Sonia Paulina Estrada González
Expediente 175/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 175/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Sonia Paulina Estrada González
- Sonia Paulina Estrada González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de agosto de dos mil veintidós. Téngase al Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo del oficio 16115/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, mediante el cual se devolvieron las constancias que adjuntó a su informe con justificación. En ese sentido, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintidós de junio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria la retención del duplicado de la causa penal 286/2015-2 en nueve tomos, remitido por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, devuélvase el mismo al Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días posteriores al en que reciba dicha constancia, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 237, fracción I, y 259 de la ley de la materia. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las ocho horas con cuarenta y seis minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 175/2021-VI, promovido por ***********, por derecho propio y en representación de **********, ante la presencia de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Abierta la audiencia, el Secretario hace relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el presente expediente. Acto continuo se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Periodo de pruebas. Abierto el período probatorio, se tienen como pruebas las ofrecidas por las partes. Período de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se tienen por formulados los hechos valer en autos. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida esta audiencia constitucional, de la que se levanta el acta para constancia legal. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 175/2021-VI; y, R E S U L T A N D O I. El diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio del actuario adscrito a este Juzgado Federal, mediante el cual se remite el diverso 2205-III del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al que se adjunta la demanda de amparo promovida por Sonia Paulina Estrada González, por derecho propio y en representación de Sergio Pérez Gaona, contra actos del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Santa Ana Jilotzingo, Estado de México. II. En proveído del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto y admitió a trámite la demanda de amparo únicamente respecto del acto reclamado consistente en la omisión del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Santa Ana Jilotzingo, Estado de México, a efecto de cumplir las obligaciones decretadas en el acuerdo del cuatro de junio de dos mil nueve en la causa penal 144/2009 (actualmente 286/2015) del entonces Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México (ahora Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México), mismo que se registró bajo el número 175/2021-VI; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; se dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. En sentencia del veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio. IV. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien por resolución del veintiuno de abril de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 267/2021, ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo. C O N S I D E R A N D O Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente al momento en que se presentó la demanda, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: - La omisión del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Santa Ana Jilotzingo, Estado de México, a efecto de cumplir las obligaciones decretadas en el acuerdo del cuatro de junio de dos mil nueve en la causa penal 144/2009 (actualmente 286/2015) del entonces Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México (ahora Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México). Tercero. La autoridad señalada como responsable Director General de Seguridad y Protección Civil del Ayuntamiento de Jilotzingo, Estado de México, al rendir su informe justificado negó el acto que le atribuyó la parte quejosa; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, dado que de las constancias que integran la causa penal causa penal 144/2009 (actualmente 286/2015) del entonces Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México (ahora Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México), se advierten las medidas decretadas en el acuerdo del cuatro de junio de dos mil nueve, a cargo de la aquí responsable. Cuarto. