Sotero Zavaleta y Lopez

Expediente 561/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
561/2014
Año
2014
Actuaciones
10
Última actuación
27/08/2015

Partes del expediente

  • Sotero Zavaleta y Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    .... agréguese el escrito signado por el quejoso Sotero Zavaleta y López, y en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, y hágasele entrega de las mismas al ocursante o a las personas que autoriza para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia.

  2. Principal

    ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de agosto de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este órgano de control constitucional procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el quince de mayo de dos mil quince (fojas 586 a 607), por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por Sotero Zavaleta y López, en los siguientes términos: ".Al ser, según se ha visto, fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia con sede en Misantla, Veracruz, en autos de la causa penal 133/2010 de su índice: 1. Deje sin efectos, por cuanto ve al aquí quejoso Sotero Zavaleta y López, la orden de aprehensión de tres de mayo de dos mil diez. 2. En su lugar dicte una nueva determinación en la que siguiendo los lineamientos de la presente resolución, en principio estime que el delito de daños se subsume al de despojo. 3. Tocante al delito der despojo funde y motive todos los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión exige el artículo 16 constitucional, si así resultara del estudio que efectúe de las constancias de autos.". Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de veintitrés de junio de dos mil quince, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 639 a 641). Por oficio número 2815, de tres de julio del año en curso, el citado Juez responsable remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 646 a 686); por lo anterior, mediante acuerdo de trece de julio siguiente, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (foja 688); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Sotero Zavaleta y López, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión emitida el tres de mayo de dos mil diez, en los autos de la causa penal 133/2010 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que en principio, estimara que el delito de daños se subsume al delito de despojo y partiendo de ello, fundara y motivara los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión exige el artículo 16 párrafo primero de la Carta Magna, esto es, valorando íntegramente el material probatorio contenido en dicho proceso. En el caso, tomando en consideración las constancias que anexó la citada responsable, se advierte que mediante resolución de tres de julio pasado, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal, dejó insubsistente la orden de aprehensión de tres de mayo de dos mil diez, dictada en la causa penal 133/2010 de su índice, y en su lugar, dictó una nueva determinación, en la cual, previo estudio de las constancias de autos, valoradas en su integridad, acorde con lo establecido por los artículos 214 y 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, determinó que el delito de daños por el que el Agente del Ministerio Público Investigador de Misantla, Veracruz, ejerció acción penal contra el aquí quejoso, debía subsumirse al delito de despojo; por lo que, negó girar la orden de aprehensión solicitada por el citado representante social respecto del mismo. Por otra parte, en acatamiento al fallo protector, indicó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de despojo que se le imputa al quejoso Sotero Zavaleta y López, precisando con qué pruebas se demuestra cada uno de ellos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el ilícito que se le reprocha; asimismo, precisó el grado de participación del impetrante en la comisión del mismo, ya que indicó que se encuentra justificada su autoría, con base en el material probatorio reseñado en esa determinación, motivo por el cual, estableció que se acreditaba la probable responsabilidad de Sotero Zavaleta y López, en la comisión del delito de despojo, en agravio del patrimonio de Fidencio Ricardo Cano Gutiérrez y Óscar Vidal Hernández, establecido y sancionado por el dispositivo 222 fracción I del Código sustantivo Penal del Estado vigente en la época en que sucedieron los hechos; y en consecuencia, procedió a girar orden de aprehensión contra el impetrante del amparo respecto de dicho antisocial, razón por la cual, el Juez responsable en la resolución que dictó, sí satisfizo los efectos del amparo y observó los lineamientos trazados en el fallo de mérito. De lo anterior se desprende, que la responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido, ya que acató los lineamientos trazados en la ejecutoria, dejando insubsistente la resolución que constituía el acto reclamado en el presente asunto, y emitiendo una nueva, en la que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de la Nueva Ley de Amparo; por lo que este órgano jurisdiccional declara el fallo constitucional se encuentra cumplido. Gírese oficio a la responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Nueva Ley de Amparo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto, se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Finalmente, tomando en consideración que mediante proveído de seis de mayo de dos mil catorce, se solicitó a la Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, que de no existir inconveniente legal alguno, remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada de los cuadernos incidentales de suspensión relativos al juicio de amparo 2727/2013 de su índice, del que deriva el diverso 503/2014, que se recibió por incompetencia en ese mismo auto, sin que a la fecha lo haya hecho; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese de nueva cuenta a la Titular del citado Órgano Jurisdiccional, que de no tener inconveniente legal alguno, remita a este Juzgado las constancias de mérito, para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada...

