Soraya Edali Garcia Valencia
Expediente 946/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 946/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Soraya Edali Garcia Valencia
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo del juicio de amparo 946/2020-I, promovido por Soraya Edali García Valencia e informa que acepta la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y en cuanto a su contenido, este juzgado queda enterado, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
V I S T A la demanda de amparo, promovida por Soraya Edali García Valencia, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Oficina de Asuntos Penales de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 946/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Analizada la demanda, debe de indicarse previamente, que previamente, que la competencia es de suma importancia y de previo, especial y oficioso pronunciamiento constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer como obligación de todo juez de Distrito la contenida en su primer párrafo. Dispositivo que, en la parte conducente, establece lo siguiente: «Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.» Como se obtiene del citado precepto, cuando un juez de Distrito, estime carecer de competencia para conocer de determinada controversia, deberá comunicar su resolución a aquél en cuyo favor considere se surte la competencia, por lo que, el juez requerido deberá decidir de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. En términos generales, la competencia en materia de amparo puede determinarse por tres circunstancias, a saber, por razón de la vía, por territorio y por materia. En ese contexto, la competencia en atención a la vía se subdivide en aquella para conocer del amparo indirecto o bi- instancial, o bien del amparo directo o uni-instancial; la primera se encuentra establecida en el artículo 107, fracción VII, de la constitución, así como por el numeral 107 de la Ley de Amparo; mientras que la segunda se contempla en el precepto 107, fracción V, de la Carta Magna, y en el ordinal 48 y 172 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. La competencia por materia se encuentra subdividida en las siguientes clases: penal, administrativa, civil y laboral, las cuales se encuentran reguladas en los artículos 51, 52, 54 y 55 respectivamente, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por último, la competencia por territorio, se prevé en el numeral 37 de la ley en la materia y, para establecerse, se debe tomar en cuenta si el acto reclamado tiene ejecución o carece de ella. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, numeral que en lo conducente establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda de amparo. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el juez de Distrito, ante el que se haya promovido la demanda de amparo. En ese orden de ideas, del análisis de la demanda, se obtiene que la peticionaria del amparo, reclama en esta instancia como acto destacado la orden de presentación girada en su contra por las responsables, dentro de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000301/2017, iniciada en su contra y su ejecución, pues así se advierte del contexto integral de su demanda. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». Acto que lo atribuye a las autoridades responsables agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Oficina de Asuntos Penales, Jefe de la Oficina de Asuntos Penales y Policía Federal Ministerial, todos de la de la Fiscalía General de la República, quienes tienen su residencia en la Ciudad de México. Por tanto, atento a la naturaleza de los actos reclamados, que conllevan una ejecución material, se estarán materializando fuera de la jurisdicción de este juzgado, pues la impetrante refiere que pretende ser ejecutada la orden de presentación, en su domicilio situado en calle 13, número 254, colonia Guadalupe Proletaria, código postal 07670, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se ejecutará fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción; de ahí, que se considerarse que resulta ser competente un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para resolver este asunto, en términos de la primera parte del artículo 37 de la ley en la materia, que en la parte conducente establece lo siguiente: «[.] Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.] » Por tanto, al existir datos fundados de que los actos reclamados, se encuentran ejecutando fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, esto es, en la Ciudad de México, resulta ser competente un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 15, Volumen 65, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO». De igual manera tiene sustento la jurisprudencia 2a./J. 13/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 107, Tomo: I, Junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES». Máxime que no se señalan autoridades con residencia dentro de las cuales este juzgador tiene su competencia. Asimismo, no es inadvertido para este juzgador, el hecho de que el quejoso señale como domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, pues ésta sola circunstancia, es insuficiente para fincar la competencia de este juzgado de Distrito, pues ha quedado evidenciado que la orden de presentación se trata de ejecutar fuera de la jurisdicción de este juzgado de Distrito, esto es, en la Ciudad de México, lugar donde se refiere, ha acontecido tal circunstancia. En las relatadas condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, declina la competencia para conocer del asunto a favor de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se ordena remitir lo actuado en el presente expediente para que conforme a sus atribuciones legales determine lo que en derecho corresponda, debiendo atentamente informar si acepta o no la competencia declinada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido; fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda de referencia. Toda vez que la parte quejosa, no señaló en su demanda domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase esta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto subsane tal omisión. Y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor.
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