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 6, y 10, del citado ordenamiento legal, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." De lo anterior, se desprende que la Ley de Amparo, reconoce que el afectado por el acto o ley reclamados puede promover su demanda, por sí, esto es, por su propio derecho, o bien, por conducto de un tercero en diferentes supuestos. Así, los anteriores preceptos aluden a un tema de legitimación en el proceso y en la causa, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de amparo, subsistiendo la existencia de un derecho tutelado o de un interés legítimo (individual o colectivo) del justiciable como objeto directo de protección constitucional. Se precisa, que aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación y representación), gozan de individualidad y, por ello, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: El primero, surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de derechos fundamentales, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho. El segundo se materializa en los restantes casos descritos en el precepto legal en comento, esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, entre otros). Así, la legitimación procesal deriva de las normas que establecen quienes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se conoce con el nombre de legitimación en el proceso y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos en el contradictorio y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 75/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos cincuenta y uno, del Tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. De igual forma, es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 199-204, página noventa y nueve, de rubro: LEGITIMACIÓN "AD- CAUSAM" Y LEGITIMACIÓN "AD-PROCESUM. En este sentido, la legitimación es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, que es de orden público, por lo que su estudio es oficioso y preferente, pues es indispensable determinar si la acción se ejerce por quien legalmente tiene aptitud para hacerlo, de manera que si quien promovió el juicio de amparo no está acreditado para hacerlo, sería ocioso continuar el proceso, o incluso, llegar a conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a quien no puede apersonarse en el mismo. En ese orden, la quejosa Sonia Paulina Estrada González, promovió por propio derecho la presente demanda de amparo y como apoderada legal de Sergio Pérez Gaona, en la que en lo conducente reclama la omisión del Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Santa Ana Jilotzingo, Estado de México, a efecto de cumplir las obligaciones decretadas en el acuerdo del cuatro de junio de dos mil nueve en la causa penal 144/2009 (actualmente 286/2015) del entonces Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México (ahora Juez Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México), relacionados con el aseguramiento de inmuebles: "Paño Cabeza", ubicado en el kilómetro 1+300, del Boulevard Espíritu Santo, en la localidad de Espíritu Santo, del Municipio de Jilotzingo, Estado de México, y la fracción restante de la fracción tres resultante de la subdivisión del predio ubicado en la ex hacienda de San Nicolás Apazco, en el Municipio de Santa Ana Jilotzingo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México; así como seis remolques tipo casa rodante, mismo que fue decretado en auto de cuatro de junio de dos mil nueve en la citada causa. Ahora bien, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte como hecho notorio que la existencia del juicio de amparo 736/2009, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, en la que la aquí quejosa Sonia Paulina Estrada González, por propio derecho y como apoderada legal de Sergio Pérez Gaona señaló como acto reclamado: "La determinación de cuatro de junio del dos mil nueve, dictada por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dentro de la causa penal 144/2009, en la cual decretó el aseguramiento de los inmuebles: "Paño Cabeza", ubicado en el kilómetro 1+300, del Boulevard Espíritu Santo, en la localidad de Espíritu Santo, del Municipio de Jilotzingo, Estado de México, y la fracción restante de la fracción tres resultante de la subdivisión del predio ubicado en la ex hacienda de San Nicolás Apazco, en el Municipio de Santa Ana Jilotzingo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México; así como seis remolques tipo casa rodante." Ahora, dicho asunto fue resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en el amparo en revisión 33/2011, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, cuya versión pública se aprecia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal y se invoca como hecho notorio, de la cual se ordena glosar la impresión correspondiente para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXI.3o. J/7 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, octubre de dos mil tres, página ochocientos cuatro, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." De dicha ejecutoria se aprecia que el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones: "En efecto, la causa de improcedencia que este Tribunal Colegiado considera se configura en el caso particular, se trata de la prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa carece de interés jurídico para impugnar en el juicio constitucional el acto reclamado, por las siguientes razones: En principio, cabe hacer hincapié que en caso particular, se señaló como acto reclamado la determinación de cuatro de junio del dos mil nueve, dictada por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dentro de la causa penal 144/2009, en la cual decretó el aseguramiento de los inmuebles: "Paño Cabeza", ubicado en el kilómetro 1+300, del Boulevard Espíritu Santo, en la localidad de Espíritu Santo, del Municipio de Jilotzingo, Estado de México, y la fracción restante de la fracción tres resultante de la subdivisión del predio ubicado en la ex hacienda de San Nicolás Apazco, en el Municipio de Santa Ana Jilotzingo, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México; así como seis remolques tipo casa rodante. De igual forma es importante relatar los antecedentes del referido acto reclamado, que plasmó el Juez Federal en la