Soraya Edali Garcia Valencia
Expediente 858/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 26 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Soraya Edali Garcia Valencia
Actuaciones
- Principal
M-III. V I S T A la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Oficina de Asuntos Penales de la Fiscalía General de la República y otra autoridad, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 858/2020-III, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, el que hoy provee estima que la demanda que se analiza resulta notoriamente improcedente por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de citarla a comparecer dentro de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000301/2017, que le atribuye la parte quejosa a las autoridades señaladas como responsables por lo motivos y fundamentos legales que a continuación se indican. El artículo 113, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: «Artículo 113.- El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado». Por su parte, el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, refiere lo siguiente: «Artículo 61.- El amparo es improcedente. XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia»; Quien hoy provee, estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente respecto al acto reclamado consistente en la omisión de citarla a comparecer dentro de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000301/2017, que atribuye a las responsables, acto que por su naturaleza, no afecta los intereses jurídicos de la solicitante de amparo, en los términos que señala la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el presente juicio constitucional. En efecto, el artículo 21 constitucional otorga al Agente del Ministerio Público, la facultad de investigar los delitos y en su caso su consignación ante los tribunales que corresponda. En ese orden de ideas, si la parte quejosa solicita la protección constitucion conta la omisión de citarla a comparecer dentro de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000301/2017, que en su caso dicha investigación se esté realizando por parte de las autoridades administrativas que señaló como responsables por la posible comisión de un delito o hecho delictuoso, debe decirse que tal investigación no afecta de modo alguno, sus intereses jurídicos, en la medida en que derivado de dicha investigación no se afecta derecho sustantivo alguno de la hoy quejosa, como podría ser que se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En efecto, las diligencias necesarias tendentes a esclarecer posibles hechos delictuosos y los probables responsables en su comisión, no son actos que afecten los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues inclusive no es necesario que se le oiga en defensa de esos intereses «garantía de audiencia», ya que incluso la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación ante la autoridad judicial por parte del órgano investigador, de igual forma no es acto que en ese momento afecte derecho sustantivo alguno de la solicitante de amparo, pues éstos en todo caso se verán afectados hasta el momento en que el juez de la causa realice la valoración de las pruebas y de los hechos contenidos en la averiguación previa o carpeta de investigación y con base en ellos, libre la orden de búsqueda, aprehensión, detención o presentación solicitada por el órgano investigador, y será en ese momento cuando realmente se afecten los derechos sustantivos de la parte quejosa, en este caso, la libertad, momento en el que será procedente el juicio de amparo en la vía indirecta contra el mandamiento de captura, pero no contra la investigación que en su caso está realizando por el representante social, pues como ya se dijo ésta no afecta sus intereses jurídicos, en términos de lo que dispone la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, mientras las diligencias ministeriales realizadas por el agente del Ministerio Público, en investigación de un delito y del probable responsable, no afecten derechos sustantivos del sujeto involucrado en las mismas en su calidad de inculpada, el juicio de amparo contra tales actos resulta improcedente, porque hasta ese momento procesal no se actualiza afectación alguna a los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades de investigación conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular de la quejosa al de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que indica la tesis aislada VI.3o.8 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 264 del Tomo III, Enero de 1996, relativo a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: «AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO». De igual forma sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351 del Tomo XX, Diciembre de 2004, relativo a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: «ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO». Por lo tanto, al actualizarse la casual de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo por lo que respecta a dicho acto. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de título: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto subsane tal omisión. No obstante lo anterior, dada la naturaleza de esta determinación, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos, para que se constituyan en el domicilio situado en calle El Rosario número 12, cuarto piso, Despacho 401, colonia Centro, código postal 56900, Amecameca, Estado de México, y notifiquen el contenido de esta determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República y 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.
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