Sotero Tierrablanca Delgado
Expediente 906/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sotero Tierrablanca Delgado
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja, en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por **********, sin que lo haya hecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se desechó de plano la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda presentada por **************, por su propio derecho, contra actos del presidente, secretario y tesorero del ***, de la Comunidad del Delgado de Arriba, Municipio de Comonfort, Guanajuato, por violaciones a los artículos 14, 16 y 27 constitucionales. Regístrese en el libro de gobierno con el número 906/2018-III. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En el caso, es dable advertir que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción II, del numeral 5o., de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el 113 de la misma legislación, procede desechar de plano la demanda. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general Al respecto, se precisa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan las derechos fundamentales, antes conocidos como garantías individuales, al colocarse el gobernado como titular de los mismos frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, en el caso concreto, el quejoso reclama la orden de ser desposeído de un inmueble cuya posesión ostenta, así como los actos tendentes a ejecutar dicha desposesión, estos realizados por el presidente, secretario y tesorero en su carácter de ejecutores representantes del *****, de la Comunidad de Delgado de Arriba, Municipio de Comonfort, Guanajuato. Ello no significa que deba considerárseles una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución es respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis jurisprudencial XXVII.3o. J/18 (10a.), vinculatoria en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, consultable en la página 2184 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de rubro y texto: AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación, se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo Al igual que la tesis VI.3o.A.27 A, con número de registro 189776, Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la cual es del tenor literal siguiente COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: ... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ...; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: ... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea. Además debe tomarse en cuenta, que el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, define a la autoridad como aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Esa hipótesis normativa conlleva intrínsecamente una norma en el sentido de que, de no cumplir con esas características, entonces no se estará ante una autoridad, lo que torna improcedente el juicio constitucional, acorde con el numeral invocado Ahora bien, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para la procedencia del juicio de amparo Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil o agraria Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de prerrogativas como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Así, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción II, éste a contrario sensu, de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente, porque el Comisariado Ejidal del Ejido 22 de Mayo, de la Comunidad de Delgado de Arriba, Municipio de Comonfort, Guanajuato, por conducto de sus integrantes, no tiene la calidad de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo; en razón a que los actos derivados de dicha relación, no son emitidos en una relación supra a subordinación, como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter civil, relación que difiere de la que se entabla entre autoridad y gobernado Por lo que cualquier decisión que adopte dicho comisariado no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de la relación del citado comisariado con los pobladores Con base a lo anterior, se estima que el juicio de amparo también es improcedente contra la orden de desposesión del predio del promovente, así como los actos tendentes a ejecutar dicha orden Consecuentemente, el juicio deviene notoria e indudablemente improcedente, al actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones XIII y XXIII, del artículo 61, esta última relacionada con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, conforme a lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados El promovente señala como domicilio para recibir notificaciones las listas que se fijen en los estrados de este Tribunal Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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