Stefanny Solano Hernández

Expediente 806/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
806/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Stefanny Solano Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es depurable en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se otorgó la protección constitucional. Respecto al duplicado del incidente de suspensión es destruible, conforme al punto 20, fracción II, inciso a). Y el original del incidente de suspensión es depurable, por haberse concedido la medida cautelar, de conformidad con el precepto 18, inciso a) del acuerdo referido. Notifíquese; y por vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, con base en los elementos que obran en el expediente y como dicha determinación es de carácter oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, procédase a su estudio. Mediante sentencia del veintisiete de julio de dos mil veintidós, este órgano de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Sexto Familiar de Cuautitlán, Estado de México dejara insubsistente la resolución del nueve de junio de dos mil veintidós emitida en el expediente 828/2022, y tuviera por justificada su inasistencia a la celebración de la prueba de Trabajo Social. Posteriormente, mediante acuerdo del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento. Seguida la secuela procesal mediante oficios con registros 12278 y 12291, el Juez Sexto Familiar de Cuautitlán, México, remitió copia certificada del acuerdo del veintiséis de agosto pasado, del que se advierte que se dejó insubsistente la resolución del nueve de junio de dos mil veintidós emitida en el expediente 828/2022, así como de la resolución emitida el veintinueve de agosto de dos mil veintidós en el recurso de revocación. Documentales que gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o. Con lo anterior se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintisiete de julio de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas, y glósese a este expediente los cuadernos relativos al incidente de suspensión. Se requiere a la autoridad responsable Juez Sexto Familiar de Cuautitlán, Estado de México, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos del veintisiete de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 806/2022-I, promovido por ******************, por propio derecho, ante la presencia judicial de Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2359/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa y la autoridad responsable. Acto seguido, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas que obran en autos. Sin pruebas pendientes de desahogar se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Secretario encargado del despacho acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 806/2022-I; y, R E S U L T A N D O I. ******************, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez Sexto Familiar de Cuautitlán, México. II. Por auto del siete de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo con el número 806/2022-I; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: Primero. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la autoridad judicial responsable que emitió la determinación reclamada tiene su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La resolución del nueve de junio de dos mil veintidós emitida en el expediente 828/2022, por el que el juez responsable declaró infundado, injustificado, insuficiente e inoperante el recurso de revocación hecho valer contra el auto del veintitrés de mayo de dos mil veintidós en el que se le impuso una multa a la quejosa por el equivalente a cuarenta unidades de medida y actualización. Tercero. Es cierto el acto que se le atribuye al Juez Sexto Familiar de Cuautitlán, Estado de México. Aunado a que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Cuarto. Al no existir causa de improcedencia que conduzca a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, se procede al estudio de los conceptos de violación, los cuales se considera innecesaria su transcripción y se tienen por reproducidos en términos del escrito de demanda. La parte quejosa en sus conceptos de violación señala que el acto reclamado infringe las garantías de legalidad, seguridad jurídica y el debido proceso, establecidos en los artículos 1o., 4o., y 14, constitucionales, ya que al emitir el nuevo proveído del veintitrés de mayo de dos mil veintidós lo hizo sin tomar en cuenta las manifestaciones y el motivo por el cual la quejosa no pudo asistir al desahogo de la prueba de Trabajo Social. Que la responsable viola los artículos 4o. constitucional, 5.3 bis, 5.8 y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, ya que no consideró que la inasistencia fue por motivo de salud de la quejosa y del bebe que se está gestando, ya que tuvo desprendimiento de placenta y se le ordenó reposo absoluto. Que la autoridad al imponerle la multa no consideró que de haber asistido a dicha cita para el desahogo de la prueba de Trabajo Social, estaba en riesgo su salud y la de su bebe en