Sonia González Maldonado
Expediente 417/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sonia González Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cumplimiento de ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que trascurrió el término de tres días que se concedió a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su respectivo interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos; consecuentemente, al no haber hecho uso de tal derecho, este juzgado federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, de oficio procede a determinar si se cumplió o no. En tal virtud, cabe destacar que en sentencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, de manera inmediata, dicte todas las medidas necesarias para el desahogo de la prueba de informe a cargo de la Institución bancaria ********************, en términos de lo que establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. Dicha determinación causó ejecutoria el cinco de octubre de la presente anualidad. Con motivo de lo anterior, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos anotados. En relación con dicho cumplimiento, de autos se advierte lo siguiente: El presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, remitió un oficio registrado con el número 8499, al que anexó copia certificada del auto dictado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en el controvertido laboral ********************, mediante el cual ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su conducto se remitiera el informe de la institución bancaria ********************; en dicha misiva precisó los datos que debía contener el informe de mérito. En auto de trece de octubre de la presente anualidad, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su respectivo interés conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad aseveraba haber dado a la ejecutoria. Únicamente la parte quejosa dio contestación a la vista aludida y al efecto presentó el escrito registrado con el número 8895, manifestando su inconformidad, en el sentido de que la autoridad responsable no solo debía expedir el oficio requiriendo el informe a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino que también debía darle seguimiento a fin de obtener la respuesta correspondiente, por lo que en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, se determinó que esas constancias eran insuficientes para declarar cumplida la sentencia de amparo y, en consecuencia, se requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria a la junta responsable. Mediante oficios registrados con los números siguientes: 9247 acordado el tres de noviembre; 9616 acordado el once de noviembre; 9929 acordado el veintidós de noviembre; 10182 acordado el veintinueve de noviembre y 10526 acordado el siete de diciembre, todos de la presente anualidad; la Junta de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, informó a esta potestad las gestiones que realizó para lograr que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o directamente ********************, recibieran el multicitado oficio donde requirió el informe materia de la prueba pendiente por desahogar en el controvertido de origen. Cabe destacar que en cada ocasión fue requerida y apercibida para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos indicados. En consecuencia, la citada responsable remitió la diversa misiva registrada con el número 10911, a la que anexó dos autos de catorce de diciembre actual, ambos dictados en el expediente laboral de origen, así como del oficio signado por la directora general de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que a su vez traía aparejado un escrito expedido por ********************, de los que se advierte que esta última rindió el informe requerido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, en el sentido de que no localizaron la cuenta que se pretendía investigar con la prueba de mérito. Con motivo de lo anterior, en auto de quince de los actuales se dio vista de nueva cuenta a las partes quejosa y tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que fueran notificadas personalmente, manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia; sin que hicieran manifestación al respecto. En consecuencia, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin excesos ni defectos, en términos del numeral 196 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del aludido acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se otorgó la protección constitucional. Debiéndose conservar la demanda, la sentencia y el presente acuerdo en que se tuvo por cumplida la ejecutoria y se ordenó el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Documentos. Acorde con lo previsto en el artículo 36, del aludido acuerdo general, prevéngase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger el documento que en original exhibió como anexo a su demanda; apercibida que, de no hacerlo, este podrá ser depurado del expediente y destruido en su momento. En el entendido de que, para la recepción de dicho documento, la parte quejosa deberá gestionar una cita a través de la página correspondiente, ello en términos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, mediante el cual remite copia autógrafa de dos autos de catorce de diciembre actual, ambos dictados en el expediente laboral *************, así como de un oficio signado por la directora general de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con lo cual aduce dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo y con copia del oficio de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, mediante el cual remite copia autógrafa del auto de tres de diciembre actual, emitido en el expediente laboral de origen, así como copia simple de un correo electrónico, en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Así mismo, de los anexos de cuenta se desprende que la especialista de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancarias y de Valores informó que recibió el oficio ********************del índice de la junta responsable y, a su vez, remitió el requerimiento a la institución de crédito ********************, a fin de que esta última desahogue la prueba de informe ofertada por la parte actora del controvertido de origen. En razón de la anterior, se tiene a la junta responsable informando los actos tendentes para cumplir con la sentencia que otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora, es necesario reiterar que el amparo se concedió para el siguiente efecto: De manera inmediata -la junta responsable- dicte todas las medidas necesarias para el desahogo de la prueba de informe a cargo de la Institución bancaria ********************, en términos de lo que establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." Por tanto, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, para que realice las gestiones necesarias para que se lleve a cabo el total desahogo de la prueba de que se trata, y con ello, el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto. Por lo que se le otorga un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, para que remita a este órgano jurisdiccional las constancias con que acredite tal gestión, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien veces, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En el entendido que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que suscribe el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, mediante el cual remite copia autógrafa del auto de dieciocho de noviembre actual, emitido en el expediente laboral de origen, en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Del oficio de cuenta se desprende que remitió electrónicamente diversas misivas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la finalidad de desahogar la prueba de informe. Ahora bien, es necesario destacar que el amparo se concedió para el siguiente efecto: "De manera inmediata dicte todas las medidas necesarias para el desahogo de la prueba de informe a cargo de la Institución bancaria ********************, en términos de lo que establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo." Debido a lo que precede, requiérase de nueva cuenta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, para que remita las constancias con que acredite que ha gestionado de manera diligente el cumplimiento de la ejecutoria de que se trata. Por lo que se le otorga un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien veces, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia. En el entendido que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.
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