sentencia recurrida, que dicen: La autoridad agente del Ministerio Público adscrito a la mesa uno de la Fiscalía Especial para combatir Delitos cometidos por Fraccionadores, con fecha cuatro de junio- de dos mil nueve, consignó la averiguación previa AV/FEDF/PRE/I/18/09 de su índice a la autoridad judicial competente por hechos posiblemente constitutivos del delito de despojo, contra Ángel Arturo Saucedo en agravio de Genaro Mayen de la O, y dejó a disposición de la autoridad judicial correspondiente los bienes asegurados consistentes: en el inmueble denominado "El Escobal", ubicado en la comunidad de Espíritu Santo, Municipio de Santana Jilotzingo, Estado de México, dividido en tres polígonos el polígono A con una superficie de veintiséis, guion, setenta y cinco. Guion setenta y nueve hectáreas, el polígono B con una superficie de mil setecientos ochenta (3780), metros cuadrados y finalmente el polígono C con una superficie de tres mil ciento veinte (3120) metros cuadrados y seis remolques tipo casa rodante ubicados en el interior del inmueble (fojas 121 a 142 del anexo I). Por razón de turno, correspondió conocer al juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, México, de la averiguación previa citada, quien por auto de cuatro de junio de dos mil nueve, la radicó bajo el número de causa penal 144/2009, en el mismo auto de radicación, el juez responsable decretó el aseguramiento del inmueble denominado "El Escobal", ubicado en la comunidad del Espiritu Santo, Municipio de Santana Jiltzingo, Estado de México y seis remolques tipo casa rodante, proveído que, en lo que interesa, es del tenor siguiente: "(...) AUTO DE RADICACIÓN CON DETENIDO. Tlalnepantla de Baz, México, a cuatro de junio del año dos mil nueve. (...) Por otra parte, con apoyo en el artículo 129 del Código Adjetivo de la materia, se decreta el aseguramiento de los objetos puestos a disposición de esta Autoridad y que fueron objeto de Inspección por el Ministerio Público; Así mismo se decreta el aseguramiento del inmueble denominado "El Escobal ubicado en la comunidad de Espíritu Santo, Municipio de Santana Jilotzingo, Estado de México y seis remolques tipo casa rodante, por lo que gírese los oficios respectivos para la guarda y custodia de dicho inmueble." (fojas 145 a 146 del anexo 1). Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil diez, en la oficialía de partes del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, el tercero perjudicado Genaro Mayen de la O, presentó copia certificada de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil diez, dentro de la causa penal 144/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en cuyos puntos resolutivos dice: "(...) PRIMERO. Por esta resolución se DICTA SENTENCIA ABSOLUTORIA A FAVOR DE ARTURO SAUCEDO POR LA INCOMPROBACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO DE DESPOJO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE TENER EL ACTIVO LA CALIDAD DE DIRIGENTE) EN AGRAVIO DE GENARO MAYEN DE LA O, por lo que se ordena su inmediata libertad siempre y cuando no se encuentre detenido por delito diverso o a disposición de otra Autoridad. - - - SEGUNDO. Hágase del conocimiento a las partes del derecho y término que la ley les confiere para interponer el recurso de apelación en contra de esta resolución, para el caso de inconformarse con la misma. - - - TERCERO. Comuníquese lo anterior al Director del Centro Preventivo y de Readaptación de esta Localidad, así como al Director del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado."( fojas 1312 a 1342 del tomo II de autos). En primer término, es conveniente citar lo que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: (.) Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece en su numeral 114, fracción V, lo siguiente: (.) De los anteriores preceptos transcritos deriva que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que los afecten. Es importante resaltar en este sentido, que tanto la Constitución en su artículo 107, fracciones III, inciso c) y VII, como el artículo 114, fracción V, de su ley reglamentaria, aluden a una afectación a las personas extrañas a juicio. Esto significa que en el amparo promovido por personas extrañas a juicio debe cumplirse con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la afectación al interés jurídico del quejoso por parte del acto reclamado, principio que es consagrado tanto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, al disponer: (.) De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. Cobra aplicación sobre el particular, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIII, página 3770, Quinta Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. (.)" Con base en lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que el tercero extraño a juicio puede promover juicio de garantías es la afectación a su interés jurídico, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. En el caso particular, los quejosos se ostentan terceros extraños a un procedimiento penal donde se decretó el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, respecto del cual el peticionario de garantías alegó tener derechos de propiedad de los que se le pretendía privar sin haber sido oído ni vencido. Luego, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo citados en líneas precedentes para la procedencia de la acción de garantías, es requisito que el acto reclamado cause un perjuicio al quejoso o agraviado y, en la especie, el acto reclamado