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TRES DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a tres de agosto de dos mil quince. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además conforme lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este órgano de control constitucional procede a su análisis. Como apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el quince de mayo de dos mil quince (fojas 586 a 607), por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado por Sotero Zavaleta y López, en los siguientes términos: ".Al ser, según se ha visto, fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia con sede en Misantla, Veracruz, en autos de la causa penal 133/2010 de su índice: 1. Deje sin efectos, por cuanto ve al aquí quejoso Sotero Zavaleta y López, la orden de aprehensión de tres de mayo de dos mil diez. 2. En su lugar dicte una nueva determinación en la que siguiendo los lineamientos de la presente resolución, en principio estime que el delito de daños se subsume al de despojo. 3. Tocante al delito der despojo funde y motive todos los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión exige el artículo 16 constitucional, si así resultara del estudio que efectúe de las constancias de autos.". Toda vez que las partes no se inconformaron con el fallo protector emitido, por auto de veintitrés de junio de dos mil quince, causó ejecutoria el mismo, y se ordenó requerir el cumplimiento a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla, Veracruz, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir de que le fuera notificado dicho acuerdo, justificara el cumplimiento de la sentencia protectora (fojas 639 a 641). Por oficio número 2815, de tres de julio del año en curso, el citado Juez responsable remitió las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector emitido (fojas 646 a 686); por lo anterior, mediante acuerdo de trece de julio siguiente, quedaron los autos a la vista de las partes, por el término de tres días a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el mismo (foja 688); sin que hubieren hecho manifestación alguna. Ahora, el amparo concedido a Sotero Zavaleta y López, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión emitida el tres de mayo de dos mil diez, en los autos de la causa penal 133/2010 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que en principio, estimara que el delito de daños se subsume al delito de despojo y partiendo de ello, fundara y motivara los requisitos que para el libramiento de una orden de aprehensión exige el artículo 16 párrafo primero de la Carta Magna, esto es, valorando íntegramente el material probatorio contenido en dicho proceso. En el caso, tomando en consideración las constancias que anexó la citada responsable, se advierte que mediante resolución de tres de julio pasado, en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal, dejó insubsistente la orden de aprehensión de tres de mayo de dos mil diez, dictada en la causa penal 133/2010 de su índice, y en su lugar, dictó una nueva determinación, en la cual, previo estudio de las constancias de autos, valoradas en su integridad, acorde con lo establecido por los artículos 214 y 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, determinó que el delito de daños por el que el Agente del Ministerio Público Investigador de Misantla, Veracruz, ejerció acción penal contra el aquí quejoso, debía subsumirse al delito de despojo; por lo que, negó girar la orden de aprehensión solicitada por el citado representante social respecto del mismo. Por otra parte, en acatamiento al fallo protector, indicó cada uno de los elementos del cuerpo del delito de despojo que se le imputa al quejoso Sotero Zavaleta y López, precisando con qué pruebas se demuestra cada uno de ellos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el ilícito que se le reprocha; asimismo, precisó el grado de participación del impetrante en la comisión del mismo, ya que indicó que se encuentra justificada su autoría, con base en el material probatorio reseñado en esa determinación, motivo por el cual, estableció que se acreditaba la probable responsabilidad de Sotero Zavaleta y López, en la comisión del delito de despojo, en agravio del patrimonio de Fidencio Ricardo Cano Gutiérrez y Óscar Vidal Hernández, establecido y sancionado por el dispositivo 222 fracción I del Código sustantivo Penal del Estado vigente en la época en que sucedieron los hechos; y en consecuencia, procedió a girar orden de aprehensión contra el impetrante del amparo respecto de dicho antisocial, razón por la cual, el Juez responsable en la resolución que dictó, sí satisfizo los efectos del amparo y observó los lineamientos trazados en el fallo de mérito. De lo anterior se desprende, que la responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido, ya que acató los lineamientos trazados en la ejecutoria, dejando insubsistente la resolución que constituía el acto reclamado en el presente asunto, y emitiendo una nueva, en la que se restituyó al solicitante del amparo en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de la Nueva Ley de Amparo; por lo que este órgano jurisdiccional declara el fallo constitucional se encuentra cumplido. Gírese oficio a la responsable que tuvo a su cargo el cumplimiento de la sentencia, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Nueva Ley de Amparo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de Archivos Judiciales, vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, teniendo en cuenta que en este asunto, se concedió la protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción o depuración, según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. Finalmente, tomando en consideración que mediante proveído de seis de mayo de dos mil catorce, se solicitó a la Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, que de no existir inconveniente legal alguno, remitiera a este órgano jurisdiccional copia certificada de los cuadernos incidentales de suspensión relativos al juicio de amparo 2727/2013 de su índice, del que deriva el diverso 503/2014, que se recibió por incompetencia en ese mismo auto, sin que a la fecha lo haya hecho; con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicítese de nueva cuenta a la Titular del citado Órgano Jurisdiccional, que de no tener inconveniente legal alguno, remita a este Juzgado las constancias de mérito, para acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista de acuerdos a la parte tercero interesada...

  4. Principal

    .. Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de julio de dos mil quince. Visto; agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, mediante el cual remite las constancias relativas al cumplimiento dado a la sentencia amparadora dictada en el presente juicio. Ahora, con fundamento en los artículos 26 fracción I inciso c) y 196 párrafo primero de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de tres días, contados a partir de que les sea notificado el presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En el entendido que de no desahogar dicho requerimiento, este Juzgado Federal de oficio se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo proveyó y firma, el licenciado Arnulfo Moreno Flores, Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Alberto Arbea Pérez, Secretario quien autoriza y da fe..

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