y a que el quejoso se hizo sabedor de ello, cuando compareció a la diligenciada citada a ratificar su escrito (dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis). Apoyan la anterior determinación, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda y la Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Bajo ese contexto, son inexistentes los actos reclamados en la presente contienda constitucional, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Stefan Fernández Rivera, contra los actos reclamados al 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional y al 2. Fiscal General del Estado de Puebla, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el informe de mérito. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee, misma que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete se difiere anticipadamente y se fija como nueva fecha para su celebración las doce horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de Investigación de la Unidad Centro del Sistema Tradicional, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el informe de mérito. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee, misma que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de enero de dos mil diecisiete se difiere anticipadamente y se fija como nueva fecha para su celebración las doce horas con veinte minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete.

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