es el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles dentro un procedimiento de naturaleza penal, es evidente que dicho fallo no le ocasiona perjuicio a quienes se ostentan como tercero extraño a ese procedimiento penal. Ello es así, porque como el Juez penal se pronunció sobre el aseguramiento de tales bienes, su efecto es declarativo y no constitutivo de derechos de propiedad sobre los mismos, puesto que en dicho procedimiento no se dilucidó sobre los presuntos derechos de propiedad respecto de esos bienes, en virtud de que éstos no fueron materia de la litis en la integración del ilícito por el cual el encausado fue procesado y absuelto. En efecto, el proceso jurisdiccional de naturaleza penal tiene por objeto hacer efectivos los derechos que hayan sido desconocidos o violados a la parte ofendida por el delito cometido, lo cual también incluye el de reparar los daños y perjuicios producidos, y esta función se considera parte de la pena pública y puede ser exigida por el Ministerio Público. Es decir, transgredida la ley penal nace una relación de orden público entre el Estado y el individuo a quien se imputa la comisión del ilícito, la cual determinará que de demostrarse plenamente su culpabilidad, se impongan al sujeto las penas o sanciones de seguridad que correspondan conforme a las normas aplicables. Dentro de dicho procedimiento penal, por disposición legal se deben asegurar los bienes que se encuentren afectos a la causa. En efecto, el artículo 129 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, establece: "Los instrumentos del delito y las cosas objeto o efecto de él, así como aquéllas en que pudieran existir huellas del mismo o tener relación con éste, serán asegurados, recogiéndolos y poniéndolos en secuestro judicial o bajo la responsabilidad de alguna persona, para evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan; para garantizarla reparación del daño, en su caso; o bien, en su oportunidad, para resolver sobre su decomiso. - - -De todas las cosas aseguradas, se hará un inventario, en el que se las (SIC) describirá de tal manera que en cualquier tiempo puedan ser identificadas." De la lectura del citado precepto, se desprende que la naturaleza del aseguramiento decretado durante la tramitación del proceso penal, es el de evitar que los objetos del delito o los que tienen relación directa con éste, se alteren, destruyan o desaparezcan; ya que éstos servirán para garantizar la reparación del daño, en su caso para resolver sobre su decomiso. Por consiguiente, la naturaleza del aseguramiento decretado durante la tramitación del proceso penal, es el de evitar que los objetos del delito o los que tienen relación directa con éste, se alteren, destruyan o desaparezcan; ya que éstos servirán para garantizar la reparación del daño, en su caso para resolver sobre su decomiso. Por ello, el aseguramiento decretado por la responsable que se reclama en esta vía debe tomarse como elemento precautorio y eventual mientras se lleva acabo el estudio de la comprobación del delito y de la plena responsabilidad. En tal virtud, la determinación que decreta el aseguramiento de bienes afectos a una causa penal, como en el presente caso, es un acto que a quien perjudica es a las partes que intervinieron en ese procedimiento penal como son el procesado, el Ministerio Público y en este caso al ofendido, no así a quienes alegan tener derechos de propiedad sobre esos bienes, por lo que si éstos estiman que se le afectó en tales derechos, deben hacerlos valer ante los tribunales de instancia a través de la acción civil que corresponda, razón por la cual no se les deja en estado de indefensión, pues no es competencia de un Juez penal el pronunciarse sobre quién tiene derecho de propiedad sobre los muebles e inmuebles asegurados en la causa penal, por ser una cuestión de naturaleza civil. Con base en lo expuesto, se concluye que NO ESTÁ LEGITIMADO para acudir al juicio de amparo quien se ostenta tercero extraño a un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se decretó el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles afectos a la causa, ya que dicha determinación no le ocasiona el perjuicio personal y directo que exigen los artículos 73, fracción V, y 4o., ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación de manera ilustrativa, la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 128/2004-PS, publicada en la página 564, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, que dice: "TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. (.)." En ese orden de ideas, aunque por razones diferentes, lo procedente es, confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio del cual deriva el presente toca." Así las cosas, de la citada resolución es dable advertir que la parte quejosa, con anterioridad reclamó actos relacionados con el aseguramiento decretado por el extinto Juez Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla, y de los que se puede advertir que: El Ministerio Público adscrito a la mesa uno de la Fiscalía Especial para combatir Delitos cometidos por Fraccionadores, con fecha cuatro de junio- de dos mil nueve, consignó la averiguación previa AV/FEDF/PRE/I/18/09 de su índice a la autoridad judicial competente por hechos posiblemente constitutivos del delito de despojo, contra Ángel Arturo Saucedo en agravio de Genaro Mayen de la O, y dejó a disposición de la autoridad judicial correspondiente los bienes asegurados consistentes: en el inmueble