gestación, atendiendo a la perspectiva de género y de infancia, y mucho menos estudia las actuaciones que obran en el expediente; además de que no funda ni motiva el referido auto. Que su inasistencia fue por una cuestión médica al estar en peligro su salud y la de su bebe que está gestando, el cual ya goza de derechos y la responsable confunde con desobediencia. Que de manera infundada la autoridad señala que debió de haber solicitado la revocación del auto que ordenó el apercibimiento, es decir, debió haber solicitado la revocación de la audiencia del veinticinco de enero de dos mil veintidós en que se decretó dicho apercibimiento y no así el auto del veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Los conceptos de violación plasmados resultan fundados. En principio, para mejor comprensión de la problemática jurídica que nos ocupa, debe puntualizarse que por auto del veintiocho de enero de dos mil veintidós se señalaron las nueve horas con veinte minutos del once de mayo de dos mil veintidós para que la perito oficial en Materia de Trabajo Social practicara los estudios correspondientes a las partes; se ordenó notificar personalmente a las mismas en el domicilio procesal autorizado en autos; y el apercibimiento para el caso de no comparecer fue la imposición de una multa equivalente a cuarenta unidades de medida de actualización en términos del artículo 1.124, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós se practicó la notificación del acuerdo del veintiocho de enero de ese año vía electrónica. El once de mayo de dos mil veintidós a las nueve horas con veinte minutos, hora y día para llevar a cabo estudios en materia de Trabajo Social, se hizo constar la incomparecencia de la quejosa. Ante la inasistencia de la quejosa y previa solicitud de su contraparte, por auto del dieciocho de mayo de dos mil veintidós se hizo el efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo del veintiocho de enero último y se le impuso una multa a la quejosa por el equivalente a cuarenta unidades de medida y actualización en términos del artículo 1.124, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. El diecinueve de mayo de dos mil veintidós se practicó la notificación del acuerdo del dieciocho de mayo de ese año vía electrónica. El veinte de mayo de dos mil veintidós la quejosa presentó escrito en el que solicitó al juez responsable dejara sin efecto la multa toda vez que por cuestiones de salud no pudo acudir a la audiencia para la celebración de la prueba de Trabajo Social y anexó copia del acuse de recibo del escrito presentado en el expediente 413/2022 al que anexó dos notas médicas del tres y once de mayo de dos mil veintidós, de las que se advierte que la recomendación hecha a la quejosa por la Doctora Ana Luisa Franco Sandoval fue reposo absoluto de diez y quince días. Acuerdo del veintitrés de mayo de dos mil veintidós por el que el juez señaló que debía estar a lo acordado en auto del dieciocho de mayo último. Contra el anterior proveído la accionante interpuso recurso de revocación, resuelto el nueve de junio de dos mil veintidós, en el sentido de declarar infundado el medio ordinario de defensa y confirmar el auto impugnado (resolución que constituye el acto reclamado). En primer término, cabe precisar que el derecho humano de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal, consiste en que todo acto de autoridad debe encontrarse fundado y motivado; esto es, establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos a efecto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente al proceder de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Por fundamentación debe entenderse la cita del precepto legal aplicable al caso y por motivación, el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales deben cumplir con los derechos humanos de debido proceso y de legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que la fundamentación y motivación de ese tipo de actos se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En ese sentido, en el caso en estudio, asiste razón a la quejosa respecto a que la multa impuesta trastocó en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que de conformidad con el referido numeral 1.124, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, si bien es cierto el Juez responsable está facultado para, en su caso, imponer medidas de apremio; empero, soslayó que para la imposición de dichas medidas de apremio, de conformidad con la doctrina, está sujeta a las siguientes condiciones: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio (apercibimiento). 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta (multa). 