Sotero Arellano Apodaca
Expediente 947/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Sotero Arellano Apodaca
Actuaciones
- Principal
...Del estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede hecha por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, no se interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, atendiendo al sentido del acuerdo emitido en este juicio, archívese este asunto como concluido...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Sotero Arellano Apodaca, por propio derecho, contra actos del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 14 y Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 947/2018/I-B. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K , del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Expuesto lo anterior, de la lectura de la demanda que se analiza se advierte que el acto que en la especie se reclama se hace consistir en: La interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en la que el Director General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, le negó al aquí quejoso el derecho a jubilarse al haber cumplido treinta años ininterrumpidos como trabajador al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Xalapa, Veracruz. Por lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XX del artículo 61 y el diverso 113 de la propia ley de la materia, de los que se desprende en esencia, la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Lo anterior, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio bi-instancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. En ese sentido, atento a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda que se provee, debe tomarse en consideración los artículos 280 fracción II, 292, 293, 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, el cual permite advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. Asimismo, dentro de dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva, por ende no exige mayores requisitos que los que la ley de amparo para conceder la suspensión, sino los mismos. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el acto que reclama. Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este juzgado, que el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, fue reformado el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, y se estableció un plazo de veinticuatro horas para que el tribunal correspondiente, se pronuncie respecto de la suspensión del acto controvertido, ello una vez presentada la demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo que resulta procedente contra los actos que impugna; pues los artículos 296 y 305 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, analizados en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Criterio que se robustece con la diversa jurisprudencia 2a./J 11/2005, en que se aclara que cualquier resolución administrativa dictada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que nieguen una pensión, son actos de autoridad impugnables a través del juicio contencioso administrativo, lo que confirma la obligación de agotar el principio de definitividad previo al juicio de amparo. "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Asimismo, tampoco resulta aplicable el criterio de la tesis de rubro "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 280 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONSISTENTE EN QUE ESE ORDENAMIENTO NO ESTABLECE ESPECÍFICAMENTE UN PLAZO PARA QUE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE SE PRONUNCIE RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO CONTROVERTIDO SOLICITADA EN UN MOMENTO DIVERSO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA" sustentado en junio del dos mil dieciséis, dado que se emitió, con anterioridad a la citada reforma. Sin que pase inadvertido para quien esto resuelve que el quejoso funde su demanda en la jurisprudencia PC.VII.L. J/7 L (10a.), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro siguiente: "PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ. LOS ARTÍCULOS CUARTO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY NÚMERO 287 RELATIVA, QUE MODIFICAN LAS CONDICIONES PARA OBTENER LAS PENSIONES POR JUBILACIÓN Y POR VEJEZ DE LOS TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON LA CALIDAD DE DERECHOHABIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996, TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.". Lo anterior, en virtud de que una excepción al principio de definitividad surge cuando en la demanda se reclame la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de evitar la aplicación de leyes contrarias a la propia carta magna, lo que en el caso no acontece. Tiene aplicación al caso la tesis aislada XX.A.1 K (10a.), sostenida por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO CUANDO SE RECLAME LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclame la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando no se señalen como responsables a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo del que aquéllas derivaron, debe considerarse optativo para el quejoso agotar el recurso o medio ordinario de defensa en su contra, antes de promover el juicio constitucional, pues esa circunstancia actualiza una excepción al principio de definitividad, ya que la aplicación de dichas normas viola directamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico, su artículo 133, que prevé el principio de supremacía constitucional, el cual busca evitar la aplicación de leyes contrarias a la propia Carta Magna; inclusive, si el acto reclamado se encuentra fundado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, también carece del requisito de fundamentación, lo que actualiza una diversa excepción al principio de definitividad." En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama el quejoso, en el cual puede obtener la suspensión de ellos, con apoyo con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la Jurisprudencia 749 , con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el señalado en el ocurso de demanda y como sus autorizados con las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Flores Hernández y Omar Tamariz Jaime, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte promovente Así lo acordó y firma Bernardo Arbea Pérez, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para actuar como encargado de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica otorgada a la licenciada Karina Juárez Benavides, titular de este Juzgado, por el periodo que comprende del veintiséis al veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/4623/2018 de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria de Juzgado Yesareli Pérez García, que autoriza y da fe. ...
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