denominado "El Escobal", ubicado en la comunidad de Espíritu Santo, Municipio de Santana Jilotzingo, Estado de México, y seis remolques tipo casa rodante ubicados en el interior del inmueble. El Juez Cuarto Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, México, por auto de cuatro de junio de dos mil nueve, en la causa penal 144/2009, decretó el aseguramiento del inmueble denominado "El Escobal", ubicado en la comunidad del Espiritu Santo, Municipio de Santana Jiltzingo, Estado de México y seis remolques tipo casa rodante. El veintinueve de septiembre de dos mil diez, en la causa penal 144/2009, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, se dictó sentencia absolutoria a favor de Ángel Arturo Saucedo. En ese orden de ideas, se aprecia que la quejosa carece de legitimación para reclamar los actos que señala, ya que no se aprecia que los mismos le produzcan una afectación, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles dentro un procedimiento de naturaleza penal, no ocasiona perjuicio a quienes se ostentan como terceros extraños a ese procedimiento penal, ya que dicho acto es declarativo y no constitutivo de derechos de propiedad sobre los mismos, puesto que un procedimiento penal no es el idóneo para dilucidar sobre derechos de propiedad, ya que ello no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Luego, la naturaleza del aseguramiento decretado durante la tramitación del proceso penal, es el de evitar que los objetos del delito o los que tienen relación directa con éste, se alteren, destruyan o desaparezcan; ya que éstos servirán para garantizar la reparación del daño, en su caso para resolver sobre su decomiso, por ello, el aseguramiento debe tomarse como elemento precautorio y eventual mientras se lleva acabo el estudio de la comprobación del delito y de la plena responsabilidad, tratándose del sistema penal mixto, como en el presente caso. Así, la determinación que decreta el aseguramiento de bienes afectos a una causa penal es un acto que a quien perjudica es a las partes que intervinieron en ese procedimiento penal como son el procesado, el Ministerio Público y el ofendido, no así a quienes alegan tener derechos de propiedad sobre esos bienes, por lo que si éstos estiman que se le afectó en tales derechos, deben hacerlos valer ante los tribunales de instancia a través de la acción civil que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 126/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, que dice: "TERCEROS EXTRAÑOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME UNA SENTENCIA DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO PENAL EN EL QUE SE CONDENÓ AL INCULPADO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Conforme a los artículos 73, fracción V y 4o., ambos de la Ley de Amparo, así como a la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procedencia de la acción de garantías requiere que el acto reclamado cause un perjuicio personal y directo al agraviado; de ahí que si el acto impugnado consiste en el fallo emitido en un procedimiento penal en el cual el Juez se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo y como consecuencia lo condenó a la reparación del daño, consistente en la restitución del inmueble a la parte ofendida, es evidente que tal acto no le ocasiona al tercero extraño que alega tener derechos sobre ese bien el perjuicio exigido por los artículos mencionados, pues el efecto de esa condena es declarativa y no constitutiva de derechos de propiedad o de posesión. Ello es así, porque en un procedimiento como el referido no se dilucidan derechos de propiedad ni de posesión, en virtud de que el asunto no es materia de la litis en la integración del ilícito por el cual se procesa y condena al inculpado. Además, el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal elevó a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a la reparación pecuniaria por daños y perjuicios. En tal virtud, la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble tiene el carácter de pena pública, razón por la cual dicho fallo es un acto que sólo perjudica a las partes que intervinieron en el procedimiento penal, esto es, el inculpado, el Ministerio Público o el ofendido." Por ende, la aquí quejosa Sonia Paulina Estrada González, por propio derecho y como apoderada legal de Sergio Pérez Gaona, NO TIENE LEGITIMACIÓN para promover el presente juicio de amparo, al no ser parte en el juicio de donde emanan los actos reclamados, pues en su caso, éstos causan agravio a Ángel Arturo Saucedo y a Genaro Mayen de la O, y al Ministerio Público, quienes sí son parte en el juicio natural, sin que la parte quejosa acreditara en este Juzgado de Distrito comparecer en representación de las personas físicas señaladas. En ese sentido, no se actualizan los supuestos previstos en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, pues la presente demanda no se promovió por la persona física a la que le afectan los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.
- Principal
VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de junio de dos mil veintidós. Glósese únicamente para que obre como corresponda el escrito de **********, sin que resulte favorable acordar su pretensión, dado que del contenido de las constancias que obran en este asunto, no se advierte que le revista el carácter de tercero interesado que refiere. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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