3) La imposición de una multa en una determinación judicial que no sólo cuente con el fundamento de la decisión, sino con la motivación respectiva, en que se tome en cuenta el desacato injustificado de la persona apercibida. Conviene recordar que las medidas de apremio consisten en el conjunto de instrumentos jurídicos que el legislador ha previsto en la ley procesal civil para que la autoridad jurisdiccional se encuentre en aptitud de hacer cumplir coactivamente sus determinaciones, es decir, dicho precepto legal faculta al juzgador o al tribunal a imponer tales medios -como es la multa-, para hacer cumplir sus mandatos. En ese sentido, válidamente se puede sostener que el objeto de las medidas de apremio no es otro que el de compeler a las partes, o incluso a terceros, en un procedimiento de carácter jurisdiccional, a que acaten una decisión que ha tomado el juzgador dentro del mismo; de ahí que se estime que los referidos medios no tienen el carácter de penas que conlleven finalidades represivas, pero sí constituyen sanciones específicas por no acatar pronta y debidamente las resoluciones judiciales. Y, es que su fin primordial, es vencer los obstáculos que impidan el cumplimiento de una determinación judicial sin que pueda quedar al arbitrio de las partes cumplir en el tiempo que ellas quieran de lo contrario se transgrediría el postulado de seguridad jurídica previsto en la constitución federal y en los Tratados Internacionales signados por el estado mexicano. De modo que, dado que las medidas de apremio se traducen en las facultades que tienen los órganos jurisdiccionales de que se cumplan sus determinaciones, la procedencia de su imposición se genera en el momento en que la persona obligada a cumplir con el mandato judicial, no lo hace, e incurre de ese modo en desacato. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional debe analizar el grado de contumacia en cada caso en particular, es decir, está obligada a examinar la intención de cumplir con lo ordenado e incluso si existe alguna prueba o motivo alguno suficiente que justifique el no acatamiento, pues la imposición de toda medida de apremio presupone el incumplimiento de una determinación judicial sin que exista justificación alguna al respecto. Bajo esa línea de pensamiento, los anteriores requerimientos formales, fueron inobservados por el Juez responsable, ya que conforme a los antecedentes, basta que se haya exhibido la receta médica elaborada por perito en la materia (médico), para que justifique la falta de asistencia por motivos de salud a la audiencia para la celebración de la prueba de Trabajo Social, y si la quejosa dentro del juicio exhibió dos recetas médica expedidas por profesional de la materia, se puede concluir que las documentales son pruebas idóneas y suficientes para concederle valor probatorio pleno y con ello justificar la falta de asistencia la audiencia para la celebración de la prueba de Trabajo Social, por tanto, la actuación de la responsable no resulta ajustada a derecho. Máxime que el juez tenía al alcance los medios jurídicos para verificar si efectivamente dichas notas médicas habían sido expedidas por quien las suscribió y en las que ordenó a la quejosa reposo absoluto de diez y quince días. Sirve de apoyo por -identidad de razón- la tesis I.9o.A.1 A del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 190787, materia Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1433, de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. RECETAS MÉDICAS. MEDIO IDÓNEO PARA JUSTIFICAR INASISTENCIAS". Así como la diversa I.4o.A.307 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 192273, materia Administrativa, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000, página 991, de rubro: "FALTAS DE ASISTENCIA. PUEDEN JUSTIFICARSE CON RECETA MÉDICA PARTICULAR. POLICÍA DEL DISTRITO FEDERAL". En efecto, en el acto reclamado debió motivarse el por qué se le impuso la multa reclamada, aun cuando la quejosa realizó diversas manifestaciones que le impidieron acudir a la audiencia para la valoración en la prueba de Trabajo Social, al contrario, únicamente se refirió que había sido omisa en dar cumplimiento a lo requerido y no haber hecho del conocimiento del juzgador su condición de salud de la cual tuvo conocimiento un mes y medio previo a la audiencia de que se trata. En las relatadas circunstancias, al haber resultado fundado y suficiente el concepto de violación analizado, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************, para el efecto de que el Juez Sexto Familiar de Cuautitlán, Estado de México deje insubsistente la resolución del nueve de junio de dos mil veintidós emitida en el expediente 828/2022, por el que declaró infundado, injustificado, insuficiente e inoperante el recurso de revocación hecho valer contra el auto del veintitrés de mayo de dos mil veintidós en el que se le impuso una multa a la quejosa por el equivalente a cuarenta unidades de medida y actualización y tenga por justificada su inasistencia a la celebración de la prueba de Trabajo Social, por los motivos expuestos en este fallo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************, en términos y para los efectos del último considerando de la presente resolución. Notifíquese; y por medio de lista electrónica a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2359/2022 del trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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